Posted on: junio 29th, 2021 by Laura Espinoza No Comments
El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden viajarán a Surfside, Florida, el jueves para visitar a las familias de las víctimas del derrumbe de la torre de condominios del área de Miami, informó este martes la Casa Blanca.
Biden ha ofrecido ayuda federal y ha extendido sus preocupaciones a la comunidad mientras las personas “lloran a sus seres queridos perdidos y esperan ansiosamente mientras continúan los esfuerzos de búsqueda y rescate”, como dijo en un tuit.
El lento trabajo de examinar los restos del edificio derrumbado se prolongó hasta el sexto día del martes.
Hasta el martes había 11 personas confirmadas muertas y 150 desaparecidos en la comunidad de Surfside. No se ha encontrado a nadie con vida desde el colapso del jueves.
Posted on: junio 29th, 2021 by Laura Espinoza No Comments
Varias organizaciones venezolanas que trabajan por los derechos de la comunidad LGTBI solicitaron este lunes ante la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) ser incluidos entre los grupos priorizados en el Plan de Respuesta Humanitario 2021 de esa organización.
«La emergencia humanitaria compleja en Venezuela tiene un impacto profundo y diferenciado en las personas LGBTIQ por la no garantía de los derechos humanos», dijo a Efe Yendri Velásquez, de la ONG Caleidoscopio Humano, que participó de una pequeña manifestación a las afueras de la sede del organismo en Caracas.
Velásquez explicó que, a lo largo de la historia de Venezuela, «los gobiernos no se han preocupado ni ocupado en garantizar nuestros derechos y sufrimos la crisis humanitaria en mayor medida».
Por su parte, Quiteria Franco, de la ONG Unión Afirmativa, dijo que los derechos de la comunidad LGBTI están «dos y tres veces más» golpeados que el resto de la sociedad.
«Tenemos que superar la discriminación y el estigma y la negación como cosas tan básicas como el empleo», puntualizó.
«El covid vino a empeorar muchísimo más la situación, la mayoría de la población LGBTI se desempeña en el área laboral independiente» y la pandemia «ha tenido consecuencias terribles en las personas LGBTI, cuyos ingresos han disminuido», agrega.
Los manifestantes exigieron a OCHA que «establezcan mecanismos de recolección de datos con enfoque de diversidad y se incluyan las categorías de orientación sexual e identidad de género», para que, «teniendo esos datos y teniendo claras las necesidades, se emprendan las acciones necesarias para ayudar a la población LGBTI que está siendo golpeada», comentó Franco.
«Olvidar a las personas LGBTIQ+ nos condena no solo a la discriminación sino que nos imposibilita la garantía de nuestra dignidad humana y la atención al sufrimiento generado por la grave situación que padece la población venezolana», expresaron los organizadores de la protesta en un comunicado.
La semana pasada varias organizaciones en defensa de los derechos humanos de la comunidad protestaron por el asesinato de una mujer trans, y dos hombres gais, en el área metropolitana de Caracas. Los casos aún no han sido esclarecidos.
Un informe del Observatorio de Personas Trans Asesinadas de Transgender Europa (TGEU, en inglés) registró, entre 2008 y septiembre de 2020, 3.664 transexuales asesinados en todo el mundo por prejuicios discriminatorios, 126 en Venezuela.
Posted on: junio 29th, 2021 by Laura Espinoza No Comments
El presidente Daniel Ortega ha sobrevivido a las sanciones y a la presión internacional, pero hasta ahora no ha experimentado el impacto que pudieran generar posibles sanciones dirigidas al sector económico.
VOA Por Jorge Agobian
Imagen difundida por la presidencia de Nicaragua muestra al presidente de Nicaragua Daniel Ortega la vicepresidenta Rosario Murillo asistiendo a la ceremonia de aniversario del nacimiento del líder sandinista Carlos Fonseca Amador, el 23 de junio de 2021
WASHINGTON D.C. – La Casa Blanca ha insistido en que se encuentra analizando “todas las opciones” para presionar al gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega por la detención de cinco de sus contrincantes políticos en las venideras elecciones de noviembre y a más de una veintena de líderes opositores y exguerrilleros sandinistas.
Las medidas, que se estarían evaluando en coordinación con el Congreso, están basadas en tres factores: “impacto”, respaldo internacional e incentivos, indicó a la Voz de América el asesor para Asuntos Hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González.
El funcionario destacó que el “apoyo robusto internacional a favor de ciertas decisiones” es clave “porque las sanciones y acciones unilaterales no tienen impacto”.
“Lo más importante es no [cometer] el error que a veces comentemos de interpretar las sanciones como estrategia, sino tener una estrategia que tenga sanciones como una opción en su ejecución”, dijo González a la VOA.
El 9 de junio Estados Unidos sancionó a cuatro personas ligadas al gobierno nicaragüense, que ahora son parte de la lista de más de 24 funcionarios designados bajo el gobierno del expresidente Donald Trump, que puso en marcha una política de «máxima presión» sobre Nicaragua, con el uso de sanciones como la principal herramienta.
“Es muy difícil que Estados Unidos haga esto solo (…) A veces las sanciones nos hacen sentir bien, pero lo que estamos buscando es el impacto”, reconoció González.
/> Descargar audio A comienzos de junio, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, expuso en un comunicado: “Mientras el régimen de Ortega continúa socavando la democracia en Nicaragua, Estados Unidos debe tomar medidas rápidas y significativas para responsabilizar a todas las personas involucradas en este flagrante abuso de poder».
Rubio, que es el miembro de más alto rango del Subcomité sobre Hemisferio Occidental, Crimen Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer, dijo en el texto que «la Administración Biden debe responder a la continua aprehensión de candidatos de la oposición imponiendo sanciones según lo establecido por la Ley NICA. El Senado también debería aprobar el proyecto de ley bipartidista RENACER para dejar en claro que Estados Unidos no tolerará otro dictador en nuestro hemisferio. Está en juego el futuro del orden democrático de nuestro hemisferio; el momento para tomar acciones es ahora», afirmó el senador.
Ortega ha sobrevivido a las sanciones y a la presión internacional, pero hasta ahora no ha experimentado el impacto que pudieran generar posibles sanciones dirigidas al sector económico, una vía que goza del respaldo de varios legisladores estadounidenses.
El gobierno sandinista considera las acciones de Washington como una «práctica injerencista» y catalogó como «absurdo» el llamado de varios países de la región y Europa a liberar a los líderes políticos. «Aquí no estamos juzgando a políticos, aquí no estamos juzgando a candidatos, aquí se esta juzgando a criminales», enfatizó el mandatario.
Acción de «dudosa legalidad»
Entre las opciones presentadas por una comisión bipartidista del Senado a la Casa Blanca está revisar la membresía de Nicaragua en el Acuerdo de Libre Comercio y «utilizar las herramientas disponibles» en la ley Nica Act, aprobada en 2018, para sancionar a individuos y sectores de la economía de la nación centroamericana.
Sobre la primera, la Casa Blanca pareciera ni siquiera haberlo contemplado hasta el momento: «se puede estudiar, pero es dudosa la legalidad de poder botar a Nicaragua de CAFTA”, reveló González. Sobre la segunda, es una opción que usarían «si es necesario».
Un grupo de legisladores liderado por Robert Menéndez, dio luz verde al proyecto de ley RENACER que busca aumentar las sanciones unilaterales de EE.UU. hacia Nicaragua, un camino que tanto Menéndez como el republicano Mario Díaz-Balart, aseguran es por el que se debe seguir.
«Siempre han sido terroristas y se mantienen terroristas, por eso la importancia de presionar al régimen, con esta ley», dijo Díaz-Balart en una reciente conversación con la Voz de América, aunque admitió que «es imposible tener elecciones libres cuando el régimen está arrestando a la oposición, donde no hay libertad de prensa, no hay ningún tipo de libertad (…) es evidente que no quieren elecciones libres».
Lo que queremos es presionar al gobierno a que deje que el proceso electoral avance, sin ocasionar daño al pueblo nicaragüense”
Juan González, Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Desde la mirada de la experta Cynthia Arnson, si Nicaragua es expulsada del Tratado de Libre Comercio y se le restringe el acceso al sistema financiero estadounidense, complicaría la capacidad de maniobra de Daniel Ortega, pero advierte sobre el efecto «muy negativo» de estas acciones, «más que nada sobre la población y no sobre el régimen en sí mismo».
Armamento ruso
Ante el interés del gobierno sandinista para adquirir armamento y entrenamiento militar ruso, González se pregunta «si el país más pobre de Latinoamérica necesita más tanques en este momento, la verdad es que ellos necesitan más democracia».
Según Ortega, el Gobierno de Estados Unidos exige el desarme de países en vías de desarrollo con el objetivo de «mantener su dominio» sobre otras naciones.
Aún así, el funcionario de la Casa Blanca puntualizó que «el interés nacional de Nicaragua es algo que los mismos nicaragüenses deben determinar, obviamente tienen ese derecho».
Posted on: junio 29th, 2021 by Laura Espinoza No Comments
El rector electoral chavista Enrique Márquez saludó este martes la promesa del presidente Nicolás Maduro de eliminar la figura de los denominados «protectores» de los estados, un cargo paralelo a los gobernadores, designados por el mandatario en regiones con ejecutivos opositores.
«La supresión de la figura de los protectores estadales por parte del Ejecutivo nacional es un paso en la dirección correcta», dijo Márquez en un mensaje en Twitter.
Agregó que esta decisión, que se concretará -según Maduro- tras las elecciones regionales y locales de noviembre próximo, elimina las «interferencias en el ejercicio de las competencias» que la Constitución «garantiza a los gobernadores y estimula la participación electoral».
El lunes, Maduro dijo que a partir de las próximas elecciones se eliminará el «protectorado, por estado y municipio», independientemente de quien gane.
Tras las últimas elecciones regionales, celebradas en 2017, Maduro nombró a protectores para varios estados donde había ganado la oposición.
En aquella ocasión, aseguró que los nombraba «para no dejar al pueblo al garete».
En 2012, el entonces gobernador de Miranda y opositor Henrique Capriles había denunciado este tipo de nombramientos, cuando Maduro creó la Corporación Miranda (Corpomiranda), un ente con funciones propias de la administración pública de la región y a cuyo frente puso al entonces canciller, Elías Jaua, derrotado en ese estado en diciembre de ese año.
En su momento, el presidente justificó la creación de ese organismo en la «ausencia» de Capriles y el «abandono» en que, según afirmaba, se encontraba el estado por la actividad política del líder opositor.
Posted on: junio 29th, 2021 by Laura Espinoza No Comments
La candidata derechista Keiko Fujimori solicitó este lunes al presidente de Perú, Francisco Sagasti, que pida una auditoría internacional sobre el balotaje presidencial del 6 de junio alegando irregularidades en el escrutinio, cuyo resultado final le es desfavorable ante el izquierdista Pedro Castillo.
“La solicitud que se hace al presidente es para que haga un llamado a expertos internacionales, como se realizó en Bolivia”, dijo Fujimori a periodistas tras entregar una carta con su pedido en la sede del Ejecutivo peruano.
La candidata leyó luego el contenido de la misiva donde le expresa a Sagasti que “se sirva requerir a organismos internacionales la realización de una auditoría electoral”.
El objetivo es que “una entidad independiente pueda revisar los padrones electorales, actas de votación, listados de electores, sistema informático utilizado entre otros, y determine si es que los resultados procesados y contabilizados por la Organización de Procesos Electorales (ONPE) representan el fiel reflejo de la voluntad popular”.
El fujimorismo alega un supuesto fraude en las elecciones, pero observadores de la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea dijeron que los comicios fueron limpios y respaldaron la labor de la ONPE y del Jurado Nacional Electoral (JNE).
Aliados de la candidata dijeron que tienen la esperanza de concretar la auditoría a través de la OEA. Sin embargo, fuentes diplomáticas consultadas por la AFP indicaron que los autorizados para pedir eso a la OEA son “el Poder Ejecutivo de Perú o el JNE, no un grupo de ciudadanos”.
El conteo del órgano electoral (ONPE), que llegó al 100% hace dos semanas, dio a Castillo el 50,12% de los votos sobre el 49,87% de Fujimori, superándola por 44.000 votos.
Perú vive en tensión permanente desde hace tres semanas porque todavía falta que el JNE termine de revisar las impugnaciones de miles de votos presentadas por Fujimori antes de proclamar al ganador.
“Queremos saber la verdad, no estamos a favor de ningún candidato (…) queremos que venga una auditoría de la OEA”, dijo el fin de semana el legislador electo y almirante retirado Jorge Montoya, un aliado que apoya su pedido.
El informe de auditoría de la OEA sobre las elecciones de 2019 en Bolivia concluyó que hubo “manipulación dolosa”.
Los fujimoristas empezaron sus reclamos al tercer día del escrutinio, cuando el izquierdista Castillo revirtió la ventaja inicial que tenía su candidata hasta ese momento.
En las manifestaciones los simpatizantes de Fujimori claman por “nuevas elecciones”, en tanto los seguidores de Castillo exigen que se lo proclame ganador.
Posted on: junio 29th, 2021 by Laura Espinoza No Comments
Un grupo de 80 presos que permanecen detenidos en el estado Miranda cumplieron este lunes una semana en huelga de hambre con la boca cosida para reclamar atención judicial, denunció la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL).
Los reos permanecen en los calabozos de la Policía Municipal de Plaza (Miranda) e iniciaron la huelga de hambre “para reclamar atención judicial para ser trasladados a centros penitenciarios y denunciar el retardo procesal”, detalló UVL en un comunicado.
La organización, que trabaja por la defensa y promoción de los derechos humanos de los encarcelados en Venezuela, aclaró que los familiares de los detenidos están a las afueras del recinto de la Policía de Plaza “para acompañar a sus parientes en huelga y elevar hasta las instancias gubernamentales la situación de hacinamiento en la que se encuentran en este centro de detención preventiva”.
Según los datos de la organización, en los calabozos se encuentran detenidos más de 110 presos hacinados e, incluso, algunos están en los pasillos de los calabozos.
“Más de 20 de ellos tienen sentencia condenatoria y de ese total, la mitad lleva entre cuatro y siete años allí detenidos”, añadió UVL.
Los parientes, según recoge el comunicado de la organización, hicieron hincapié en que sus familiares llevan una semana sin comer y tomando solo agua.
Por eso, le exigieron a la ministra para el Servicio Penitenciario, Mirelys Contreras, que se pronuncie sobre este caso antes de que se agrave la salud de los presos por la falta de alimentación, añade la información.
“Queremos que los trasladen a los que ya deben ser trasladados. Por eso pedimos al Ministerio Penitenciario que se aboque a atender este caso para que cesen la huelga”, concluyeron.
El pasado 21 de junio, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de una comisión para hacer una “revolución judicial” en un lapso de 60 días.
La comisión, explicó, deberá solucionar en un plazo de 60 días el hacinamiento en los centros de detención preventiva y garantizar el paso de los de reclusos de estos centros a las cárceles.
Posted on: junio 29th, 2021 by Laura Espinoza No Comments
Freddy Ñáñez, vicepresidente de Cultura, Comunicación y Turismo del chavismo, informó que Venezuela detectó 1.019 casos nuevos de Covid-19, todos por trasmisión comunitaria.
La entidad con mayor número de casos detectados fue Barinas con 150, Sucre (143), Lara (115), Nueva Esparta (84), Anzoátegui (80), Mérida (77), Yaracuy (64), Zulia (54), Bolívar (40), La Guaira (36), Caracas (35), Amazonas (27), Miranda (25), Falcón (24), Monagas (22), Guárico (09), Táchira (08), Carabobo y Cojedes (07 casos en cada estado), Delta Amacuro (4), Trujillo y Aragua (03 casos en cada estado), Apure y Portuguesa (01 casos en cada entidad).
Asimismo, Ñáñez anunció el deceso de 16 personas por el virus:
5 en Apure: 2 hombres de 66 y 69 años y 3 mujeres de 33, 43 y 79 años 4 en Yaracuy: 2 hombres de 42 y 71 años y 2 mujeres de 58 y 66 años 2 en Miranda: 1 mujer de 72 años y 1 hombre de 59 años 2 en Nueva Esparta: 1 mujer de 65 años y 1 hombre de 38 años 2 en Sucre: 1 hombre de 50 años y 1 mujer de 67 años 1 en Caracas: mujer de 74 años
Posted on: junio 29th, 2021 by Laura Espinoza No Comments
El diputado por el estado Lara, Luis Florido condenó y calificó de muy grave el intento de magnicidio contra el presidente de Colombia Iván Duque, en el que presuntamente está involucrado armamento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
El parlamentario larense manifestó que el intento de magnicidio, ocurrido el pasado 25 de junio, cuando el mandatario colombiano viajaba en helicóptero, acompañado por una comitiva ministerial del gobierno de Colombia, fue impactado presuntamente con fusiles AK 47, entre los que se encuentra un Fal 762, que tenían insignias de la Fuerza Armada Nacional. Armamento que fue hallado por la policía del vecino país, posteriormente al atentado, en un barrio de la ciudad de Cúcuta.
“Este es un hecho muy grave que coloca evidentemente en otra dimensión lo que ha venido siendo el ataque sistemático por parte del régimen de Nicolás Maduro al gobierno de Colombia, que ha sido aliado de los venezolanos”.
Agregó el diputado Florido, en el marco de la reunión de la Comisión Delegada, celebrada este martes vía online, que el presidente Iván Duque ha buscado la regularización de más de un millón de venezolanos a través del Estatuto de Protección Temporal para los Migrantes, de un total 1.8 millones ciudadanos que se encuentran en Colombia.
“Nosotros desde la Asamblea Nacional legítima queremos solidarizarnos contundentemente con el presidente Iván Duque y su gobierno, quien ha sido aliado de la causa y del sufrimiento de los venezolanos, ha demostrado con hechos y no solo con palabras lo que significa la solidaridad con nuestro pueblo”.
Dijo además que el presidente Duque ha demostrado consistencia en torno al levantamiento del nivel de los compatriotas que se encuentran en situación de sufrimiento en otros países, que se han ido de Venezuela por necesidad ante la situación de crisis que se vive en la nación.
Solicitó que la comunidad internacional investigue sobre los hechos que ocurrieron, sobre todo de cara a las amenazas sistemáticas que ha tenido el gobierno legítimo del presidente Duque por parte de personeros del régimen de Nicolás Maduro, que han amenazado la estabilidad de Colombia.
“El régimen de Maduro ha incentivado incluso muchas de las protestas en Colombia, que pueden tener la legitimidad que tiene cualquier manifestación, pero que han sido, en muchos casos, infiltradas por estos grupos que lo que buscan es oportunidades para desestabilizar”.
Se preguntó el parlamentario larense ¿Quiénes están detrás de esto? A lo que contestó “La FARC, el ELN, personeros del régimen venezolano, esto está por demostrarse, pero en todo caso hay muy malas intenciones por parte del régimen venezolano en contra de un gobierno legítimo de América Latina, un país hermano, que reiteramos ha demostrado la solidaridad con el pueblo venezolano”.
Se dirigió directamente al presidente Duque, manifestando que en Venezuela tiene unos aliados que están luchando por la libertad y la democracia de Venezuela, que buscan a través del Acuerdo de Salvación Nacional, una vía para lograr elecciones libres que permita decidir el destino del país y cambiar la situación de pobreza, sufrimiento que tienen hoy los venezolanos.
Posted on: junio 29th, 2021 by Laura Espinoza No Comments
El próximo 21 de noviembre Venezuela elegirá a los gobernadores de los 23 estados del país y a los alcaldes de los 335 municipios y el objetivo de Elías Sayegh, que aspira a la reelección a la alcaldía, es hacer de El Hatillo «el espejo de la Venezuela posible». Aseguró está trabajando para lograrlo. «Eso me motiva y me llena de orgullo», dijo.
«No se trata solo de una elección, se trata de seguir construyendo un camino, de seguir un trabajo y de lograr avances en el municipio», indicó a El Nacional.
Posted on: junio 29th, 2021 by Super Confirmado No Comments
La Justicia de Sudáfrica, en un veredicto histórico para la democracia del país, condenó hoy al expresidente Jacob Zuma (2009-2018) a quince meses de cárcel por desacato al haberse negado reiteradamente a declarar en investigaciones de corrupción bajo su mandato.
En un duro dictamen, leído esta mañana en la sede del Tribunal Constitucional en Johannesburgo por la jueza Sisi Khampepe, la máxima corte sudafricana destacó que Zuma no solo desobedeció las órdenes judiciales que le obligaban a testificar, sino que además buscó minar la autoridad del Poder Judicial con “ataques atroces” y “calculados”.
Los magistrados consideraron que “sus intentos de evocar simpatía pública con esas alegaciones” contra los tribunales fueron “un insulto” a la Constitución por la que “tantas mujeres y hombres lucharon y perdieron sus vidas”.
“Si su conducta encuentra impunidad hará un daño significativo al imperio de la ley”, señaló Khampepe, en referencia a los continuos desafíos públicos de Zuma a los jueces, a los que acusa de perseguirle por motivos políticos.
El veredicto final, que es inapelable, refleja la opinión de siete de los magistrados del Tribunal Constitucional, mientras que dos votaron en contra de la histórica sentencia.
Zuma, que aún no ha hecho declaraciones sobre la sentencia, deberá entregarse a la Policía en un plazo de cinco días naturales o, de lo contrario, el tribunal indicó que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, deberá asegurar que se cumplen las órdenes.
Sí que se pronunció públicamente al respecto una de sus hijas, Dudu Zuma-Sambudla, quien a través de su cuenta de Twitter señaló que su padre recibió la noticia “con buen ánimo” y que “no tiene miedo”.
“Nos tendrán que matar antes de arrestar a Zuma”, aseveró, por su parte, Edward Zuma, otro de los hijos del exmandatario, en declaraciones a los medios locales.
Desde la Fundación Jacob Zuma indicaron, sin embargo, que un equipo legal está estudiando el dictamen y que se emitirá un comunicado más adelante.
Tampoco se ha posicionado aún el partido de Jacob Zuma, el oficialista Congreso Nacional Africano (CNA, el movimiento bajo el que militó Nelson Mandela), que solo comentará la sentencia cuando la ejecutiva nacional, liderada por el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, se reúna.
Un castigo sin precedentes
El castigo contra Zuma no tiene precedentes en los 27 años de democracia sudafricana y, si bien el expresidente aún mantiene un buen número de simpatizantes, en general se leyó como una victoria histórica frente a la impunidad política.
Este proceso por desacato, que se remonta a varios meses atrás, abordaba las reiteradas negativas del exmandatario a declarar ante una comisión oficial de investigación presidida por el número dos del propio Constitucional, el juez Raymond Zondo, que estudia la sonada trama de corrupción conocida como la“Captura del Estado”.
Esa investigación analiza si, durante los casi nueve años de gobierno de Zuma, el aparato estatal sudafricano funcionó como un engranaje para beneficiar de forma fraudulenta al poder y a empresarios afines, que presuntamente definían incluso la entrada y salida de los ministros en función de sus intereses.
Zuma, sin embargo, afirma que la comisión -que él mismo creó en sus últimas semanas de mando, poco antes de ser forzado a dimitir por su propio partido en febrero de 2018 por sus numerosos escándalos- busca destruir su legado como presidente.
Por ello, ignoró las citaciones a declarar incluso después de que el Tribunal Constitucional emitiera un dictamen especificando que eran de obligado cumplimiento.
Esto activó el proceso por “desacato”, en el que el exmandatario también se negó a participar.
De hecho, lejos de retractarse, Zuma emitió varios comunicados públicos asegurando que iría a la cárcel antes que a declarar y cuestionando la imparcialidad e independencia de los jueces sudafricanos.
Las acusaciones de la “Captura del Estado” no son, sin embargo, las únicas que pesan contra el polémico expresidente sudafricano.
En paralelo, el expresidente está procesado en un caso que estudia cargos de corrupción, lavado de dinero y fraude relativos a un acuerdo millonario de armas firmado a finales de la década de 1990.
Además, ya en 2016, tuvo que devolver, por orden del Tribunal Constitucional, medio millón de euros de dinero público que se gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada.
