Aunque ya tiene siete meses que dejó el cargo de ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela Rangel no se desprende del tema carcelario. Recientemente inició una jornada de visitas a los retenes policiales para chequear la situación de los privados de libertad.
Lo hizo como integrante de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, instancia que emprendió el Plan Sistema de Justicia Carabobo 200. A las dos semanas de haberse lanzado ese proyecto, el presidente Nicolás Maduro anunció el nacimiento de la Comisión Especial para la Revolución Judicial, aprobada por el Consejo de Estado, máximo órgano de consulta del Ejecutivo.
Precisamente Varela, primera vicepresidenta de la AN, nos concedió una entrevista el viernes pasado cuando concluyó la instalación de esa Comisión Especial con presencia del diputado Diosdado Cabello quien la preside, Cilia Flores de Maduro en la vicepresidencia y la magistrada Lourdes Anderson como secretaria ejecutiva.
Antes de iniciar la entrevista, a Varela la llamaron para que acompañara a Cabello en una declaración que le daría a VTV desde los jardines del Palacio Federal Legislativo. De allí, la diputada volvió al Hemiciclo Protocolar de la AN donde dirigía una reunión con los parlamentarios que integrarán en las regiones las distintas comisiones especiales para motorizar la llamada revolución judicial.
“Tráiganme todas esas denuncias por escrito”, le dijo Varela al diputado yaracuyano Braulio Álvarez quien le comentó el caso de los 200 y tantos campesinos asesinados desde que el fallecido presidente Hugo Chávez aprobó vía Habilitante la Ley de Tierras en el año 2001.
—Desde su regreso a la AN ha iniciado un trabajo a nivel de una subcomisión que redacta un nuevo Código Penal. ¿Cómo marcha ese debate?
—Tenemos un proyecto preelaborado que está siendo discutido en el seno de la comisión artículo por artículo. Estamos tomando toda la materia, la estamos compilando y luego se depurará; porque hemos identificado normas penales que se repiten. Por ejemplo, un delito contra un adulto mayor, no tiene por qué tener una ley especial. Cometer un delito contra un adulto mayor, esa circunstancia debe ser un agravante que tiene que ser considerada por el juez a la hora de tipificar el delito para poder emitir su sentencia contra un acusado.
—¿Ese proyecto de nuevo código penal establecerá la eliminación de algunos delitos?
—Aquí no se va a despenalizar nada, tampoco se van a aumentar las penas más allá de lo que establece la ley. Aquí en Venezuela el derecho penal tiene un límite constitucional. Hay normas constitucionales que nos impiden a nosotros alargar las penas a más de 30 años de prisión. Que les impiden a los operadores de justicia dar beneficios en casos de delitos de corrupción, de narcotráfico, que son delitos de lesa humanidad que no prescriben. La Constitución ordena que la ley tiene que ser dura contra esos delitos. Eso lo estamos tomando nosotros como premisas orientadoras y con una visión humanista.
—¿Cómo quedará plasmada esa visión humanista en el nuevo Código Penal que redactan desde la AN?
—Por ejemplo, no podemos estar colocando que los delitos contra las personas a veces se condenan con menos severidad que los delitos contra la propiedad. Te puedo poner un caso. El delito de robo de vehículo no tiene beneficios procesales, pero una persona por homicidio sí tiene beneficios. Eso no puede ser.
—¿Y eso se cumple?
—Eso pasa en la ley. Eso está así en la ley. Hay beneficios dependiendo de las circunstancias de cada caso. Eso se va a corregir. Se van a unificar los criterios.
—Usted ha propuesto en esos debates el cumplimiento separado de cada pena impuesta a una persona. ¿En qué consiste y cómo se justifica ese planteamiento?
—Yo he propuesto que la persona debe responder individualmente por cada delito cometido, si las víctimas son distintas. Por ejemplo, si alguien fue a robarse un celular y rompió un vidrio, no es que se le va a imputar por daños a la propiedad y robo. Porque en este caso, romper el vidrio sería un mecanismo para él acceder al celular y robarlo. Hay que estudiar las circunstancias y eso lo hace el juez, pero creo que eso debe quedar bien orientado en las normas y principios de la ley penal.
—¿Este proyecto de Código Penal ya fue llevado a consulta pública?
—Aún no. La consulta pública arranca una vez que sea aprobado en primera discusión el proyecto. Nosotros tenemos es un anteproyecto que se viene trabajando desde hace muchos años y que ha sufrido distintos ataques por parte de las personas que no tenían voluntad política de aprobar aquí un instrumento de esa naturaleza, se ha visto frustrada su sanción. También la dinámica política del país ha frenado que se avanzara en eso. Desde el año 2001 veníamos haciendo el esfuerzos en la Comisión de Política Interior para darle a Venezuela un nuevo Código Penal ajustado a la Constitución.
—Es decir, este anteproyecto que debaten data de cuando usted era diputada así como el actual presidente Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y Pedro Carreño.
—Sí. Pero creo que estamos en el momento justo, en el momento oportuno. Nosotros lo que hicimos fue rescatar todas esas normas, todo ese trabajo adelantado, con algunos expertos que han venido trabajando en el transcurso de estos años. Efectivamente entre los diputados que estamos estudiando eso, está la diputada Cilia Flores y los diputados que integramos la Comisión de Política Interior, todos hemos tenido que ver con eso. Es un mismo trabajo que viene con una continuidad porque queremos darle visión constitucional, tiene que ajustarse a la Carta Magna.
—¿El Código Penal vigente está alejado de la Constitución?
—El nuevo Código Orgánico Penal tiene que ajustarse a la Constitución; no puede ser el que está actualmente, porque es un código inspirado en el código italiano de Guseppe Zanardelli de 1890 que ya ni siquiera es ley en Italia, fue abolido. Por supuesto que los delitos van a seguir siendo juzgados. Los delitos que existen seguirán existiendo, pero definitivamente se impone que nosotros podamos recoger toda la materia, organizarla, sistematizarla, lanzar líneas claras para que los operadores de justicia y el pueblo en general sepan cuáles son las conductas prohibidas para garantizar la sana convivencia.
—Durante la instalación de la Comisión Especial para la Revolución Judicial se habló de rescatar el principio de juzgar a las personas en libertad. ¿Ese criterio constitucional estará recogido en el nuevo Código Penal que ustedes están redactando?
—Eso es materia del Código Orgánico Procesal Penal. Una cosa es la ley que consagra los tipos penales, donde están tipificados los delitos y las penas, en este caso es el Código Penal y otra cosa es el poder punitivo del Estado; es decir, cuáles son las conductas que el pueblo venezolano considera que lesionan los bienes jurídicos tutelados y deben ser penalizadas, castigadas. ¿Y quién ejerce el castigo?: el poder del Estado a través de sus órganos competentes. Otra cosa, los mecanismos para garantizar que eso se cumpla; garantizar el debido proceso y la Constitución da unas premisas. Por ejemplo, el principio de ser juzgado en libertad también está consagrado en la Carta Magna; tiene sus excepciones.
—¿Y a quién le toca garantizar ese principio de ser juzgado en libertad?
—Ya corresponde a los operadores de justicia, jueces, fiscales, evaluar las circunstancias objetivas y actuar en consecuencia. Lo que nosotros hemos detectado, por ejemplo, es que de una manera muy malsana, que raya en corruptelas, se saltan algunos operadores de justicia las normas constitucionales, no las garantizan o las garantizan a conveniencia. Eso es inconcebible y nosotros no lo podemos tolerar.
—¿Qué hará la AN para atacar esa situación de corrupción judicial, tal como usted la describe?
—Creo que con el paquete legislativo que está trabajando la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Política Interior y de otras comisiones vamos a garantizar el control del gobierno de la administración de justicia. Porque como bien se explicó aquí, cuando a nosotros nos ordenan que tengamos el control de la Administración Pública en general y de Gobierno, no es solamente el Ejecutivo; el Poder Judicial tiene un gobierno, el Poder Ciudadano tiene un gobierno, tienen órganos que ejercen el gobierno dentro de esas estructuras. ¿Quién los controla?, la Asamblea Nacional. Nosotros controlamos la Administración Pública en general, controlamos el ejercicio del Poder Público.
—¿Se puede decir que el Estado ha perdido la capacidad para castigar a los delincuentes debido a que los operadores de justicia no garantizan las normas constitucionales, según sus palabras?
—Bueno no, recordemos que nosotros también tenemos una dinámica política en el país y lamentablemente aquí hay cinco años perdidos donde los diputados que tenían el deber de hacer el control, no lo hicieron. Porque esto perfectamente pudo haberlo hecho la Asamblea Nacional que pasó. ¿Por qué no lo hicieron?, porque no hubo voluntad política. Porque ellos pensaron que vinieron para tumbar al Gobierno nacional y lo menos que hicieron aquí fue ejercicio de control parlamentario, político, de Gobierno…en ninguna instancia.
—Diputada, usted junto a otros parlamentarios visitaron algunos retenes policiales para chequear la situación de los privados de libertad. ¿Qué balance tiene?
—Particularmente me siento muy satisfecha, no porque hayamos cumplido nada, porque no está cumplida la tarea, es una tarea que iniciamos; sino porque el Presidente de la República tomó la gran decisión de conformar una comisión nacional, ni más ni menos que en el Consejo de Estado y esa Comisión presidencial tiene la misión de hacer la revolución dentro del sistema de judicial. Ahora todo está supeditado al cumplimiento de esa misión. Es un asunto especial de trascendencia nacional y así lo abordó el Consejo de Estado.
—¿En esa Comisión estarán, además de diputados, los representantes de los órganos del sistema de justicia?
—Están todos los actores involucrados. Allí por ejemplo está la magistrada Lourdes Suárez Anderson, que es la presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Dice la Constitución que la Sala Constitucional es la máxima interprete de la Carta Magna. Bueno allí hay garantía constitucional. Pero todos los funcionarios que están allí deben garantizar la administración de justicia dentro de las esferas de sus atribuciones. Todos los que están convocados en esa Comisión son operadores de justicia y estamos los diputados que ejercemos el control parlamentario, control de gobierno y de la Administración Pública.
—¿Cómo visualiza usted la tarea de la Comisión Especial?
—La tarea tiene que necesariamente darle una respuesta al país como lo ha señalado el presidente de la República. No es venir a hacer una reforma. Estamos en el tiempo exacto, en el tiempo perfecto, en el tiempo justo para que aquí se haga y se salde una deuda que tiene el proceso revolucionario que es una revolución dentro del sistema de justicia.
—¿Alcanzan los 60 días que el Consejo de Estado le dio a la Comisión para materializar los cambios en el sistema de justicia?
—Las premisas están dadas y los instrumentos el Presidente nos los puso en nuestras manos. Cuando el Presidente como Jefe del Estado organiza una comisión especial en el marco de un Consejo de Estado y tocan un asunto de especial trascendencia nacional para que se resuelva en un lapso perentorio; el Presidente le puso un tiempo…es para hacer la tarea. Todos los que están aquí son los responsables de hacer eso. Todos. Todos los involucrados, todos los convocados por el Presidente y designó a tres personas cuya investidura, conocimiento y pericia en el tema garantizan que el objetivo se va a cumplir.
—¿Hacia cuál sistema de justicia están pensando ustedes conducir con este proceso iniciado desde la Comisión Especial?
—El pueblo venezolano merece un sistema de justicia cónsono con su valentía, con su gallardía; un sistema de justicia que sea transparente, que esté a la altura de la valentía de un pueblo que ha resistido aquí los embates y que nos mantiene a nosotros defendiendo la patria. Hay que corresponderle a ese pueblo y ese pueblo además demanda una justicia sana. Hacia allá vamos.
—Esa llamada revolución judicial se está haciendo desde el principal órgano político del país como lo es la Asamblea Nacional. Hay quienes pudieran pensar que son razones políticas las que mueven a la Comisión Especial. ¿Es así?
—Esa es una revolución. Aquí lo que hay es una revolución del sistema de justicia en marcha. Escuchamos al diputado Diosdado Cabello como presidente de la Comisión, todo ajustado a lo que manda la norma constitucional. Nadie aquí se va a salir del marco constitucional. Desde la misma convocatoria que hizo el Presidente de la República en el Consejo de Estado. ¿Quiénes hacen las leyes en este país?, los diputados. La revolución del sistema de justicia implica no solamente la revisión de las normas penales sino de la estructura del Poder Judicial aguas abajo. ¿Quién hizo esas leyes orgánicas?, la Asamblea Nacional, entonces la Asamblea es la que puede reformar esas leyes. Es la que puede dar esas estructuras, es la que puede poner los contrapesos, es la que puede poner los mecanismos de control. Hay que adecentar la administración de justicia.
—Vienen las elecciones regionales. ¿Usted se va a postular? ¿Es cierto que la postulan para la Gobernación del estado Guárico?
—No, no, no, yo no me estoy postulando para nada. Yo soy diputada a la Asamblea Nacional y primera vicepresidenta de este parlamento. Yo he escuchado unas cosas por allí pero te confieso no tengo aspiraciones sino de que la revolución se consolide. Esas son mis aspiraciones. No tengo aspiraciones de candidata de nada. Ahora, a la gente nadie le puede quitar el derecho de que postule. Pero yo no quiero que me vayan a utilizar para causar división, para sembrar cizaña. Eso nada que ver. Te lo estoy diciendo.
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”Es inconcebible que aquí haya juicios civiles que duren 10 años, 15 años; es inconcebible que en materia penal del adolescente haya mucho ruido. En la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional se reciben las denuncias por montones, todos los días”.
“Es inconcebible que a estas alturas uno vaya a uno de los denominados centros de detención preventiva (retenes) y allí sea irrespirable el ambiente. Cualquiera que entre a un lugar de esos, ustedes saben que es imposible permanecer indiferentes y tolerar esa situación. ¿A quién estamos perjudicando con eso?, perjudicamos a la nación, a la patria, al Estado. Y nosotros que podemos resolver eso, ¿qué hacemos?, ¿ir a mirar nada más?”
“Todo ese problema (hacinamiento y retardo) se soluciona si nosotros cumplimos con lo que establece la norma constitucional. Ah, pero aquí hay operadores de justicia (jueces, fiscales) que creen que hay leyes por encima de la Constitución, que hay instrucciones por encima de la Constitución; instrucciones de un funcionario. Nada por encima de la Constitución. ¿Cómo es eso que no quieren dar redenciones a los privados de libertad?, ¿no queremos que haya beneficios para ellos?”
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