El gobierno de Nicaragua justificó la detención de opositores y aspirantes a la presidencia acusándolos de tramar un golpe de Estado contra Daniel Ortega, a quien la comunidad internacional señala de estar limpiando el camino para intentar un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de noviembre.
Este martes subieron a 19 las personas detenidas, entre ellos cinco precandidatos presidenciales, políticos, un banquero y hasta excamaradas de armas de Ortega, por “incitar a la injerencia extranjera” y “aplaudir sanciones” contra el gobierno sandinista, en el poder desde 2007.
“Son delitos que están relacionados con el encabezamiento y la dirección de golpes de Estado (…), actividades vinculadas con terrorismo, menoscaban la independencia y la soberanía del Estado nicaragüense”, dijo el canciller, Denis Moncada, en una entrevista a la cadena Telesur.
Tras una redada policial que se inició el 2 de junio, han sido detenidos los precandidatos Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro (primo de Cristiana) y Miguel Mora.
Cristiana Chamorro es acusada de lavado de dinero a través de la fundación que presidió y que llevaba el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.
Al resto se le aplica una ley aprobada por el Congreso oficialista que permite procesar a quienes cometan actos que inciten “a la injerencia extranjera”.
“Quienes están siendo procesados (…) no son candidatos presidenciales, son directivos de organismos no gubernamentales que reciben financiamiento del Gobierno de los Estados Unidos y de la Unión Europea, y los destinan precisamente para desestabilizar el país”, aseguró el canciller.
“No son por razones políticas”, agregó.
Ortega, un exguerrillero que ya había gobernado de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas. Sus adversarios estiman que buscará un cuarto mandato en los comicios del 7 de noviembre.
Ha sido acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos.
Presión internacional
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, urgió a Nicaragua a un “cambio urgente” de actitud en el proceso electoral y a “liberar” a los opositores detenidos “arbitrariamente”.
La expresidenta chilena urgió a “cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes, restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo, y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático”.
En paralelo a la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 59 países llamaron a Managua a liberar a los opositores detenidos en virtud de unas controvertidas leyes.
En tanto, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó la Ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (RENACER por sus siglas en inglés), una norma para promover elecciones libres y nuevas sanciones a allegados de Ortega.
“El desespero de Ortega por atornillarse en el poder le ha costado la poca legitimidad que le quedaba. Habrán consecuencias para quienes intenten robarle al pueblo nicaragüense su derecho a elecciones libres y justas”, escribió el senador demócrata Bob Menéndez en su Twitter.
En paralelo, la oenegé Human Rights Watch exhortó a la ONU a incrementar la presión para proteger los derechos humanos y asegurar elecciones libres en Nicaragua, en un informe que detalla “hostigamientos”, “arrestos” y “procesos penales arbitrarios” contra críticos del presidente, en algunos casos implicando “tortura”.
Excamaradas presos
Los exguerrilleros Dora María Téllez, Hugo Torres y el exvicecanciller Víctor Tinoco, que lucharon junto a Ortega para derrocar la dictadura dinástica de Anastasio Somoza en 1979, están detenidos, también acusados de traición a la patria.
“Mi padre luchó junto con ellos (los sandinistas) para que se liberara nuestro país de una dictadura, y ahora resulta que Daniel Ortega viene a ser un dictador, para mí, peor que Anastasio Somoza, por los secuestros que está haciendo actualmente”, dijo a la AFP la hija de Víctor Tinoco, Cristian, una paciente de cáncer.
“Para mí el frente [sandinista] ya no es lo que fue. Ha sido secuestrado por Daniel Ortega y en el partido lo que se hace es lo que diga la familia Ortega Murillo”, consideró Cristian, aludiendo a la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo.
Este martes, el periodista Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana y director de medios digitales críticos del gobierno, abandonó el país junto con su esposa, para “resguardar” su libertad.
Denunció que “después del allanamiento policial” a su vivienda el lunes, “tres vehículos con civiles a bordo mantuvieron vigilancia afuera” de la casa de su madre, la expresidenta de 91 años, hasta la mañana de este martes.
También salió del país el periodista Sergio Marín Cornavaca, que dirige el medio digital La Mesa Redonda, quien dijo ser víctima de amenazas por parte de simpatizantes del gobierno.
En tanto, el exviceministro de Interior durante la revolución sandinista y exguerrillero Luis Carrión decidió salir de Nicaragua junto con su esposa “para continuar la lucha por la democracia y la libertad de todos los presos políticos”, escribió en Twitter.
AFP
