Un grupo de empresarios mexicanos comenzó hace dos años a desarrollar una opaca red con el Gobierno de Venezuela que intercambió petróleo del país caribeño por alimentos. Después, comercializaría con carbón y aluminio, y buscaría ampliar su portafolio a otros negocios.

Creó un entramado que movió millones de euros por todo el mundo sin apenas dejar rastro, siempre evadiendo las sanciones impuestas por Estados Unidos a la cúpula chavista. Cuál es el grado de conocimiento que el Gobierno de México ha tenido de las operaciones de estos empresarios todo este tiempo ha sido un misterio. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación hace un año sobre algunos de los implicados, sin que haya tenido mayores avances en la justicia mexicana. Una investigación de EL PAÍS y Armando.info atestigua que Libre Abordo, una de las compañías involucradas, se presentaba como una empresa nombrada por el Gobierno de México para hacer este tipo de operaciones.

La comercializadora, además, asegura haber realizado negocios con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la agencia gubernamental para la producción y distribución de comida. Documentos en poder de ambos medios y entrevistas con diversas fuentes confirman una relación entre el joven empresario Joaquín Leal, en el vértice de la trama, y el subsecretario de Exteriores para América Latina y El Caribe, Maximiliano Reyes.

El número dos de la Cancillería defiende que en su responsabilidad es fundamental apoyar a “toda empresa mexicana, se llame como se llame, sin consultar su posición política ni partidaria”. “Partimos de que los empresarios que se acercan a nosotros lo hacen de buena fe y desean tener mejores vínculos económicos en la región”, agrega Reyes.

“Libre Abordo fue nombrada por el Gobierno mexicano para entrar en el programa humanitario de intercambios de petróleo por comida con Venezuela con el propósito de ejecutar la venta de una variedad de productos alimenticios para ser comercializados entre ambos países”, asegura la empresa en una presentación corporativa elaborada en enero de 2020, que forma parte de los documentos a los que accedió esta investigación. En el documento, la empresa explica que el acuerdo se fraguó en una serie de conversaciones bilaterales entre ambos gobiernos.

La misma presentación apunta que Libre Abordo llegó a un acuerdo con Segalmex, un órgano que se desprende de la Secretaría de Agricultura. “Segalmex recibe instrucciones del Gobierno federal de México para proseguir con la ayuda humanitaria, con la intención de beneficiar a los pueblos de México y Venezuela”, se lee en el documento. Según la versión de Libre Abordo, la Administración de Andrés Manuel López Obrador instruyó a Segalmex para venderle 210.000 toneladas de maíz con destino a Venezuela. La cantidad coincide con la operación que, en junio de 2019, Libre Abordo realizó con la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex): se firmaron dos contratos para suministrar esas toneladas de maíz y 1.000 camiones cisterna de agua potable a cambio de petróleo, una operación valorada en 200 millones de euros.

El Gobierno de Nicolás Maduro necesitaba canjear petróleo por alimentos ante la presión que sufre por las sanciones impuestas por Estados Unidos desde 2014 y que le impiden comercializar con facilidad sus ingentes reservas de crudo. Así, se pactó el pago de ambos contratos con dos millones de barriles de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Esos dos millones de barriles se acabaron convirtiendo en al menos 30 millones en embarques que zarparon entre noviembre de 2019 y mayo de 2020. De acuerdo con correos en poder de EL PAÍS y Armando.info, Libre Abordo justificó el salto de dos millones a 30 millones de barriles por la caída internacional del precio del crudo. La empresa mexicana se asesoró con despachos para completar las operaciones por medio de trueques que se justificaban como “ayuda humanitaria”, para así tratar de evadir las posibles sanciones. A los ojos de Estados Unidos, las llamadas transacciones de ayuda humanitaria no solo se cobraron, sino que implicaron un negocio de cientos de millones de dólares para un grupo de empresarios a expensas del pueblo venezolano, “malbaratando” sus recursos naturales.

Esa operación provocó que el 18 de junio de 2020 el Departamento del Tesoro estadounidense sancionara a Libre Abordo y a Joaquín Leal por hacer negocios con Venezuela. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana inició una investigación para seguir el rastro de los 200 millones de euros. La pesquisa no tuvo apenas avances hasta que el 18 de mayo la UIF envió una denuncia a la Fiscalía en la que pedía el aseguramiento (bloqueo) de un centenar de cuentas de Leal y Libre Abordo, según pudo comprobar este diario. De los supuestos acuerdos con Segalmex, sin embargo, no hay una sola mención.

El Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador ha mantenido una posición ambigua respecto a la crisis de Venezuela desde que llegó al poder. Evitó reconocer a Juan Guaidó como presidente interino, aunque ha contribuido a refugiar opositores y a sacarlos del país. Las relaciones entre oposición y Gobierno venezolanos con la diplomacia mexicana son estrechas y frecuentes, hasta el punto de que México se perfila como la posible sede de una negociación entre ambas partes para buscar una salida a la crisis. En el caso del presidente, que abarca todos los asuntos de México en su conferencia mañanera, se ha referido a Venezuela en muy pocas ocasiones. Una de ellas fue tres días antes de la sanción del Tesoro a los empresarios mexicanos para decir que estaría dispuesto a colaborar con ayuda humanitaria con Venezuela si fuese necesario: “No nos ha hecho ninguna solicitud. En el caso que nos hiciera la solicitud y fuese una necesidad humanitaria, lo haríamos”. La Presidencia de México no ha respondido a las solicitudes de comentarios para este reportaje.

El vínculo entre Libre Abordo y el Gobierno de México, de acuerdo con los documentos obtenidos, está en la relación de Joaquín Leal ―un empresario de 29 años que se presentaba como representante legal de la compañía y que tiene un papel determinante en la red opaca que negocia con Venezuela― con Maximiliano Reyes, el número dos de la Cancillería. Leal y Reyes se reunieron al menos dos veces antes de que se cerrase el acuerdo entre Libre Abordo y Corpovex en dos restaurantes de Ciudad de México, según ha podido confirmar EL PAÍS de diversas fuentes. Preguntado por estos encuentros y la relación con Leal, Reyes asegura que lo ubica “con un grupo de inversionistas mexicanos y extranjeros del sector energético” con quienes no tiene “contacto desde varios meses antes de que se hicieran públicas las sanciones”. Y continúa: “Mis pláticas con ellos consistieron en lo mismo que con muchos otros: entornos económicos y comerciales, riesgos, amenazas y oportunidades en América Latina y El Caribe”.

Como parte de esta investigación, se le envió un cuestionario detallado al subsecretario en el que se le preguntaba si tuvo conocimiento del intercambio de petróleo por alimentos entre Libre Abordo y Corpovex; sobre si estaba al tanto de que Libre Abordo se presentaba como enviada del Gobierno y si había jugado un papel en ello; también sobre si era consciente de que la empresa mexicana aseguraba haber hecho negocios con Segalmex. Reyes optó por una respuesta en bloque, en la que evitaba entrar al detalle de algunas preguntas. “Como subsecretario para América Latina y El Caribe mi responsabilidad es estar en permanente contacto con todos los gobiernos de la región, en base a los criterios fijados por la Constitución mexicana, que siempre han sido manifestados públicamente. Nuestro principio es el máximo respeto a la soberanía de cada país, y en la medida de lo posible, siempre estamos con disposición de cooperar y colaborar en lo social, económico, cultural, humanitario y comercial. Y en este sentido, no hacemos excepciones con ningún Gobierno ni nos sometemos a la política exterior de ningún país”, asegura Reyes en su respuesta. El subsecretario defiende que trabaja “a favor de un sólido y fluido diálogo con el sector privado para mejorar la dinámica económica y comercial” de México en la región.

En este sentido, Reyes afirma que para su subsecretaría “es fundamental apoyar a toda empresa mexicana, se llame como se llame, sin consultar su posición política ni partidaria”. “Partimos de que los empresarios que se acercan a nosotros lo hacen de buena fe y desean tener mejores vínculos económicos en la región en base a un principio fundamental: ganar-ganar-ganar (gana México, gana el país en cuestión, gana el empresario)”, añade. “Y en ese sentido, tenemos relaciones productivas con muchísimas empresas mexicanas y extranjeras que afortunadamente nos ven como aliados para facilitarles su expansión, de la misma manera que lo hacen otros gobiernos con sus empresas”. Sobre las sanciones que impuso Estados Unidos a Libre Abordo y Leal, Reyes responde: “Nuestra línea es pública: jamás estaremos de acuerdo en resolver nada por la vía de la fuerza ni la coerción, ni mediante sanciones. Nuestra posición es pública y notoria. Siempre hemos votado de la misma manera en los organismos internacionales”.

Una empleada de Leal, muy cercana a Reyes

Aquellas reuniones en Ciudad de México no son el único nexo entre Reyes y el consorcio empresarial sancionado por Estados Unidos. El periodista Carlos Loret de Mola sacó a la luz una carta fechada el 20 de junio de 2019, menos de una semana después de que se firmaran los contratos entre Libre Abordo y el Gobierno venezolano, en la que aparece la venezolana Haymel Brito como miembro de la delegación mexicana en la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Medellín. La delegación de México estaba encabezada por Reyes y Brito era la única participante que no ostentaba un alto cargo diplomático. En su columna, Loret de Mola describía a Brito como “una influyente mujer en la Cancillería” mexicana. Ante la difusión de la misiva, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) decidió dejar a Brito fuera de la comitiva. En al menos dos solicitudes de información, la Cancillería rechazó que la mujer trabajara en la Subsecretaría de América Latina. Tampoco aparece en el directorio como empleada por honorarios de esa dependencia.

De acuerdo con su currículum, Brito Martínez ha sido representante de Fedecámaras —la cámara empresarial de Venezuela—, analista de la Organización Internacional de Empleadores, becaria en Naciones Unidas y ha trabajado para la oficina del embajador de Emiratos Árabes Unidos en México. Fue durante esa etapa, a finales de 2018, cuando al menos dos fuentes sitúan el primero encuentro entre Brito y Reyes. Durante el periodo de transición del Gobierno de Enrique Peña Nieto al de Andrés Manuel López Obrador, en septiembre de 2018, Marcelo Ebrard visitó la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en calidad de canciller designado. Le acompañaba parte de su equipo, entre los que estaba el actual subsecretario para América Latina y el Caribe. Poco después empezaron a interactuar intensamente por redes sociales y viajaron juntos a diversos lugares como Panamá, Argentina y Barcelona, según ha podido constatar este diario. La relación personal de Brito con Joaquín Leal también es un hecho, como acreditan fotos y mensajes en redes sociales de ella junto al entorno más próximo del empresario mexicano. Ni Reyes ni Brito han querido responder a las preguntas concretas sobre su relación.

En julio de 2019, Brito comenzó a trabajar como directora de Relaciones Institucionales de Hábitos Luzy, la filial mexicana de Luzy Technologies, una de las empresas de Leal que fueron incluidas en la lista negra del Departamento del Tesoro junto a Libre Abordo. La compañía se especializaba en salud y alimentación y su producto más visible era una aplicación móvil para dar asesoramiento médico. Desde su puesto en Luzy, la mujer gestionó la venta de medicinas y equipo médico al Gobierno de Panamá con apoyo directo de la Embajada mexicana en el país centroamericano. Consultada para esta investigación, Brito niega haber formado parte “de ningún grupo de empresarios” y dice que su trabajó se limitó a dar una asesoría externa que concluyó en 2019. “Mis actividades nunca han tenido nada que ver con Venezuela, ni con sus asuntos, ni con sus productos”, asegura.

CONTINÚE EN EL PAÍS