Familiares del capitán Luis de la Sotta y militares presos por razones políticas alertaron que al equipo de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se les niega acceso a las cárceles para constatar sus condiciones y los tratos crueles que reciben.

Molly de la Sotta, hermana del capitán de la Armada, informó en sus redes sociales que al equipo de Bachelet se le prohíbe el ingreso a Fuerte Tiuna, lugar al que fueron trasladados un grupo de militares desde los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ubicada en Boleíta.

Desde que fueron trasladados a Fuerte Tiuna, Molly de la Sotta comentó que a todos los presos militares se les mantiene en confinamiento extremo, con poca alimentación y sin llamadas telefónicas. Los abogados pueden visitar a sus defendidos cada 15 días, mientras que los familiares solo tienen acceso una vez al mes.

“Están torturando en las narices de la comisión de Bachelet. Ellos (gobierno de Nicolás Maduro) firmaron un mandato y deben permitir que la comisión ingrese ilimitadamente a todos los centros de reclusión y no lo están cumpliendo“, señaló la hermana del capitán a TalCual.

Con esto se refiere al convenio de cooperación firmado por el gobierno de Nicolás Maduro y la Oficina de la Alta Comisionada en 2019, luego de su visita al país para constatar la situación de los derechos humanos en el terreno, donde se habla de la instalación de una oficina que represente a Bachelet en Venezuela, además del acceso a su equipo “sin restricciones” a los centros de reclusión, tanto en cárceles comunes como las controladas por organismos de inteligencia (Sebin, Dgcim).

En la segunda quincena de mayo, la administración de Maduro anunció una reforma policial con la cual se iniciaron traslados de presos políticos, tanto civiles como militares, a otros centros como cárceles comunes. Abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que esas personas corren peligro, debido a que las condiciones son iguales o peores a los lugares donde se encontraban.

Ante el anuncio de reforma, la Oficina de la Alta Comisionada lo calificó como pasos «en la buena dirección para los derechos humanos y oportunidades alentadoras para aplicar» sus recomendaciones.

#Venezuela anunció recientemente reformas de la policía y de la detención. Estos son pasos en la buena dirección para los derechos humanos y oportunidades alentadoras para aplicar las recomendaciones de @UNHumanRights.

VERSIon final

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció este miércoles que el país tiene 6,000 millones de dólares bloqueados en el exterior, a causa de las sanciones que Estados Unidos, la Unión Europea y otras naciones impusieron a Venezuela.

Además, se mantiene la confiscación de la empresa Citgo -filial de la estatal petrolera Pdvsa- con sus refinerías y red de estaciones de servicio en EEUU, “entre otros activos” venezolanos en el exterior, dijo Arreaza durante su intervención en la Conferencia Académica Internacional, Medidas Coercitivas Unilaterales.

En el evento, que se llevó a cabo de manera virtual con la participación de la relatora especial de la ONU Alena Douhan, entre otros expertos, se debatió el impacto “negativo e ilegal” de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los gobiernos de Estados Unidos y los países aliados.

Arreaza precisó que la producción petrolera ha disminuido en un 99 %, como parte del “impacto negativo e ilegal de las medidas coercitivas unilaterales” lo que, “a decir de los expertos, solo es comparable con un país sometido a una guerra convencional”.

Subrayó que se debe discutir el término de sanciones y establecer bajo qué norma internacional un Estado se considera con la facultad y competencia para castigar a otro Estado.

“Nosotros, como países civilizados respetamos la Carta de las Naciones Unidas, la cual contempla cómo se pueden establecer las medidas coercitivas que jamás son unilaterales y tienen un procedimiento para ser aplicado mediante una evaluación; no son un antojo político ideológico de un Gobierno”, insistió.

Además, recordó la información emitida por la relatora especial de la ONU, quien “a través de su visita al país pudo evaluar ampliamente sin restricción los impactos de esas medidas impuestas por Washington y otros gobiernos contra el pueblo de Venezuela”, y rechazó las medidas coercitivas.

“Los gobiernos o países con arrogancias e ínfulas de dominación siguen aplicando, sin consideración, incluso durante en estos tiempos tan complejos, difíciles y dolorosos para la humanidad ante la pandemia como lo es la covid-19 que hemos vivido en los últimos años”, agregó Arreaza.

El canciller denunció, además, que las mismas “medidas ilegales que también padecen países tales como Irán, Cuba, Zimbabue”.

“Son más de 30 países que sufren del bloqueo y tratan de salir adelante en su economía a pesar de las persecuciones y lo que se ha llamado el sistema de sanciones, que está respaldado sólo con normativas en Estados Unidos”.

EL NUEVO HERALD

El exdiputado de la Asamblea Nacional (AN,Parlamento) Gilber Caro rechazó este jueves las acusaciones que hizo el chavismo en su contra y en la de su partido -Voluntad Popular-, señalándolo de «orquestar» bandas armadas en Caracas.

El martes, el diputado de la AN Pedro Carreño mostró una fotografía, donde presuntamente se ve a Caro con un grupo de «delincuentes».

Igualmente, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, acusó a Leopoldo López y a Juan Guaidó de «financiar» a estas bandas que operan en zonas populares de Caracas y, en especial, del sector La Vega donde se registran tiroteos constantes desde hace semanas.

«Estamos investigando profundamente y en los próximos días van a saber y van a ver fotografías y van a haber vídeos de malandros (delincuentes), pero malandros de Voluntad Popular y de Leopoldo López y de Juan Guaidó repartiendo dólares en La Vega», dijo Rodríguez durante una sesión del Legislativo el martes.

Caro dijo en una rueda de prensa que estas denuncias no tienen «fundamento» y retó a Pedro Carreño a que demuestre, con la ayuda de un experto en materia digital, que realmente aparece en esa imagen. Asimismo aclaró que tiene varios años que no visita esta comunidad, así como tampoco la barriada de la Cota 905 (oeste), otra de las zonas más conflictivas de la capital.

«Si ustedes creen que con la cárcel me han amedrentado se han equivocado, con Gilber Caro y con nuestros dirigentes. Aquí tenemos dirigentes que han sido perseguidos y nombrados por el régimen, como si fuésemos unos terroristas, una organización que ha sido perseguida», añadió.

El dirigente de Voluntad Popular ha sido detenido tres veces durante los últimos cuatro años siempre bajo acusaciones, aunque nunca de manera formal, de estar involucrado en sedición o terrorismo.

EFE

Sergio Vergara, diputado por Voluntad Popular de la legítima Asamblea Nacional electa en 2015, denunció este miércoles que personas “inescrupulosas”, haciéndose pasar por sus representantes, ofrecen constancias de militancia del partido naranja.

Mediante un comunicado, el parlamentario rechazó la estafa de la cual han sido víctima personas en situación vulnerable, pues le han cobrado sumas en dólares por la emisión constancias de militancia.

Vergara enfatizó que no existe ninguna persona autorizada para actuar en su nombre y condenó la utilización de su imagen y firma en dichos documentos que son falsos.

El legislador pidió a las víctimas ponerse en contacto con él a través de las redes sociales a fin de denunciar a las personas que han incurrido en estos delitos y “exponerlos públicamente ante la ausencia de una autoridad judicial” que garantice el cumplimiento de la Ley.

A continuación, el comunicado completo:

A LA OPINION PUBLICA

Durante los últimos días he recibido denuncias sobre las acciones inescrupulosas de personas que, haciéndose pasar por mis representantes, se han dado a la tarea de ofrecer constancias de militancia en Voluntad Popular, organización política a la cual pertenezco. En tal sentido debo expresar lo siguiente:

1. RECHAZO la estafa que se pretende realizar a personas en estado de necesidad, debido a la incertidumbre de la migración forzosa de la cual son sujetos, al pretender cobrarles por la emisión de constancias de militancia de Voluntad Popular.

2. DECLARO que no existe ninguna persona autorizada para actuar en mi nombre y representación y que las afirmaciones que hacen sobre la utilidad o eficiencia de los documentos que emiten son simples manipulaciones.

3. CONDENO la utilización de mi nombre y firma de manera indebida y sobre todo, para aprovecharse de la necesidad de los venezolanos.

4. SOLICITO a quienes han sido víctimas de tales abusos contactarme a través de mis redes sociales para denunciar a las personas que incurren en estas practicas y exponerlas públicamente ante la ausencia de una autoridad judicial que pueda aplicarles todo el peso de la Ley.

5. REITERO, mi solidaridad personal con quienes sufren la angustia, incertidumbre y desesperación que produce tener que migrar en condiciones forzadas para alcanzar en otros territorios la seguridad personal y económica que no puede ofrecerles nuestro país.

Igualmente, me reservo todas las acciones que pueda ejercer en contra de quienes cometen estos abusos e informare a las autoridades internacionales competentes sobre tales hechos.

ccn por patricia villegas

Ya no son 13,36 millones de dólares. Ahora El Nacional deberá pagarle a Diosdado Cabello 30,05 millones de dólares por concepto de daño moral, según el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del área metropolitana de Caracas.

La nueva cifra, que es más del doble de lo sentenciado, incluye las costas procesales, que han sido calculadas en 3,33 millones de dólares.

Ejecución forzosa contra El Nacional
La información se incluye en la comunicación en la que se notifica de la ejecución forzosa del embargo a la sede de El Nacional debido a que se vencieron, según el juzgado, los lapsos concedidos a la parte demandada para diera cumplimiento voluntario a la condena dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

“En consecuencia, se decreta medida ejecutiva de embargo sobre bienes propiedad de la parte demandada hasta cubrir la cantidad en bolívares equivalente a 533.250 petros, cantidad que deberá calcularse según el valor del petro para el momento del efectivo pago, y, que comprende el doble de la cantidad condenada más las costas procesales calculadas por este juzgado en 25%, y que ascienden a la cantidad de 59.250 petros, cantidad está ya incluida en la anterior”, indica.

Los 533.250 petros equivalen a 93,88 billones de bolívares (30,05 millones de dólares o 24,65 millones de euros). Las costas procesales son el equivalente a 10,43 billones de bolívares (3,33 millones de dólares o 2,73 millones de euros).

“Se deja constancia que si la presente medida recayera sobre cantidades líquidas de dinero, la misma será ejecutada hasta cubrir la cantidad de 296.250 petros, que comprende la cantidad condenada más las costas procesales calculadas”, agrega.

“Igualmente, se faculta amplia y suficientemente al Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas que resulte seleccionado previo sorteo, a los efectos de designar los auxiliares de justicia respectivos”, concluye.

El embargo de El Nacional
El Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas practicó el embargo ejecutivo contra la sociedad mercantil Editora El Nacional C.A., parte demandada en el juicio que por daño moral sigue en su contra el ciudadano Diosdado Cabello.

La medida se ejecutó la tarde del viernes 14 de mayo. El cartel de notificación indicó que se cubre la cantidad de 141.501,24 petros del total de 237.000 petros que obliga a pagar el Tribunal Supremo de Justicia.

Medida inédita
La Sala de Casación Civil del TSJ declaró procedente la segunda fase del avocamiento solicitado por el abogado Alejandro Castillo, apoderado judicial de Cabello, y ordenó a El Nacional el pago de 237.000 petros, poco más de 13 millones de dólares ($ 13.366.800), calculados al momento del pago, como indemnización por daño moral. El petro equivale a 56,40 dólares aproximadamente.

Es de recordar que el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 31 de mayo de 2018, dictó sentencia definitiva, declarando con lugar la demanda de daño moral incoada, y condenando a El Nacional al pago de la suma de 1.000 millones de bolívares como indemnización y ordenó la indexación judicial del monto condenado, lo que a la fecha, según la sentencia, serían 31.843.014.940.710 bolívares.

EL NACIONAL

La ONG Foro Penal informó este jueves en su informe semanal que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene en la actualidad 302 presos políticos en Venezuela.

El informe detalla que entre los detenidos se encuentran 281 hombres y 21 mujeres, de los cuales 172 son civiles y 130 militares.

Además, el gobierno de Maduro tiene a un menor de edad en sus calabozos.

La ONG refirió que el reporte fue enviado a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro para su certificación.

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 07/06/2021 por @ForoPenal:

????? ?????? ???í?????: 302

Hombres: 281
Mujeres: 21

Civiles: 172
Militares: 130

Adultos: 301
Adolescentes: 1

ccn por patricia villegas

Las nuevas tres variantes del covid-19 ya se encuentran circulando en el país, así lo reconoció la viróloga del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) Flor Pujol.

La científica indicó que dos de ellas le genera gran preocupación, se trata de la variante Gama que se originó en Brasil y la otra denominada Alfa, que fue la que surgió en el Reino Unido.

En torno a la tercera variante, indicó que se trata de la C.37, la cual aún no ha sido denominada con un nombre de letra griega. Hasta ahora se le conoce como la variante andina, la cual comenzó a circular en Perú y Colombia.

Pujol aseguró en una entrevista que sostuvo en Unión Radio, que esta última variante también se encuentra presente en Venezuela, pero en una menor proporción que la brasileña y la británica.

Indicó que la C.37 ya se detectó en los estados Zulia y Trujillo.

Vacunas en la mira
Sobre el proceso de vacunación en el país, se pudo conocer que el viernes pasado la administración de Nicolás Maduro firmó un acuerdo con la farmacéutica rusa Gerofarm para lo que será el envío de 10 millones de dosis de la vacuna EpiVacCorona, las cuales aún no cuentan con fecha previstas de llegada al país.

De la misma manera, aún están pendiente alrededor de 11 millones unidades del sistema Covax, sin embargo esto podría tardar un poco más, dado que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostiene que Venezuela le debe una parte del dinero para poder completar el pago total, aun cuando el madurismo asegura que la deuda está saldada.

Agosto se perfilaba como el mes del proceso de vacunación masiva, sin embargo, la administración de Maduro lo postergó para septiembre y luego octubre, pero en las últimas informaciones indicó que será en el mes de diciembre cuando el 70% de la población se encuentre totalmente vacunada.

LA NACION

La Junta Nacional Electoral del Consejo Nacional Electoral chavista (CNE) presentó este jueves a los miembros del equipo que realizará la Auditoria Integral al Sistema Automatizado de votación del 14 de junio al 26 de julio.

La rectora chavista, Tania D’Amelio, en el marco de la instalación de la mesa técnica, manifestó “no nos cansamos de innovar. Por primera vez se abre el corazón del sistema electoral para los académicos, para los reconocidos de nuestro país”.

“Es importante que el país conozca quienes son los auditores académicos. A través del canal streaming del CNE el mundo, los venezolanos, los partidos políticos, los ciudadanos podrán ver en tiempo real qué hacen los expertos”, manifestó al comentar que luego de finalizada la auditoría presentarán un informe final.

Por su parte, el rector del oficialismo, Roberto Picón, expresó que la instalación de esta mesa técnica permitirá establecer la calidad de los productos que sirven al CNE, como base de datos y sistemas programados que lo soportan.

“Es una magnifica noticia que contemos con estos 10 académicos y con eso podremos saber con suficiente tiempo de antelación, casi cuatro meses antes, si los productos cumplen con todas las condiciones para garantizar el voto de los venezolanos”, añadió.

Los académicos son egresados de la Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón Bolívar, Universidad de Los Andes, Universidad Católica Andrés Bello y Universidad de Carabobo.

ULTIMAS NOTICIAS

El colapso del sistema carcelario en Venezuela es evidente. El Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón, es fiel reflejo de lo que ocurre. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), hoy ese recinto alberga a aproximadamente cinco mil presos, aunque fue construido para apenas 750. Eso se traduce en una tasa de hacinamiento de 714 %.

Este es uno de los penales con mayor sobrepoblación en el país, en el que además de los reclusos existe una población civil que permanece dentro de las instalaciones y hace vida dentro del recinto penitenciario. Esta situación es violatoria a las normas del recinto penitenciario, advirtió el observatorio mediante una nota de prensa.

Cuando sale a relucir el nombre de la cárcel de Tocorón, es para referirse a la violencia que allí impera, pero nada se dice de los presos enfermos que conviven entre más de cinco mil privados de libertad. El equipo del OVP pudo conocer de primera mano que en Tocorón hay 40 presos aislados, quienes padecen tuberculosis.

Estos privados de libertad no tienen acceso a medicamentos por parte del Estado. Son los familiares quienes deben correr con los gastos y no todos tienen los recursos para hacerlo. El OVP denunció que la atención médica es nula, por lo que la salud de algunos se deteriora con el pasar de los días.

Sin acceso a alimentos
De la misma forma, el OVP conoció que la distribución de alimentos al penal por parte del Ministerio de Servicios Penitenciarios no llega a las manos de la población penal, así que son los familiares quienes se deben encargar de ello.

Las visitas se efectúan los miércoles y fines de semana para los que tienen privilegios, mientras que los alimentos que ingresan los familiares en su mayoría son crudos. Algunos se encargan de depositar algo de dinero para que compren la comida que venden dentro del penal o se reúnen entre varios para enviar algún mercado, porque no todos son de ese estado y no pueden enviar alimentos o viajar.

Continúe en El Carabobeño