El Sistema Patria a través del número 74224 anunciará a todos los venezolanos la ubicación del centro de vacunación donde deben asistir y la hora correspondiente para recibir la dosis contra el covid-19.

La información la dio a conocer la plataforma en sus redes sociales este martes 8 de junio y comentó que es una campaña para logar la inmunización contra el coronavirus y proteger la salud de todos.

Además, el mensaje indica el número de cédula de la persona para la cual fue agendada la cita. Patria reitera el llamado a la población a cumplir con las medidas de bioseguridad en las jornadas de inmunización.

En caso que alguna persona presenté dificultad para agendar la cita o se le borró el mensaje de texto, se puede enviar el número de cédula al 74224. También se puede consultar por el Sistema o por la página web del Ministerio de la Salud.

EL PERIODICO

Venezuela aspira a volver a las clases presenciales el próximo mes de octubre, después de la suspensión obligada a causa de la pandemia del covid-19 en marzo del año pasado, informó este lunes el ministro de Educación, Eduardo Piñate.

«Se está haciendo la preparación del año escolar 2021-2022, y si se cumple el plan de vacunación, el regreso a clases presenciales será el mes de octubre», señaló Piñate durante una reunión con los jefes de las zonas educativas del país.

La vuelta para la fecha fijada dependerá del avance de la inmunización, que se encuentra, desde el pasado 29 de mayo, en una nueva fase en la que se pretende acelerar el proceso, para lo cual se han multiplicado los puntos de vacunación en todos los departamentos del país.

No obstante, las últimas estimaciones del régimen han fijado el mes de diciembre como meta para la vacunación masiva, es decir, que 70% de la población haya recibido el fármaco.

El ministro explicó que, actualmente, evalúa cómo ha sido el curso 2020-2021 con la educación a distancia, a través del plan Cada Familia una Escuela, consistente en seguir las clases vía Internet, televisión o radio, y se preparan para la vuelta, a la espera de que se haya superado la segunda ola de contagios.

venezuela al día

“Luego de haber entregado el territorio apureño al Frente Décimo de las Farc, hoy pretenden inculpar a gente humilde por delitos que no cometieron, y tienen militarizado el Tribunal con funcionarios armados, por la audiencia de unos ciudadanos que son inocentes” así lo denunció Javier Tarazona, director general de Fundaredes al acompañar a los familiares durante la audiencia preliminar de los civiles víctimas de detenciones arbitrarias en el conflicto de Apure.

El lunes 7 de junio fueron presentados 16 detenidos arbitrariamente en audiencia preliminar, de los cuales 15 pasaron a fase de juicio al declararse inocentes de los delitos que se les imputan, solo otorgaron medida sustitutiva de privación de libertad a Elvis Guerrero, una persona con severas discapacidades; también se le iba a otorgar esta medida al ciudadano Mario Pereira, de 65 años de edad y con problemas de salud, pero posteriormente le fue negada. El martes 8 de junio se daría la audiencia de otros 12 ciudadanos en iguales condiciones (al momento de cierre de esta nota de prensa aún no había decisión de este proceso).

En los alrededores del Tribunal Militar en San Cristóbal, los familiares de los detenidos aguardan para tener noticias sobre la decisión en la audiencia preliminar, llegaron en un camión desde Apure para acompañar a sus seres queridos, no tienen recursos para hospedarse y alimentarse en el Táchira, atrás dejaron sus viviendas saqueadas en medio del conflicto y hoy anegadas por las fuertes lluvias en la zona.

Jhanet Quintero es la madre de Edinson Quintero (22 años de edad), relató que su hijo fue detenido en Apure y acusado de cuatro delitos de los cuales se declara inocente. También narró que el joven se dedica a trabajos agropecuarios, y recientemente ha estado en tratamiento psiquiátrico y en una clínica de reposo mental por problemas de salud, a pesar de ello permanece detenido, le desaparecieron la motocicleta y otras pertenencias.

“Yo solo quiero justicia para mi hijo, él no es un guerrillero. Nosotros nos vinimos desde Apure para San Cristóbal solo con la ropita que tenemos puesta, en nuestras casas ya no queda nada, perdimos todo. Mi hijo es inocente” repitió la señora Quintero en medio del llanto.

Por su parte Javier Tarazona repudió que la defensa pública haya pretendido manipular a quienes están en este momento en su audiencia preliminar. “Les dijeron que si aceptaban los hechos, que si se declaraban culpables de algunos de los delitos que se les imputan, les darían libertad plena. Esta una forma de montar su falso positivo, de darle argumentos a las mentiras que pretenden decir quienes ostentan el poder”.

“Hoy le exigimos al Estado venezolano que entreguen a estos ciudadanos a su familia, que son gente humilde, trabajadora, que nada tienen que ver con grupos armados irregulares, y simplemente son castigados por la pobreza. Lo que hicieron los funcionarios allanando viviendas, quemando casas, saqueando bodegas, matando animales, destruyendo unidades de producción es lo único que han hecho, vulnerar los derechos a la gente” destacó Tarazona.

En tal sentido hizo un llamado al Sistema Universal de derechos humanos, al Sistema Interamericano, y a la Corte Penal Internacional a fin de que asuman una posición firme, frente a las vulneraciones contra estos civiles, a quienes los están juzgando en un tribunal militar contraviniendo la legislación venezolana.

LA NACIÓN

Tanto el Proyecto Ley de Las Ciudades Comunales como la Ley de Zonas Económicas Especiales (LZEE), impulsadas por el gobierno de Nicolás Maduro, sirven para continuar destruyendo el aparato institucional del país, ambos textos son una aberración jurídica que a través de los cuales la dictadura pretende despojar a los ciudadanos de sus derechos constitucionales.

Así lo aseveró la diputada Deyalitza Aray, este martes 08 de mayo en la Comisión Delegada, donde se debatió sobre la pretensión del régimen de Nicolás Maduro de modificar la estructura institucional con la inconstitucional aprobación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y el establecimiento de las Comunas que sustituye a los poderes del Estado.

La parlamentaria indico que la ciudad comunal tiene como propósito sustituir el ejercicio del voto por un proceso ilegítimo de mano alzada, ejecutado por voceros comunitarios que seguirán las órdenes impartidas por el régimen.

“Todo este aparataje o normativa busca regular la transferencia, la gestión y la administración de los servicios de los bienes, de los recursos del poder público nacional y de las entidades políticas territoriales a ese llamado poder popular, que bien sabemos es un poder político de control, es la violación abierta a la autonomía de los estados y municipios, así como la estructura Federal que tiene la Constitución”.

Señaló que la dictadura persigue crear un Estado paralelo oficializando al socialismo como doctrina, quedando las autoridades regionales y municipales como una suerte de jarrones chinos que nada de incidencia tendrán en la toma de las verdaderas decisiones.

En este sentido, la diputada María Beatriz Martínez, advirtió que la concepción del sistema comunal es la negación al derecho de la participación, por lo tanto, el referido sistema pretende eliminar el sufragio universal, directo y secreto.

Asimismo, consideró que otra de las intenciones de la Ley de Las Ciudades Comunales, es eliminar totalmente el pluralismo político, porque responde exclusivamente a una sociedad socialista y condiciona su existencia para una parcialidad política y el control centralizado de su propia existencia.

“Esta pseudo Ley y todo el sistema comunal es absolutamente ilegitimo y constituye la construcción de una mentira sobre mentira que no sirve para nada, a excepción para estafar a los incautos y seguir destruyendo nuestra desecha institucionalidad”.

ccn por patricia villegas

Enrique Márquez, presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del Consejo Nacional Electoral del chavismo, anunció que el organismo inició una investigación contra el canal del Estado Venezolana de Televisión VTV.

El comunicado del rector del CNE chavista detalla que VTV, integrante del Sistema Nacional de Medios Públicos; usó su programación “para beneficiar directamente a un partido político a través de sus programas de opinión e información”.

En específico, se ha hecho propaganda a favor del Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV.

El órgano electoral hizo referencia a un “caso grave e ilustrativo” con el programa “Con el Mazo Dando”.

“El deber del árbitro es advertir que tales excesos no son de ningún modo admisibles”, dice el escrito del CNE.

Además, el Consejo Nacional Electoral chavista hizo un llamado a “todos los funcionarios públicos” para que cumplan sus responsabilidades con respecto al uso de los recursos de Venezuela.

Márquez informó que el procedimiento contra VTV se abrió por “uso irregular de recursos públicos con fines partidistas”.

COMUNICADO: En mi condición de presidente de la COPAFI, informo a los venezolanos acerca del inicio de una investigación y procedimiento administrativo al canal del Estado (VTV) por uso irregular de recursos públicos con fines partidistas: pic.twitter.com/igdZWgzRQ3

— Enrique Márquez (@ENRIQUEMARQUEZP) June 8, 2021

VERSION FINAL POR PATRICIA VILLEGAS

El presidente de la Asamblea Nacional del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció este martes durante la sesión ordinaria que en los próximos días presentarán pruebas dónde presuntamente «evidencian» los supuestos vínculos de dirigentes de Voluntad Popular con las bandas delincuenciales que operan en La Vega, en Caracas.

El parlamentario chavista señaló “¿qué puede hacer este Parlamento, sin exageraciones? ¿Cómo se les ocurre decir que esas bandas controlan el territorio de Venezuela? Eso es falso; es verdad que están orquestadas, que les pagan, que las arman y que cambian droga por dinero, pero ¿de dónde sale ese dinero, las criptomonedas que mete Juan Guaidó por miles en Venezuela y las cambia para pagar grupos terroristas?”.

Rodríguez indicó que se trata del sector liderado por Leopoldo López, y  Juan Guaidó. “Son pagadas con dólares y los próximos días vamos a mostrar las pruebas. Es deleznable que se utiliza una situación tan compleja y grave para buscar algún tipo de prevención político-electoral”.

“Es verdad que el hampa no mira colores políticos pero a lo mejor si lo tiene en el bolsillo o en la pistola, o a lo mejor hay activistas de grupos terroristas repartiendo dinero a esas bandas delictivas en Petare, La Vega, Cota 905, Apure, Guárico ¿Es casual que esas bandas se activen los lunes en a tarde? ¿Es casual que aparezcan activistas y seguidores de Juan Guaidó o Leopoldo López recorriendo los sectores que están dominados por esas bandas?”. acotó.

Rodríguez catalogó de deleznable que se utilice una situación tan compleja y grave para buscar algún tipo de apoyo político electoral. “Nosotros jamás nos hemos engañado con quienes son los diputados de oposición que están aquí y quisieran, igual que Guaidó y Leopoldo, buscar la manera de derrocar al Gobierno Constitucional (:…) Utilizan los mismos argumentos, las mismas noticias falsas, los mismos testimonios y además instalan argumentos ¿Cuántos más?. ¿Es casual que en las mismas vísperas del desembarco paramilitar mercenario y terrorista del pasado 3 de mayo, las mismas bandas pagadas estaban sembrando violencia en Petare?”.

El máximo representante del Poder Legislativo agregó que van a iniciar las investigaciones porque no hay hechos casuales con miras al proceso electoral del venidero 21 de noviembre.

“No solamente ha sido profundamente responsable éste gobierno, sino estamos aquí y el pueblo de Venezuela está en sus hogares desde la tranquilidad porque este Gobierno ha defendido la paz de la República que nunca antes en 200 años había sido tan agredida de manera multiforme como ha sido agredida por éstas bandas delincuenciales de la derecha venezolana”, dijo.

ULTIMAS NOTICIAS POR PATRICIA VILLEGAS

La exmagistrada Blanca Rosa Mármol León consideró que fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, demostró estar parcializada y obstaculizar las investigaciones en contra del régimen de Nicolás Maduro.

Mármol agregó que sí se hará justicia en todo lo que tiene que ver con las denuncias formuladas en contra del gobierno de Nicolás Maduro y sus funcionarios a pesar de que los procesos en el tribunal sean lentos, reseña El Nacional.

La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, afirmó que el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, genera expectativas en la investigación de este tribunal sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Explicó que en los próximos días en La Haya, el abogado británico Karim Khan realizará el acto de toma de posesión del puesto como nuevo fiscal general de la CPI. Ante el cambio, el régimen Nicolás Maduro nombró como defensora para un eventual juicio ante este organismo a Gladys Gutiérrez. La oficialista es expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia y exrectora del Consejo Nacional Electoral.

No se puede ignorar el caso
La profesional del derecho esta convencida de que si el nuevo fiscal por el perfil que trae, actúa de acuerdo con la calificación que le precede, deberían prosperar los casos que tiene Venezuela en esa Corte. No hay modo de ignorarlo.

Mármol León lamentó que la fiscal Fatou Bensouda dejara el cargo de fiscal sin recibir un castigo por su parcialización al momento de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro.

“Demostró ser una funcionaria nefasta y estar parcializada. Es público y notorio que estaba en alianza, prácticamente, con Haifa El Aissami Maddah (hermana de Tareck El Aissami), detalló.

A Bensouda se le señaló en múltiples oportunidades por obstaculizar las investigaciones contra funcionarios venezolanos. La experta considera que hay fundadas expectativas por el cambio de fiscal general en la CPI.

el carabobeño

Diputados de la Asamblea Nacional legítima, exigen un plan de vacunación con carácter de urgencia, equidad y universalidad y condenan la política de exclusión del régimen de sólo vacunar a las personas que tengan el Carnet de la Patria y los que están es las listas del programa de cajas Clap.

Así se desprende del debate sobre la violación del derecho a la salud en el marco de la ausencia de un plan de vacunación masiva contra el virus COVID-19, celebrado durante la sesión de la Comisión Delegada de este martes, vía zoom.

Inició el debate la Diputada por el estado, Aragua Dinorah Figuera, quien condenó que en el país no exista un plan de vacunación contra el COVID-19, pese al reclamo reiterado de los organismos de salud académicas, sociales, del pueblo en general y de la Asamblea Nacional legítima. “Estas exigencias no han tenido eco en el régimen de Maduro, todo lo contrario, solo están siendo inmunizada la población que esté en la lista del programa de las cajas clap o tengan el carnet de la patria”, afirmó la diputada Figuera.

Sostuvo que esta Asamblea Nacional legítima debe apoyar la iniciativa promovida por las Academias de la Medicina, y de Ciencias, todo el sector salud y las ONGs, de dirigirse, a través de una misiva, a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos Michelle Bachelet, donde manifiestan con preocupación, la ausencia de información, la exclusión de personal de salud, de personas que no están inscritas en el sistema patria y un plan serio de vacunación masiva, contra el COVID-19.

“Solicitan la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la OMS para que se respeten los derechos humanos del pueblo de Venezuela y se apruebe y divulgue, con carácter de urgencia, un plan de vacunación oficial contra el COVID-19 y se cumplan definitivamente la meta nacional de vacunación consistente en 22 millones 820 mil personas”, apuntó la parlamentaria.

Plan diabólico

Mientras que la diputada por el estado Lara, Ana Salas, deploró y calificó de una acción diabólica del régimen y su entorno el manejo para enfrentar la pandemia del COVD-19, las cifras de muertos y contagiados que se señalan no son las reales y el plan de vacunación está dirigido a la población que tiene el carnet de la patria, mientras los médicos y trabajadores de la salud no tienen protección.

“El anuncio del plan de vacunación es diabólico y macabro dispuesto a crear más zozobra y desesperanza en un pueblo, que padece esta terrible pandemia. Es una burla al pueblo y en especial a nuestros adultos mayores. Es un derecho que todos tengamos acceso a las vacunas. Por culpa del régimen Venezuela se mantiene en los últimos puestos de América latina en inmunización contra el COVID-19 y hasta la fecha se desconoce la cantidad real de vacunas que han llegado al país, porque las informaciones del régimen son contradictorias”.

Exigió que entre al país todas las vacunas necesarias y se elabore un verdadero plan de vacunación masiva inclusivo y oportuno para todos los venezolanos, sin exclusión, como un derecho prioritario en estos tiempos de pandemia.

Genocidio silencioso

Por último, intervino el diputado por el Estado Barinas, Freddy Superlano, quien afirmó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es pisoteada y violada sistemáticamente por el régimen y sobre todo en este momento el artículo 83 que se refiere a un derecho social fundamental como es la salud, que el Estado tiene la obligación de garantizar, como parte del derecho a la vida.

Aseguró que el COVID-19 está haciendo estragos fundamentalmente en las distintas barriadas, caseríos de grandes ciudades del país, donde ha sido tratada esta pandemia con gran irresponsabilidad, pero sobre todo es usada como herramienta de control social por parte de los jerarcas que hoy usurpan el poder.

“Nos hablan de vacunación masiva, cuando solo una pequeña parte de la población se ha vacunado, comenzando por la cúpula gobernante y militar del régimen. En Venezuela estamos lejos de un plan de vacunación masivo. Para poder cumplir con la inmunidad del 70 por ciento de la población, al menos se necesitan inmunizar 15 millones de personas, es decir un millón de venezolanos por semana”, precisó el diputado Superlano.

Indicó que el improvisado plan de vacunación del régimen a través de la plataforma del carnet de la patria, el mismo sistema que se ha utilizado para la discriminación política en el país. Es estos mementos cuando el estado venezolano está siendo enjuiciado ante la CPI por crímenes de lesa humanidad, sigue insistiendo en su sistemática violación, al colocar a millones de venezolanos, que no comulgan con sus ideas socialistas, como adversos enemigos al régimen.

“Esto es un plan de vacunación o es otra farsa para mantener el control social de un pueblo aterrorizado por una pandemia que cada día cobra más vidas. Al ritmo que va este plan de vacunación es más posible que la pandemia termine con la vida del 70 por ciento de la población en Venezuela, que el Estado vacune al 70 por ciento de los venezolanos este mismo año”.

Precisó que sin vacuna no hay plan, por lo que deben permitirse varias vías para que ingresen las vacunas al país. Asu juicio la politización del ingreso de las vacunas es un “genocidio silencioso”, que deben encender las alarmas de la Comunidad internacional.

“Desde esta Asamblea Nacional Legítima exhortamos al mundo a ver de cerca la difícil situación que se vive en Venezuela. No es solo una crisis humanitaria compleja, es la muerte campante ante la mirada atónita de un pueblo indefenso, secuestrado, amenazado, torturado y perseguido que se debate entre el hambre y la pandemia, pero sobre todo ante la mirada impávida del mundo, que solo observa como cientos de miles cruzan la frontera para salvar sus vidas, mientras una cúpula gobernante reina sobre los escombros donde fue antes un gran país”, subrayó Superlano.

ccn