Luis Stefanelli, diputado y vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la legítima Asamblea Nacional, informó este martes que hay un déficit de 60 % en la producción de gas doméstico, motivo por el cual los venezolanos han recurrido a antiguas prácticas para cocinar sus alimentos.

“El consumo del gas doméstico en Venezuela se estima entre 40.000 y 50.000 mil barriles diarios. De ese total, apenas se producen 15.000. Hay un déficit de 60 %. El 93 % de los venezolanos utiliza ese servicio para cocinar sus alimentos”, detalló el parlamentario por Voluntad Popular en la sesión de la Comisión Delegada.

Stefanelli precisó que, según cifras de ONG, el 33 % de los venezolanos ahora cocina a leña, trayendo consecuencias ambientales y de salud. Mientras que otro 33 % ahora procesa sus alimentos en cocina eléctrica, acentuando la crisis en el sistema eléctrico.

“Por eso venimos a dar apoyo al acuerdo de Elías Matta, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, sobre la necesidad de nombrar una comisión mixta para que se aboque al trabajo de proponer soluciones del gas doméstico”, refirió.

El legislador de la tolda naranja recordó que solo en 2016 hubo una producción razonable de gas que alcanzó los 8 mil millones de pie cúbicos por día, pero en 2017 la producción bajó a 600 millones por día. “Casi 90 % de reducción en la producción. En esa fecha no había ninguna sanción hacia el régimen, excusa que utilizan permanente para evadir sus responsabilidades”, dijo.

Sostuvo que ni la detención en febrero del presidente de Pdvsa Gas Comunal detuvo la corruptela desaforada que impera en esa instancia, razón por la cual indicó que nada podría corregirse mientras el oficialismo administre estos espacios. “Hay altísimos niveles de corrupción en eso que llaman Pdvsa Gas Comunal. Una bombona que debería valer $0.3, terminaba costando 30 dólares. Esto producto de la manipulación de intermediarios”, apuntó.

Por tal motivo, manifestó que el Poder Legislativo electo en 2015 está en la obligación de presentarle al país, en el marco del Acuerdo de Salvación Nacional, el voto de la comisión mixta que permita crear una propuesta que genere soluciones a la brevedad posible.

CCN  por Patricia Villegas

Juan Guaidó hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional (FAN) para que “cumplan con su deber” y rescaten a los ocho soldados secuestrados por una disidencia de las Farc hace casi un mes, pero además para que ejerzan la soberanía.

Al final del “Debate sobre la presencia de los máximos líderes de la FARC, operando desde Venezuela hecho que quedó en evidencia tras la presunta muerte de Jesús Santrich”, ocurrido en la sesión de la Comisión Delegada del legítimo Parlamento nacional este martes 25 de mayo, Guaidó además pidió a las fuerzas castrenses que sometan a la justicia a Iván Márquez.

“El llamado es a la Fuerza Armada Nacional a cumplir con su deber, al rescate de estos soldados en manos de la disidencia de las Farc. El llamado es a someter ante la justicia a Iván Márquez, responsable de ese desastre con Maduro. Iván Márquez debe ser sometido a la justicia además por el enfrentamiento armado que existe hoy en el estado Apure, que tiene en riesgo el ejercicio de la soberanía”.

Dijo el también presidente de la legítima Asamblea Nacional que a una semana de la muerte de Jesús Santrich presuntamente en Venezuela, hasta el momento el gobierno no ha pronunciado “ni siquiera una palabra”, al respecto.

En su intervención, Guaidó culpó a Maduro de haber “cedido territorio deliberadamente” lo que evidencia que no tiene el control de nada.

“Maduro perdió el control del territorio, perdió el control de la moneda nacional, perdió el control de la Industria petrolera; todo producto de la corrupción, de la ineficacia. Primero fueron grupos paramilitares y parapoliciales en el caso del área metropolitana (de Caracas), luego fue el financiamiento directo e indirecto a grupos irregulares a través del oro de sangre, caso específico del ELN, la disidencia de las Farc hoy con presencia en más de 11 estados del territorio nacional”.

Finalmente pidió a los venezolanos unirse a la defensa y ejercicio de la soberanía, pues “hoy está en riesgo la República”.

CCN por Patricia Villegas

La diputada Desiree Barboza señalo que hay denuncias que indican según hay hospitales en la ciudad de Caracas, donde supuestamente venden las vacunas entre 300 y 600 dólares en un país con un salario que no llega a tres dólares mensuales.

Indicó que los casos de personas con COVID-19 y la cantidad de fallecidos por la pandemia aumentan todos los días mientras crece el presunto mercado negro de vacunas. “Este mercado negro está impulsado por la dictadura quien se niega a diseñar un plan de vacunación para todos los ciudadanos”.

Así lo informó la parlamentaria por el estado Zulia, este martes 25 de mayo en la reunión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, en el marco del debate sobre el presunto «surgimiento del mercado negro de vacunas contra la COVID-19».

Aseveró que al país ha llegado un lote de vacunas pero se desconoce la información de quienes han sido vacunados, “lo datos que el régimen dice son contradictorios.”

Señaló que ante el poco avance sobre el tema de la vacunación, hay venezolanos que se han visto obligados a ir a otros países para colocarse la vacuna pero la mayoría de la población espera por la llegada de las mismas a la nación.

En este sentido, solicitó se haga un plan de vacunación urgente que incluya el sector salud como prioritario, “hay que detener las muertes de los médicos, enfermeras y de todo el personal de primera línea”.

En este orden de idea, la diputada María Teresa Pérez manifestó que el supuesto tráfico de las vacunas contra la COVID-19 en el país, ocurre entre otras cosas por la opacidad sobre la información de la pandemia y el «control social» que el gobierno, según la diputada, quiere tener sobre todos los venezolanos, “pero sin garantizar lo más importante como es la salud y la vida de todos los ciudadanos, derecho humano que siegue siendo violentado día a día”.

Por lo tanto, la parlamentaria señaló que la denuncia debe llegar a instancias internacionales y a su vez, le hizo un llamado a la población para que denuncien a quienes vendan las vacunas en el país.

El diputado Richard Blanco en su intervención, se refirió a una serie de denuncias que realizó la periodista Carolina Jaimes Branger en un artículo de su autoría con el título “Las Vacunas, la nueva segregación del chavismo” donde se puede leer parte de la realidad de los venezolanos como es el caso de las “vacunaciones clandestinas”, las cuales son vendidas entre $80 a $380, dependiendo del criterio de los “vacunadores”, indica la nota.

Blanco aseveró que el gobierno de Maduro ha dividido aún más la población venezolana por el tema de la vacunación, sabiendo que cuando se trata de la salud cualquier hospital o clínica debe estar presta cuando se trata de una situación de pandemia que ocupa a toda la población mundial pero en Venezuela, la situación es más crítica por tener una economía y un sistema de salud en ruinas.

*En el hospital Militar existe un mercado de compra de cupos exprés para vacunas contra la COVID-19*

Por su parte la diputada Dinorah Figuera, presidenta de Comisión Permanente de Ciencia Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional, indicó que hasta los momentos no existe información oficial sobre el número de dosis administradas en el país, pero se cree que son menos de trescientas mil con rumores crecientes de un fuerte mercado negro de vacunas.

Al respecto, recordó que ante el Parlamento Nacional ya se había denunciado el mercado negro de vacunas que se aplica en el hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arvelo, conocido como hospital Militar y ante ello, “el régimen no dice nada”.

“En el hospital Militar si existe un mercado de compra de cupos exprés para las vacunas de la COVID-19 y lo hacen a la vista de militares que se pasean antes las personas que ellos saben que pagaron por las mismas, esto es producto de la ausencia de un plan de vacunación oportuna por parte del régimen”.

Exigió a la dirección del referido centro hospitalario se abra las investigaciones pertinente y se llegue a las últimas consecuencias, al mismo tiempo, se informe a la población sobre los responsables “de esta terrible aberración”.

Figuera se refirió también a lo que denominó “oferta engañosa” por parte del gobierno y la misma es alertada por la Academia de Medicina de Venezuela, sobre la llegada de presuntos productos experimentales cubanos, como son Soberana-02 y Abdala que se encuentran en ensayos clínicos en Cuba y otro en Rusia como es el Avifavir.

El oficialismo utiliza la pandemia como un mecanismo de control social en Venezuela

Para culminar el diputado por el estado Zulia, William Barrientos denunció el bloqueo que tiene el gobierno de Maduro para que no entren las vacunas contra la COVID-19 al país y se realice la vacunación masiva como lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“Ellos se negaron a que entren las vacunas y tampoco traen ninguna y las que vinieron, fueron utilizadas para aplicárselas a su militantes como método ideológicos y otras están siendo vendidas en el mercado negro’’.

Al mismo tiempo, acusó al oficialismo de utilizar la pandemia como un mecanismo de control social mientras que el pueblo venezolano además de morirse de hambre se infeste en un momento donde el esquema de la pandemia ha alcanzado su máximo pico.

“Es altamente criminal la forma inadecuada de como se ha manejado la COVID-19 que se ha expandido en nuestro país y nos tomó en el momento más grave por contar con un sistema sanitario vuelto triza y además, no hay insumos de ningún tipo’’.

Indicó que el gobierno debe dejar de decir que por las sanciones no entran las vacunas a Venezuela, “aquí no hay bloqueo para la entrada de medicamentos, ni de vacunas ni de insumos médicos’’, resaltó.

Advirtió que se debe decretar el Estado de alarma y se refirió por ejemplo a los 87 médicos que han muerto producto de la pandemia en el estado Zulia.

“Alertamos al mundo que este régimen oprobioso utiliza los recursos de los venezolanos para la corrupción y el clientelismo. Si son capaces de fijar una fecha electoral pero no de fijar una fecha de vacunación masiva para nuestro personal sanitario, adultos mayores y para aquellos que tengan enfermedades persistente’’.

PRENSA AN LEGÍTIMA por patricia Villegas

Por decisión de la Dirección Nacional legítima de Acción Democrática (AD), este martes se juramentaron nuevas autoridades del Comité Ejecutivo Seccional Cojedes en la capital San Carlos.

En la actividad, acompañada por el secretario de organización nacional Carlos Prosperi y el nuevo secretario general de AD Cojedes Fernando Feo, el vicepresidente de la tolda blanca Edgar Zambrano, aseguró que la posición firme del partido de Rómulo Betancour, es la del rescate de la institucionalidad de la República.

«El partido de Rómulo, tiene una posición firme, férrea, constante, orientada al rescate de la institucionalidad de la República. AD el partido de las mayorías venezolanas, trabaja intensamente en respaldo a nuestros principios y en respaldo al Acuerdo de Salvación Nacional que apoyan los diversos factores democráticos del país», afirmó.

Expresó, que el activismo del partido se desplaza en todos los sentidos hacia una eventual participación en los próximos comicios electorales, sujetos al petitorio de condiciones que suscribe tal acuerdo.

«Estamos comprometidos, encaminados, cumpliendo la tarea constante para lograr entre cosas, el regreso de las tarjetas a los partidos políticos legítimamente constituidos, así como la suspensión de las inhabilitaciones de un importante grupo de líderes políticos. Una sociedad inteligente necesita una unidad de propósito y esa unidad significa el acuerdo de salvación para la reinstitucionalización de Venezuela.

Por su parte, la nueva autoridad regional acción democratista, agradeció a todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y Seccional, por dejar en sus manos esta importante responsabilidad al frente de la entidad llanera.

«AD es la esperanza de este pueblo venezolano, es la esperanza del pueblo de Cojedes, tenemos que revivir esa esperanza para reconstruir el país», suscribió.

En la actividad estuvieron presentes representantes de las diversas organizaciones políticas y el Frente Amplio.

NP 

La directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, Carolina Girón, indicó que “la situación de los presos es grave”, dijo para Radio Fe y Alegría Noticias.

Agregó que hasta la fecha, entre los más de 200 privados de libertad que actualmente hay en el retén de Cabimas, hay 117 casos de tuberculosis como consecuencia del estado de desnutrición.

Este domingo 23 de mayo falleció por tuberculosis José Gregorio Acosta Ocando, de 30 años, según reportó la ONG Una Ventana a la Libertad.

Acosta Ocando había ingresado al Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de la Costa Oriental del Lago en octubre del 2015 por el delito de robo agravado. Aún esperaba una sentencia definitiva que emitiría el tribunal que llevaba su caso.

Girón indicó que el retén se convirtió en una “mini cárcel” y no se ve autoridad por ninguna parte.

Explicó que estos son sitios de corta permanencia y no poseen una estructura presupuestaria para alimentar a los privados de libertad, de tal manera que no hay forma que el Estado pueda suplir la alimentación.

“Nosotros pensamos que como en el Zulia no hay cárcel, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios debería asumir responsabilidades porque ellos mismos dejaron sin cárcel al estado”, aseguró.

Para el 2012, la ministra Iris Varela había anunciado la construcción de un centro de reclusión judicial que estaría ubicado en el municipio San Francisco y hasta la fecha es una obra inconclusa.

“Nada más pusieron la primera piedra y esa piedra costó todo lo que costaba la construcción. Es decir, esa piedra se llevó todo el dinero”, denuncio Girón.

A nivel nacional, de los 296 privados de libertad que fallecieron el año pasado, 184 murieron por tuberculosis y desnutrición.

RADIO FE Y ALEGRÍA NOTICIAS por Patricia Villegas

Los niños y adolescentes en Venezuela han resultado ser una de las poblaciones más vulnerables durante la pandemia de COVID-19, pues están expuestos a “diversas formas” de amenazas y violación a sus derechos, destaca el más reciente informe de Cecodap, una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos de los niños.

Carlos Trapani, coordinador general Cecodap, detalla que durante la pandemia los derechos a la integridad personal física y psicológica han sido uno de los más violentados y destaca que, tomando en cuenta la proximidad, los padres resultan ser los principales agresores.

Pero, además, Trapani sostiene que el Estado se constituye como un presunto agresor más.

“Las víctimas tienen mucho miedo a denunciar, hay mucha resistencia a denunciar y yo siempre he indicado que hay una desesperanza en la protección porque las familias reportan que, a pesar de yo denunciar, no voy a tener respuesta a mis necesidades. Desde un Estado de Derecho democrático y de justicia que los ciudadanos tengan desesperanza del sistema de protección es algo totalmente preocupante”, puntualiza.

En este sentido, el abogado expresó que es notoria “la debilidad institucional del sistema de protección para una adecuada atención” e insistió en la necesidad de que se invierta y se incrementen los programas de protección a las víctimas.

De cada 10 casos remitidos por el Servicio de Atención Jurídica de Cecodap a distintos órganos del Estado, seis no fueron de emitidos a pesar de que una legislación establece un “mandato expreso de atención prioritaria”.

De acuerdo a Trapani, existe una importante “falta de atención” de casos y agregó que cuando un niño alega una violación de derechos y va a un organismo del Estado “no es por placer, es porque lo necesita”, por lo que reiteró que si una persona acude al sistema de protección “debe ser atendida”.

“Se constató que hay unos mayores niveles de respuestas efectivas por parte de la sociedad civil. Como todo en la vida hay necesidades de mejoras, de fortalecer, de sistematizar procesos, pero en el contexto de emergencia que vivimos la sociedad civil representa un bálsamo, es un alivio al sufrimiento que están viviendo los niños”, dijo.

El informe titulado Somos Noticia, Capitulo Vulneraciones y Protección a los Derechos del Niño en Pandemia, subraya la necesidad de que se disponga de un sistema de datos oficiales sobre las distintas situaciones que afectan a la población infantil, así como la importancia de que se fomente la “cultura de la denuncia” para, de ese modo, lograr prevenir delitos y acercar a los niños a la justicia.

En varias ocasiones diversas organizaciones no gubernamentales han denunciado el peligro que, en los distintos ámbitos, representa la opacidad y la ausencia de estadísticas oficiales.

VOZ DE AMÉRICA por Patricia Villegas