La investigación de la fiscalía general de Nueva York sobre presuntos delitos fiscales de la Organización Trump, el emporio del expresidente Donald Trump, ha dejado de ser una causa civil para convertirse en penal.
El cerco judicial sobre el exmandatario republicano y los negocios familiares se estrecha al confluir las pesquisas de la fiscalía que dirige Letitia James con las emprendidas por la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance. Ambas instancias investigan desde hace más de un año los negocios de Trump por posibles delitos fiscales y bancarios, pero la confirmación, en la noche de este martes, de que la fiscalía general neoyorquina trabaja en conjunto con la de Manhattan supone un paso más en la presión sobre el exmandatario, que en febrero descalificó la acción de la justicia por considerarla motivada políticamente. Tanto James como Vance son demócratas.
La Fiscalía de Nueva York ha estado investigando posibles delitos del conglomerado empresarial de Trump para determinar si incurrió en fraude en la negociación de préstamos y beneficios fiscales; en concreto, si la compañía infló el valor de sus propiedades para obtener créditos ventajosos mientras infravaloraba su valor para beneficiarse de reducciones fiscales.
“Hemos informado a la Organización Trump de que nuestra investigación ya no es de naturaleza puramente civil”, informó en la noche de este martes Fabien Levy, portavoz de la fiscal James. ”Ahora estamos investigando de forma activa a la Organización Trump con carácter penal, junto con la oficina del fiscal del distrito de Manhattan”. La oficina del fiscal Vance declinó hacer comentarios sobre el anuncio de la fiscalía neoyorquina.
Las pesquisas de la Fiscalía de Manhattan empezaron a raíz de una declaración de Michel Cohen, antiguo abogado de Trump. En una audiencia en el Congreso, el 27 de febrero de 2019, Cohen aseguró que el entonces presidente había inflado el valor de varias de sus propiedades en sus declaraciones a los bancos que le prestaban dinero, con la intención de obtener mejores préstamos y seguros, al tiempo que las infravaloraba en sus declaraciones fiscales con la intención de pagar menos impuestos.
La oficina del fiscal de ese distrito de Nueva York se ha centrado en dos de las propiedades más emblemáticas de la familia Trump: la Torre y el Hotel Internacional Trump en Chicago y el edificio Trump en Nueva York. Ambas instancias han investigado también los registros de una finca en el condado neoyorquino de Wetchester.
Ya fuera de la Casa Blanca, Trump calificó en febrero de “fascista” y “políticamente motivada” la investigación sobre posibles delitos fiscales personales y de su emporio, después de que el Tribunal Supremo desestimara un recurso de sus abogados para evitar la entrega de sus declaraciones de impuestos de los últimos ocho años a un tribunal neoyorquino. Fue precisamente la oficina del fiscal Vance la que obtuvo el registro de esas declaraciones, divulgadas luego por el diario The New York Times. Trump denunció entonces “la mayor caza de brujas política de la historia de EE UU”.
Vance se apuntó un éxito cuando en febrero logró que el Supremo diera luz verde a su solicitud para examinar ocho años de declaraciones de impuestos y miles de documentos financieros para dilucidar si el expresidente y su familia cometieron fraude fiscal y estafaron a bancos y compañías de seguros. En septiembre, un juez federal tuvo que ordenar al hijo de Trump que respondiera a las preguntas del fiscal en el marco de esta causa. Eric Trump se había negado a hacerlo antes de las presidenciales del 3 de noviembre aduciendo que su declaración podía ser “utilizada con fines políticos”.
Aunque la investigación por presunto fraude que lleva a cabo el Estado de Nueva York es la más importante, Trump tiene otros frentes judiciales abiertos, como una investigación penal en Georgia por sus intentos de revertir el resultado de las elecciones de noviembre. Por otra parte, James investiga por presunta falsedad documental, fraude fiscal o fraude en los seguros cuatro proyectos inmobiliarios de la Organización Trump y su intento fallido de comprar el equipo de rugby de los Buffalo Bills. Las pesquisas tienen en este caso carácter civil, no penal, aunque no se descarta que puedan derivar a la otra vía si surgen indicios.
El carácter penal de la nueva investigación podría restar posibilidades a Donald Trump de ser elegido candidato del Partido Republicano para las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, previstas para 2024. Su ascendente ideológico sobre el Partido Conservador, sin embargo, no decae, como quedó de manifiesto la semana pasada, al apartar como líder del partido en la Cámara de Representantes a Liz Cheney, muy crítica con el exmandatario, y sustituirla por una fiel aliada suya, Elise Stefanik.
DIARIO EL PAÍS por Patricia Villegas
