“El sistema penitenciario venezolano no tiene las condiciones mínimas que reúna los estándares internacionales para albergar en los centros penitenciarios a personas de grupos vulnerables, tales como adultos mayores, niños, indígenas, personas LGTBI y mujeres embarazadas, en período de post parto y lactantes”, denunció Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) durante el 141° Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

En el marco de la audiencia pública de solicitud de opinión consultiva sobre enfoques diferenciados en materia de personas privadas de libertad, Girón enfatizó que el hacinamiento en las cárceles es crítico con un 120%; así como también explicó que la población carcelaria es de 37.500 personas y la capacidad instalada es para 26.238.

Durante su participación, la directora del OVP recalcó que durante 2020 se registraron 292 muertes, de las cuales 184 fueron a causa de desnutrición y tuberculosis. Esto representa más de 60% de los fallecidos en los penales venezolanos.

La abogada y defensora de Derechos Humanos explicó ante la CorteIDH que en Venezuela existen dos modalidades de centros: los abiertos que son controlados por presos, y los que permanecen bajo régimen con estricto control del Ministerio de Servicios Penitenciarios.

“La actual infraestructura data de más de 20 años, en notable deterioro por falta de mantenimiento tanto correctivo como preventivo y la gran mayoría no cuenta con agua potable, esta es surtida mediante camiones cisternas, una vez a la semana los más favorecidos”, indicó Girón.

En ese sentido, recordó que en el país existen nueve centros penitenciarios que son beneficiarios de medidas provisionales de protección dictadas por la CIDH: Internado Judicial Rodeo I y Rodeo II, Centro Penitenciario Metropolitano Yare I y Yare II, Centro Penitenciario de Aragua, Centro Penitenciario Región Oriental Monagas, Internado Judicial Bolívar, Centro Penitenciario David Viloria y el Centro Penitenciario de la Región Andina Mérida, sin que hasta la presente fecha se hayan cumplido los requerimientos.

Sin pruebas de COVID-19
“Durante el estado de alarma por pandemia, decretado el 13 de marzo de 2020, hasta la fecha no se han practicado pruebas para descartar contagio por la COVID-19, por lo que no se conoce si en las cárceles ha habido contagios o muertes por esta enfermedad”, manifestó Carolina Girón, directora del OVP.

De la misma forma, expresó que los hombres y mujeres que están presos en las cárceles venezolanas carecen de atención médica y el acceso a medicamentos es precario, por lo que son los familiares quienes deben suministrarlos y además solicitar los traslados a los centros de salud.

En cuanto a la alimentación suministrada por los centros penitenciarios, sentenció que es mínima y constantemente escasea. Debido a esta situación, son los familiares quienes deben llevar alimentos y agua potable.

«Estado viola los derechos de las personas vulnerables»
Durante el periodo de sesiones, la directora de OVP también relató la situación de privados de libertad que forman parte de los grupos más vulnerables.

En el país son 2.200 las mujeres que se encuentran recluidas en centros carcelarios. En Venezuela solo existe una cárcel para mujeres que es el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en la ciudad de Los Teques a 20 minutos de Caracas, el resto son anexos construidos al lado de los centros penitenciarios para hombres que no poseen la infraestructura necesaria para la atención de mujeres en la condición especial para mujeres embarazadas, en período de post parto y lactantes.

En este penal y los anexos femeninos no se permite la visita de hombres, por lo que los niños no tienen contacto con sus padres.

Si alguna privada de libertad tiene un niño estando en prisión estos permanecen con la madre hasta los 3 años de edad, en algunos casos los entregan a familiares o a una institución de abrigo.

Ante esta situación es evidente que en los centros de reclusión en Venezuela no se cumplen las Reglas Bangkok.

La directora de OVP añadió que las personas LGBTI sufren discriminación, tratos crueles, degradantes e inhumanos, tanto de la población reclusa como de los custodios, es común el abuso sexual y que sean utilizados para labores de aseo y recolección de desechos.

En cuanto a las personas indígenas, relató que viven como el resto de la población, no hay respeto para sus creencias ni cultura, deben adaptarse a las normas de convivencia del recinto, así como tampoco cuentan con intérpretes dentro de los centros. El momento fue propicio para recordar el caso del preso político Salvador Franco, indígena de la etnia Pemón, a quien lo dejaron morir en la cárcel Rodeo II teniendo orden de traslado a un centro de salud.

En cuanto a los adolescentes infractores, Girón expresó que son sometidos a ejercicios físicos de orden cerrado. En tanto, no se conoce la cantidad de adolescentes detenidos en el país por la opacidad del Estado, y es de conocimiento público que las instituciones no cuentan con el personal necesario para cumplir con los programas socioeducativos individuales.

Recordemos que la legislación venezolana establece que las personas mayores de 70 años de edad no deben ser sujeto de medidas privativas de libertad, pero esta norma no se cumple porque se privilegia la privación de libertad ante cualquier otra alternativa de enjuiciamiento o cumplimiento de pena.

En calabozos policiales la situación se agrava
En otro orden de idea, Carolina Girón recalcó ante la CorteIDH que el padecimiento del grupo vulnerable en los calabozos policiales es peor aún.

Calificó la situación como preocupante y explicó que en estos centros “no hay acceso ni a la alimentación, agua potable, instalaciones sanitarias, ni a servicios médicos, donde el hacinamiento supera el 400% por capacidad instalada. Solo se mantienen separadas a las mujeres en celdas, sin ventilación y sin oportunidad de desplazamiento, mayormente duermen en el piso y en condiciones muy precarias”, puntualizó Girón.

La directora de OVP pidió ante la CorteIDH debatir la obligación de los Estados a cumplir las decisiones de la Corte y que no queden ilusorios sus fallos a los fines de reparación y/o protección a las víctimas.

LA NACIÓN por Patricia Villegas

El Ministerio Público ha solicitado 8.450 imputaciones por delitos violencia sexual, ha solicitado 1.676 órdenes de aprehensión y han sido presentadas 5.309 acusaciones.

Así lo dio a conocer el fiscal, Tarek William Saab tras ratificar que el Ministerio Público coloca a disposición de las víctimas que deseen denunciar, el número telefónico 0212-509-8251 y el correo electrónico dgpfm@mp.gob.ve, para denunciar delitos con los que se ofende la dignidad de la mujer venezolana a través de la violencia sexual.

Saab destacó que el Ministerio Público cuenta con un equipo multidisciplinario de especialistas con herramientas profesionales para atender este tipo de denuncias y realizar las indagaciones que permitan sustentar una acusación penal.

Asimismo, dio a conocer que han decidido proponer una revisión de la legislación relativa a los casos de abuso sexual, a los fines de corregir los vacíos que puedan existir y evitar que este tipo de agresores puedan evadir la acción de la justicia.

“Nuestra legislación contempla los delitos de abuso sexual, pero evaluamos que nuestra legislación debe ser mejorada para garantizar protección a los sectores vulnerables”, reconoció.

Este balance y las formas de contacto para recibir denuncias, así como la activación de equipos multidisciplinarios para la atención de las víctimas se produce, luego de conocerse casos de en redes sociales en los que personas haciendo uso de su fama o de una posición de poder han realizado actos de acoso o abuso sexual contra adolescentes o mujeres adultas.

Entre esos casos, se han señalado a integrantes de bandas de música como Alejandro Sojo y Murachi Palomo de Los Colores, así como a Tony Maestracci de Tomates Fritos.

También se ha señalado a escritores como Willy Mckey del equipo de Prodavinci y directores de teatro como Juan Carlos Ogando de Skena Teatro y José Pepe Arceo de Ant Producciones.

“Enviamos nuestra solidaridad y nuestro compromiso con todas las víctimas de este flagelo. La violencia, el acoso y el abuso de poder en contra de las mujeres serán perseguidos con todo el peso que la ley porque estamos protegiendo los DD.HH.”, enfatizó Saab.

vtv por Patricia Villegas

 Hasta hace poco, Elliott Abrams se desempeñaba como el encargado especial del Gobierno de Estados Unidos para los asuntos de Venezuela. Ahora desde el Council on Foreign Relations analiza la postura del Gobierno del presidente Biden hacia el Gobierno de Nicolás Maduro. Considera que el nivel de atención que le venía prestando Estados Unidos a la crisis de Venezuela se redujo, sin embargo, destaca el gesto del actual gobierno de darle el TPS a los venezolanos y lamenta que el anterior gobierno del expresidente Trump no lo haya otorgado.

Jaime Moreno (VOA): ¿Cómo ha visto a la Administración Biden en la política hacia Venezuela? ¿Está siguiendo la misma receta que tenía la administración anterior o no?

Elliott Abrams: Bueno gracias, no han cambiado a fondo la política, es decir la política de apoyar a la oposición, de apoyar a Juan Gauidó, de criticar oponerse al régimen de Maduro. En ese sentido las palabras no han cambiado. Creo que el nivel de atención ha bajado. Es interesante, por ejemplo, que han escogido, han nombrado a un representante especial para Irán, para Venezuela no y creo que quizás significa que el secretario, el presidente quizás van a pagar (prestar) un poco menos de atención al problema de Venezuela.

VOA: ¿Por qué cree que tal vez hay menos atención de esta administración al tema de Venezuela en esta parte inicial del gobierno?

Abrams: Buena pregunta, quizá es que no han decidido su política. No han decidido qué hacer. Si eso es verdad, van a decidir después de unos meses más, o quizás han decidido que no tienen una solución y si no pueden resolver el problema y regresar a la democracia en Venezuela, quizá van a hablar de Venezuela a nivel, por ejemplo, de subsecretario y no a nivel de presidente. Pero hay que añadir, hay un problema en cualquier administración norteamericana, necesita seis meses más o menos para poner en sus posiciones a los nuevos oficiales, por ejemplo, hoy después de tres meses no hay un subsecretario para América Latina y quizás veremos más cuando la gente esté en sus cargos.

VOA: ¿Qué recomienda usted que deba continuarse y qué ajustes haría usted o le recomendaría a esta administración en lo que tiene que ver con Venezuela?

Abrams: Bueno, yo con mis prejuicios, yo no cambiaría mucho, yo seguiría con la presión política, la presión económica. Creo que es muy importante que las sanciones de Europa, Canada, EE.UU., Grupo de Lima, Grupo de Contacto, sigan con su presión contra el régimen. Creo que deberíamos apoyar firmemente a la oposición y que deberíamos decirles a la oposición que ellos tienen que quedarse juntos porque es su fortaleza seguir juntos, pero yo no cambiaría mucho, yo no bajaría el nivel de presión económica contra el régimen.

VOA: Su mensaje para la oposición es que se mantenga junta, que esté unida. ¿Usted siente que esa es una de las dificultades que ha impedido o acelerado un proceso de transición democrática, que la oposición no está tan cohesionada?

Abrams: No, es interesante. Cuando yo empecé en enero del año 2019, hace más de dos años, mucha gente me decía, bueno, la unidad de la oposición es muy frágil. Usted va a ver que más de dos años después, la unidad de la oposición es bastante fuerte. Tenemos el caso de Henrique Capriles que trató de negociar algo con el régimen hace nueve meses sin éxito, y creo que la unidad de la oposición ha sido mantenida y ha sido bastante mantenida, y por Estados Unidos estamos todavía hablando de Juan Guaidó como la voz, el líder de la oposición.

VOA: El gesto de la Administración Biden respecto al TPS hacia los venezolanos se dio en los primeros días de la administración. ¿Por qué era difícil hacerlo en la administración anterior si nada realmente cambió?

Abrams: Bueno, yo creo que es una muy buena decisión y es una lástima que la última administración, la Administración de Trump, no quería tomar el paso del TPS, ¿por qué no? bueno, ellos tenían una política, yo diría anti migración en general. Eso es visible en la política del presidente Trump. Sobre el programa de refugiados 150.000 por año mas menos, bajo Obama, reducido hasta creo 15.000 y solo 4 o 5.000 de hecho llegaron a Estados Unidos en el último año de Trump y creo que fue un error muy grande y me alegra mucho que el presidente Biden ha decidido hacerlo porque vale la pena. Según los discursos de Trump y de Biden es una situación en donde no podemos decir a refugiados o migrantes de Venezuela hay que retornar a su país. 

Voz de América

El Presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó, participó en el Sedona Forum, organizado por el McCain Institute, donde agradeció a la administración del Presidente Joe Biden, así como al Congreso y Senado de EEUU por el apoyo al pueblo venezolano, al tiempo que alertó sobre los peligrosos vínculos militares, de inteligencia y económicos que la dictadura de Nicolás Maduro tienen con regímenes como Irán, Rusia, Cuba y China; que tienen solida presencia en Venezuela y son las principales amenazas internacionales para los EEUU.

A continuación la intervención del Presidente Guaidó:

¿Qué le gustaría ver en forma de apoyo de la nueva administración Biden?

Desde el Gobierno Interino hemos impulsado permanentemente la causa de una Venezuela Libre como una política bipartidista, tanto en la administración como en el Congreso y el Senado de Estados Unidos. Hemos recibido el apoyo tanto de demócratas como de republicanos en nuestra gesta por devolver a los venezolanos la democracia, la libertad, pero especialmente el respeto a los derechos de todos los venezolanos: los derechos humanos, que han sido pisoteados por una dictadura cruel y corrupta, y el derecho a elegir a nuestros gobernantes de manera libre, justa y transparente.

Queremos agradecer al Presidente Biden por ser consecuente con los ideales de libertad y democracia que caracterizan a los Estados Unidos. Su administración ha ratificado a través del Secretario de Estado Blinken y del Asesor de Asuntos hemisféricos Occidentales, Juan González, una firme posición que deja claro que:

Maduro es un dictador brutal que ha causado dolor y sufrimiento al pueblo venezolano y es una amenaza para la región.

La administración Biden mantiene los esfuerzos para que los responsables de la corrupción mil millonaria que ha saqueado a Venezuela y de la violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad contra miles de venezolanos respondan por sus crímenes.
Esos esfuerzos de EEUU deben ser complementados por un accionar multilateral de la comunidad internacional, de Latinoamérica y Europa, para incrementar la presión unificada sobre el régimen de Maduro y promover una transición política en Venezuela que permita las elecciones libres, justas y transparentes a las que aspiramos los venezolanos.

En paralelo, debe continuar el apoyo humanitario a Venezuela, la tragedia es muy grande, y los venezolanos, por supuesto, para atender la emergencia humanitaria compleja sin precedentes que ha generado el régimen de Maduro y que hoy representa un problema para Estados Unidos y toda la región.

En este mismo sentido, el Presidente Biden ha aprobado un necesario TPS como apoyo a más de 320 mil venezolanos en los Estados Unidos. Ellos ahora pueden vivir y trabajar legalmente allí, sin ser temor a ser deportados, ayudando a sus familias, mientras restablecemos la libertad para que ellos y los más de 5 millones de venezolanos migrantes y refugiados en el mundo puedan regresar a Venezuela. Gracias Presidente Biden por este enorme gesto de solidaridad.

La dictadura de Maduro representa una grave amenaza para la estabilidad y la paz de la región. Hoy Maduro tiene peligrosos vínculos militares, de inteligencia y económicos con regímenes como Irán, Rusia, Cuba y China; quienes tienen solida presencia en Venezuela y son las principales amenazas internacionales para los EEUU.

Esos vínculos además se extienden a grupos narcoterroristas internacionales como el ELN y la disidencia de las FARC (desde Colombia y con presencia en Venezuela) amenaza a la región; también con Hezbollah, como lo han confirmado las máximas autoridades israelíes. Todas esa corporación trasnacional de crimen organizado que actúa desde Venezuela, además comete el principal ecocidio con la grave destrucción de la amazonia con el Arco Minero venezolano. Se explota oro de sangre, se comenten crímenes como trata de personas, se masacran indígenas, se violan derechos humanos y se sabotean los esfuerzos de EEUU y de la comunidad internacional por atender el cambio climático.

Pensamos que es fundamental que la actual administración:

Prosiga la búsqueda de justicia para responsabilizar a aquellos que han saqueado al país y han cometido graves violaciones a los derechos humanos.

Contribuya a que se destinen los fondos provenientes de la corrupción y otras actividades clandestinas del régimen a atender la grave crisis humanitaria.

Que se fortalezca el apoyo al gobierno interino con máxima presión y articulación en favor de la democracia de Venezuela tanto en organismos internacionales como la ONU y la OEA, así como en foros multilaterales G20, G8, COPP.

Que se categorice a las FAES como lo que son: un grupo de exterminio que busca diezmar a la población y para el que no cabe duda de que no puede haber ningún tipo de apoyo que contribuya con su accionar.

Los venezolanos merecemos recuperar nuestra libertad, democracia pero sobre todo la calidad de vida; para devolverle la dignidad al pueblo de Venezuela.

CCN por Patricia Villegas