El gobierno de Nicolás Maduro y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela han demostrado “incapacidad” operacional y comunicacional durante el conflicto armado con grupos guerrilleros de Colombia en el estado Apure, en el suroeste del país suramericano, advierten expertos consultados por la Voz de América.
El miércoles 21 de marzo, uniformados venezolanos iniciaron enfrentamientos con disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Desde entonces, el comando operacional de los componentes venezolanos envió fuerzas especiales y aumentó el número del apresto militar en la zona fronteriza.
Según la ONG Fundaredes, el conflicto ocurre porque el grupo guerrillero aspira a mantener el control del territorio, considerado estratégico para diversas operaciones ilegales, como el narcotráfico. Organizaciones defensoras de derechos humanos, como Human Rights Watch, advierten que el conflicto ha causado el desplazamiento de al menos 6.000 personas hacia Colombia.
La información del Ministerio de Defensa venezolano o del presidente Nicolás Maduro sobre el conflicto ha sido a cuentagotas. Suele incluir acusaciones contra la “oligarquía colombiana” por presuntamente provocar los combates.
Ese matiz dado a los datos gubernamentales quedó en relieve en días pasados, cuando fuentes extraoficiales dieron cuenta de una emboscada a agentes venezolanos, el viernes, y el gobierno lo confirmara 72 horas después.
El general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de Defensa venezolano, reportó el lunes “cruentos combates” con los grupos irregulares colombianos en los sectores despoblados al oeste de La Victoria, municipio Páez de Apure.
Vagamente, precisó que habían dado de baja a un “importante número” de guerrilleros, a quienes identificó como “precipitados grupos”, y confirmó el fallecimiento de “algunos” de los miembros de las Fuerzas Armadas nacionales y lesiones de “otros” tantos, sin mayores precisiones.
La comisión de Seguridad e Inteligencia de la oposición venezolana reportó su propio balance de la emboscada el domingo, antes que el ministerio de Defensa de Maduro: tres muertes y una desaparición.
El miércoles, la FANB publicó esquelas por los fallecimientos de ocho militares “en combate”, sin precisar la fecha ni las circunstancias de sus decesos. En total, son 16 las bajas entre las tropas venezolanas desplegadas hace 40 días en Apure.
El retraso y la opacidad de la información oficial del conflicto refleja “la incapacidad” operacional y comunicacional del gobierno de Maduro, según Andrei Serbin, analista internacional y director de CRIES, una red de centros de investigaciones económicas y sociales en América Latina y el Caribe.
A su juicio, existe “un alto grado de improvisación” en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de su comandancia, incluido el mismo Maduro.
“Ante hechos que fueron inesperados, las FANB no habían calculado un incidente de estas dimensiones. Acudieron al silencio, a la censura, hasta tener algo de claridad ellos mismos. En verdad, era porque la misma FANB no tenía claridad de cuántos muertos todavía estaban en el terreno”, comenta a la VOA.
Conflicto controversial
Serbin Pont advierte que “el mismo régimen no tenía información sobre lo que había pasado” y tuvo dificultades notorias para apoyar a los comandos emboscados y realizar una rápida exfiltración de los uniformados venezolanos.
“Hemos visto un intento de reducir la cantidad de información que sale sobre lo que acontece en Apure porque el conflicto es controversial”, debido a las denuncias de nexos del gobierno venezolano con las FARC y su disidencia.
El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano Aponte, dijo en una entrevista reciente con el portal digital venezolano La Gran Aldea que el gobierno de Maduro protege a grupos armados irregulares vinculados con el narcotráfico.
Según su versión, en esa zona limítrofe reina una disputa entre disidentes de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, y un grupo vinculado a los líderes guerrilleros Jesús Santrich e Iván Márquez.
El gobierno de Maduro insiste en atribuir la responsabilidad de los combates a las administraciones de Iván Duque, de Colombia, y Joe Biden, de Estados Unidos. Sus planes, según el ministro Padrino López, serían exportar su “modelo narcoparamilitar” por la frontera para desestabilizar y provocar caos.
Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por 50 gobiernos, calificó este miércoles en un comunicado difundido por su oficina como “un acto de deshonra” el que Maduro haya enviado a Apure a “jóvenes oficiales y soldados con poca capacitación” a combatir con el frente disidente de las FARC.
Criticó que no haya un parte oficial transparente y oportuno mientras “hay familias que ya hoy están incompletas y a las cuales nadie les da respuestas”.
Organizaciones no gubernamentales de Venezuela, como Provea y Fundaredes, han criticado la “opacidad” y el retardo en confirmar los combates, así como el número de bajas y de heridos entre los uniformados desplegados en Apure.
“Sigue prevaleciendo la censura y desinformación en el tratamiento que la FANB está dando al Conflicto Armado contra la guerrilla en Apure”, escribió este miércoles en Twitter, por su parte, Rocío San Miguel, abogada, defensora de derechos humanos y directora de la ONG Control Ciudadano.
Serbin Pont, experto en seguridad y defensa, subraya que otros Estados y gobiernos reportan de manera “constante” y con “mayor transparencia” lo acontecido en zonas de conflicto, como la que se ha gestado en Apure.
Advierte que la constante en Apure ha sido la filtración “de a poquito” de información hasta que lo que califica como “aparato propagandístico del régimen”, medios de comunicación afiliados o cercanos al gobierno de Maduro, liberan alguna pieza informativa relativa al despliegue armado en la zona.
voa
fto: tomada de france24
