La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aprobó las conclusiones de su reunión de medio año, en la que se debatieron las principales situaciones que afectaron las libertades de expresión y de prensa en las Américas desde su pasada asamblea de octubre.

En la reunión, celebrada de forma virtual del 20 al 23 de abril, se abordaron asuntos sobre la estigmatización, las agresiones contra periodistas y medios, y el acoso judicial y legal.

La SIP sobre Venezuela
En Venezuela, el gobierno cerró al menos ocho emisoras de radio y varios medios escritos tuvieron que migrar al espectro digital, con todo tipo de restricciones legales y financieras, detalló la SIP en sus conclusiones.

«El acoso judicial continúa siendo un arma de censura para gobiernos autoritarios que buscan controlar los contenidos de la prensa independiente. Una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela obliga al diario El Nacional a pagar una indemnización de 13,2 millones de dólares a Diosdado Cabello, en un caso de supuesta difamación, lo que se consideró un fallo confiscatorio que apuesta a tomar el control de los activos del diario», detalló.

«El deterioro de las instituciones democráticas y la absoluta injerencia del poder político sobre el Poder Judicial se manifiesta en Venezuela y Nicaragua, entre otros países, en los que se abren constantes causas penales contra periodistas y medios de comunicación con el objeto de amedrentarlos», agregó.

Legislaciones para censurar

Varias iniciativas legislativas se utilizan para censurar la expresión, como el caso de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros en Nicaragua, que restringe las operaciones financieras de varias organizaciones civiles y políticas, indicó la SIP: «Esto llevó a que varias organizaciones cerraran sus operaciones, entre estas, la Fundación Violeta Chamorro, que apoyaba a la supervivencia a una veintena de medios de comunicación independientes».

En muchos países también, como en Nicaragua y Venezuela, a pretexto de reducir la difusión de informaciones falsas, se está legislando para censurar y restringir la libertad de expresión de los ciudadanos en las redes sociales e internet, advirtió.

En Honduras, manifestó, el nuevo Código Penal incluye sanciones a la protesta y a la difusión de información relacionada. En Panamá, también se busca sancionar la difusión de lo que la autoridad considera noticias falsas, reservadas o que inducen al miedo.

Continúe leyendo en El Nacional

Los alcaldes de Bolívar y Pedro María Ureña, William Gómez y Jhon Carillo, respectivamente, respaldaron la solicitud de reactivación del paso de carga internacional por parte de los representantes del Comercio e Industria en San Antonio y Ureña, el gremio aduanero, el transporte internacional y almacenadoras.

La solicitud, hecha este jueves ante el Consejo Legislativo del Estado Táchira (Clet), también incluyó la petición de remoción de los contenedores de los puentes internacionales, como símbolo ante el Gobierno de Colombia de que hay la disposición de activar el dinamismo natural de la frontera.

Tanto Gómez como Carrillo le dieron su espaldarazo a las peticiones que hicieron los sectores productivos de la frontera ante los diputados de la región. «Existen otros mecanismos para cuidar la soberanía nacional sin la necesidad de que esté cerrada la frontera», dijo Gómez.

Para las máximas autoridades fronterizas, el regreso del dinamismo comercial e industrial juega un rol primordial para la reactivación de la economía en la zona, la cual se ha visto estancada con el cierre de los puentes.

«Para nadie es un secreto que pese que no hay paso peatonal ni vehicular por los puentes, se mantienen activos los caminos verdes (trochas) para el tránsito de ciudadanos y de mercancía», enfatizó Gómez, al tiempo que indicó que se trata de una realidad de la cual todos «sabemos y conocemos y, por ende, se hace innecesario el no permitir el paso de mercancía a efecto de comercio internacional por los puentes».

«Entendiendo que estamos en medio de una pandemia mundial y donde es una realidad el peligro que puede correr la salud pública, no solo de nuestro municipio, sino del estado y la nación, solicitamos que la apertura sea gradual y que en estos momento sea solo permisado el paso de mercancía, y en una segunda etapa, ya superado el tema del control de la pandemia, se autorice y retome el paso peatonal por los puentes con los debidos controles migratorios», aseveró.

En una tercera etapa, dentro del marco de acuerdos transfronterizos binacionales, se puede retomar el paso de vehículos tanto para el transporte público y particulares. «Esto traería la real activación de la economía dentro de la formalidad, generación de empleo, producción nacional y generación de recursos hacia las tesorería nacional, regional y municipal», dijo.

Gómez y Carrillo dejaron claro que los sectores productivos están listos para arrancar con las operaciones, una vez se abran los puentes, respetando las medidas de bioseguridad frente a la pandemia.

Tanto las autoridades municipales como los empresarios pidieron que se eleven estas propuestas a nivel nacional, ya que esta decisión depende única y exclusivamente del Ejecutivo nacional.

La Nación por Patricia Villegas

Ante la falta de diésel, Leonardo Palacios, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios, La Cámara de Caracas, advierte que el colapso, por la paralización la producción de bienes y la prestación de servicios para el bienestar de los venezolanos, no aguanta mucho más de un par de semanas, por lo que son urgentes medidas a largo plazo.

Reiteró que el gobierno no puede transferir al sector privado su responsabilidad en la resolución de las fallas en el suministro de combustible, que agravan lo que Palacios denomina “pandemia económica”.

“Es al gobierno al que corresponde atender la crisis de combustible, que no puede resolverse con pañitos calientes, con el traslado de costos adicionales, transaccionales y financieros de importación de producto en un marco regulatorio que se hace muy complejo para tales fines.

Debe haber una respuesta oficial contundente a todas aquellas exigencias, que no son más que el clamor de todo el sector privado productivo, para beneficiar a la ciudadanía en general, y evitar que la pandemia sanitaria se siga solapando con la pandemia económica, causando mucho más estragos en la situación del país y específicamente en la afectación del derecho fundamental de los venezolano de acceder a bienes y servicios para satisfacer sus necesidades”.

Palacios recordó que el pasado mes de marzo, la institución que preside se pronunció junto a las cámaras regionales, representantes del sector comercial e industrial, exigiendo una pronta solución y que la respuesta, ofrecida para un plazo que no genera credibilidad ni tranquilidad por tardía, no puede circunscribirse única y exclusivamente a pasar esa responsabilidad a los empresarios, cuándo es el Gobierno el que debe dar de manera clara y transparente al suministro de diésel.

Insiste en que los eslabones de la cadena productiva requieren respuestas urgentes acordes a la situación crítica que vive el país, agudizada con la pandemia, y que el Plan de 60 días propuesto por el gobierno, no atiende el problema con la inmediatez que se requiere.

El presidente de la Cámara de Caracas considera que el país no aguanta mucho más días la falta de diésel, por una crisis que refleja la incapacidad del gobierno de articular una política producción y distribución de combustible “evidenciando lo que ha sido la implosión de la industria petrolera en el país”.

“Los venezolanos tienen no solamente derecho al tránsito libre por todo texto nacional, a acceder a bienes y servicios, sino también a no ser víctimas de un mercado negro, que perjudica la producción económica y encarece los productos, y que el gobierno debe evitar a mediante la sujeción plena al bloque de la leg

Una encuesta del Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición (OVSAN) ratifica las precarias condiciones de seguridad alimentaria denunciadas desde hace varios años en Venezuela, así como el “gran esfuerzo” de las familias para lograr alimentarse.

“El costo de los alimentos impide su acceso y genera permanente incertidumbre. Las fallas en los servicios públicos también encarecen el precio de los alimentos”, destaca.

La investigación, realizada entre diciembre de 2020 y febrero de este año, revela que sólo un 9% de los hogares venezolanos está en capacidad de suplir las necesidades alimentarias y no alimentarias esenciales; mientras que el 90,7% vive entre inseguridad alimentaria severa, moderada y marginal.

De acuerdo al estudio, un 50% de los ciudadanos decide no usar transporte público para, de ese modo, poder comprar alimentos.

“La mitad del país se va caminando y recorre distancias inimaginables porque si gastan en pasaje no pueden gastar en comida y eso permea en otras áreas, hemos visto madres que dicen o mandan al niño a la escuela o le dan de comer porque no pueden pagar las dos cosas”, explicó Delsa Solórzano, presidenta del Comité de Justicia y Paz del Parlamento de 2015 al presentar la encuesta.

El 74% de los hogares adquiere día a día los alimentos; el 56% gasta sus ahorros para comprar alimentos; 44% trabaja por pago en alimentos, 51% pidió comida o dinero para comprarlos y un 43% reduce los gastos en salud y educación, son otros de los hallazgos de la encuesta realizada de manera presencial en 2.041 hogares en los 23 estados y el Distrito Capital.

El sondeo sostiene que la alimentación de los venezolanos es poco variada y de poca calidad nutricional, lo que afecta la salud física y mental de las personas.

“El 70% de los hogares en Venezuela no consume carne de res, no consume viseras un 92,8%, no consume pescado un 86,3%. En cambio, qué consumen, carbohidratos 98,9%, grasas 84,4%, azúcares 83,9% y tubérculos 79,5%”, detalló Solórzano.

Esta semana el gobierno de Nicolás Maduro firmó un acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (WFP por sus siglas en inglés), que atenderá a 185.000 niños a finales de este año.

Consultada por la Voz de América, Marianella Herrera, médico nutriólogo y miembro de la Fundación Bengoa, sostiene que se trata de una cifra congruente con el inicio de un programa.

“Recordemos que en ese programa se espera intervenciones a través de las escuelas y la rehabilitación de los programas de alimentación escolar, de tal manera que cuando uno rehabilita un espacio que tiene tiempo sin ser utilizado o que ha perdido el agua segura, que ha perdido el gas, la electricidad, puede transcurrir un tiempo hasta la operatividad total de las instalaciones”, dijo.

De acuerdo a Maduro, Venezuela “necesita del apoyo del WFP para perfeccionar” el sistema alimentario.

voa por patricia villegas

El estado Falcón recibió una importante dotación de insumos de bioseguridad por parte de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados (ACNUR); en esta oportunidad dicha entrega fue realizada en el ambulatorio Wilfredo Medina, del municipio Colina.

En este sentido, la coordinadora de ASIC del municipio Colina, Dra. Ana Osteicochea agradeció a ACNUR por la donación de insumos de bioseguridad, los cuales servirán para proteger al personal de salud de primera línea de los diferentes CDI del municipio.

Asimismo, la galena informó que dichos implementos serán distribuidos presuntamente de forma inmediata a los centros de salud de la entidad colinense, en aras equipar al personal ante la batalla contra la COVID-19, y a su vez exhortó a la ciudadanía a cumplir con las normas sanitarias, para de esta forma poder disminuir la ola de contagio en el estado.

Foto: Gobernación de Falcón

VTV por Patricia Villegas

En los próximos 30 años el petróleo seguirá siendo una fuente de energía importante en Venezuela y más aún el gas, porque se cuenta con suficientes reservas de ambos combustibles y se calcula que la recuperación de la industria petrolera y gasífera venezolana, se realizaría en un plazo de 8 años desde el momento en que se produzca el cambio político en el país.

Así lo afirmó el Ingeniero Asesor en el Área de Energía del Plan País Juan Szabo, experto petrolero, quien participó como ponente en el foro “Plan de recuperación de la industria de los hidrocarburos, un proceso continuo”. Organizado por la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, con la participación como moderadores del evento los diputados Elías Matta y Luis Stefanelli.

En su amplia exposición Szabo es optimista y su experiencia en la materia lo confirma, que la Industria de Hidrocarburos es recuperable y además rentables, porque se cuenta con amplias reservas de crudo y gas, yacimientos en toda clase de etapas de madurez y la producción por pozo está declinando bajo las tecnologías actualmente utilizadas.

“Es un hecho que la producción de crudo pesado y mejoramiento es una combinación exitosa técnicamente y comercialmente por su capacidad de producir crudos sintéticos a precios muy competitivos. En cuanto al gas su producción es mayormente asociado hay una subutilización el país no está gasificado y no se le dan todos los usos que se deben dar en un estado de desarrollo”.

Agregó que a pesar de tantos años de actividad petrolera todavía tiene un potencial exploratorio tanto en el oriente como en el occidente y cuenta con la infraestructura para manejar cuatros millones de barriles diarios de producción. No obstante, reconoció que el sistema de refinación nacional es significativo, pero su utilización es muy baja debido a la falta de inversión y de mantenimiento.

“La escasez de personal capacitado en todas las actividades de la industria y el marco legal y fiscal actual desincentiva la inversión y por lo tanto no permite hacer un plan de recuperación, de manera que es necesario cambiarlo”.

Considera que, si se quiere una industria petrolera funcionando y reactivada para poder arrancar el proceso de crecimiento económico y su diversificación, para el beneficio de todos los venezolanos, se necesita restablecer la confianza de los mercados internacionales y dentro del país, por lo que hay que suministrar combustible y materias primas en forma segura y estable.

“Tenemos que mostrar una industria petrolera que pueda garantizar y avalar la restructuración de la deuda y preparar al país a adaptarse a los nuevos esquemas de protección ambiental.

Para concluir el ingeniero Szabo afirmó que existe el potencial de elevar la producción a 2,7 o 3,1 millones de barriles por día (MMBPD) dependiendo del escenario de precios a partir de los 8 años, o a partir del inicio del plan de recuperación. “La transición energética no es óbice para el renacer de la industria de los hidrocarburos en Venezuela”.

Sostiene el especialista que las nuevas realidades post-COVID y de descarbonización creciente, representan oportunidades para el desarrollo venezolano y mantenerse vigente en el mercado internacional.

Advirtió que la compleja situación política interna y la cambiante geopolítica internacional, imprimen incertidumbres a la implementación de las actividades y los posibles escenarios muestran una dispersión significativa en cuanto los resultados económicos del plan.

“Por eso es tan importante lograr el consenso político, no solo detrás de las leyes y los cambios fiscales, sino detrás del plan. Depende de nosotros tantos de los petroleros, los políticos y todo el país, si hay la luz al final del túnel”, concluyó el ingeniero Szabo.

El despilfarro del socialismo del siglo 21

El diputado Elías Matta, antes de presentar al Ingeniero Szabo hizo un recuento sobre la situación actual de la Industria petrolera del país que ha sido destruida en los últimos 20 años por el régimen Chávez-Maduro y recordó que la república recibió desde 1999 a 2019 ingresos por la renta petrolera de 984 mil 913 millones de dólares, si se suman lo ingresado en el 2020 y 2021 se sobrepasa el millón de millones de dólares y sin embargo el país está en ruinas.

“Al BCV ingresaron solo 474 mil 903 millones de dólares, es decir 48,5 por ciento y PDVSA para sus gastos operativos y para el conjunto de actividades que comenzó a realizar, porque se convirtió en una mega empresa que hacía viviendas, hospitales, hacía de todo, manejó 510 mil 010 millones de dólares, es decir 51,5 de los ingresos en dólares los manejó directamente PDVSA. En la etapa del socialismo del siglo 21 la caja negra la tenía PDVSA”.

LOH tiene como objeto maximizar la producción de los hidrocarburos

Por su parte, el diputado Luis Stefanelli, habló en términos generales de la nueva ley Orgánica de Hidrocarburos que tiene como objetivo maximizar la producción de los hidrocarburos, la industrialización aguas abajo, una eficiente distribución de los combustibles líquidos y gaseosos, para que exista en el país el suministros y distribución adecuados, sin inversión de fondos públicos.

Dijo que se requiere un nuevo modelo para el desarrollo de la Industria petrolera hoy colapsada, sin recursos, falta de inversión, un sistema de empresa debilitado, entre otros aspectos, por lo que es urgente adecuar, modernizar y redefinir un nuevo marco fiscal.

“La Industria Petrolera Nacional es la Palanca de crecimiento económico a corto y mediano plazo en Venezuela. Si no tuviéramos esta palanca pronosticaríamos a Venezuela en pobreza por décadas, para poder alcanzar los niveles que hemos tenido años anteriores”.

ccn por Patricia Villegas