La Asamblea Nacional legítima a través de la Comisión Delegada, aprobó un acuerdo para condenar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno de confiscar los bienes de El diario El Nacional, por lo que iniciará un procedimiento de investigación ante la violación de los derechos a la libre expresión del pensamiento y a la información oportuna, contenidos en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El acuerdo en cuestión fue aprobado en la sesión ordinaria de este jueves de la Comisión Delegada, celebrada vía online, el documento señala que la Comisión de Medios de Comunicación, será el ente legislativo encargado de hacer las investigaciones en contra de los intervinientes en los procesos judiciales que condenan los derechos de diario El Nacional.
El acuerdo fue presentado por el presidente de la Comisión de Medios, el diputado por el estado Nueva Esparta, Jony Rahal, quien señaló es deber de este parlamento legítimo construir un muro de contención a las pretensiones del régimen dictatorial de aniquilar la libertad de expresión y el derecho a la información que tiene los venezolanos.
Afirmó que el régimen durante muchos años ha implementado perversos mecanismos para lograr su hegemonía comunicacional, utilizando a Conatel como pieza extorsionadora que ha censurado permanentemente televisoras y emisoras de radio alegando vencimiento de concesiones o falta de un requisito para renovar la misma.
“Ahora es peor ya que actúan como lo que son unos delincuentes, que entran a la fuerza con el apoyo de organismos de seguridad, sin orden judicial y se roban los equipos televisivos y radioeléctricos, como pasó con VPITV, que se robaron los equipos, actuando como ‘malandros y delincuentes». También utilizan a los colectivos armados para amedrentar a trabajadores de la prensa”.
Ahora también a través de los “seudos magistrados” pretenden confiscar y robarse el patrimonio de una institución que ha sido símbolo de lucha democrática como es el diario El Nacional que no se ha doblegado a la dictadura.
“Toda nuestra solidaridad a El Diario El Nacional, a Miguel Enrique Otero, a toda la junta directiva y a todos los trabajadores de este medio de comunicación. Deploramos las amenazas que hiciera Diosdado Cabello que ya adelantó sentencias similares contra La patilla y El Diario Tal Cual”
Por último, indicó que con esta nueva arremetida por parte de los “verdugos” de la dictadura la Asamblea Nacional debe hacer una investigación profunda para determinar responsabilidades políticas a todo aquel funcionario público que esté involucrado en cometer estos delitos de violación de Derechos Humanos y de lesa Humanidad.
“Debemos documentar con nombre y apellido todos los violadores de derechos humanos y elevar las denuncias ante las instancias internacionales ya que en Venezuela no hay justicia para que quienes cometan estos delitos paguen por ellos”.
Control del pensamiento y la información
Siguió el debate el diputado Oneiber Peraza, quien manifestó que el gobierno cierra los medios porque quiere controlar los que los venezolanos piensan y la información que reciben, además de querer controlar hasta lo que se comen.
Se solidarizó con todos los medios de comunicación del país, impresos, radioeléctricos, audiovisuales y portales de noticias, con cada unos de los periodistas que han sido objeto de violencia, de persecución y detención.
“Nos estamos enfrentando a un régimen que lo único que le interesa es sostenerse en el poder, esta es una lucha para que los venezolanos podamos vivir y rescatar la democracia, que pasa por tener medios de comunicación y estar informados”.
Apoderarse de los Medios de Comunicación libres
El diputado Eliezer Sirit por su parte, fue enfático al señalar que no hay lugar a duda que el régimen avanza en constituir una hegemonía comunicacional a lo largo y ancho del país, por eso su decisión a través del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia en contra de los bienes del diario El Nacional, que ha estado al servicio de Venezuela durante muchos años y ahora le es incómodo al régimen.
“Esta decisión persigue cercenar el derecho a los venezolanos de estar informados objetiva y oportunamente pero también de arrebatarle las posibilidades de quienes disienten y que denuncian las atrocidades, abusos y atropellos por parte de funcionarios del régimen”.
Aseguró que esta es una estrategia del régimen para apoderarse de todos los medios de comunicación social libres instaurados en Venezuela y que les son incómodos al régimen porque obstaculizan sus pretensiones de atornillarse para siempre en el poder.
Alertar sobre la violación a la libertad de expresión e información
Finalmente intervino la vicepresidenta de la Comisión de Medios y Comunicación de la Asamblea Nacional, diputada Sonia Medina, quien propuso que se exhorte a los embajadores, al comisionado presidencial para las relaciones exteriores a que entreguen en los gobiernos que representan el presente acuerdo, para alertar lo que está ocurriendo, en forma sistemática, sobre la violación a la libertad de expresión y de información en Venezuela.
Sostuvo que el régimen avanza en su política de persecución y desaparición de la prensa libre, del derecho sagrado del venezolano de estar informados y atentar contra los pocos medios de comunicación libres que aún quedan en Venezuela.
“En este momento llamamos la atención por el caso del diario El Nacional, en el que el régimen de manera vergonzosa coloca al mayor agresor de la prensa como es Diosdado Cabello, como la víctima en este proceso y condena al periódico con más tiempo, trayectoria y credibilidad del país a una expropiación por obligarlos a pagar a cabello la suma de 13 millones de dólares”.
Subrayó que este acuerdo tiene toda su vigencia y vigor, porque es ahora cuando se requiere la defensa oportuna contra el amedrentamiento a los medios de comunicación del país, como el caso de los periodistas que se atrevieron a cubrir los sucesos en el estado Apure y que el régimen quiere callar.
CCN por Patricia Villegas
