El conflicto armado entre guerrilleros y cuerpos de seguridad bolivarianos, desplazó alrededor de 4.500 venezolanos; entre ellos, cerca de 2.000 niños, refugiados actualmente en Arauquita, en el lado colombiano de la frontera entre ambos países.

El ministro de la Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, dijo en una comparecencia televisada, que la FANB está defendiendo el territorio venezolano contra incursiones de presuntos terroristas amparados por el gobierno de Colombia y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de la administración de Estados Unidos.

Los ataques a las instalaciones del Estado venezolano y el hostigamiento de la FANB y las FAES contra la población son las principales razones del desplazamiento. Las dos partes del conflicto han generado zozobra sobre los habitantes locales, viéndose obligados a abandonar sus hogares en busca de protección.

Al llegar a Arauquita, una desplazada denunció que el Ejército venezolano mató a sus familiares solo por el hecho de que tenían cédula colombiana. Mientras el ministro de defensa del régimen señala que se defienden de un presunto ataque orquestado por Estados Unidos y el gobierno del vecino país.

Organizaciones no gubernamentales y autoridades del gobierno interino han denunciado violación de derechos humanos en el área en combate.

FronteraViva

La radicalización de la cuarentena producto de la proliferaciòn del COVID-19 en el país agrava la situación de los presos políticos militares. Así lo manifestó, con profunda preocupación, este martes, la abogada y directora ejecutiva de la Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana, Lilia Camejo.

Según destacó la defensora privada de presos políticos militares se registran 183 castrenses con procesos penales en su contra. De estos, 46 se encuentran en libertad, y 137 recluidos entre cárceles militares y centros de detención preventiva.

Aseveró que además de los 35 castrenses con graves patologías, muchos del total de presos políticos están presentado importantes síntomas de depresión producto del aislamiento extremo al que están siendo sometidos. 

«Entendemos la ola de contagios que vive el país, pero en centros penitenciarios deben aplicarse protocolos de bioseguridad que garanticen las visitas regulares, en semanas de flexibilización, de abogados y familiares a oficiales recluidos en Ramo Verde, la cárcel de La Pica y Santa Ana», sentenció Camejo en relación a este tema. 

La jurista subrayó que así como permiten el contacto con el mundo exterior a quienes permanecen detenidos por largo tiempo, pese a ser esto una violaciòn de la ley, en sitios como la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y en cárceles comunes; deben buscarse alternativas para otros centros penitenciarios como Cenapromil en Ramo Verde.

Asimismo, la profesional del derecho citó como ejemplos reclusorios de varios países de América Latina, donde incluso existe hacinamiento carcelario, y planteó como alternativa viable, en el corto plazo, la instalación de locutorios para que no haya contacto corporal entre los presos políticos y los familiares o defensores privados. «Es deber del Estado preservar la salud física y mental de estos ciudadanos», sentenció.

 
 
El diputado por el estado Zulia, Virgilio Ferrer denunció que el régimen de Maduro oculta las verdaderas cifras en cuanto a los decesos por el COVID-19 y condena al pueblo venezolano a la muerte al no permitir el acceso al país de las vacunas para inmunizar a los venezolanos contra el coronavirus.

El diputado Ferrer, en su intervención en la sesión ordinaria de la Comisión Delegada de la AN, celebrada de este martes vía online, agregó que el régimen de Maduro le pone “un manto negro” a las verdaderas cifras de los muertos que a diario suceden en el país por el coronavirus. “Cuando el régimen dice que hay tres o cuatro muertos, en realidad son más de 200 muertos, y más de 3 mil infectados diariamente, ocultando la verdadera situación de emergencia que hay en el país”.

 
Indicó que esta actitud del régimen de ocultar la verdadera situación con relación a los muertos e infectado por el coronavirus, no permite que se tomen los correctivos para controlar la pandemia y en consecuencia se agudiza la situación.

“En otros países los reportes epidemiológicos les permiten a las autoridades de salud tomar los correctivos donde están ocurriendo la falla. Aquí es todo lo contrario, el régimen oculta la realidad de lo que pasa en Venezuela, para que no se sepa el abandono del sector salud, que no se cuenta con un equipo multidisciplinario que atienda la situación real de lo que está ocurriendo”.

En ese sentido subrayó Ferrer que el régimen al negarle la entrada de las vacunas al país “está condenando al pueblo a la muerte. Esto prende las alarmas y debemos estar unidos para enfrentar al régimen de Maduro, para que se permita la inmunización de la población, sin miras políticas, sino humanitarias, que es lo propio”, sostuvo el parlamentario Ferrer.

Añadió que países menos desarrollados que Venezuela ya iniciaron el proceso de vacunación, mientras que el régimen de Maduro, “irresponsablemente, de forma delincuencial”, vacunó solo a la gente de su entorno.

“Ni siquiera han vacunado a la gente que los apoya en los barrios esa es la verdad, porque no hay una política coherente para enfrentar la pandemia, por eso levantamos la voz los venezolanos y este parlamento a exigirle a este régimen que tome las medidas necesarias, buscar el asesoramiento y la ayuda científica para enfrentar esta pandemia”.

Recomendó a los venezolanos mantenerse en sus casas, evitar el aglomeramiento de gente y las concentraciones, tomar las medidas de bioseguridad necesarias para evitar el contagio, como el uso del tapabocas y lavarse las manos constantemente.

Por último, el diputado Ferrer, envió un saludo y su deseo de la pronta recuperación del presidente (e) de la República, Juan Guaidó, quien informó a través de su cuenta Twitter, este domingo 27, que dio positivo de COVID-19.

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Este martes, la Conferencia Episcopal Venezolana informó que el papa Francisco nombró a monseñor Carlos Enrique Curiel Herrera como nuevo obispo titular de la Diócesis de Carora.

La CEV detalló que hasta la toma de posesión del nuevo obispo, el gobierno pastoral de la Diócesis estará bajo la administración de monseñor Ubaldo Santana.

Carlos Enrique Curiel se ha estado desempeñando hasta ahora como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Cochabamba en Bolivia, país al cual fue trasladado en 2018.

El 27 de diciembre de 2018 el sumo pontífice colocó en manos de Curiel el cargo y lo nombró obispo titular de Carinola, recibiendo la ordenación episcopal el 19 de marzo de 2019.

El religioso nació en Carora, el 4 de julio de 1960. Estudió Medicina y Cirugia en la Universidad Los Andes de Mérida entre los años 1978 y 1985.

En Venezuela, el obispo llegó a desempeñarse como director del Colegios San José Calasanz, capellán de los Centros Penitenciarios Menos, presidente de la Casa de los Padres Escolapios, entre otros.

Prensa de Lara