El exalcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, se mantiene de gira por todo el estado Miranda con el objetivo de que la población lo acompañe en la exigencia de condiciones electorales. Asevera que la unidad es necesaria bajo cualquier escenario, ya sea decidir participar en las próximas elecciones o llevar un candidato único para hacer frente al oficialismo.

Desde hace semanas, en las redes sociales de Carlos Ocariz abundan los tuits y fotos de sus visitas a distintos pueblos del estado Miranda, donde se reparten los mensajes entre denuncias sobre las condiciones del sitio y la exigencia de condiciones para cualquier proceso electoral. 

Para 2021 están planteadas constitucionalmente las elecciones de gobernadores y alcaldes. También se deberían incluir en la cuenta las de consejos legislativos y concejos municipales, si seguimos haciendo caso a la Constitución. Pero las continuas denuncias de ilegalidad y falta de garantías de los comicios pasados, incluyendo el de diciembre de 2020, atan la participación de la oposición mayoritaria en el país, así como el posterior reconocimiento de la comunidad internacional.

Ante este escenario, el exalcalde del municipio Sucre propone activar movilizaciones en el interior del país como forma de enrumbar a la población a la exigencia conjunta de garantías electorales, que serían cruciales -según su visión- para enfrentar los próximos procesos.

En particular, Ocariz propone seis condiciones -que no se alejan de las solicitadas por Juan Guaidó y el resto de la oposición- como garantía para acudir a cualquier comicio en el país: nuevo Consejo Nacional Electoral y depuración del registro de votantes, legalización de los partidos inhabilitados, prohibir migración de centros electorales, observación internacional, eliminación de los puntos rojos y prohibición del uso de mecanismos para manipulación (carnet de la patria). 

El exalcalde, que también es dirigente de Primero Justicia (PJ), comenta que dentro de ese partido hay consensos “en los términos que comento. Luchar por condiciones, una vez se tengan, buscar la unidad, y participar si se dan estas dos cosas. Ahora, lo que no podemos esperar es que se den para poder empezar a organizarnos. Estoy liderizando el estado para organizarnos, para empezar a recuperar espacios para el cambio del país”. 

Otro de los temas que no abandona Carlos Ocariz es la defensa integral del territorio del estado, luego de las pretensiones de Jacqueline Farías de promover la integración de varios municipios de ese estado al Distrito Capital a través del parlamento electo en diciembre de 2020, de evidente mayoría oficialista. 

“El tema de la defensa de Miranda hay que mantenerlo, la amenaza siempre está ahí latente pero a eso se le suma la exigencia por condiciones electorales, y eso es una lucha que se da desde la calle. Por eso estoy en todos estos recorridos”, aclara Ocariz.

– Usted ha dicho que la presión ciudadana será capaz de generar cambios que redunden en mejores condiciones electorales ¿Eso es suficiente?

—  No, tienen que ser dos cosas. Las condiciones son una lucha que se da en la calle, y la unidad. Debe haber una unidad opositora de todos los sectores, de todos los frentes para poder revisar las condiciones de participación. Hay cosas que se construyen desde la calle y es lo que estoy haciendo. 

– ¿Cree que en estos momentos hay unidad dentro de la oposición?

—  Creo que sí. Han habido avances y retrocesos, sin embargo está la convicción de gran parte de la oposición de que hay que luchar por las dos cosas. Condiciones y por la unidad, incluso cuando hablamos de presentar un solo candidato. Eso se está logrando, creo que hay unidad de planteamiento en todos los partidos. 

– Una de las condiciones que menciona es la conformación de un nuevo CNE. Actualmente se está llevando ese proceso en el parlamento electo en diciembre de 2020. ¿Reconocería a los rectores que salgan de esa instancia?

—  Depende de cómo se escojan. Si estos forman parte de un acuerdo donde estén todos los sectores de la sociedad venezolana, y hasta cierto punto con apoyo de instancias internacionales que sirvan para facilitar el acuerdo, creo que sí. Pero tienen que salir de ese acuerdo entre todos los sectores con el apoyo de amigos fuera de Venezuela. 

– ¿Para eso estarían dispuestos a sentarse a dialogar nuevamente con la administración Maduro?

—  Sí, creo que la lucha por condiciones implica la lucha desde la calle pero también la lucha de sentarse con quién sea, dentro y fuera, para buscar esas condiciones. Yo no descarto la posibilidad de sentarse para buscar condiciones, para acordar solamente condiciones porque la lucha debe ser la realización de elecciones justas en Venezuela.

– Usted fue alcalde opositor en Sucre. Los actuales alcaldes opositores de Miranda dicen que no se debe desperdiciar la participación en estas elecciones. ¿Qué les dice?

—  Creo que todos tenemos que tener la misma postura. Participar por participar en mi opinión no es un fin, se debe participar dándole ciertas garantías al venezolano  sobre quién vota y elige. Entonces viene la lucha previa que es por condiciones. Si esto no se da, no estamos garantizando la pulcritud del proceso y estoy seguro que mucha gente no va a querer votar. Esa lucha es muy dura, muy compleja, no es fácil pero es la que tenemos que dar. Pensar que la gente va a participar por participar es un error. Los llamo a todos a que nos unamos en la búsqueda de condiciones, seguir el camino unitario y vamos a lograr participar todos. 

– ¿Y qué hay de las otras propuestas sobre presión internacional, sobre negociaciones?

—  Creo que esas cosas se complementan. Lo que dice Juan Guaidó es lo mismo, es la presión internacional para tener condiciones justas, lograr acuerdos para tener condiciones justas, y en eso estamos todos. Más que diferencias, tenemos que buscar coincidencias. 

– Se ha dicho que todas sus giras son por aspiración a la Gobernación de Miranda. ¿Está pensando en la Gobernación o es una meta a futuro?

— De cumplirse estas dos condiciones, que como te dije no se van a lograr en la casa o rezando, sino con actividad y visión clara, por supuesto de tener condiciones y unidad nosotros vamos a recuperar el estado. 

– Se ha dicho que David Uzcátegui aspira a la gobernación con el apoyo de los alcaldes. ¿Cómo será el escenario si Carlos Ocariz consigue las condiciones que busca? 

—  De haber condiciones, ir a elecciones sin unidad es un error y es hacerle el juego a Maduro. Tenemos que buscar el mecanismo, si eso llega a suceder, de buscar candidaturas unitarias en todos los estados y municipios, aunque más importante que candidaturas unitarias ahorita es el liderazgo, construir el liderazgo. Si se dan las condiciones, el liderazgo se transforma en candidaturas. De darse todo esto, por supuesto tenemos que buscar mecanismos para escoger a uno solo. Eso es obligatorio, no hacerlo es un error y sería mentirle al pueblo. 

– ¿La oposición tiene liderazgos dentro del país o están en blanco?

— La respuesta no es blanco o negro. En cada municipio hay liderazgos, está el sector educativo, los sindicatos, el sector empresarial. En cada sitio hay liderazgos, pero hay unos sitios más débiles que otros. Lo que sí creo es que existe el caldo de cultivo, por llamarlo de alguna forma, para construir y fortalecer estas figuras. 

– Ha estado movilizándose con su partido Primero Justicia por todo el estado. ¿Ha visto esta misma actitud en el resto de los partidos de oposición? ¿De movilizarse bajo la misma estrategia?

— No puedo hablar de todo el país en estos momentos. En Primero Justicia sí se está haciendo esto, y la información que manejo es que en otros partidos también. considero que hay avances en posturas cercanas a las que comento de todos los factores políticos, pero sí creo que toda la dinámica política va en este sentido. 

TalCual

 
El abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli advirtió sobre la inconstitucionalidad de los planteamientos que figuran en el proyecto de ley del parlamento comunal, enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional y que el Poder Legislativo aprobó en primera discusión.

Ahí es donde se comienza a entender que “No solo está la creación de un Poder Público no previsto en la Constitución, sino que se pretende arrogar competencias de los Poderes Públicos consagrados en la Carta Magna, y crea nuevas entidades político territoriales, lo que también está proscrito”, expresó Raffalli.

Resaltó que la constitución establece la división político territorial de Venezuela, detallando el territorio nacional y los estados que la componen en tierra firme e insulares, y habla de territorios federales y de las dependencias, sin que se haga referencia a una comuna.

“En su esencia, raíz y objetivo son vehículos que, al constituir un nuevo Poder Público y nuevas entidades político territoriales están absolutamente apartados de la Constitución, y no habría cabido en el marco legal si no hay reforma constitucional y un referendo aprobatorio”, acotó el también profesor de la UCAB y la Universidad Monte Ávila.

Lo rescatable de leyes comunales

“El antecedente de estos proyectos (parlamento comunal y ciudades comunales) son leyes vigentes que no se han ejecutado, las Leyes del Poder Popular, impulsadas por Hugo Chávez cuando tenía mayoría y control absoluto de la AN, que las promulgó. Son la Ley Orgánica Poder Popular, y las leyes de las comunas, los consejos comunales, contraloría social, entre otras”, precisó Raffalli.

Destacó que ese aparataje jurídico, que ahora el oficialismo está retomando, nunca se pudo ejecutar: “Esta especie de fantasía comunal en términos de institucionalidad tropezó con la realidad práctica. No las pudieron ejecutar por falta de recursos para mantener el clientelismo sobre los cuales reposa la fantasía de un Estado comunal absoluto, y porque genera problemas a nivel de política interna de las llamadas fuerzas revolucionarias, comillas, porque hacen una desconcentración en términos de lo que entienden por tal, y dejan de lado a cargos de elección popular que son los que viven líderes políticos, incluso los del PSUV, como gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos estadales y concejos municipales”, detalló.

Sobre las razones para retomar la iniciativa, según Raffalli pudieran ser que ahora sí el chavismo quiere avanzar hacia el Estado comunal, una especie de distracción de lo que pueden estar haciendo con la ley antibloqueo, que ampara un conjunto de privatizaciones sin la debida transparencia o rendición de cuentas o, incluso, una medida preventiva para el caso que haya una elección regional y el oficialismo pierde un gran número de gobernaciones y alcaldías y entonces pretendan menguar la capacidad ejecutiva y la administración de fondos de esas instituciones.

Nueva institucionalidad

El proyecto, elaborado por el ministerio para las Comunas, establece que el Estado comunal “es la nueva institucionalidad jurídico-política adoptada en la transición hacia el socialismo bolivariano, basada en la democracia participativa, protagónica y decisoria, en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo mediante las asambleas de ciudadanos y ciudadanas, instancias y expresiones del Poder Popular, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno sustentable y sostenible”.

Además de esa “nueva institucionalidad”, el proyecto asegura, en su artículo siete que entre sus competencias están las de presentar ante la Asamblea Nacional las propuestas de enmiendas y reformas a la Constitución de los ciudadanos de las instancias de agregación comunal; presentar ante la Asamblea Nacional la solicitud de convocatoria a asamblea nacional constituyente de los electores y electoras inscritos en el Registro Electoral; discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y crédito público; aprobar las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la nación, que serán presentadas por la confederación comunal y, en conjunto con la Asamblea Nacional, dar voto de censura al vicepresidente ejecutivo y a los ministros.

Nuevos Poderes Públicos

Raffalli advirtió que una cosa es que los consejos comunales y las comunas sean un vehículo de organización comunitaria para la autogestión y realización de proyectos para la comunidad, y otra cosa que pretendan asumir las funciones de Poder Público regional.

“El primer problema, que es enorme, del parlamento y de ciudades comunales es que por ley no puedes crear Poderes Públicos, órganos o entes del Poder Público, porque implicaría una reforma de la Constitución, que en su artículo 136 dice cómo está estructurado el Poder Público y dice cómo está dividido materialmente en los cinco poderes que conocemos, los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y los dos que añadió  Chávez (Electoral y Ciudadano) y están distribuidos territorialmente de manera regional en municipios, estados y el Poder Público nacional”, explicó Juan Manuel Raffalli.

“Cuando creas una entidad –prosiguió-, que va a tener funciones de gobierno, manejo de presupuesto y funciones legislativas, se trata de un Poder Público adicional que no está previsto en la Constitución, que además se pretende arrogar o asumir funciones de los otros poderes, de los concejos municipales gobernaciones alcaldías y consejos legislativos»

Señaló que otro inconveniente muy grave es que, al crear este Poder Público de manera inconstitucional se le asigna una porción de territorio, que “en la muy mala redacción que tienen los dos proyectos es algo que no está definido”, y se les deja a las propias comunidades el establecer el ámbito.

Invasión de competencias

Raffali aseguró que se debe preguntar al país si quiere cambiar la estructura político-territorial de Venezuela, los municipios por comunas, las ciudades como conceptualmente las conocemos por ciudades comunales, y si se quiere menguar los consejos legislativos con parlamentos comunales.

El otro problema legal, a juicio de Raffalli, es que se dice que las competencias serán en el ámbito de las comunas, pero se incorpora parte de la reserva legal del Poder Legislativo nacional y se  le dan competencia al parlamento comunal en materia de aprobación del presupuesto y votos de censura a vicepresidentes y ministros, lo que sería invasión de competencias que trasciende la vida comunal.

“Basta con pensar que en el momento en que hablas de un Parlamento comunal nacional ya no es nacional”, acotó Raffalli para resaltar la contradicción intrínseca de la idea manejada en el proyecto.

Seguidamente, Raffalli se refirió al tema de los recursos que manejarán las comunas y ciudades comunales, que surgirán de la transferencia de las alcaldías.

“Al crearse este gobierno de ciudades comunales, hay un tema de asignación de recursos. La Hacienda Pública Municipal va a tener que proporcionar recursos a estas entidades que son entidades de gobierno. Será como decir ‘municipio vas a tener que mantener un gobierno paralelo que no manejas tú’, son problemas serios de constitucionalidad”, enfatizó.

En opinión de Raffalli, el punto más crítico es que se está cambiando la estructura del país, del Estado: “No es una cosa en paralelo, inofensiva, de autogestión vecinal. No, tiene su reserva legal, parlamentos, presupuesto y ámbito de competencias que exceden de la vida comunal.

Contra la descentralización

Además, citó que se atenta con el carácter descentralizado del Estado venezolano, establecido en la Constitución, y es porque las comunas van a estar dirigidas por el poder Central.

“Hay una diferencia entre descentralizar el poder y desconcentrar el poder. El Poder Público es descentralizado porque está distribuido en los territorios regionales. Venezuela es un Estado Federal Descentralizado. En la descentralización hay una distribución de poder, mientras que, en la desconcentración, lo que sucede es que el Ejecutivo lo que hace es asignar y tutelar competencias de otros.

Argumentó diciendo que las ciudades comunales, siempre de acuerdo al proyecto manejado, contará con un consejo de gobierno de siete personas que serán elegidas a lo interno de la comunidad, que además tiene un poder electoral propio.

A la vez, se establece que el Consejo Federal de Gobierno va a coordinar las ciudades comunales. “Se trata de un órgano presidido por el vicepresidente de la República, así que, en lugar de coordinar entidades independientes y autónomas (alcaldías y gobernaciones), será una especie de determinador de los planes de la nación y de las disposiciones de alcaldías y gobernaciones, porque viene del poder central. Es una visión totalitarista del ejercicio del Poder”, puntualizó.

TalCual

Tras los nuevos sucesos de violencia en la frontera y las recientes denuncias por parte de organismo no gubernamentales sobre la presunta aparición de minas antipersonas en Venezuela, Gaby Arellano recordó que es parte de lo que han venido denunciando y que ha generado como consecuencia el desplazamiento de centenares de venezolanos.

Arellano aseguró que las situaciones irregulares en las fronteras venezolanas son producto de la política de alianza de Maduro con grupos terroristas y paramilitares “este control de estos grupos irregulares del ELN y de las FARC lo hemos denunciado, pero lamentablemente los organismos internacionales no se abocan apersonarse en estos territorios».

En ese sentido, precisó que «en Venezuela no hay una Fuerza Armada, no hay un Estado que los combata. El Estado venezolano liderado por Nicolás Maduro le ha dado el control, al descaro, de lo que llegó este fin de semana».

Asimismo, la líder tachirense enfatizó que «hay una guerra en la frontera venezolana, hay una guerra que lamentablemente entre estos grupos irregulares donde las víctimas son los más humildes, los venezolanos que tienen que dejar todo huyendo por salvar sus vidas».

Gaby Arellano resaltó que «esta situación nos debe llamar la atención, a hacer todo lo que esté en nuestras capacidades para denunciar, para identificar, para documentar y para que esto no quede en el olvido».

La Asamblea Nacional legítima denunciará ante la OIT, la OEA y la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, los más de unos mil despidos injustificados de los trabajadores del cuerpo legislativo, contratados durante el período 2016, por parte del seudo parlamento que se instaló luego del proceso de fraude electoral del 6 de diciembre de 2020, que lidera Jorge Rodríguez.

Durante la sesión ordinaria de la Comisión Delegada celebrada este martes, vía online, los diputados de la legítima Asamblea Nacional rechazaron la persecución y violación de los derechos de los trabajadores del cuerpo legislativo legítimo de Venezuela.

Inició el debate la diputada, por el estado Zulia Nora Bracho, quien rechazó el acoso político que se mantiene en la Asamblea Nacional contra el personal contratado y de carrera administrativa por parte de los representantes del régimen de Nicolás Maduro.

“Ese ese seudo parlamento que se instaló luego de un proceso de fraude electoral escenificado el 6 de diciembre, se dio a la tarea de despedir masivamente a los trabajadores, anunciado por audios como el del pasado 20 de enero donde Jorge Rodríguez ordena despedir a todos los trabajadores que fueron contratados durante el periodo 2016”.

En ese sentido, solicitó a la Asamblea Nacional legítima, reconocida por los países demócratas del mundo, elevar esta situación conjuntamente con la la Central de Trabajadores de Venezuela y a la Confederación de Trabajadores Legislativos de las América, a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para denunciar estas acciones de retaliación política, contra trabajadores venezolanos, que viola el convenio 111 relativo a la discriminación en el empleo y el Convenio 87 de libertad sindical y protección al trabajador.

“Es nuestro deber y pido a mis colegas diputados, que elevemos esta discusión también ante la propia Organización de Estados Americanos y ante la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para que conste en ese largo informe de las constantes violaciones a la que es sometido el ciudadano venezolano”.

La Comisión del Trabajo de la OIT debe venir a Venezuela
Mientras que el diputado por el estado zulia, Rafael Ramírez, ratificó el apoyo de la legítima AN con los trabajadores venezolanos y específicamente los del cuerpo legislativo, víctimas de la persecución, amedrentamiento de violación constante de sus derechos laborales y a la defensa.

Planteó que se elabore un informe formal para llevarlo ante la Comisión de derechos Humanos de la ONU que preside Michelle Bachelet y hacer una denuncia formal a la OIT y solicitarle a la Comisión del Trabajo que venga a Venezuela a constatar la situación de los derechos de los trabajadores venezolanos.

“Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por que cada trabajador recupere y tenga un salario digno, y que pueda ejercer sus funciones sin ninguna violación o que sea despedido por pensar distinto. Por eso ratificamos nuestro total e irrestricto apoyo a todos los trabajadores de la Asamblea Nacional, somos solidarios y ejerceremos todas las acciones posibles, dentro de nuestras posibilidades, para que sus derechos sean restituidos” subrayó Ramírez.

Retaliación política

Por su parte, el diputado Ismael león, calificó de injusto el masivo despido de estos trabajadores, a quienes no les han dado el derecho a defenderse, no les fueron notificado ni justificado por qué el despido, simplemente los sacaron de nómina y se enteran porque no les fue depositada la quincena.

Presentó ante la planearía el del audio de Jorge Rodríguez, donde ordena que sean botados todos los trabajadores que fueron contratados durante el período legislativo 2016-2021, manifestando que no se trata de una retaliación política, sino una acción de seguridad y justicia.

Seguidamente solicitó el diputado león, un derecho de palabra a Andrés Rivero quien representa la Asociación Civil “Defiende tus Derechos” de la AN, quien apuntó que Jorge Rodríguez esta violando la contratación colectiva, la ley del trabajo y el decreto de inamovilidad laboral del usurpador de Miraflores Nicolás Maduro.

“Esto es un atropello un genocidio que se está cometiendo contra estos trabajadores padres, madres de familia. En estos despidos injustificados hay trabajadores con incapacidad, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, todos cumplían labores y horario de servicio. Repartieron una bolsa de alimentos y tampoco les dieron a estos trabajadores ese beneficio, algo verdaderamente inhumano”. Registró el trabajador Rivero.

Solicitó a la Asamblea Nacional legítima su respaldo y apoyo a los trabajadores que están siendo despedidos y atropellados en sus derechos, en medio de una situación de pandemia y de crisis humanitaria compleja.

El diputado león luego de oír el audio del psiquiatra Rodríguez y la intervención del trabajador de la AN Rivero, sostuvo que el único propósito del régimen de tirar a la calle a estos trabajadores, es por retaliación política.

“Los botaron sin notificación, derecho a la defensa, sin justificación, en momentos en que los venezolanos están viviendo una crisis de salud, donde hay hambre y no hay acceso a los servicios público, como el agua fundamental para la prevención del COVID-19, esto no es más que un crimen de lesa humanidad”, afirmó el diputado Ismael León.

Periodista: Prensa An. / Fotografo: Prensa An.

La legítima Asamblea Nacional, elevará a instancias internacionales denuncias sobre las situaciones irregulares en las fronteras venezolanas, producto de la política de alianza de Maduro con grupos narcoterroristas y paramilitares. De igual manera, condena la muerte de dos oficiales y otros efectivos militares que resultaron heridos durante enfrentamiento armado contra fuerzas irregulares en el estado Apure.

 FAN en defensa de Márquez y Santrich

En ese sentido, la diputada Gaby Arellano, presidente de la Subcomisión de Fronteras, adelantó que documentan y recopilan información para llevar evidencias ante organismos internacionales sobre “el asesinato silencioso que por órdenes y responsabilidad de Nicolás Maduro y Padrino López, se sigue actuando en la frontera venezolana, donde se le da anchas, poder, control y armas a Iván Márquez y Jesús Santrich, terroristas buscados por el mundo entero que hoy vive en las anchas en Venezuela”.

Repudió y tildó de “descaro”, que el régimen de Maduro, ordenara a las Fuerzas Armadas a defender los intereses y mafias lideradas por Iván Márquez y Jesús Santrich. Por tal razón, exhortó a los funcionarios militares venezolanos a combatir la criminalidad y defender el territorio venezolano.

Arellano, denunció que se desconoce cuántas muertes y heridos de ciudadanos venezolanos hubo con exactitud en el enfrentamiento. “Hay una guerra en la frontera venezolana con estos grupos irregulares donde las víctimas son los más humildes que huyen por salvar su vida”.

Combate no es contra la guerrilla

El debate, contó con la participación del diputado Eliecer Sirit, presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, quien denunció que la confrontación bélica armada que tiene las fuerzas armadas venezolana en la frontera, no es para combatir a la guerrilla, sino, es una lucha que existe entre los propios grupos irregulares y por lo cual, “usan la institución militar para resolver un problema interno en la guerrilla por instrucciones de la dictadura”.

“No sé está combatiendo a la guerrilla en territorio venezolano como política de Estado”, aseveró y subrayó que tanto los ciudadanos que viven en los estados fronterizos como militares “son víctimas por parte de grupos irregulares que están bien equipados arsenalmente” contra funcionarios castrenses que no tiene armas de alta potencia para combatir esos criminales.

1.500 guerrilleros en Venezuela

El diputado Freddy Superlano, indicó que hoy los factores políticos de facto que ejercen control en Venezuela y las Fuerzas Armadas, brindan protección a grupos narcoterroristas, lo que a su juicio, “nos convierte en el principal corredor del narcotráfico en el continente” afirmando que, según informaciones de las autoridades colombianas, existen 1.500 guerrilleros, que incluye la estadía del 75% de sus jefes, quienes junto a 900 insurgentes se disputan las rutas de exportación de cocaína en suelo venezolano y su podería se extiende hasta la amazonia venezolana, donde se forman guerrillas afectas al régimen con la ayuda de la Farc y el ELN.

“Estos grupos armados llenan el vacío de la complicidad, inoperatividad y desdén de las Fuerzas Armadas venezolanas en la protección de la nación, sobre todo, en su fronteras y en sus ciudadanos, convirtiéndose en grupos partidistas que omiten y son permisivos a estos grupos irregulares, que no solo operan con total impunidad en la zona, sino que se adentran cada vez más hacia territorio venezolano”, denunció

Instó a los organismos competentes internacionales para que todos aquellos que estén inmersos en esta violación sistemática de violación de derechos humanos sean responsabilizados por sus actos producto de una alianza estratégica política, comercial y delictiva entre la dictadura y grupos irregulares armados que operan en la frontera.

“Vivir en la frontera es un desafío para los venezolanos, que viven allí, en un estado de indefensión, donde son víctimas constantes de extorsiones y amedrentamientos, sin poder denunciar a los autoridades competentes, porque estos son cómplices de negocios turbios que controlen estos grupos narcoterroristas en la zona”, describió.

Presencia de minas antipersonas

Por su parte, la diputada Karin Vera, alertó que en Venezuela “estamos a punto de perder el territorio venezolano”, argumentado que el régimen ha cedido de manera sistemática el dominio de las regiones fronterizas venezolanas, reiterando que en esas zonas son controladas por grupos irregulares colombianos como el ELN, disidentes de la Farc, ejercito del pueblo y el FBL, todo esto con ayuda y colaboración de las Fuerzas Armadas.

“Al régimen madurista no le importa la vida de los venezolanos, puesto que las usa como escudo para sus intereses criminales y financieros. La cesión del territorio venezolano a grupos guerrilleros tiene como fin de servir de cordón de seguridad del régimen de Maduro”, fustigó.

La parlamentaria indicó que los enfrentamientos armados acaecidos el día domingo, en el estado Apure, se calcula que cerca de 20 a efectivos de las Fuerzas Armadas fueron heridos y 2 suboficiales superiores de la GNB, fallecieron, uno de ellos, víctima de una mina antipersonal. En ese sentido, lamentó la muerte de efectivos militares y el deterioro de salud de los heridos.

“Venezuela era libre de territorio de minas antipersonas. Hoy está totalmente minado, en total violación del Tratado OTAN”, reveló y a su vez, reiteró la acusación contra Nicolás Maduro de ser cómplice por darle refugio a grupos armados para que desde Venezuela realicen sus actividades criminales.

Lamentó muertes de oficiales en Apure

El diputado y miembro de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, Williams Dávila Barrios*, aseveró este martes que los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro acabaron con la paz de las fronteras de Venezuela, y puso como ejemplo de esto los hechos ocurridos el pasado fin de semana en La Victoria, Apure, donde oficiales de la Fuerza Armada Nacional cayeron en enfrentamiento con campamento paramilitar. 

Según precisó el parlamentario, hoy el Ejército venezolano es utilizado para atacar a grupos disidentes de la Fuerzas Armadas de Revolucionarias de Colombia (FARC) que se oponen a alias Jesús Santrich e Iván Márquez, ambos guerrilleros que hacen vida en este país y que reciben trato diplomático por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. 

«Grupos irregulares actúan en zonas fronterizas bajo la protección del régimen de Maduro, esto evidencia la falta de Estado que hoy existe en el país», destacó el legislador. En este sentido subrayó que en estados como Zulia, Aragua, Guárico, Apure, Carabobo se celebran reuniones entre las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Subrayando que en tiempos de democracia Venezuela tenía frontera abierta intercambio comercial, turístico, agrícola, religioso y de toda índole, el legislador andino responsabilizó a que durante de 20 años de dictadura y lo que se ha visto es tolerancia frente a estos grupos. Insistió en que no ha habido una política militar de estado que nos lleve a la protección integral de la población. 

Ante esta realidad, quien siempre ha sido enérgico al hablarle a la FAN, enfatizó que su deber no es responder órdenes de jefes paramilitares ni de grupos narcoterroristas, ni a operadores de las mafias del Arco Minero del Orinoco. Dávila instó a los oficiales venezolanos «actuar para garantizar la paz, la soberanía, es decir, una FAN para la democracia y no para sostener la dictadura de Maduro».