El presidente extendió una orden ejecutiva firmada por Obama en 2015 y ratificó que no habrá línea blanda con el chavismo
Primero Barack Obama, después Donald Trump y ahora Joe Biden. Venezuela permanece para Estados Unidos como una “amenaza inusual y extraordinaria” para su seguridad nacional y para su política exterior. Así se lo ha comunicado el nuevo presidente estadounidense a su Congreso para no dejar ninguna duda: “He determinado que es necesario continuar la emergencia nacional declarada con el decreto 13.692 con respecto a la situación de Venezuela”.
Pese a que Nicolás Maduro se las prometía felices tras las elecciones del año pasado, Biden no cede ni un solo centímetro en su presión contra la revolución bolivariana. De esta forma se extiende el famoso decreto ejecutivo de Obama, promulgado en 2015 y que durante años fue usado por el chavismo para denunciar la “injerencia del Imperio”.
La cancillería revolucionaria, en un comunicado, rechazó “categóricamente” la renovación del “decreto ilegal” que Washington usa para aplicar “medidas coercitivas y unilaterales como parte de su política de agresiones crueles y sistemáticas en contra del pueblo venezolano”.
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“Es lamentable que el nuevo gobierno de Estados Unidos continúe alejándose de la diplomacia y reiterando el modelo de agresión de la administración pasada”, reiteró, para finalizar asegurando que el “pueblo venezolano es libre e irrevocablemente independiente, no representa ni representará jamás una amenaza para Estados Unidos ni para ningún país del mundo”.
El régimen de sanciones norteamericanas, como lo define el chavismo, comenzó tras el decreto 13.692, al principio contra los dirigentes chavistas de forma individual y ampliadas desde 2019 tras reconocer Washington a Juan Guaidó como presidente encargado del país criollo. El “legado perverso” del expresidente y premio Nobel de la Paz, tal y como lo definió el “hijo de Chávez”, quien alimentó la propaganda chavista cuando su caída de popularidad avanzaba a la misma velocidad que la recesión económica.
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El decreto de Obama precedió a la gran diáspora que ya comenzaba a extenderse entonces y que este año superará a la siria, según las estimaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuando más de siete millones de venezolanos habrán huido de su país.
La decisión también ocurre en paralelo al penúltimo espaldarazo estadounidense a Guaidó, a quien sigue considerando oficialmente el presidente interino de Venezuela. Así se lo hizo saber el martes en conversación telefónica el secretario de Estado, Anthony Blinken, quien subrayó “la importancia del retorno a la democracia”.
“Hablé de nuestro apoyo inquebrantable a la democracia en Venezuela y nuestros esfuerzos por mejorar la vida del pueblo”, explicó más tarde el propio Blinken. La administración Biden insistió en trabajar con sus “aliados” de la Unión Europea (UE), el Grupo de Lima, la OEA y el Grupo Internacional de Contacto para incrementar la presión multilateral.
La oposición democrática también aplaudió el interés conjunto demostrado en sesión parlamentaria por el Partido Demócrata y el Partido Republicano por la causa venezolana, que incluso provocó que ambos reclamen a Biden que nombre un enviado especial para Venezuela. “Los expertos coincidieron en que el régimen de Maduro tiene responsabilidad en la grave crisis que hoy tiene secuestrado a un país entero, con el agravante criminal de chantajear con la ayuda humanitaria”, agradeció Carlo Vecchio, embajador en Washington de la presidencia interina.
La postura de fuerza de Estados Unidos coincide además con las rencillas diplomáticas que el chavismo ha reabierto con Europa. Precisamente la embajadora de la UE, Isabel Brilhante, regresó este miércoles al Viejo Continente tras ser declarada persona non grata por Maduro. “Mi corazón se queda aquí, te quiero Venezuela”, se despidió la diplomática portuguesa, quien mantiene abierta una oficina que gestiona un buen número de planes de asistencia humanitaria para paliar el colapso nacional provocado por la revolución.
Pese a que desde Caracas se denuncia una presunta estrategia conjunta de la UE y de Estados Unidos, no es así. Las sanciones contra 19 jerarcas del chavismo comenzaron a tramitarse con motivo de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre, pero la habitual lentitud en la toma de resoluciones del Grupo de los 27 las retrasó hasta la semana pasada.
La reacción virulenta de Maduro, pese a que la UE ha rebajado a Guaidó de presidente interino a líder opositor, vino provocada por la importancia de los señalados (entre militares, represores, jueces del Supremo, rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y aliados colaboracionistas) para su permanencia atornillado en el poder. Entre los estrategas del Palacio de Miraflores también se cree conveniente mantener una postura radical en temas internacionales para compensar la política aperturista económica, que incluye devolver al sector privado y a empresas extranjeras parte de lo expropiado desde 1999.
Guaidó aprovechó la ocasión para, en reunión con diputados y sociedad civil, realizar un llamamiento para la consolidar la “mayor y mejor unidad posible de cara a una nueva alianza para impulsar una solución a la crisis y elecciones libres en Venezuela”.
El exhorto no es baladí. La oposición se enfrenta a un nuevo reto, la participación en las elecciones locales de este año, sumida en un mar de contradicciones: mientras diputados y dirigentes realizan giras en el interior dando a entender que están dispuestos a luchar por las gobernaciones, tanto Guaidó como su partido, Voluntad Popular, sostienen que esta participación es hoy imposible.
Las sanciones son el factor clave para avanzar en cualquier negociación y así lo ha avisado Estados Unidos: si no hay cambios profundos en pro de la democracia Washington no cederá en su política. En un sorprendente encuentro digital realizado este miércoles entre el propio Maduro y Michelle Bachelet, Alta Representante de Naciones Unidas para derechos humanos, “conversamos sobre los efectos negativos de las sanciones contra Venezuela”, concluyó el “presidente pueblo” al finalizar la “excelente videoconferencia”. La ONU ha señalado a Maduro por cometer crímenes de lesa humanidad.
LA NACION
Daniel Lozano
