El diputado y miembro de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, Williams Dávila Barrios, reiteró su rechazo -este martes- a la medida de la dictadura de Nicolás Maduro de expulsar a la Embajadora de la Unión Europea,  Isabel Brilhante, del país, en retaliación a las últimas sanciones individuales impuestas por el organismo internacional contra 19 venezolanos afines a la dictadura. 

En el debate sobre el Proyecto de acuerdo en respaldo a las acciones de la Unión Europea a favor de la democracia venezolana y en rechazo a la expulsión de la excelentísima embajadora de la UE Isabel Brilhante por parte del régimen usurpador de Maduro, el parlamentario señaló que la medidas fueron contra «19 funcionarios del régimen, una sanción a delincuentes, que violaron Derechos Humanos».

En este sentido, el legislador andino dijo que la reacción contra la diplomática y el cierre de las oficinas de la UE en Caracas coartan el derecho a los venezolanos de tener acceso a ayuda humanitaria.

Ante este hecho, y tras agradecer el respaldo de la comunidad internacional a la causa democrática venezolana, reiteró que pese a estos embates de la dictadura están obligados a exigir elecciones libres «porque estamos luchando en sintonía con los pueblos de la humanidad».

#DelegadaAN | El Dip. @williamsdavila inicia el Proyecto de acuerdo en respaldo a las acciones de la Unión Europea a favor de la democracia venezolana y en rechazo a la expulsión de la excelentísima embajadora de la UE Isabel Brilhante por parte del régimen usurpador de Maduro. pic.twitter.com/WOA84Rpo9h

— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) March 2, 2021

 «En la medida en que nosotros salgamos de esta dictadura, en esa medida justificamos nuestra presencia aquí en la Asamblea Nacional legítima y con mayor razón justificamos el pensamiento de Simón Bolívar, seguir luchando», sumó Dávila.

#DelegadaAN | El Dip. @williamsdavila inicia el Proyecto de acuerdo en respaldo a las acciones de la Unión Europea a favor de la democracia venezolana y en rechazo a la expulsión de la excelentísima embajadora de la UE Isabel Brilhante por parte del régimen usurpador de Maduro. pic.twitter.com/WOA84Rpo9h

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La aerolínea Laser Airlines informó este lunes que a partir del próximo miércoles los pasajeros que ingresen a Venezuela deberán pagar 60 dólares en efectivo por la prueba PCR del coronavirus.

Por medio de un comunicado, señalan lo siguiente: Laser Airlines informó a sus pasajeros que, o fin de facilitar el ingreso a Venezuela, el Ejecutivo Nacional dispuso el servicio del Laboratorio Clínico CASALAB 2020, para realizar las pruebas PCR (hisopado nasal) de detección de Covid-19 a todos los pasajeros que lleguen en vuelos internacionales al país.

Lea a continuación el resto del comunicado integro de Laser Airlines:

A partir del próximo miércoles 3 de marzo, los viajeros entrantes deberán realizarse obligatoriamente dicha prueba, exigida por las autoridades sanitarias venezolanas, en el laboratorio dispuesto para tales fines en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, con un costo de USD 60,00, que debe pagarse en efectivo al personal de la referida empresa.

En este sentido, se encuentra a su disposición lo página web http://pasedesalud.casalab.com.ve, donde todo pasajero debe registrarse antes de iniciar su viaje de retorno al país y seguir los pasos que allí se indican.

Ratificamos que, al momento de embarcarse hacia Venezuela, la presentación de la prueba PCR hisopada se mantiene vigente, de acuerdo con los procedimientos ya establecidos por la autoridad aeronáutica nacional.

Solo seis laboratorios están autorizados a realizar PCR y su costo va desde 40 a 80 dólares

El 18 de febrero se conoció que existen al menos seis laboratorios públicos y privados que están autorizados para realizar las pruebas PCR para detectar la enfermedad en el país. El costo de la prueba va de 40 a 80 dólares.

Según un reporte de El Pitazo, quienes viajen al exterior deben presentar el test con 48 horas de anticipación al momento de abordar el avión.

El 9 de febrero, Conviasa publicó una lista en Twitter, donde detalló que el Estado venezolano solo habilitó seis laboratorios para detectar la enfermedad por coronavirus.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-1&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1366560678681718794&lang=es&origin=https%3A%2F%2F800noticias.com%2Flaser-pasajeros-que-ingresen-a-venezuela-deberan-pagar-60-por-prueba-pcr&siteScreenName=800_Noticias&theme=light&widgetsVersion=889aa01%3A1612811843556&width=550px

Estos son los laboratorios:

1.- Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (Inhrr), en Caracas.

2.- Laboratorio de Biología Molecular del Centro Nacional de Genética Médica Dr. José Gregorio Hernández, estado Miranda.

3.- Laboratorio de Biología Molecular Félix Pifano, ubicado en Yaracuy.

4.- Laboratorio móvil del Instituto Nacional de Higiene, en el estado Táchira.

5.- Laboratorio de Virología Molecular del Instituto venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic), en el estado Miranda.

6.- Laboratorio Genomik, en el estado Aragua.

Según el medio, el precio promedio de la prueba PCR en estos laboratorios está entre 40 y 80 dólares. Sin embargo, en el Inhrr se cotizan más caras, pues el costo está anclado al petro.

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) declaró la emergencia laboral en las casas de estudios superiores del país y llamó a sus agremiados a no reincorporarse a las actividades y «no aceptar trabajar en condiciones de oprobio, ni bajo amenaza».

A través de un comunicado publicado en su página web, la Federación dijo que «no hay garantía de regreso a clases bajo ninguna modalidad» y añadió que «al no remunerar el trabajo, el Estado ha roto unilateralmente la relación de trabajo».

«La Junta Directiva de nuestra Federación acordó exhortar a los Rectores y Consejos Universitarios al diálogo social institucional respetuoso para la toma de decisiones con nuestro gremio, en función de garantizar el respeto a los derechos de nuestros agremiados y la defensa de la autonomía universitaria», señaló la institución.

Más adelante, el texto de la Fapuv apunta que «los derechos laborales de los universitarios deben ser defendidos por todas las instancias de gobierno y co-gobierno universitario, y no es aceptable recurrir a medidas coercitivas para el regreso a las actividades bajo cualquier modalidad, mientras no se creen las condiciones materiales indispensables que la hagan posible, a saber: salario digno, ambiente sano (bioseguridad), servicios (incluido acceso a internet) e insumos (equipos y material didáctico)«.

El gremio docente establece que la responsabilidad de salvaguardar el derecho al estudio corresponde al Estado venezolano, de manera que el ejecutivo nacional debe garantizar las condiciones adecuadas para reiniciar la actividad docente.

«Las asociaciones de profesores se comprometen a reunirse con las federaciones de centros y diferentes sectores de estudiantes para elaborar un plan de acción conjunto en defensa de las universidades, su autonomía y la calidad de la educación. Hacemos un llamado a nuestros agremiados a realizar con sus asociaciones de profesores un levantamiento gráfico de la situación de la infraestructura universitaria en cada una de las Instituciones».

Y añade: «Así mismo, debemos activar los comandos intergremiales en cada Universidad y acordar un plan de acción que incluya a todos los sectores universitarios (estudiantes, profesionales, empleados y obreros), colegios profesionales, sindicatos y gremios de todos los sectores de trabajadores y las ONG, para exigir nuestro derecho a un trabajo decente, la defensa de los derechos laborales y del salario, el derecho a la educación y a la salud».

La Fapuv llama a constituir una plataforma unitaria con todos los sectores del magisterio venezolano para defender el derecho a la educación y los derechos laborales de los docentes.

«Igualmente, rechazamos que se pretenda aprobar una nueva Ley de Universidades en un Parlamento que solo representa al ejecutivo nacional y no representa al pueblo venezolano. Y repudiamos el nombramiento de autoridades por parte del CNU, organismo que no tiene ninguna competencia para ello, dado el carácter originario de la autonomía universitaria».

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