El secretario de estado de EEUU señaló que usará el foro para seguir denunciando violaciones en Venezuela, Nicaragua y Cuba
EEUU marcó hoy 24 de febrero su regreso al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, después de tres años de ausencia durante la Administración Trump, con la advertencia de que lo usará para denunciar las violaciones a las libertades fundamentales en China, Rusia o Venezuela, e intentará reducir su sesgo «antiisraelí».
Un regreso condicionado
El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, intervino por primera vez en este foro, celebrado en formato virtual debido a la pandemia, para manifestar que Washington vuelve a confiar en el Consejo para promover libertades fundamentales, pero no a cualquier precio, ya que este órgano, en su opinión, necesita cambios.
El Consejo debería reconsiderar, por ejemplo, «su desproporcionado enfoque contra Israel» o el hecho de que entre sus miembros haya frecuentemente regímenes autoritarios, aseguró Blinken, quien afirmó que «los que tienen peores registros de derechos humanos no deberían ser miembros».
Las frecuentes condenas del Consejo de Derechos Humanos a Israel fueron precisamente usadas por el anterior presidente estadounidense, Donald Trump, para abandonar este órgano en 2018, aunque en contraste Blinken anunció hoy que EEUU se presentará como candidato a formar parte de él para el trienio 2022-24.
El Consejo de Derechos Humanos, que se reúne unas tres veces al año durante varias semanas para debatir los principales problemas globales en la materia, se compone de 47 miembros que se renuevan parcialmente cada año, y actualmente tiene en su bancada a regímenes como Rusia, China, Venezuela o Cuba, muy criticados por Washington.
LIberación de Navalni
Todos ellos fueron mencionados en su discurso por Blinken, quien señaló que Washington usará el foro para «seguir denunciando abusos en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba o Irán» así como «las atrocidades cometidas en Xinjiang» (región del noroeste chino) o «cuando las libertades fundamentales son atacadas en Hong Kong».
Al Gobierno ruso le exigió una vez más que «libere inmediatamente y sin condiciones a Alexei Navalni y otros cientos de ciudadanos rusos erróneamente detenidos por ejercer sus derechos», y también recordó los ataques a las libertades fundamentales en Birmania (Myanmar), Siria o Corea del Norte.
«Esperamos trabajar con nuestros socios en este órgano y con las ONG de todo el mundo para garantizar que el Consejo cumple su función y efectivamente contribuye a la mejora de los derechos humanos en el mundo», resumió el jefe de la diplomacia norteamericana.
Reconoció que «EEUU no es perfecto, pero trabajamos cada día para mejorar y rendir cuentas», haciendo gala de una apertura que, afirmó, no suele observarse en regímenes autoritarios «que violan los derechos humanos con impunidad».
Blinken intervino pocos minutos después de que lo hiciera su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, quien frente a las peticiones de cambio del secretario de Estado norteamericano, aseguró que el Consejo de Derechos Humanos «no necesita una reforma radical en su estatus», aunque sí concedió que precisa de «algunos ajustes».
Evitando referirse directamente a EEUU, el ministro de Asuntos Exteriores ruso criticó a algunos gobiernos occidentales por ignorar las llamadas desde Naciones Unidas para que se suspendan las sanciones unilaterales a determinados estados con el fin de favorecer la entrega de ayuda humanitaria durante la pandemia.
Uso político de la pandemia
En este sentido, el ministro de Exteriores ruso lamentó «la politización de las cuestiones humanitarias y el intento de usar la pandemia para castigar a gobiernos».
También denunció la proliferación de «campañas agresivas de noticias falsas que dañan la estabilidad política en los Estados y aumentan el desorden y la violencia».
El principal foco del discurso de Lavrov, sin embargo, estuvo en Ucrania, ya que el ministro acusó al país vecino, junto a las naciones bálticas (Estonia, Letonia y Lituania) de discriminar a su población de habla rusa.
El ministro aseguró que Ucrania «comenzó un proceso para retirar el lenguaje de las minorías nacionales de la arena pública y de la educación», pese a que el idioma ruso es utilizado por entre el 30 y el 50 % de la población nacional, dando pasos «hacia la destrucción del multilingüismo y el multiculturalismo».