El Director de Asuntos Consulares de la Embajada de Venezuela en EEUU, Brian Fincheltub destacó que el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) es una medida que se espera pueda ser aprobada lo antes posible ya que “ha sido una de las principales promesas del gobierno del presidente Joe Biden para implementar en los primeros 100 días”.

El TPS es un mecanismo de protección migratorio que ha impulsado la Embajada del Gobierno Interino del Presidente Juan Guaidó desde 2019 para beneficiar a los venezolanos en EEUU que requieren de protección y estatus migratorio, especialmente a aquellos que se encuentran detenidos en centros de reclusión americanos por razones migratorias, explicó Fincheltub en una transmisión en conjunto con la Asociación de Venezolanos en Jacksonville.

Para aclarar dudas respecto al TPS que estaría próximo a ser aprobado, así como sobre el Deferred Enforced Departure (DED), firmado el 20 de enero de este año y con el cual se difiere cualquier deportación de venezolanos durante 18 meses a la par de permitir un permiso de trabajo, Fincheltub recordó que la embajada cuenta con un servicio de atención consular dispuesto para atender a venezolanos en todos los Estados Unidos, a través del correo electrónico serviciosconsulares@us.embajadavenezuela.org.

Asimismo, manifestó que “aunque al día de hoy la protección del DED está en curso, para saber qué vamos a tener que hacer para acceder a él, tenemos que esperar las instrucciones del Departamento de Seguridad Nacional, que debe publicar en las próximas semanas la información”. Recordó que los venezolanos que deseen pueden participar en el censo para posibles beneficiarios de medidas de protección migratoria, ingresando a www.us.embajadavenezuela.org.

Destacó que por ser ésta una medida excepcional aprobada justo antes del cambio de administración, “puede existir un delay en la forma”, razón por la que han “estado trabajando con mucho esfuerzo e impulsando desde la misión diplomática liderada por el embajador Carlos Vecchio su pronta aplicación, así como la implementación del TPS para proteger a todos nuestros hermanos venezolanos en los Estado Unidos mientras logramos la libertad de Venezuela y podamos regresar y aportar a su
reconstrucción”.

Actualmente la Embajada de Venezuela en EEUU tramita los siguientes servicios consulares en beneficio de la diáspora venezolana: certificado de nacionalidad, documento de viaje de emergencia, carta de no objeción, certificación de licencia de conducir, servicio de atención al ciudadano y el
acompañamiento legal a los venezolanos detenidos por razones migratorias.

NP.

 
Venezuela podría empezar a recibir en mayo vacunas del sistema COVAX contra el coronavirus, dijo el martes el asesor médico del líder opositor, Juan Guaidó.

La fecha de llegada de esas vacunas depende de la aprobación por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, agregó el médico infectólogo Julio Castro.

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Mover los fondos generalmente requiere solicitar una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, o la OFAC, del Tesoro de Estados Unidos, un proceso que puede demorar.

 
Mayo es una fecha tentativa para el arribo de las vacunas porque “depende de lo que tarde la licencia”, agregó Castro en un programa de radio.

Los fondos congelados en Estados Unidos pueden ser usados por Guaidó porque Washington, junto con decenas de países occidentales, lo reconocen como el líder legítimo de Venezuela al considerar que la reelección de Maduro en 2018 fue un fraude.

 
Guaidó ha expresado su voluntad de usar parte de esos fondos para entrar al sistema COVAX, que está destinado a garantizar que las naciones en desarrollo tengan acceso oportuno a las vacunas contra el coronavirus.

Pero para el ingreso de las vacunas y el plan de vacunación se requiere del visto bueno del gobierno de Maduro, quien ha dicho que debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos no ha podido comprar las dosis necesarias para vacunar a unos 30 millones de venezolanos.

Maduro, cuyo gobierno enfrenta serios problemas de liquidez, se ha inscrito en el sistema COVAX, aunque no ha realizado los pagos asociados de al menos 18 millones de dólares. Pero el gobierno dijo que gastó 200 millones de dólares en la compra de 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, 100.000 de las cuales llegaron a Venezuela el 13 de febrero. No precisó cómo hizo el pago.

Tras diferentes gestiones, a inicios de mes funcionarios del gobierno venezolano y líderes de la oposición se han reunido para discutir un acuerdo y comprar vacunas a través de COVAX. 

Reuters

 El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Williams Dávila, rechazó categóricamente este martes el informe emitido por la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, en el que pidió levantar las sanciones impuestas por Europa y Estados Unidos en contra de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.

Dávila aseguró que se trata de un informe “sesgado” que pretende “lavarle la cara al dictador Nicolás Maduro” y contradice el informe previamente hecho por por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michell Bachelet.

“Este informe sesgado simplemente para lavarle el rostro a una dictadura que ha sido catalogada por la propia Naciones Unidas como violadora de Derechos Humanos y de cometer delitos de lesa humanidad. ¿Por qué no vienen entonces otros relatores? ¿Por qué no tenemos aquí al relator especial de las Naciones Unidas para todo lo que significa los tratos crueles, degradantes y las torturas? ¿Por qué no viene el relator de la libertad de asociación pacífica cuando tenemos partidos políticos ilegalizados? ¿Por qué no viene el relator especial en materia de derecho de información y de la libertad de expresión cuando tenemos aquí medios de comunicación y portales que han sido intervenidos y cerrados por el propio régimen y sus periodistas perseguidos? ¿Por qué no viene el relator especial para las ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias así como también el grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre las detenciones arbitrarias? ¿Por qué no vienen aquí los relatores que tienen que ver con la situación carcelaria que tenemos en Venezuela con todo el hacinamiento y todos los crímenes que allí han ocurrido dentro del sistema carcelario venezolano?», cuestionó el parlamentario durante la sesión ordinaria del Parlamento Nacional.

Agregó además que esta funcionaria de la ONU no vino al país a cerciorarse de lo que calificó como “catástrofe económica, política y social que estamos viviendo desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la falta de libertades públicas y lo más grave de todo una hiperinflación que ha afectado por completo y ha erosionado por completo el poder adquisitivo de los trabajadores y de la familia venezolana».

Exigió que vengan al país todas las relatorías de las Naciones Unidas para que constaten las graves violaciones a los derechos políticos, económicos, sociales y de la paz que se están cometiendo en Venezuela.

Señaló también al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, como co-responsable de todo lo que ocurre en Venezuela por apoyar de forma “desmedida” a la dictadura que encabeza Nicolás Maduro.

“Una dictadura que no ha sabido defender ni siquiera la integridad territorial ni mucho menos la dignidad del pueblo venezolano así que nosotros rechazamos por completo este informe de esta relatora porque no corresponde a la realidad, es un informe sesgado que definitivamente le da la espalda a los Derechos Humanos”, sentenció.

Descartó lo argumentado en dicho informe donde justifica la crisis de la nación por las sanciones externas a funcionarios del régimen venezolano.

“Eso es mentira que las sanciones sean la causa de todas las tragedias que vivimos en Venezuela porque mucho antes de las sanciones nosotros tuvimos dos bonanzas petroleras: la que va desde el 2004 al 2008 y la 2011-2012 en esa bonanza tuvimos los ingresos petroleros más grandes del mundo (…) Un billón de dólares en estos 20 años de dictadura ha recibido Venezuela por concepto de ingreso petrolero. ¿Dónde está ese dinero? Danzando en el exterior producto de la corrupción y además de los negocios sucios que ha hecho esta dictadura”, argumentó Dávila.

Nota de Prensa

La presidente de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional, diputada Dinorah Figuera señaló de mal precedente que el régimen de Nicolás Maduro decida a discreción quien se vacuna y quien no contra el COVID-19, sin cumplir con los protocolos internacionales emanado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) así como de la Organización Panamericana de Salud (OPS).

Así lo indicó la parlamentaria este martes en la Comisión Delegada de la AN, en el debate sobre el acceso igualitario al derecho a la salud del pueblo venezolano y rechazo a la politización de la salud que pretende imponer la dictadura para la implementación de la vacuna contra el COVID-19.
Figuera precisó que en declaraciones realizadas por Maduro han podido constatar la exclusión de los grupos etarios de las personas mayores y con enfermedades crónicas presentes en los lineamientos en el plan emanado del Ministerio de Salud y en su lugar, incluyen las brigadas de visitas casa por casa donde se incorpora al partido político Somos Venezuela, inscrito en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Al mismo tiempo, condenó que representantes del régimen en instancias ilegitimas se ufanan a través de las redes sociales de haberse vacunado, cuando estos saben a conciencia que no representan la primera línea de personas a ser inmunizadas, indicó.

“Por estas mismas razones funcionarios de otros países que se han vacunado saltando normas, han tenido que renunciar y ser sometidos a una investigación con posibles consecuencias penales”.
Denunció el oscurantismo de como se ha llevado la información de la pandemia en Venezuela, sin cifras oficiales, confiables, desviación de las vacunas con objetivos políticos y de control social e insuficiencia en las medidas de bioseguridad en el manejo de pacientes. “La indolencia de esta grave situación nos hace predecir consecuencias muy duras que aún le toca sufrir al pueblo venezolano”.

Asevero que es urgente lograr la voluntad de los actores políticos, técnicos y académicos en la mesa nacional para el acceso de la estrategia del Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19, conocido como COVAX, en función de avanzar y garantizar el beneficio de Venezuela en contar con mayor cantidad de vacunas, de igual forma, manifestó que se tome en cuenta la propuesta de que sean los organismos internacionales y la sociedad civil los garantes de transparencia en la ejecución de la vacunación.

Para concluir su intervención, la diputada Figuera reiteró el apoyo a la propuesta que ha venido haciendo el diputado José Manuel Olivares, como es la liberación de los fondos rescatados de la corrupción, para ponerlos al servicio de la salud para la inmunización de todos los venezolanos, con la condición de que no se politice y sea la cedula de identidad el documento que sirva para el acceso a la vacuna respetando a las poblaciones más vulnerables. Agradeció a Alianza Venezolana por la Salud por su disposición de promocionar información de interés en su participación en el debate.

Habrán venezolanos que podrán salvarse si se inclinan y se arrodillan ante la dictadura

En este punto tomó la palabra el diputado Gilmar Márquez para condenar la politización por parte del régimen de Maduro sobre la vacunación contra el COVID-19 en el país. “Habrán venezolanos que podrán salvarse si se inclinan y se arrodillan ante la dictadura, otros serán de segunda o de tercera y estarán en una lista de espera para poder salvar su vida”.

“Esto nos debe llamar a la reflexión a todo el pueblo venezolano como hijo de esta tierra y en igualdad de condiciones apegado al artículo 83 de la Constitución, donde se expresa que la salud es un derecho fundamental, no es negociable, no se puede amedrentar, ni chantajear con la salud, porque es un derecho fundamental del ser humano, por tal razón, rechazamos y condenamos la actuación dictatorial, arrogante como pretende la dictadura con el fin de aprovechar una circunstancia humana para enfilar gente a su alrededor”.

Llamó hacer una acción solidaria del pueblo venezolano, para que se aplique las vacunas en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos en el país.

El régimen de Maduro mantiene la vida y la salud a quienes los sostienen en el poder

En este sentido la diputada María Mulino indicó que cuando en el resto del mundo han prohibido la privatización de las vacunas con el fin de direccionarlas a los más necesitados, Maduro expone en su discurso la posibilidad de compras privadas, esto se traducirá en ventas en dólares y solo el 5% de la población venezolana podrá pagar, aseveró.

A juicio de Mulino, el régimen se desnuda una vez más y muestra su verdadera cara, al mantener la vida y la salud a quienes los sostienen en el poder, mientras que el pueblo solo queda para un discurso, “que ni ellos, ni el pueblo ni el mundo les cree hace mucho tiempo”.

“En un plan de vacunación estricto, quienes se han saltado el orden de vacunación en el resto de los países del mundo, siendo políticos, directores de hospitales, clínicas o funcionarios, han dimitido por la vergüenza y afectación moral al haberse preferido ellos primeros que los ciudadanos más vulnerables”.

Dijo que en las épocas de crisis se observan quienes o no hacen prevalecer los valores y los principios. “En esta época de crisis debemos prevalecer los valores y los principios, no como democracia que se supone deberíamos de estar constituidos, sino como seres humano ante la defensa de un derecho tan fundamental como vital”.

Hay que vacunar unos 20 millones de personas mayores de 16 años en medio de la precariedad económica

Para concluir el debate, el diputado Orlando Ávila manifestó que existe preocupación porque no se conoce que estrategia emplearan las autoridades para emprender la compleja campaña de vacunación masiva que debe realizarse. Advirtió que se debe ser muy responsable en algo tan delicado, porque se trata del derecho a la vida.

“Ya hemos oído a Maduro despachar de manera irresponsable que serán privilegiados los funcionarios de gobierno, alcaldes, gobernadores, diputados y toda la cúpula gubernamental y por supuesto incluye al personal sanitario a los maestros que inician las clases presenciales”.

Sin embargo, mostró preocupación porque se tiene que tomar en cuenta y atender que hay que vacunar unos 20 millones de personas mayores de 16 años en medio de la precariedad económica, que se requiere una inversión importante para una logística segura y eficiente en distribución y almacenamiento de las vacunas.

Agregó que se deben considerara las recomendaciones que acaba de hacer la Academia Nacional de Medicina. “Debemos encontrar un camino de coincidencia que le permitan al país combatir y enfrentar la incertidumbre de la pandemia”, precisó el parlamentario Ávila.

Indicó que el objetivo de la estrategia del COVAX para el acceso global de las vacunas es destinar a cada país las dosis necesarias para inmunizar al 20 por ciento de su población contra el COVID -19 en una etapa inicial.

“He sabido también que llegó el primer lote de 100 mil vacunas rusas contra el COVID-19, pero también sabemos que la Organización Panamericana de la Salud advirtió hace una semana que el gobierno adeudaba las dosis reservadas con un costo inicial de 18 millones de dólares”.

Destacó que existen dos vías, la del COVAX y la de la vacuna Rusa Sputnik 15, otra vía es la de Fedecámaras que quiere adquirir las vacunas para sus empleados. Aun así, todavía no se conoce la campaña para distribuir las vacunas a pesar de que se llevó a pre acuerdo para crear una mesa racional de acceso a la estrategia COVAX de la Organización Panamericana de la Salud, informó.

Prensa AN