Un albergue regentado por un exconvicto que había tenido problemas con las drogas y donde se les practicó abortos a algunas niñas; religiosos que les quitan la medicación a menores con problemas psiquiátricos y a los que simplemente les recomiendan rezar; niños desnutridos, sin controles de salud, hacinados y viviendo en “condiciones infrahumanas”.
Estas son algunas de las situaciones irregulares que se encontró una comisión legislativa de Panamá, que investigó durante seis meses el estado de varios centros de acogida para niños y adolescentes en situación vulnerable que debían estar supervisados por el Estado, reseñó El País.
En un informe que entregaron esta semana a la Procuraduría General, el grupo liderado por varias diputadas de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia constata, “que existen evidencias concretas de abusos, violencia y maltratos físicos a niños, niñas y adolescentes albergados” en esos centros.
“Lo que más nos impactó fue cómo se abusaba de menores discapacitados, de niños que ya presentaban patologías. Fueron los más vulnerables, porque tienen dificultad para comunicarse y muchos son niños en estados de abandono que quedan a su suerte. En estos momentos no tenemos una institución que vele por estos niños panameños”, se lamentó la diputada Walkiria Chandler D’Orcy al presentar las conclusiones del informe en una sesión en la Asamblea Nacional. Según explicó, los abusos, tanto físicos como psicológicos y sexuales, fueron corroborados por profesionales de la salud que formaban parte de la comisión.
Aunque muchos de los albergues visitados por las diputadas estaban gestionados por organizaciones no gubernamentales y grupos religiosos, cerca de la mitad de los menores estaban bajo la supervisión de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), y algunos de los centros recibieron dinero público para su funcionamiento.
Por eso, uno de los objetivos de la comisión era tratar de determinar la responsabilidad de ese organismo que debía estar encargado de la protección de la niñez en las irregularidades identificadas.
“En 2017 se hace una consultoría por la Unicef [el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia] donde se evidenciaban algunas irregularidades en la protección de niños, niñas y adolescentes. No hace sentido que el Estado pretenda ignorar que ya tenían algún tipo de señales y que hubiese sido oportuno presentar denuncias en su momento sobre lo que estaba pasando”, dice a EL PAÍS la diputada Chandler D’Orcy.
El lunes, el procurador Eduardo Ulloa Miranda recibió el informe por parte de la comisión legislativa y se comprometió a investigar las denuncias “hasta el fondo”. “Los albergues deben jugar un papel de protección y reinserción en la sociedad”, dijo. “No pueden ser vistos como simples depósitos de niños y jóvenes”. Según explicó, su institución ya había adelantado pesquisas en uno de esos centros después de recibir una denuncia en agosto de 2020.
Entonces, la publicación hecha por el medio independiente Foco Panamá reveló irregularidades, abusos a niños, algunos con problemas de salud mental, y posible trata de niñas en la Fundación Chilibre Panamá, un albergue infantil en Tocumen.
Según el reportaje, las denuncias habían sido ignoradas inicialmente por las autoridades. El trabajo periodístico provocó el allanamiento del centro por la Senniaf y motivó la investigación de la comisión legislativa, que se extendió a hogares de atención a menores vulnerables en Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y Coclé.
El lunes, la directora de la Senniaf, Mayra Inés Silvera, aseguró que con el Gobierno actual se han cerrado ocho albergues de menores por incumplimiento de la legislación. La funcionaria dijo estar indignada por las revelaciones “aberrantes” del informe, que incluye cientos de páginas de transcripciones de entrevistas con testigos y expertos.
Las denuncias han generado una ola de indignación en el país y grupos de ciudadanos se han manifestado frente a la sede de la Senniaf para exigir que se haga justicia con los niños y responsabilidades a los organismos públicos que debían protegerlos. El presidente Laurentino Cortizo, por su parte, pidió este miércoles que los responsables sean castigados “con el máximo rigor de la ley, sin contemplaciones”.
En un mensaje a la nación, dijo “compartir el dolor y la indignación general” e instó al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a presentar un proyecto de ley para aumentar las sanciones a quienes abusen sexualmente de menores.
“Lo encuentro positivo porque no queremos impunidad. Todas las diputadas y, también como ciudadanas, vamos a mantenernos vigilantes para lograr que este proceso no se diluya”, ha afirmado Chandler D’Orcy. “Todavía en estos momentos hay niños en los albergues en condiciones infrahumanas y eso es lo que no podemos permitir que pase en el país de los millones, del centro bancario, del Canal de Panamá, porque no es justo. Yo siento que, como Estado y como sociedad, todos, incluso yo, les hemos fallado a los niños”.
En un comunicado emitido al día siguiente de conocerse el informe, el 11 de febrero, el Mides reconocía que existe una “deuda histórica en el cumplimiento de los derechos de la niñez en los albergues”, una reacción compartida por Unicef.
Según datos de la Senniaf citados en el informe parlamentario, en agosto de 2020 había 942 menores en albergues en Panamá. Casi la mitad, el 49%, estaba a cargo de esa institución pública, mientras que el resto depende de juzgados de la niñez (24%), estaba bajo tutela de familiares (17%), del Mides (8%) o de hospitales (2%). La mayoría de esos niños estaba en los albergues (880), mientras que 60 de ellos esperaban de ser adoptados.
Fuente: El País
Por: Maria Laura Espinoza
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