Américo De Grazia, diputado venezolano, es una especie de fantasma migratorio para las autoridades del chavismo. Su pasaporte no tiene estampado ningún sello de salida hacia Italia, pero, aún así, vive hoy allí, trabajando tras bastidores en un café y haciendo política a distancia.
El legislador, de 61 años, estaba cargado de temores cuando arribó el 31 de noviembre de 2019 al aeropuerto de Maiquetía, en Caracas. Había vivido los siete meses anteriores dentro de la embajada italiana, resguardado de la justicia local por su rol en una insurrección contra Nicolás Maduro en abril de ese año.
El senador europeo Pier Ferdinando Casini encabezó aquel día la misión oficial de custodiar a la también diputada venezolana Mariela Magallanes en su vuelo al exilio. De Grazia, sin embargo, logró incluirse en ese plan migratorio gracias a su insistencia y a la nacionalidad italiana que heredó de sus padres.
El diputado italiano, del Partido Centrista por Europa, nombrado garante de aquellas gestiones por el gobierno de su país, convenció a autoridades de alto nivel del gobierno de Maduro para que De Grazia pudiera salir de Venezuela.
“Ese día fue de mucha aprehensión. Fue prácticamente una salida clandestina. ‘Invisibilizaron’ mi salida. Mi pasaporte no fue sellado. Es como si no hubiese salido nunca de Venezuela”, cuenta a la Voz de América desde Amantea, un poblado de 13.000 habitantes de Calabria, en la provincia italiana de Cosenza.
El Tribunal Supremo de Justicia despojó a De Grazia y a otros cinco diputados de su inmunidad parlamentaria en 2019 por la “comisión flagrante en delitos comunes”, en referencia a una fallida asonada armada contra Maduro.
El propio presidente venezolano lo acusó de ser líder de una mafia vinculada a la explotación mineral en su natal estado Barinas. Lo llamó “pran del oro” y amenazó con que las fuerzas de seguridad del país harían “desaparecer” las presuntas prácticas del legislador y de otro líder de su partido, La Causa R.
De Grazia tiene otra versión, que incluye la confiscación de sus cuentas bancarias de parte del madurismo, la expropiación de una estación radial de su propiedad (la Especial 95.5 FM), y ataques verbales y físicos en su contra.
“Fui objeto de varias golpizas” de partidarios del oficialismo, detalla. En una de ellas, le abrieron la cabeza con el golpe de un tubo metálico, denuncia. El Ministerio Público pidió su detención y agentes del Estado allanaron su casa.
En 2017, al volver de participar en un foro internacional en Colombia, le confiscaron su pasaporte venezolano. “Tuve que adquirir la nacionalidad de mis padres para poder salir del país” y solicitar su documentación italiana, explica.
En el oficio de panadero
Después de un día entero de escalas en sus vuelos, el político exiliado llegó en diciembre de 2019 a Amantea, al sur de Italia, una ciudad de solo 28 kilómetros cuadrados, cercana al pueblo natal de su padre, San Pietro in Amantea. Allí, se reunió con su hija, yerno y nietas, con quienes vive desde entonces.
De Grazia, electo con 59 por ciento de los votos del tercer circuito del estado Bolívar en 2015, trabaja actualmente en el servicio interno de un modesto café de la estación ferroviaria local. Su familia es la administradora del negocio.
Dice que le ha tocado desempolvar “detrás de bastidores” el oficio que aprendió de sus padres en los años 50 del siglo pasado: la panadería.
“Es mi fuente de ingreso. Tampoco es una gran cosa, pero se sobrevive. Con eso, me bandeo (cubre sus gastos) algo, para poder sobrevivir. Nací dentro de una panadería”, dice, como símil exagerado de su prematuro aprendizaje de esas especialidades culinarias.
«No solo es necesario salir de Maduro. Hay que cambiar de modelo. El modelo del chavismo fracasó. Nos corresponde reinventar el país”, Américo De Grazia.
Como el resto de sus colegas, De Grazia no recibe sueldos por su desempeño político en Venezuela. El gobierno nacional congeló en 2016 los salarios de los congresistas bajo el argumento de que el poder legislativo se encontraba en desacato judicial, ha denunciado reiteradamente la oposición.
El legislador aclara que no domina fluidamente el italiano, aunque asegura hablar “algo” de calabrés. “Me defiendo (en el lenguaje), pero no ando dándomela de conocedor de italiano. No tengo vocación de ridículo”, bromea.
En sus tiempos libres, suele ejercitarse, leer, pero, sobre todo, se dedica a interactuar con la política venezolana mediante sus redes sociales, chequeando noticias de su país, participando en reuniones a través de Internet.
Ha viajado desde Italia a países como Francia, España, Colombia y Estados Unidos, para denunciar los efectos de la explotación del Arco Minero de Bolívar, en su condición de comisionado presidencial de Juan Guaidó, a quien la oposición y 50 gobiernos consideran presidente interino de Venezuela.
Sus giras, especifica, no las pagan políticos venezolanos, extranjeros ni sus propios bolsillos. Las financian “quienes invitaban”, esencialmente asociaciones civiles de los países que visita para hablar de sus experticias, certifica.
“Los costos y la operatividad de cada una de esas relaciones los pagaban quienes invitaban. No fui en rol de turista”, advierte.
Muestra sosiego ante la pregunta de si el despacho de Guaidó, sus colegas en Venezuela u otras organizaciones han estado pendientes de su cotidianidad en el extranjero. “No me siento huérfano. Como decimos allá en Venezuela: ‘mi mamá no parió morochos’. No tengo el complejo de soledad”, asevera.
«Cristo negoció con el diablo»
Sus días como legislador en Venezuela transitaban entre comisiones de Energía, investigaciones de corrupción en la petrolera estatal, conflictos gremiales y denuncias de la presencia de la guerrilla colombiana en el país.
Su discurso era y sigue siendo frontal. Ventilaba asuntos proscritos en algunos sectores y actores nacionales, como expedientes de narcotráfico de cercanos al gobierno de Maduro, la “ruina hidroeléctrica” y los “crímenes” del Estado.
Hoy, el también exalcalde del municipio de Piar, frecuenta su teléfono inteligente para tomar el pulso a la política venezolana, a 8.667 kilómetros de Caracas. “No me puedo desvincular. Es mi vida, mi oxígeno”, acota.
«Cristo negoció durante 40 días en el desierto con el diálogo. Que no se dejó convencer es otra cosa. Si no negocias con estos delincuentes, ¿con quién?”, Américo De Grazia.
Define al madurismo como “una suerte de Frankestein” donde confluirían los males heredados de íconos socialistas y hasta delincuenciales. Para la oposición venezolana, también reserva su buena cuota de críticas.
“No hemos logrado ser alternativa porque justamente no hemos comprendido la naturaleza del mal que nos ocupa y creemos que lo podemos derrotar con una alianza de partidos clásica tradicional. Es mucho más complejo”, remarca.
Valora como “correctas” las decisiones abstencionistas en las elecciones de la Asamblea Constituyente, en 2017, las presidenciales de 2018 y las legislativas de diciembre pasado, aunque cree “absurdo” no acudir a los sufragios regionales, que definirán este año 23 gobernaciones y, quizá, 335 alcaldías del país.
La oposición debate si participar o no en las elecciones locales, luego de haberse ausentado de todos los comicios desde 2017. Guaidó, por su parte, se ha declarado contrario a la idea. De Grazia no comparte esa estrategia.
La comunidad internacional, entre ella Estados Unidos o la Unión Europea, no apostará por desconocer al alcalde de Guasdualito o al gobernador de Barinas, como ocurrió en las elecciones nacionales recientes, argumenta.
Opina que deben procurarse las condiciones electorales mientras se participa, con el objetivo de convertir esas votaciones en un plebiscito a Maduro. Y se atreve a abrazar la teoría de la negociación con el chavismo, una hoja de ruta prácticamente innombrable entre algunos sectores de la oposición.
“Cristo negoció durante 40 días en el desierto con el diablo. Que no se dejó convencer es otra cosa. Si no negocias con estos delincuentes, ¿con quién? Si no logras condiciones aceptables para una elección regional, ¿lo vas a lograr para la presidencial?”, se pregunta, a propósito del futuro plan opositor.
De Grazia integra un grupo de 33 diputados que debieron salir de su país en los últimos años, una lista que, quizás, haya crecido en las últimas semanas, dice.
De acuerdo con una comisión legislativa, 60 por ciento de los parlamentarios venezolanos ha sido víctima de persecución política entre 2015 y 2021.
Confiesa que, en su exilio, prefiere no apelar a lo que llama “el cronograma de la derrota”, de pensar a menudo en la fecha posible de su regreso a Venezuela.
“Soy optimista. Voy a volver a una Venezuela libre, pero en tanto ayudemos a liberarla, no con necedades, ni rechazando ideas”, remata, categórico.
VOA
