Las sanciones del Departamento del Tesoro señalan a diez altos oficiales relacionados con el golpe de Estado y a tres empresas propiedad de los militares birmanos.

Manifestantes se reúnen el 11 de febrero ante la embajada china en Rangún, la ciudad más grande de Myanmar diez días después del golpe militar.

El gobierno de Estados Unidos impuso el jueves sanciones a diez de los principales líderes del golpe militar ocurrido el 1 de febrero en Myanmar,  que llevó a la detención y derrocamiento de la líder civil de facto Aung San Suu Kyi y el Presidente Win Myint.

En una declaración de prensa el Departamento de Estado informó que también están incluidas en la congelación de bienes tres empresas relacionadas con el mercado de piedras preciosas, supuestamente en poder de los militares.

“Hemos sido claros: esto fue un golpe, y no nos quedaremos de brazos cruzados. Este golpe intenta rechazar la voluntad del pueblo de Birmania [Myanmar] expresada durante las elecciones de noviembre de 2020”, indica la nota.

¿Puede funcionar el enfoque multilateral de Biden con Myanmar?
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Los implicados y las sanciones

Las sanciones, apunta el Departamento de Estado, están dirigidas de manera específica “a miembros actuales o anteriores de las Fuerzas Armadas” implicadas en el golpe, y aclara que las medidas “no tienen como objetivo la economía ni el pueblo de Birmania”.

En conferencia de prensa, el jueves, el portavoz del departamento de Estado, Ned Price, recalcó el interés de la administración del presidente Joe Biden en que el gobierno de China condene el golpe en Myanmar.

Los birmanos protestan en Rangún, la ciudad más grande de Myanmar, donde los militares efectuaron un golpe al gobierno civil el 1 de febrero de 2021.

“Seguimos pidiendo a China que condene el golpe de Estado que tuvo lugar en Birmania el 1 de febrero. Esperaríamos que los chinos desempeñen un papel constructivo en el restablecimiento de la democracia del gobierno civil en Birmania. Esto es coherente y, en realidad, es un interés compartido que tenemos”, dijo Price.

Las designaciones, a cargo del Departamento del Tesoro, señalan a altos oficiales relacionados con el golpe actual y a otros señalados por delitos cometidos anteriormente contra los derechos humanos.

Entre los principales implicados están el comandante en jefe de las fuerzas militares de Myanmar, el general Min Aung Hlaing, ya sancionado anteriormente por el Departamento del Tesoro estadounidense; también su comandante en jefe adjunto Soe Win, así como otros altos oficiales.

Las empresas sancionadas son: Myanmar Ruby Enterprise; Myanmar Imperial Jade Co., LTD. y Cancri (gemas y joyas) Co., LTD.

Tras la imposición de las sanciones, los bienes e intereses propiedad de las personas y entidades mencionadas anteriormente, quedan bloqueadas y deben de ser reportadas de inmediato a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

Así mismo queda prohibido cualquier tipo de transacción de ciudadanos estadounidenses o dentro de EE. UU. con las entidades y personas señaladas.

«En respuesta al golpe de estado»

Precisamente el jueves el presidente Biden tuvo una conversación telefónica de dos horas con su homólogo chino, Xi Jinping, aunque la Casa Blanca no mencionó el tema de Myanmar en su comunicado.

El decreto ejecutivo firmado por el presidente Biden ha sido “en respuesta al golpe de Estado en Birmania”, informó la Casa Blanca.

Miles protestan contra militares en Birmania por tercer día consecutivo
Miles protestan contra militares en Birmania por tercer día consecutivo
“Las sanciones de hoy no tienen por qué ser permanentes. El ejército de Birmania debe restaurar inmediatamente el poder al gobierno elegido democráticamente, poner fin al estado de emergencia, liberar a todos los detenidos injustamente y garantizar que los manifestantes pacíficos no sean enfrentados con violencia”, exigió el Gobierno estadounidense.

Además como medida colateral, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) anunció la redirección de 42,4 millones de dólares en asistencia a la nación asiática en los que se incluye “apoyo para reformar la política económica, y a programas que apoyen y fortalezcan a la sociedad civil y el sector privado”.

USAID destinará aproximadamente 69 millones de dólares en programas bilaterales enfocados en el sistema de salud para el pueblo birmano, derechos humanos, el fomento de la seguridad alimentaria, “apoyar a los medios independientes y promover paz y reconciliación en regiones afectadas por conflictos”, concluyó la Casa Blanca.

Por Voz de América

Amnistía Internacional denuncia que policía usa metralletas contra manifestantes en Birmania

Las imágenes captadas en las protestas de Birmania evidencian que las fuerzas de seguridad han utilizado metralletas contra los manifestantes que piden el fin de la junta militar, según un análisis de Amnistía Internacional que contradice la versión oficial de las autoridades de facto que dieron un golpe de Estado el 1 de febrero.

Los expertos de la ONG han analizado las imágenes de una protesta organizada en Naipidó el 9 de febrero y en la que una mujer de 19 años, Mya Thwe Thwe Khaing, recibió un impacto de bala en la cabeza. Según medios independientes, esta joven ha sufrido una pérdida notable de la función cerebral e incluso estaría en muerte cerebral.

La Unidad de Información Auténtica de las Fuerzas Armadas de Birmania aseguró en que las fuerzas de seguridad sólo habían utilizado armas no letales, pero las imágenes muestran a un policía empuñando una variante de la metralleta Uzi de fabricación nacional, según Amnistía.

El director del Evidence Lab del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional, Sam Dubberley, ha subrayado que “las graves lesiones sufridas por esta joven fueron causadas por la Policía que disparó munición real directamente contra los manifestantes”, “sin ningún respeto hacia su vida o su seguridad”.

“Su abominable uso de fuerza letal contra manifestantes es ilegal, y debe ser investigado de forma independiente, exhaustiva e inmediata”, ha reclamado Dubberley, que ha reclamado el cese “inmediato” de este tipo de actuaciones para tratar de contener las protestas que se suceden desde el pasado fin de semana en los principales puntos del país asiático.

En la comunidad internacional ha crecido la preocupación por una posible escalada de la violencia en Birmania, que ya vivió en 2007 una ola de movilizaciones que se saldó con más de una treintena de víctimas mortales, según una investigación de Naciones Unidas.

 EuropaPress

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció este jueves que el organismo enviará una misión especial a El Salvador para evaluar la tensión política que vive el país de cara a las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero.

“La Secretaría General de la OEA acepta las solicitudes de la República de El Salvador de enviar una misión especial a los efectos de evaluar la situación político institucional y contribuir con la preservación y fortalecimiento del estado de derecho”, indica un comunicado publicado por Almagro en sus redes sociales.

En el mismo, Almagro manifiesta “su disposición a que la misión especial contribuya a facilitar el diálogo político que lleve al fortalecimiento de las instituciones democráticas en el país, especialmente en lo que se refiere a la independencia de poderes y a la investigación de los hechos denunciados por todas las partes”.

Agrega que la misión también buscará “contribuir a que los poderes del Estado salvadoreño brinden plenas garantías al proceso político electoral” del 28 de febrero.

El clima político salvadoreño se tensó más desde el martes, cuando el diputado opositor Ricardo Velázquez Parker pidió activar el mecanismo constitucional para evaluar la capacidad mental del presidente, Nayib Bukele, para seguir en el cargo.

La Constitución salvadoreña establece que la Asamblea Legislativa tiene la facultad de declarar, con al menos 56 votos de los 84 diputados y con el dictamen unánime de cinco médicos, “la incapacidad física o mental del presidente” para el ejercicio de su cargo.

El presidente salvadoreño señaló en sus redes sociales que la solicitud de Velázquez se constituye en un “intento de golpe de Estado parlamentario”.

“Es increíble, pero revelador, ver a los autoproclamados ‘defensores de la democracia’ mantener total silencio ante el intento de un golpe de estado parlamentario”, publicó Bukele.

El Congreso, de mayoría opositora, ha pedido la intervención de la OEA después del 9 de febrero de 2020, cuando Bukele ingresó al recinto legislativo escoltado por soldados y policías armados con fusiles de asalto y afuera lo aguardaban cientos de sus seguidores pidiendo “insurrección”.