Varios manifestantes fueron heridos de bala este martes por los disparos realizados por la Policía para dispersar las protestas que han congregado un día más a decenas de miles de personas contra la junta militar en Birmania (Myanmar).
El portavoz del depuesto partido Liga Nacional para la Democracia (LND), Kyi Toe, afirmó en un mensaje que la Policía disparó con cañones de agua, balas de goma y munición real contra los manifestantes en la capital, Naipyidó.
“Al menos siete personas resultaron heridas y tres de ellas se encuentran en el hospital”, precisó el portavoz del partido liderado por la líder depuesta y Nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, que fue detenida por los militares junto con otros miembros de su Gobierno durante el golpe de Estado el pasado 1 de febrero.
Dos de los heridos se encuentran en estado crítico, un hombre de 30 años y una mujer de 19 que fueron heridos de bala, según informaron fuentes médicas al medio local Myanmar Now.
También se produjeron heridos debido al uso de los cañones de agua en otras ciudades como Bago y Mandalay.
Por cuarto día consecutivo los manifestantes salieron en masa en desafío a la junta militar, que ayer prohibió las reuniones de más de cinco personas y declaró un toque de queda nocturno en todo el país, así como la ley marcial en Rangún, la ciudad más poblada y el centro económico, y en otras ciudades.
En decenas de ciudades a lo largo del país se replicaron las manifestaciones, en su mayoría sin altercados con la Policía, mientras que algunos agentes llegaron a desertar del Cuerpo y se unieron a los manifestantes, según informan varios medios locales.
En Rangún miles de personas lograron burlar los controles policiales y se concentraron en las proximidades de la pagoda Sule y el Ayuntamiento, fuertemente protegido por la Policía y con la presencia de soldados.
Desde el golpe militar al menos 170 personas han sido detenidas, la gran mayoría políticos y miembros del partido liderado por Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND), aunque dieciocho ya han sido puestas en libertad.
La comunidad internacional
La comunidad internacional también continuó enviando mensajes contra el golpe de Estado y en apoyo al derecho a la protesta de los manifestantes antijunta.
“Las fuerzas de seguridad tienen la obligación moral y legal de desafiar cualquier orden ilegal de usar fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos”, comentó Tom Andrews, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Birmania.
La Embajada de Estados Unidos en Rangún mostró su respaldo a los manifestantes que “protestan pacíficamente contra el reciente golpe militar y piden que se restablezca el Gobierno elegido democráticamente”.
Por su parte, Nueva Zelanda cortó toda relación política y militar con la junta militar birmana, a la que declaró ilegítima, y pidió la liberación de todos los prisioneros políticos y la vuelta de un Gobierno civil.
Este viernes, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebrará una sesión especial para abordar la situación de Birmania, a petición de Reino Unido y la Unión Europea, y apoyada por al menos 47 países.
El general golpista
El Ejército, que ha puesto fin a diez años de transición democrática, ha afirmado que los manifestantes están dañando la estabilidad del país, la seguridad y el Estado de derecho.
En su primer discurso a la nación, el jefe de la junta militar, Min Aung Hlaing, pidió la noche del lunes a los birmanos que permanezcan “unidos como país” y que se fijen “en los hechos y no en las emociones”, al justificar el golpe de Estado por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado 8 de noviembre, acusaciones para las cual no ha provisto evidencia.
El líder golpista aseguró que hubo al menos 10 millones de votos fraudulentos, el 25% del total, alegaciones que han sido negadas por la LND y la Comisión Electoral antes del golpe.
La LND de Suu Kyi, en el Gobierno desde 2016, arrasó en los comicios de noviembre al imponerse en el 83% de los escaños en liza, pero el promilitar Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (USDP) se negó a aceptar los resultados tras denunciar que hubo fraude.
Los militares, que gobernaron el país con puño de hierro entre 1962 y 2011, cedieron hace una década el poder para poner en marcha la transición hacia una “democracia disciplinada”, lo que provocó que muchos países como Estados Unidos retiraran gran parte de las sanciones económicas.
Sin embargo, el estamento castrense nunca renunció de todo al poder al disponer del 25% de los escaños del Parlamento y de los influyentes ministerios del Interior, Fronteras y Defensa, así como intereses en lucrativos negocios.
La crisis de los rohinyá
El propio Min Aung Hlaing y otros líderes militares son objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea debido a la campaña militar de 2017 contra la minoría musulmana rohinyá que causó el éxodo de más de 740.000 miembros de esta comunidad a la vecina Bangladesh.
La campaña está siendo investigada por supuesto genocidio en la Corte Internacional del Justicia (CIJ) en La Haya, tras las acusaciones de miles de asesinatos, violaciones y otros abusos contra civiles.
Suu Kyi, un icono de la libertad que pasó 15 años en diversos arrestos domiciliarios durante la antigua junta militar, se encargó en persona de defender ante la corte las acciones de los militares que ahora la han depuesto en un golpe de Estado.
AFP
