El periodista Roland Carreño, coordinador operativo de Voluntad Popular (VP), cumple 100 días detenido este martes 2 de febrero. Su hermana Farah Carolina Miranda pidió su liberación y recordó que su detención fue arbitraria.

“Su encarcelamiento es un atentado a la libertad de expresión y al trabajo. ¡Exigimos la liberación de todos los presos políticos!”, sostuvo Miranda en su cuenta de Twitter.

El abogado Joel García, defensor de Carreño, dijo que a 100 días de su detención el tribunal de la causa no ha fijado la audiencia preliminar. ”Pena anticipada sin el debido proceso”, subrayó.

En diciembre de 2020, a Carreño le fueron imputados los delitos de conspiración, legitimación de capitales, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación para delinquir. La imputación fue hecha casi dos meses después de una aprehensión repleta de irregularidades.

Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, señaló que, en un proceso amañado, el gobierno de Nicolás Maduro acusó a Roland Carreño de terrorista “a través de un libreto preparado, violando el debido proceso y los derechos humanos”.

El jueves 7 de enero, el abogado defensor de Roland Carreño, Joel García, anunció, a través de su cuenta en Twitter, que el periodista había sido trasladado hasta la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la PNB ubicada en Maripérez.

ET

El Despacho en la Calle y la Asamblea de Vecinos son las dos modalidades de contacto con la gente realizadas por el mandatario local al cierre de la semana pasada, como signo democrático de su gestión. Escuchó planteamientos y denuncias para canalizar soluciones, a pesar de que en buena medida dependen del Estado. El Despacho en la calle se repetirá este viernes en Los Naranjos.    

(El Hatillo 1/02/2021) El viernes 29 de enero, el alcalde de El Hatillo Elías Sayegh escuchó los planteamientos de vecinos que participaron en el Despacho en la Calle, instalado en la Plaza Sucre, en la parte baja del pueblo.

Los problemas principales expuestos por los residentes del sector fueron las fallas en los servicios básicos como agua, electricidad y líneas telefónicas. Y también la falta de postes de alumbrado público. 

A  pesar  de que son aspectos que competen directamente a los organismos del Estado Hidrocapital, Corpoelec y Cantv, el alcalde ofreció dar solución en el menor tiempo posible, a través de la Dirección de Vialidad, Transporte y Enlace de Servicios Públicos de su despacho .

“Yo necesito, quiero que esto agarre vida”, dijo el alcalde al explicar los planes que tiene este 2021 para mejorar los espacios públicos de los alrededores de la Plaza que está cercana a la parada de autobuses y el centro comercial El Hatillo.     

Sayegh, en su propósito de afianzar el modelo democrático de su gestión, retomó la figura del Despacho en la Calle, como forma de contacto directo con los hatillanos, luego de haberse suspendido durante casi un año por la pandemia. También reactivó la Asamblea de Vecinos, como actividad participativa para el apoyo de las comunidades. 

En el Despacho en la Calle estuvo acompañado por los coordinadores generales de su oficina, directores, así como de los concejales Omar Nowak, Fernando Melena, presidente y vicepresidente del Concejo Municipal,  y Aracely Romero.

Estas actividades serán repetidas durante las próximas semanas. En este sentido, el alcalde Sayegh hará el segundo Despacho en la Calle el próximo viernes 5 en el CC. Galería de Los Naranjos, a las 11:30 am. 

Asamblea en Los Pinos

Una concurrida Asamblea de Vecinos, la primera de este año luego la suspensión desde marzo, se efectuó el jueves pasado en el sector Los Pinos de La Boyera.

Entre los temas planteados por los participantes, estuvo el de las tarifas del aseo urbano. El servicio está en manos de la empresa privada Fospuca desde hace siete años. En los últimos meses, solicitaron un aumento debido a la inflación, pero se trató de dilatar para que ese monto “se licuara” con el tiempo, explicó Sayehg a los vecinos. Eso fue asi hasta que el TSJ ordenó fijar la tarifa en petros y quedó dolarizada.

“El Hatillo tiene la tarifa de aseo urbano más baja de toda Caracas , aunque este servicio es el único que no tiene subsidio directo del Estado. La gente lo compara con  las tarifas de agua, de luz que están aumentando.  No obstante, hay que preguntarse: queremos subsidios del Estado o preferimos un servicio de calidad por el cual hay que pagar un poco más?. Es una discusión que debe darse en el país.

«Hablar de migrantes, refugiados y exiliados venezolanos es hablar de una tragedia universal», refirió este martes el diputado de la Asamblea Nacional, Williams Dávila Barrios, detallando que ni la Guerra Civil Española dejó una diáspora tan grande como la que hoy registra el país como consecuencia de las políticas de la dictadura de Nicolás Maduro. 

Resaltando que seis millones de ciudadanos se han desplazado a otras fronteras, el dirigente político refutó que las historias de hombres y mujeres que salen  por el Norte de Santander, El Arauca, El Cocuy o cualquier otra frontera dan para «escribir kilómetros de tinta». 

Alertando de los graves riesgos de extorsión de grupos irregulares y la trata de blanca a la que se ven expuestos quienes deciden salir del país por caminos irregulares, Dávila precisó que las zonas fronterizas son campos minados de grupos armados que se valen del Gobierno para hacer negocios en las zonas. También aseveró que funcionarios que representan al madurismo se valen de sus posiciones para hacer millonarios negocios en estas regiones.

Asimismo, el parlamentario cuestionó que países de la región cierren fronteras a los venezolanos que huyen de la dictadura, cuando en el pasado Venezuela los amparó cuando les correspondió a ellos huir de regímenes totalitarios y conflictos armados en sus respectivas naciones. 

Apelando al derecho internacional, el portavoz de Acción Democrática insistió en que debe dársele categoría de refugiado a los venezolanos que llegan a otras latitudes. También instó a la Organización de Estados Americanos, la Comisión Internacional de Derechos Humanos y demás instancias globales a velar por el fiel cumplimiento de los derechos humanos de los criollos y evitar la proliferación de la trata de blanca y cualquier otro tipo de esclavitud moderna.

Williams Dávila: Ni la Guerra Civil Española dejó tantos migrantes como la dictadura de Maduro «Hablar de migrantes, refugiados y exiliados venezolanos es hablar de una tragedia universal», refirió este martes el diputado de la Asamblea Nacional, Williams Dávila Barrios, detallando que ni la Guerra Civil Española dejó una diáspora tan grande como la que hoy registra el país como consecuencia de las políticas de la dictadura de Nicolás Maduro. Resaltando que seis millones de ciudadanos se han desplazado a otras fronteras, el dirigente político refutó que las historias de hombres y mujeres que salen por el Norte de Santander, El Arauca, El Cocuy o cualquier otra frontera dan para «escribir kilómetros de tinta». Alertando de los graves riesgos de extorsión de grupos irregulares y la trata de blanca a la que se ven expuestos quienes deciden salir del país por caminos irregulares, Dávila precisó que las zonas fronterizas son campos minados de grupos armados que se valen del Gobierno para hacer negocios en las zonas. También aseveró que funcionarios que representan al madurismo se valen de sus posiciones para hacer millonarios negocios en estas regiones.

Asimismo, el parlamentario cuestionó que países de la región cierren fronteras a los venezolanos que huyen de la dictadura, cuando en el pasado Venezuela los amparó cuando les correspondió a ellos huir de regímenes totalitarios y conflictos armados en sus respectivas naciones. Apelando al derecho internacional, el portavoz de Acción Democrática insistió en que debe dársele categoría de refugiado a los venezolanos que llegan a otras latitudes. También instó a la Organización de Estados Americanos, la Comisión Internacional de Derechos Humanos y demás instancias globales a velar por el fiel cumplimiento de los derechos humanos de los criollos y evitar la proliferación de la trata de blanca y cualquier otro tipo de esclavitud moderna.

#DelegadaAN | El Dip. @williamsdavila finaliza el debate sobre la grave situación de los migrantes venezolanos en especial en áreas fronterizas. pic.twitter.com/o3d6Ofj0SA

— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) February 2, 2021

Ante su preocupante historial de declaraciones y relaciones afines a gobiernos autoritarios cercanos al régimen de Maduro, el comisionado le exigió actuar apegada a la verdad

El Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges le recordó a la Relatora de la ONU para las medidas coercitivas, Alena Douhan, que está de visita en Venezuela, la importancia de actuar con imparcialidad y poner a un lado su ideología al momento de emitir un juicio sobre la grave crisis venezolana. Borges aplazó a la relatora a no ser cómplice del régimen tras conocer que esta funcionaria mantiene una posición cercana a países como Cuba y Bielorrusia. Además, detalló que esta relatoría fue creada en 2014 con el voto de países autoritarios que hoy apoyan a Maduro e ignoran las violaciones de derechos humanos en el país.

“Esperamos que el informe que emita la relatora de la ONU esté apegado a la verdad. Sin embargo, preocupa de antemano su perfil, es una persona que mantiene una cercanía con gobiernos que han ayudado a la dictadura de Maduro mantenerse en el poder y afianzar su aparato represivo, como lo son Cuba y Biolorrusia, fue becada por el gobierno de Biolorrusia, se trata de una persona con un discurso frontal en contra de la presión internacional para lograr un cambio en el país. El país y el mundo saben que no son las sanciones el origen de la crisis, la situación humanitaria empezó antes de la presión internacional, y el único responsable es Maduro que arruinó uno de los países más ricos del continente”, sostuvo.

Borges señaló que la Relatoría Especial para las medidas coercitivas fue creada en 2014 con el voto de países autoritarios. “Esta relatoría de la ONU fue creada en 2014 con el voto de países autoritarios, que por cierto son aliados de Maduro, como es el caso de Rusia, China y Cuba. Por ello, nos preocupa que el veredicto de la oficina no vaya al fondo de lo que ocurre en Venezuela, y se quede con el relato de la dictadura”, señaló.

Asimismo, destacó que el régimen intenta secuestrar la agenda de la funcionaria e insistió en que es muy importante que se pueda escuchar las voces de la sociedad civil y los partidos políticos de la alternativa democrática. “La dictadura intenta secuestrar la agenda de esta representante de la ONU, por eso es muy importante que se pueda escuchar el relato de la sociedad civil y los partidos políticos, y que esto se refleje en el informe.

Hace pocos veíamos un informe de Transparencia Internacional que indicaba que la corrupción le robó al sistema de salud venezolano cerca de 5000 millones de dólares, eso es lo que explica que hoy en los hospitales no haya insumos para atender la pandemia y que tengamos una de las tasas de personal de salud fallecido más altas del continente”.

Por último, exhortó a la relatora a tomar en cuenta los informes de Michelle Bachelet y de la Misión de Determinación de Hechos sobre los crímenes de Lesa Humanidad del régimen de Maduro. «Tanto los informes de Bachelet, como el reporte de la Misión de Determinación de Hechos, certifican los graves crímenes de la dictadura. Allí se deja claro que las ejecuciones extrajudiciales y los casos de tortura, no son hechos fortuito, sino producto de una estructura que dirige Mad

El presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación de la AN, diputado Jony Rahal rechazó las medidas adoptadas por el gobierno peruano para contener la migración en la frontera con Ecuador y reiteró la necesidad de abordar el fenómeno migratorio desde un enfoque de derechos humanos.

Así lo indicó el parlamentario este martes, en el debate que se llevó a cabo en la Comisión Delegada vía on line, sobre la grave situación de los migrantes venezolanos en especial en áreas fronterizas.

“La militarización de las fronteras y el uso de calificativo como ilegales para referirse a personas migrantes, representa una clara violación de los derechos de las personas, porque vulnera el principio de no criminalización de la migración irregular”.

El diputado recalcó que mientras el régimen de Maduro continúe en el poder seguirá la migración venezolana, por tal razón, aseveró los planes de militarizar las fronteras no es la solución, a su juicio, es un camino populista y poco humano frente a una crisis humanitaria, ante ello, le solicitó al gobierno del Perú que debe más bien profundizar su apoyo hacia Venezuela sin miedo, con coraje para ayudar a acabar con esta dictadura criminal.

Aseveró que el gobierno del Perú tiene el interés legítimo de asegurar y ejercer control fronterizo, pero a su vez, también existe la obligación de respetar los derechos humanos “y hoy no lo están haciendo”.

Dijo que las zona fronterizas no son territorios desprovistos de protección, por el contrario, debe garantizarse el derecho al refugio, el principio de no devolución, estándares del uso de la fuerza y el debido proceso entre otros derechos universales conquistados.

De igual forma en virtud del principio del interés superior del niño, principio universal de protección del niño, deben tomarse acciones inmediatas para evitar el uso de balas y otros métodos de disuasivos que puedan atentar contra la integridad de niños, niñas y adolescentes migrantes en este caso, “de nuestros hijos venezolanos”, advirtió.
Rahal agradeció a las distintas personalidades, instituciones públicas a organizaciones no gubernamentales a universidades que ha visibilizado y han repudiado este hecho con mucha fuerza en pro de los derechos humanos del pueblo de Venezuela.

Así como a la Defensoría del Perú que actuó de manera diligente, al llamado que hizo la Embajada de Venezuela en Perú, a distintos instituto de la democracia, a la Universidad Católica de ese país, por su pronunciamiento que sin duda están en contra de la violación de los derechos humanos.

El venezolano no es un emigrante sino un refugiado que huye de una guerra asimétrica que tiene Maduro

En este sentido, la presidenta de la Subcomisión de Asuntos Fronterizos, diputada Gaby Arrellano indicó que el venezolano no es un emigrante sino un refugiado que huye de una guerra asimétrica que tiene Nicolás Maduro, oprimiendo y esclavizando con ello al pueblo venezolano.

Aseveró que para este año 2021 la crisis de refugiados venezolanos será más grande que la de Siria, donde ha existido un conflicto bélico por décadas. “En nuestro país no hay una guerra convencional, pero si hay un modelo político que obliga al pueblo venezolano a huir de nuestro territorio, por tal sentido, hay que hacer todo nuestros buenos oficios para que se reconozca el estatus de refugiado a todos los desplazados forzosos venezolanos que están en América Latina”.

Arellano aseguró que la escasez de alimentos, medicamentos y las pocas oportunidades que tienen los ciudadanos en el país, obliga a centenares a seguir saliendo del territorio venezolano y ahora con el COVID-19 las fronteras se encuentran cerradas y esto ha hecho que utilicen las “trochas” para tal fin.

Señaló que el pasado 27 de enero en la frontera entre Arauca y Venezuela la Marina colombiana volcó unas “canoas” donde viajaban migrantes venezolanos que huían del territorio, ante ello, dijo que hoy para ingresar al territorio colombiano es una odisea.

“Esta situación agudiza los pasos fronterizos y se traslada a las fronteras entre Venezuela – Colombia – Ecuador- Perú – Chile y así se repite lamentablemente la violación sistemática de los derechos humanos que no se detiene al cruzar las fronteras sino que se empeoran”, recalcó.

La parlamentaria solicitó que la AN debe hacer sus buenos oficios ante el Grupo de Lima, Naciones Unidas y los gobiernos aliados de América Latina para evitar la violación sistemática de los derechos humanos, la trata humana de adolescentes y niños que terminan en las manos del narcotráfico y las mafias trasnacionales que se aprovechan de la vulnerabilidad de los venezolanos, de igual forma dijo que ACNUR se debe abocar por la integridad de los refugiados.

“Que estén las fronteras cerradas no limita que los venezolanos huyan del país, al contrario, el aumento de los desplazados forzosos se incrementa cada día”.

Los venezolanos no están invadiendo ningún país están huyendo de una terrible crisis humanitaria

En este mismo punto, tomó la palabra la presidenta de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la AN, diputada Olivia Lozano quien indicó que la migración Venezolana es la mayor crisis de América Latina y una de las más altas del mundo, según los datos recogidos por ACNUR.

Esta situación es producto de la búsqueda de escapar de la crisis humanitaria compleja en Venezuela que hasta hoy hay un registro de 6,4 millones de venezolanos repartidos por el mundo y se estima que para finales del año 2021 serán 8 millones, de no tener los ciudadanos garantía a una mejor calidad de vida en el país, informó la diputada.

Lozano indicó que de los 6,4 millones del registro, 2,5 millones son mujeres y las mismas están expuestas a la agresión, al maltrato y al tráfico de venezolanas “y esto se está incrementando”, resaltó.

Manifestó que los venezolanos no están invadiendo ningún país, están huyendo de la terrible crisis humanitaria que hay en Venezuela y ante ello, advirtió que es urgente mayor presencia de organizaciones internacionales para apoyar a los Estados receptores y a su vez dijo, que se debe continuar presionando para que se dé el cambio político en Venezuela.
“Rechazamos la xenofobia y el bullying, un fantasma que persigue a todos los venezolanos en estos momento difíciles”.

A juicio de la diputada, sin solución política, sin cambio político en Venezuela no hay forma de parar la crisis migratoria y a la vez señaló, que se debe reforzar las alianzas de los pueblos libres, democráticos y respetuosos de los derechos humanos para así forzar al régimen de Maduro que haya unas elecciones libres con garantías verdaderamente competitivas, con el fin de que haya un cambio en paz en la nación, enfatizó.

De acuerdo a la convención aprobada en Cartagena en 1984 el venezolano debe ser considerado refugiado

Para culminar el debate el Presidente de la Comisión Mixta en Defensa de la Soberanía Venezolana sobre el Territorio Esequibo y su Fachada Atlántica, diputado Williams Dávila, aseveró que debe dársele la cualidad de refugiado a los compatriotas venezolanos de acuerdo a la convención aprobado en Cartagena en 1984 y en cuanto a la Organización de Estados Americanos (OEA), es imprescindible que ejerza todas las acciones vinculadas a la acción contra la trata de blanca y de toda forma de esclavitud hacia los venezolanos, en este caso.

“Rechazamos y repudiamos todo acto xenófobo, discriminatorio contra los venezolanos, no lo aceptamos y cuando volteamos la cabeza vemos que solo hay una causa y es una dictadura, la de Nicolás Maduro que solo por mantenerse en el poder le importa para nada el sufrimiento humano”.

Denunció que en la frontera entre Venezuela y el norte de Santander los negocios pululan en la zona, producto de las roscas de los que forma parte del régimen de Maduro.

“Los protectores de los estados Táchira, Mérida y de otras zonas amparan y protegen redes a los fines de pasar productos desde Colombia y según la opinión que se oye en esas zonas, el que pase el producto tiene que pagar 5% por el traslado de su mercancía. En esa zonas limítrofes hay personas que lograron comprar negocios, restaurantes, líneas de transporte, toda una red que se alimenta de los negocios que hacen a costa de la crisis económica de Venezuela en Cúcuta”.

Aseveró que las fronteras están cerradas para el común, pero no para los que se “aprovechan desde la dictadura para blanquear capitales”.

Dávila informó que los venezolanos contribuyen con el 40% de la renta en Cúcuta y en todo su territorio nacional con el 30% y aun así, “somos víctimas de actos discriminatorios y muchas veces nos mal ponen contra la población alegando que somos factores de inseguridad, además, nos critican cuando recibimos ayuda de la comunidad internacional como si ese dinero fuera del presupuesto de algunos de los países que no están recibiendo”.

Recalcó que esos recursos vienen de la comunidad internacional supervisado por ACNUR y otros organismos internacionales.

La Asamblea Nacional a través de la Comisión Delegada, aprobó un acuerdo en rechazo, de forma categórica, a la violencia y agresión sufrida por la joven venezolana en Argentina, así como cualquier otro episodio violento que hayan enfrentado las mujeres venezolanas dentro o fuera de Venezuela.

 En la sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional legítima, celebrada este martes 2 de febrero, vía online, se debatió sobre el acuerdo propuesto en rechazo a la violencia de género sufrida por las venezolanas desplazadas y migrantes en América Latina y el resto del mundo.

El documento señala que la agresión sufrida por la joven venezolana en Argentina es una muestra cruel de la tragedia que tienen que vivir millones de venezolanas que son vulneradas constantemente por su condición de migrantes y desplazadas, sufriendo toda clase de abusos, incluyendo frecuentemente el sexual.

Exigen en el acuerdo que el Estado Argentino, en su conjunto, debe hacer justicia en el caso de esta joven venezolana y que su agresor sea castigado con prisión.

Igualmente hacen un llamado al resto de los parlamentos de la región para que tomen en cuenta la condición de desplazamiento forzado producto de la crisis humanitaria que se vive en Venezuela e incluyan medidas legislativas que protejan a los venezolanos en cada uno de sus países.

Instan a la Organización de Estados Americanos a consolidar una iniciativa regional conjunta que permita abordar la problemática de las mujeres venezolanas desplazadas y migrantes de manera integral y en todos los niveles, en donde participen parlamentarios, ministerios, secretarías públicas, universidades, organizaciones de la sociedad civil para armonizar estrategias de protección de los derechos de las mujeres y erradicación de la violencia de género.

Se acordó además distribuir una copia del acuerdo a la Organización de Estados Americanos y a todos los parlamentos de la región.

*Unir esfuerzos para la prevención, protección y provisión social de la mujer*

Sobre este tema inició el debate la diputada por el estado Zulia Marianela Fernández, quien precisó que no deja de impresionar las distintas formas de maltrato y violencia verbal, psicológicas y sexual que siguen sufriendo las mujeres venezolanas, que esto constituye un acto de cobardía y una degradación para la humanidad.

“Este tema que lamentablemente es recurrente, se suma la vulnerabilidad de la mujer migrantes, sobre todo las más jóvenes, quienes en muchos casos han emigrado solas hacia otros países buscando mejores condiciones de vida, porque este régimen las ha forzado a salir de suelo patrio tras una crisis de grandes dimensiones humanitaria compleja, lo cual las hace doblemente vulnerables”.

El caso de la joven de 18 años que fue drogada y violada en Argentina por un Irineo Garzón es un ejemplo claro de lo que viven muchas mujeres que han emigrado del país. Desde esta tribuna expresó su repudio a este hecho que calificó de bochornoso y se solidarizó con la señora Thais Campo, madre de la víctima que hoy libra una batalla que la Asamblea Nacional legítima se suma para que se haga justicia.

Rechazó así mismo las declaraciones del abogado defensor del “monstruo” Garzón, quien aseguró que no hubo violación que la relación fue consentida por la joven, “típica expresión de los violadores”. Agregó que el colegio de abogados de Argentina debe pronunciarse sobre este hecho que fue público y notorio porque el victimario Garzón fue agarrado por la policía in fraganti.

“Así como la joven venezolana en Argentina, aquí en Venezuela aumentan las estadísticas de mujeres violentadas y que han crecido a raíz del confinamiento por la pandemia. Es necesario movilizar la voluntad de políticas e inversiones de estado para asegurar que las mujeres vivan libres de violencia”.

Agregó que el llamado es a unir esfuerzos nacionales e internacionales para la prevención, protección y provisión social, así como también el cumplimiento de los tratados internacionales de protección a la mujer, como el tratado de Belém do Pará, el cual Venezuela es signatario.

*La crisis coloca a la mujer en un grado de vulnerabilidad*

Diputada por el estado Aragua Dinora Figuera, presidenta de la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología, afirmó que la situación de gran impacto social y económico producto de la alta inflación y corrupción que el régimen ha sometido a nuestro país, coloca a la mujer en un grado de vulnerabilidad que las lleva a una precaria situación que se define como la feminización de la pobreza.

“Hogares de los cuales el 40 por ciento de cabeza de familia son mujeres viven el drama de no poder alimentar a sus hijos y son parte de las mujeres migrantes que cruzan desesperadas las fronteras con una maleta en la mano y con la otra con sus hijos con la esperanza de tener una vida digna”.

Destacó que este parlamento consecuente con el pueblo venezolano ha planteado en diferentes oportunidades el respaldo a la mujer venezolana, siendo solidarios ante la grave crisis que enfrentan.

Recordó, rechazó y condenó el caso de la joven venezolana que fue violada en Argentina, hecho que causó conmoción en la opinión pública internacional cuyo agresor el violador Irineo Garzón, fue agarrado in fraganti, pero fue dejado en libertad.

“El presidente Juan Guaido, tuvo comunicación con la madre de la víctima y brindó apoyo para que se haga justicia. El caso de esta joven es uno de los tantos vejámenes que sufrimos las mujeres venezolanas por culpa del dictador Nicolás Maduro. La trata de blanca, la prostitución infantil la esclavitud moderna, la explotación son expresión de lo que a diario dentro y fuera de nuestro país vivimos las venezolanas”, afirmó la diputada Figuera.

 *Reunificación de las familias venezolanas*

Así mismo la diputada por el estado Táchira Sonia Medina, vice presidenta de la Comisión de Medios de Comunicación, señaló que las mujeres que han tenido que emigrara y salir del país producto de esta crisis humanitaria, cada vez más grave, son expuestas y enfrentan el peligro, vejamen, ultraje, por el simple hecho de querer sacar adelante a su familia.

Aseguró que lo ocurrido a la joven venezolana en Argentina es el espejo de lo que le está ocurriendo a muchas mujeres que hoy guardan silencio y que se ha incrementado con los homicidios que se han cometido en otros países, otras que les han desfigurados sus rostros, torturadas por el hampa común, drogadas, violadas y ultrajadas.

“Son situaciones que nos llevan a nosotros a seguir avanzando, que no se puede detener nuestra lucha, porque tenemos un compromiso muy grande, la reunificación de nuestras familias del venezolano que tiene que volver a su país, así como el rol y dignidad de nuestras mujeres”.

*Argentina debe evaluar la conducta de la Juez Karina Zucconi*

El diputado por el Distrito Capital, Richard Blanco manifestó su repudio sobre la situación que enfrentan los refugiados, haciendo alusión al caso de la joven de 18 años quien fue violada y drogada en Argentina por su jefe Irineo Garzón.

Hizo un llamado para que se alce la voz y se exhorte a la justicia argentina para que se evalúe la conducta de la jueza Karina Zucconi que dejó en libertad al violador Irineo Garzón que ultrajó y drogó a la joven venezolana.

“Hagamos un esfuerzo para sacar este tirano, a este delincuente asesino, a este narcotraficante que aún usurpa las funciones en el Palacio de Miraflores, como lo es Nicolás Maduro y rescatar la democracia y la libertad en Venezuela”, enfatizó el diputado Blanco.

El Coordinador en el estado Miranda del Movimiento Unión y Progreso, Manuel “Manolo” Gedler, dijo que los venezolanos también perdieron la capacidad de cancelar los impuestos municipales porque los sueldos y salarios en bolívares no alcanzan para honrar esos compromisos calculados en PETRO.

El dirigente mirandino recordó que en fecha 18 de agosto de 2020 el Tribunal Supremo de Justicia emitió una Sentencia mediante la cual resolvió aprobar el uso del criptoactivo venezolano PETRO como unidad para el cálculo dinámico de los tributos y las sanciones.

“Desde el estado Miranda hacemos un llamado a la reconsideracion de esta sentencia,  sobre todo en un momento tan crítico como el que vive el país, con la paralización de la economía y la pulverizacion del salario. Los impuestos están siendo cobrados en PETRO mientras los sueldos y salarios siguen en bolívares a pesar de la promesa realizada por Nicolás Maduro de igualar el valor de estas referencias monetarias”, dijo Gedler.

El vocero del Movimiento Unión y Progreso destacó que hasta este 1 de febrero, de acuerdo a la  página web de un conocido banco público, el valor del PETRO, tanto para la venta como para la compra, ascendía a  la cantidad de 102.496.898,6300 bolívares soberanos. 

“La Sentencia emitida por el máximo tribunal del país elimina la unidad tributaria como referencia para el pago de impuestos municipales y al calcularlos en PETRO representa un alza abismal para el cumplimiento de estos deberes. Qué contribuyente, con un sueldo en bolívares soberanos puede cancelar esa cantidad por concepto, por ejemplo, de derecho de frente”, interrogó Gedler.

El dirigente mirandino  explicó que la cultura tributaria es un camino para el desarrollo de las regiones siempre y cuando ese comportamiento ciudadano sea retribuido en bienes y servicios, lo que no ocurre en muchos municipios del país.

“Pretender cobrar esa cantidad de dinero por concepto de impuestos, a pesar de la crisis financiera, de la corrupción,  las sanciones, la Pandemia del COVID-19 y la ausencia de gerencia pública es el comportamiento al mejor estilo del Imperio Romano: Aunque el pueblo judío nadara en miseria igual debía pagar impuestos al César», precisó.

Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria Municipal

El pasado 18 de agosto de 2020 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia No. 0118, resolvió aprobar el Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria Municipal.

La decisión implica, entre otras cosas, el uso del criptoactivo venezolano PETRO como unidad de cuenta para el cálculo dinámico de los tributos y sanciones.

En la mencionada sentencia se establece que se debe crear un registro único de contribuyentes municipales y un servicio de asesoría, acompañamiento y estándares de certificación para la creación y actualización de los sistemas virtuales y digitales de la administración tributaria  de las Alcaldías del país, además de adecuar tecnológicamente todos estos despachos locales y reformar las Ordenanzas Municipales.

“En el caso del estado Miranda ni siquiera sabemos si las 21 Alcaldías que conforman este territorio procedieron a la adecuación tecnológica y jurídica que establece la sentencia, desconocemos si fue digitalizado todo el sistema tributario municipal y si ya el anclaje del valor del PETRO corresponde a los impuestos municipales”, indicó Gedler.

El vocero del Movimiento Unión y Progreso considera que el déficit presupuestario que presentan las Alcaldías de todo el país no puede ser resuelto desde los golpeados bolsillos de los contribuyentes.