Luigi Pisella, presidente de la Cámara Venezolana del Calzado y Componentes (Cavecal) y director de Tesorería de Conindustria, señaló este jueves que están de acuerdo con que entren los productos importados a la nación, «pero no estamos de acuerdo que entren exentos de aranceles«.

Asimismo, indicó en el programa «Primera Página», transmitido por Globovisión, que muchos de los productos que entran «son marcas que no son reconocidas» por el país.

«Somos ineficientes porque trabajamos 7 días, 5 horas a la semana y sin combustible», agregó al tiempo que solicitó que «nos exoneren los aranceles y el IVA para tratar de equipararnos«.

Precisó que «es hora de pasar a los hechos y que de verdad se incentive la producción nacional. La empresa venezolana está preparada para abastecer el mercado nacional con productos de calidad, pero necesitamos que las leyes que no fucionaron se vayan desmontando«.

«En hiperinflación es imposible controlar los precios. La industria nacional trabaja al 20% de su capacidad, es decir, el 80% está ociosa», resaltó al tiempo que acotó que la industria «paga en promedio US$ 45» a sus trabajadores.

En cuanto a la industria del calzado, precisó que «está en pie» y puntualizó que «44% de ella, no ha iniciado labores, está trabajando a 8% de la capacidad instalada».

Fuente: Banca y Negocios
Por: María Laura Espinoza
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La administración interina de Juan Guaidó, reconocida como gobierno legítimo por Estados Unidos, acordó cancelar 104.084.244 dólares a la empresa británica Vestey Group Limited para cumplir un laudo arbitral decidido en contra de Venezuela por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en 2016, por la expropiación de 14 hatos ganaderos productivos, propiedad de la filial Agroflora, la cual fue ordenada por el expresidente Hugo Chávez en 2005.

El acuerdo negociado por la Procuraduría Especial avalada por la Asamblea Nacional electa en 2015 establece, en principio, cumplir la sentencia del CIADI que consiste en pagar 98.145.325 dólares por el valor de los activos expropiados, más 685.849,15 libras esterlinas por gastos legales ocurridos, luego que el gobierno de Nicolás Maduro solicitó la anulación del laudo en agosto de 2016.

Así mismo, la administración Guaidó aceptó pagar 5 millones por concepto de intereses, luego de haber negociado un canon que, de acuerdo con un comunicado emanado de la Procuraduría Especial, es «ventajoso para la República», ya que la exigencia inicial de Vestey era de 6,6 millones de dólares.

Por otra parte, se acordó un plazo de 18 meses para cancelar esta acreencia a partir de la fecha de la sentencia del juez Thomas F. Hogan, titular de la Corte del Distrito de Columbia, que avaló el convenio y sentenció su validez legal.

El comunicado señala como observación que «como producto del acuerdo logrado, la República no ha efectuado ningún pago por indemnización a Vestey por las actuaciones inconstitucionales e ilegales del gobierno de Maduro, y solo tendrá que hacer los pagos correspondientes a partir de fines del mes de julio de 2022. Se espera que para esa fecha habrá cesado la usurpación y se habrá reestructurado la deuda pública venezolana con la asistencia del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos financieros internacionales, o se estará en vías de hacerlo».

Vestey Group es una compañía de productos cárnicos, propiedad de la familia Vestey de Gran Bretaña, que comenzó sus operaciones en Venezuela en 1909, y tiene presencia en Australia, Nueva Zelanda y Brasil.

La medida de expropiación se justificó en el supuesto abandono de las actividades ganaderas por parte de la filial de Vestey, Agroflor, aunque la Procuraduría Especial señala que la compañía extranjera había sido víctima de invasiones instigadas por «grupos gubernamentales».

A julio del año pasado, la deuda de Venezuela por procesos de arbitraje derivados de expropiaciones y confiscaciones superaba los 21.000 millones de dólares y se estimaba que representaba alrededor de 16% de los pasivos totales que se deben reestructurar, de acuerdo con un estudio de Cedice-Libertad.

A continuación, el texto completo del reporte de la Procuraduría Especial:

LOS ANTECEDENTES

Vestey Group Limited (“Vestey”) es una empresa con sede en el Reino Unido que ha operado un negocio de ganadería en Venezuela desde 1909, a través de su filial Agroflora, y ha sido conocida coloquialmente como “La Compañía Inglesa”. En 2005, el entonces Presidente Hugo Chávez decidió la expropiación inmediata de las haciendas de Vestey (14 hatos en los llanos venezolanos), las cuales fueron tomadas por la Fuerza Armada Nacional, aunque algunas de ellas habían sido invadidas anteriormente por instigación de grupos gubernamentales.

Vestey inició un proceso arbitral contra Venezuela en julio de 2012 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organización del grupo Banco Mundial, alegando que el gobierno del país había expropiado (en realidad confiscado) a Agroflora sin procedimiento legal y sin compensación alguna. El 15 de abril de 2016, el tribunal arbitral del CIADI emitió un laudo a favor de Vestey, y condenó a Venezuela a pagar US$ 98.145.325, que el tribunal consideró que era el valor justo de mercado de los bienes de Agroflora en el momento de la expropiación. El 12 de agosto de 2016. Venezuela, por órgano del gobierno de Maduro, presentó una Solicitud de Anulación del Laudo ante el CIADI, y el 26 de abril de 2019, el Comité de Anulación Ad-Hoc se negó a anular el laudo y ordenó a Venezuela que pagara, adicionalmente, los honorarios y gastos de Vestey por un monto de 685.849,15 libras esterlinas.

El 20 junio de 2018, Vestey pidió a la Corte del Distrito de Columbia, Estados Unidos, confirmar y ejecutar el laudo referido. El 10 de febrero de 2020, la empresa demandante solicitó la declaratoria de “default” de Venezuela, quien supuestamente había sido notificada por la Corte el 29 de julio de 2019 y debía dar su contestación el 24 de septiembre de 2019, lo cual no hizo. El 5 de junio de 2020, el Secretario de la Corte declaró el “default” en contra de la República. El 9 de junio de 2020, el Juez Thomas F. Hogan le dirigió una comunicación al Dr. José Ignacio Hernández, en la cual le hizo saber que, por considerarlo la persona autorizada por la Asamblea Nacional para representar a la República en este juicio y nombrar apoderados en los juicios fuera de Venezuela, le informara antes del 15 de julio siguiente si la República tenía intención de participar en este juicio. El 17 de julio siguiente, el Dr. José Ignacio Hernández, reconocido por el gobierno de los Estados Unidos y por la Corte mencionada como Procurador legítimo de Venezuela, presentó una comunicación al Juez de la Causa, en la que le informaba que la representación de Venezuela no había recibido la citación mencionada porque tanto el Consulado en Nueva York como la Embajada de Venezuela en Washington estaban cerrados por la situación política del país. Por lo tanto, solicitaba una extensión para contestar el requerimiento del tribunal hasta el 6 de agosto siguiente. El Procurador Hernández había solicitado los servicios de la firma de abogados Sullivan & Cromwell (S&C), para asistir a la República en este caso, sin cobrar honorarios (Pro Bono) en la etapa preliminar del proceso, y el mismo 6 de agosto la firma S&C, en representación de la República, expresó ante la Corte la disposición de la República de participar en el juicio y presentó, con el acuerdo de la parte demandante, una moción de suspensión del proceso hasta el 27 de agosto de 2020, en vista de que las partes estaban discutiendo los términos de un posible acuerdo, lo cual fue concedido por el juez el mismo día.

LA NEGOCIACIÓN

Entre el Procurador Hernández y la firma S&C se había discutido sobre la estrategia a seguir en este juicio y habían llegado a las siguientes conclusiones:

Se consideró que era prácticamente imposible ganar este caso, dada la evidente inconstitucionalidad e ilegalidad con que había actuado el gobierno de Maduro, y, partiendo de ese supuesto, había que ahorrar gastos a la República en honorarios de abogados y en eventuales costas procesales y buscar beneficios a la República en cuanto a las cantidades a pagar, disminuir el pago de intereses y lograr un plazo razonable para hacer los pagos, lo que permitiría, al cesar la usurpación, reestructurar la deuda y llegar a un arreglo para hacer los pagos en forma ordenada y consensuada, con la colaboración de organismos financieros internacionales.
Una negociación beneficiosa para las partes en litigio traería como efecto colateral demostrar ante los tribunales norteamericanos que el gobierno interino de Venezuela no está en disposición de repudiar deudas legítimas mediante actuaciones judiciales sin fundamento y favorecería al país en los litigios en los que está llevando a cabo reclamos o defensas viables.
En fecha se produjo el cambio en la titularidad de la Procuraduría Especial y la firma S&C, en consulta con el actual Procurador y en acuerdo con Vestey, solicitaron una nueva suspensión para examinar conjuntamente algunos aspectos en discusión. El 22 de diciembre de 2020, después de seis meses de negociación, durante los cuales el juicio se mantuvo en suspenso, se llegó a un acuerdo final, el cual fue sometido a consideración de la Corte del Distrito de Columbia para su homologación. El 19 de enero de 2021, el Honorable Thomas F. Hogan, Juez de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, mediante una “Stipulated Order for Jugement”, confirmó el contenido del acuerdo suscrito entre las partes en litigio.

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA NEGOCIACIÓN APROBADA POR EL JUEZ

El acuerdo entre las partes constituyó una transacción, cuyas estipulaciones más importantes son las siguientes:

La representación legítima de la República Bolivariana de Venezuela convino en cumplir el pago de las sumas de dinero a que había sido condenada por la sentencia del Tribunal de Arbitraje del CIADI y cuya nulidad, solicitada por el gobierno de Maduro, había sido desestimada por un Comité de Anulación Ad-Hoc del CIADI.
Vestey concedió a la República el plazo de 18 meses para honrar esa deuda, contados a partir de la fecha de la sentencia.
Con relación al pago de los intereses a cargo de la República, el laudo arbitral había ordenado a la República pagar “intereses a la tasa aplicable a los bonos soberanos estadounidenses a seis meses, compuestos semestralmente, desde el 29 de octubre de 2011 hasta el pago en su totalidad.” Vestey argumentaba que la tasa de interés aplicable cambiaba cada seis meses, mientras que argumentamos que la adjudicación debía leerse para proporcionar una tasa fija más baja (0,13162%). Bajo el enfoque de Vestey, los intereses de pre-juzgamiento ascendían a 6,6 millones de dólares; bajo nuestro enfoque sería $1.1 millones. Como producto de la negociación, Vestey acordó reducir su reclamación de intereses pre-juicio de $6.6 millones (calculado al 31 de julio de 2020) a $5 millones (calculado al 31 de agosto de 2020. Vestey también acordó calcular el interés previo al juicio en 0.13162% anual desde el 1 de septiembre de 2020 hasta la fecha de la sentencia. Y asimismo Vestey convino en aclarar que después de la sentencia se aplicaría la tasa federal estatutaria del 0.108% anual.

OBSERVACIÓN FINAL

Como producto del acuerdo logrado, la República no ha efectuado ningún pago por indemnización a Vestey por las actuaciones inconstitucionales e ilegales del gobierno de Maduro, y solo tendrá que hacer los pagos correspondientes a partir de fines del mes de julio de 2022. Se espera que para esa fecha habrá cesado la usurpación y se habrá reestructurado la deuda pública venezolana con la asistencia del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos financieros internacionales, o se estará en vías de hacerlo

Fuente: Banca y Negocios
Por: María Laura Espinoza
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Las autoridades de Portuguesa acordaron despachar al transporte de carga 20% del gasoil que llegue diariamente a las estaciones de servicio de este estado.

El secretario General de Gobierno, Rafael Torrealba, informó que la decisión la acordaron el jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) 33, Alfredo González Viña, y los propios transportistas, en una mesa de trabajo en la que se evaluaron y buscaron soluciones a las necesidades del sector.

Indicó que en esa reunión también se pautó impulsar el registro de los transportistas de carga en el sistema electrónico de distribución de combustible de Portuguesa (Combuspor), «para democratizar el acceso al gasoil en el estado».

Camiones, volquetas, gandolas y grúas venían siendo atendidos en Portuguesa con una cuota diaria de 30 litros de gasoil, volumen que los conductores consideraban insuficiente para garantizar la operatividad de estas unidades.

Fuente: Banca y Negocios
Por: María Laura Espinoza
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El diputado a la Asamblea Nacional (AN) de 2015, Luis Stefanelli, señaló este miércoles que la refinería Cardón, ubicada en el estado Falcón, se paralizó por problemas con el suministro de petróleo.

Asimismo, indicó en una entrevista exclusiva a Noticiero Digital que el suministro por el oleoducto es intermitente, puesto que necesitan una carga mínima para activar la destiladora. «El día de ayer, no llegó ni una gota de crudo por los oleoductos, se consumieron todos los stocks, y necesitan un mínimo básico para recargar las destiladoras», sumó.

«Están en un proceso en el cual deben parar la producción porque tienen que acumular crudo«, agregó al tiempo que resaltó que «hoy está parado todo el Centro de Refinación Paraguaná (CRP) por falta de suministro de crudo».

Sostuvo que el CRP funcionaba al 20% de su capacidad, pero «ahora se presentó este problema«. «Es más el tiempo que dura parada, que el tiempo que está produciendo. Cada vez que la arracan se produce una expulsión de efluentes contaminantes que van a parar al parque nacional Morrocoy», añadió.

Fuente: Banca y Negocios
Por: María Laura Espinoza
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Antero Alvarado, ingeniero y director regional de Gas Energy Latin America, señaló este miércoles que cuando se daban los intercambios de crudo por diésel, «en ese momento la producción se mantenía, pero luego que esto dejó de hacerse, los niveles bajaron«.

Asimismo, indicó en el programa «La Harta Sociedad», transmitido por Onda La Superestación, que «no es factible llegar a una producción de 1.500.000 barriles de pretóleo, para esto se debe atraer inversión, levantar las sanciones a Pdvsa«.

«Más que una privatización a Pdvsa es que esta permita que las empresas privadas puedan hacer lo que ella no ha podido. Hay muchas empresas mixtas y privadas que pueden operar para llevar a pleno funcionamiento el sector«, destacó.

Destacó que actualmente existe «una crisis en refinación» en el país: «nosotros vemos es que quizás van a buscarse otros medios para poder atender la falta de gasolina o gas«.

«No puede levantarse a un país con una economía de bodegón, sino con una empresa petrolera que cumpla y cuente con las condiciones para operar«, agregó.

Fuente: Banca y Negocios
Por: María Laura Espinoza
En Twitter: @i_am_LauEz14

Un grupo de bancos venezolanos comenzó a emitir tarjetas de débito a clientes que tienen cuentas en divisas, una medida respaldada discretamente por las autoridades monetarias, que quieren extender el uso de dólares en transacciones rutinarias, dijeron fuentes familiarizadas con la medida, informó Reuters.

Los bancos han almacenado durante más de un año dólares en efectivo para clientes corporativos como parte de una liberalización económica auspiciada el presidente socialista Nicolás Maduro. Durante 15 años, las transacciones en dólares estuvieron bajo estricto control del gobierno.

Funcionarios del Estado dijeron en privado a los bancos que comenzarán a permitir a los clientes con cuentas en dólares usar esos fondos para realizar transacciones denominadas en bolívares, dijeron las cuatro fuentes, que hablaron con la condición de que ni ellas ni sus instituciones fueran identificadas.

La medida ayudará a mejorar la liquidez y a reducir las barreras al comercio en una economía lastrada por las sanciones, la hiperinflación y la escasez generalizada, pero las fuentes dijeron que se les dijo que el gobierno de Maduro no está preparando una dolarización completa, indicó la agencia británica.

Al menos cuatro bancos privados de tamaño medio han comenzado a emitir las tarjetas, dijeron las fuentes. El estatal Banco del Tesoro ya lanzó una tarjeta de crédito en dólares en su sitio web.

«El bolívar poco a poco se convertirá en una moneda para las transacciones, mientras que los ahorros serán en dólares», dijo un ejecutivo de finanzas.

Cuando los clientes realicen compras con las tarjetas, los dólares asociados se ofrecerán al Banco Central de Venezuela (BCV), que a su vez subastará las divisas como parte de su plataforma de mercado cambiario, que generalmente carece de dólares, dijeron las fuentes a Reuters.

Los bancos aún no tienen permiso para hacer transferencias en dólares entre clientes de diferentes entidades financieras, dijeron las fuentes.

En un discurso ante el parlamento este mes, Maduro dijo que Venezuela avanzará hacia una economía 100% digital y que los comerciantes podrían usar tarjetas de débito para cuentas en dólares. No dio detalles.

Los bancos venezolanos todavía sólo ofrecen cuentas en dólares a un grupo selecto de clientes, en parte para asegurarse de que no aceptan fondos asociados a funcionarios o empresarios sancionados por Estados Unidos por sus vínculos con Maduro.

El Tesoro de Estados Unidos no respondió a una solicitud de comentarios sobre si estaba preocupado por el creciente uso de dólares en la economía venezolana.

Pero el cambio será sin duda bienvenido por los compradores y comerciantes venezolanos, que ahora dependen de soluciones como vales improvisados y pagarés de clientes para completar las transacciones en dólares en una economía con escaso acceso a los billetes verdes.

Fuente: Banca y Negocios
Por: María Laura Espinoza
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El economista Luis Crespo señaló este miércoles que la reducción del encaje legal emitida por el Banco Central de Venezuela (BCV) es «un alivio» para los bancos, pero acotó que «no es suficiente» para que la banca opere en mejores condiciones.

Asimismo, indicó en una entrevista con la periodista Áryeli Vera, transmitida por Unión Radio, que «la reducción del encaje de 93% a 85%, ocho puntos, va a tener un impacto de disminución en ese déficit de encaje legal que estaba presentando el sistema«.

Sostuvo que la medida se dio por la falta de liquidez de la banca: «se estaban pidiendo créditos entre ellos mismos».

Sobre la digitalización de la economía, destacó que es la respuesta de los ciudadanos ante el colapso de la moneda y agregó que el Gobierno no cuenta con la capacidad para dolarizar por completo la economía del país.

«Económicamente no cuenta con las divisas o los ingresos suficientes para enfrentar sus compromisos fiscales. Políticamente, creo que no tiene la intención, por eso va a mantener el bolívar como un instrumento, porque le da capacidad de maniobra para actuar en la economía venezolana», aseveró.

Fuente: Banca y Negocios
Por: María Laura Espinoza
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El coronavirus ha socavado la ya compleja lucha de América Latina contra la corrupción, afirma en su tradicional clasificación anual la ONG Transparencia Internacional (TI), que califica de «frustrante» la situación regional.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) 2020, los países latinoamericanos que sus ciudadanos perciben como más limpios son Uruguay, Chile y Costa Rica, con 71, 67 y 57 puntos, respectivamente, sobre un máximo de 100. Mientras Venezuela (15), Nicaragua (22) y Honduras (24) perseveran como los más corruptos.

Entre unos y otros se sitúan Cuba (47), Argentina (42), Colombia y Ecuador (39), Brasil y Perú (38), El Salvador (36), Panamá (35), Bolivia y México (31), República Dominicana y Paraguay (28).

Así, sólo aprueban tres de los 19 países latinoamericanos analizados (16 %) y la puntuación media es 43. La sensación es de estancamiento en el mejor de los casos y, en ocasiones, de retroceso en áreas sensibles.

Éste es el análisis general de la consejera regional para América Latina de TI, Luciana Torchiario, que aseguró en una entrevista a Efe que la región «vuelve a fracasar en la lucha contra la corrupción» y que es especialmente «frustrante en el contexto de la pandemia que no se haga un buen uso de los recursos».

«En muchos países se ha registrado una regresión en los pesos y contrapesos, una gestión opaca de la pandemia, y recortes del derecho a la información y de la libertad de expresión», resumió.

A su juicio, es importante que la pandemia «no sea una oportunidad para la corrupción«, sino un «imperativo para mejorar la lucha» contra las prácticas ilegales, para reforzar la eficiencia y la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Preocupan especialmente los dos últimos clasificados, países con una «institucionalidad muy precaria«. Según Torchiario, la democracia es «prácticamente inexistente» en Venezuela, donde la oficina regional de TI estima que la corrupción ha hurtado 5.000 millones de dólares a la sanidad. «Nos preocupa», aseguró.

El apartado regional del informe de TI destaca además dos países, Honduras y Perú, por estar en este momento en una encrucijada en el ámbito de la transparencia.

Honduras es un caso «difícil» porque a la covid se sumaron el año pasado dos grandes huracanes. El país, con déficit de transparencia, ha experimentado además «bastantes regresiones democráticas», como el fin de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACIH).

Perú tiene ante sí «desafíos importantes» y ha registrado algunos avances legales (financiación de partidos, eliminación del sufragio pasivo para corruptos) y judiciales (caso Odebrecht), pese a que sigue «subsumido en la corrupción».

«En las elecciones de abril la lucha contra la corrupción va a ser importante antes y después de los comicios«, aseguró.

El informe aporta escasas buenas noticias sobre los pesos pesados de la región. Brasil sufre un «deterioro democrático severo» con «injerencias» y «ataques» a la Justicia y los medios por parte de su presidente, Jair Bolsonario.

México permanece atascado, pese al compromiso en este ámbito de su presidente, Andrés Manuel López Obrador, y de los avances en ciertas investigaciones, como la de Pemex. «Las redes de la corrupción están muy enraizadas en el Estado», señaló Torchiario.

En Argentina se están ralentizando los procesos judiciales vinculados con casos de corrupción y crece «la sensación de que la justicia no es independiente«.

La principal luz en la región es Ecuador, de quien TI resalta que ha mejorado siete puntos en los últimos ocho años, pese afrontar «desafíos muy serios». La condena al expresidente Rafael Correa ha hecho mejorar la percepción del país, que ha sido sin embargo el «epicentro» de la corrupción ligada a la covid, matizó Torchiario.

– Escasos avances a nivel global –

A nivel global, el informe resalta el vínculo entre corrupción y pandemia, y lamenta los escasos avances en los 180 países que analiza, de los que dos tercios suspenden la prueba. TI habla de una «imagen nefasta».

Dinamarca y Nueva Zelanda se mantienen en la cabeza de la lista, con 88 puntos cada uno, mientras que Sudán del Sur y Somalia, con 12 puntos, reinciden en la parte inferior de la clasificación.

EEUU ahonda su caída -por cuarto año consecutivo- y con 67 puntos marca su peor registro desde 2012. China suma un punto (42) y dos posiciones (78); y Rusia, bastante más atrás, gana dos puntos y dos puestos (30 y 129).

El informe recomienda el refuerzo de los supervisores, la contratación pública abierta y transparente, la defensa de la sociedad civil y la democracia y el derecho a la información, especialmente en materia presupuestaria: «La transparencia es esencial para asegurar que los recursos públicos se emplean adecuadamente y alcanzan a los beneficiarios objetivo».

Fuente: Banca y Negocios
Por: María Laura Espinoza
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