Elisa Trotta Gamus espera que haya justicia en el caso de abuso sexual hacia una connacional de 18 años de edad, ocurrido el sábado 23 de enero cuando realizaba su primer día de prueba de trabajo en la ciudad de Buenos Aires

Elisa Trotta Gamus, embajadora de Juan Guaidó en Argentina, dijo este jueves que el abuso sexual que sufrió una venezolana en ese país en días pasado pone en discusión la realidad a la que están expuestas las millones de mujeres que se han visto forzadas a salir de Venezuela.

Cientos de personas marchan en Buenos Aires para exigir justicia para la venezolana que fue abusada sexualmente

“El caso de la joven venezolana que sufrió abuso sexual en Argentina ha puesto nuevamente en el centro de la discusión una terrible realidad que cada día es peor: los graves riesgos a los que están expuestas millones de mujeres que se han visto forzadas a emigrar de Venezuela”, tuiteó.

La diplomática destacó que la situación de vulnerabilidad y las condiciones precarias en las que emigran muchas de las connacionales deben atenderse con la consideración específica que la gravedad amerita, como lo han solicitado diversos organismos internacionales.

Trotta recordó que Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mencionó en su informe sobre Venezuela los factores de vulnerabilidad de las migrantes, que se conjugan con estereotipos hipersexualizados y el aumento de la exposición de las mujeres, las adolescentes y las niñas.

Agregó que, de acuerdo con un estudio de ONU Mujeres, las mujeres experimentan un alto grado de vulnerabilidad en su tránsito en búsqueda de mejores oportunidades.

“Es una situación que no debe ignorarse ni menospreciarse”, manifestó.

La embajadora finalmente expresó que espera que haya justicia en el caso de abuso sexual hacia una venezolana de 18 años de edad. El hecho ocurrió el sábado 23 de enero cuando asistió a su primer día de prueba de trabajo en la ciudad de Buenos Aires.

EN

 
 El Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges, le envió una comunicación a la canciller del Perú, Elizabeth Astete, con el fin de expresar su preocupación por la medida de militarización que adelantó el gobierno peruano para frenar la migración irregular. Borges pidió por la protección de los migrantes que huyen del régimen de Maduro y aseguró que solo la salida de la dictadura podrá frenar el éxodo.

“Nos preocupa que medidas como la implementada no vayan a detener la migración, sino que fortalezcan a grupos que se dedican a la explotación humana y al crimen trasnacional, poniendo en riesgo por un lado a los migrantes y por otro, a sus propios conciudadanos. Queremos solicitar respetuosamente que se cumpla con los acuerdos internacionales en materia de migración, especialmente la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, con el fin de proteger los DDHH de quienes están saliendo de Venezuela.”, sostuvo Borges.

Borges detalló la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela y advirtió que la migración podría exacerbarse durante el año 2021. “Este contexto de precariedad, aunado al clima de represión que impone el régimen, ha llevado a más de 5 millones de venezolanos a buscar refugio en otras latitudes. Una cifra que podría llegar a más de 8 millones para este 2021 si continúa Maduro en el poder, con el agravante de que muchos podrían estar enfermos por la desatención y el subregistro de la pandemia por parte de la dictadura”, sentenció.

Asimismo, pidió que el gobierno de Perú evalué la reapertura de visas. “Creemos importante que su gobierno evalúe, en la medida de sus posibilidades, la reapertura de visas entre Venezuela y Perú, esto podría ayudar a fomentar una migración segura que cumpla con las regulaciones de su país”. Destacó que ninguna medida frenará el éxodo de venezolanos, pues a su juicio solo la salida de Nicolás Maduro podrá detener esta situación. En tal sentido, insistió en la necesidad de presionar para lograr un proceso de negociación que conduzca a elecciones libres.

En nombre del gobierno interino y de la @AsambleaVE enviamos carta a la Ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Esther Astete, para expresar nuestra preocupación con respecto a la decisión de su gobierno de militarizar la frontera para frenar el ingreso ilegal de venezolanos. pic.twitter.com/447HIm2LKb

— Julio Borges (@JulioBorges) January 28, 2021

Queremos pedir respetuosamente que se cumpla con los acuerdos internacionales en materia de migración, especialmente la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Ninguna medida frenará el éxodo, la única solución es presionar para lograr la salida de Nicolás Maduro.

— Julio Borges (@JulioBorges) January 28, 2021

 

República Dominicana dejó de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino y a la Asamblea Nacional venezolana electa en 2015, la cuál apeló a la continuidad de su mandado a través de una comisión delegada.

“Entendemos que eso sería sentar un precedente funesto hacia el futuro“, dijo el canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez, al ser consultado por el medio Listín Diario sobre el tema.

“En el caso de Venezuela creemos se necesita una negociación con el régimen. Aunque no te guste Maduro, es el interlocutor. Para negociar se necesitan dos partes”,señaló el canciller dominicano.

República Dominicana fue sede de las negociaciones llevadas a cabo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana entre 2017 e inicios de 2018, las cuales concluyeron sin éxito.

Sin embargo, Dominicana hoy día no tiene relaciones oficiales con el gobierno de Maduro.

Tras las elecciones presidenciales de 2018, consideradas fraudulentas, el Ejecutivo dominicano apoyó la suspensión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA) y reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado.

La Asamblea Nacional electa en 2015 cuenta con el apoyo internacional de al menos 50 países debido a que las elecciones legislativas del 6 de diciembre, en las que no participó la oposición, no contaron con las garantías necesarias.

Los miembros de la organización fueron arrestados el 12 de enero por funcionarios de la Dgcim

 
 
El Tribunal Cuarto de Control declaró este jueves 28 de enero sin lugar la solicitud de revisión y sustitución de la medida de privación de libertad interpuesta por la defensa de los cinco trabajadores de la ONG Azul Positivo que se encuentran detenidos en Maracaibo, estado Zulia.

Trabajadores de Azul Positivo detenidos presentan síntomas de covid-19
“Los cinco trabajadores humanitarios se mantienen detenidos arbitrariamente”, dijo en Twitter la organización de defensa de los derechos humanos Codhez.

El viernes 22 de enero, la ONG Codhez alertó que los cinco miembros de Azul Positivo presentaron síntomas de covid-19.

Funcionarios de la Dgcim pidieron a los familiares de los activistas de derechos humanos que llevaran medicamentos contra el covid-19 al centro de reclusión para darles el tratamiento.

Tras permanecer bajo cuidados médicos en un hospital de la zona, las autoridades los regresaron el miércoles 27 de enero a la sede de la Dgcim de Maracaibo, donde permanecen recluidos.

Los trabajadores de la ONG fueron arrestados el 12 de enero por funcionarios de la Dgcim.

El 14 de enero acudieron a una audiencia preliminar donde la Fiscalía les imputó los cargos de legitimación de capitales, manejo fraudulentos de tarjetas y asociación para delinquir.

Gustavo Vizcaíno, director del Saime, expuso que el precio se actualiza en conjunto con el Banco Central de Venezuela 

Gustavo Vizcaíno, director del Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), informó sobre un aumento en los precios para los trámites del pasaporte.

En entrevista con Globovisión, el funcionario notificó este miércoles que el pasaporte por primera vez pasó de 2 a 3,35 petros, mientras que la prórroga subió de 1 a 1,67 petros.

De esta manera, la obtención del pasaporte está en 336 millones 818 mil 979 bolívares, mientras que la prórroga es de 167 millones 906 mil 774 bolívares. 

Recordó que cuando asumió como director del Saime el pasaporte (en el 2018) el pasaporte costaba tres mil bolívares.

«El precio se ha ido actualizando conjuntamente con un estudio del Banco Central de Venezuela», enfatizó.

Ante la pregunta del por qué el incremento, respondió que cada lámina le cuesta 21 dólares al Estado. 

«¿Cuánto vale la tinta UV con la que se imprime el pasaporte? 167.000 dólares, porque es una de las tintas que tiene características únicas que garantizan seguridad. El valor del pasaporte está anclado a la criptomoneda petro y cuando fluctúa se modifica el precio, algunas veces puedes pagar menos, todo depende», dijo.

Para los venezolanos que están en el exterior, el pasaporte cuesta 200 dólares y la prórroga 100 dólares.

LV

 
Una protesta para exigir justicia para venezolana abusada en Argentina contó con la participación de un número importante de personas que marcharon a los Tribunales en busca de que se aplique la ley contra el presunto violador de la joven de 18 años.

La marcha se realizó por Balvanera, la agitada área comercial y cultural que se ubica al noreste de Buenos Aires, en Argentina.

 
El pasado 23 de enero, esa zona se convirtió en escenario de un crimen. Aquel día, Irineo Humberto Garzón Martínez, el propietario de un local de vestimenta médica, drogó y violó a una joven venezolana, de 18 años de edad, a quien había contratado como vendedora, reseña evtv.online.

Según relató, Thaís Campos, madre de la víctima, su hija acudió a la tienda “Garzón Uniformes” para una entrevista laboral. Una vez allí – y tras conversar con Garzón Martínez – la migrante comenzó a trabajar, por pedido del propio victimario.

Sabiéndose contratada, la venezolana se comunicó con su progenitora. Quizá por premonición, la joven envió a su madre un mensaje con la fachada del local y la ubicación exacta, agregó.

Con el paso de las horas, lo que parecía ser un buen día para una migrante que busca labrarse un futuro fuera de su país se transformó en una pesadilla. Todo dio un giro cuando el hombre ofreció a su empleada un vaso con agua. Después de ingerir el líquido, la venezolana experimentó debilidad y desvanecimiento.

“Creo que el dueño de donde trabajo me drogó porque me siento mareada”, escribió la joven en un mensaje que envió a su hermana.

El SOS activó las alarmas de la familia de la víctima. Sus allegados se comunicaron con las autoridades e, inmediatamente, se trasladaron hasta la tienda “Garzón Uniformes”.

Una vez allí, vieron que el comercio se encontraba cerrado. Luego de varios llamados, decidieron entrar a la fuerza y fue en ese entonces cuando hallaron a la joven sobre una escalera, con el torso desnudo y bajo el efecto de psicotrópicos. A su lado se encontraba Garzón Martínez, quien intentaba colocar los pantalones a su víctima.

El sujeto fue detenido y presentado ante la justicia. La magistrada Karina Zucconi le imputó el delito de abuso sexual simple con acceso carnal. Pese a ello, la magistrada le otorgó libertad bajo juramento.

Le decisión hizo estallar una tormenta de reclamos. Tanto la Fiscalía como los abogados que presentan a la venezolana han pedido refutar la excarcelación. Del mismo modo, demandan se refuerce la seguridad de la migrante pues su abusador permanece en la calle, a la espera del juicio.

Aumentan los riesgos

La representante del líder opositor, Juan Guaidó. ante Argentina, Elisa Trotta, se pronunció este jueves 28 de enero sobre el caso de la venezolana que sufrió abuso sexual en ese país, destacando que cada día se incrementan los riesgos a los que están expuestas millones de mujeres que se han visto forzadas a emigrar de Venezuela.

“La situación de vulnerabilidad y las condiciones precarias en las que emigran muchas de nuestras connacionales, deben ser atendidas con la consideración específica que la gravedad amerita, tal cual lo han solicitado diversos organismos internacionales”, expresó Trotta a través de su cuenta de Twitter.

Instó a que se haga justicia en este caso y que más nunca vuelva a ocurrir algo así. “Hoy todos nos unimos para apoyar a esta joven venezolana y a su familia”, insistió.

EC

EVTV

La organización llama a desistir de actos agresivos «que socavan gravemente la paz y la seguridad, no solamente de Guyana y Venezuela, sino de toda la región del Caribe»

La Comunidad del Caribe (Caricom) expresó su grave preocupación por la escalada de tensión entre Guyana y Venezuela provocada por la detención de dos pesqueros con puerto en el primer país por parte de un buque de la Armada venezolana el pasado día 21.

En un comunicado, Caricom subrayó que ya el pasado 12 de enero había repudiado firmemente cualquier acto de agresión de Venezuela contra Guyana, en términos generales.

 
Por ello, instó de nuevo al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a respetar la soberanía e integridad territorial de Guyana y a desistir de actos agresivos “que socavan gravemente la paz y la seguridad, no solamente de Guyana y Venezuela, sino de toda la región del Caribe”.

“Caricom pide la liberación inmediata de los tripulantes y embarcaciones”, concluye el escueto comunicado.

La petición del Caricom llega después de que, el miércoles, los familiares de los 12 pescadores de Guayana detenidos en Venezuela por supuestamente faenar en aguas jurisdiccionales pertenecientes a Caracas pidieran su liberación tras recordar que son el único apoyo económico de sus hogares.

Los pescadores, que fueron detenidos hace más de una semana por las fuerzas navales venezolanas en aguas que Guyana considera parte de su territorio, permanecen bajo custodia.

Guyana defiende que ambas embarcaciones operaban dentro de su Zona Económica Exclusiva cuando fueron interceptadas por el buque de la Armada venezolana Comandante Hugo Chávez GC 24, el 21 de enero.

El Gobierno de Guyana ha exigido la liberación inmediata de la tripulación y los barcos, sin éxito.

Este nuevo incidente se incluye en la disputa sobre un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo que será analizada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que se ha declarado competente para resolver el caso, aunque Venezuela rechaza la decisión y defiende que la controversia se resuelva de manera bilateral.

La polémica por la zona se ha agudizado en los últimos años, después de que la compañía estadounidense ExxonMobil descubriera, en 2015, yacimientos de petróleo en las aguas adyacentes a la zona en litigio. EFE