CNP alega que 243 del total de los casos se registraron durante la cuarentena / Foto: Cortesía

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) contabilizó 335 ataques de la prensa en el año 2020. A través de un comunicado, precisaron que 243 del total de los casos se registraron durante la cuarentena que entró en vigor en marzo, tras reportarse los primeros contagios de coronavirus en la nación.

El secretario general del CNP Caracas, Edgar Cárdenas, denunció que el año pasado en el país se registró una fuerte arremetida de Nicolás Maduro contra la prensa.

Entre los casos se contabilizan 61 detenciones arbitrarias; 51 trabajadores de la prensa agredidos físicamente e incluso 15 portales de Internet de 15 medios bloqueados por Maduro.

“Los periodistas venezolanos son detenidos en forma arbitraria, se les agrede físicamente, les roban sus equipos de trabajos, son objetos de amenazas y hasta se les impide la libre circulación” señaló.

De acuerdo al reporte, el CNP registró en 2020 detenciones arbitrarias (61), agresiones físicas (51), amenazas (34), borrado de material (23), bloqueo de medios digitales (15), decomiso de equipos (6), decomiso de equipos de periodistas (4), emisoras de radio cerradas (8), robo documentos personales (3), hostigamiento (44), impedimento de circulación a periodistas (21), impedimento de cobertura (17), medios obligados a cerrar por escasez de gasolina (2), intento robo de equipos (1), intimidación (51), programas de televisión fuera del aire (3), robo de equipos (5), asesinatos (2), agresiones verbales (4).

El secretario general del CNP Caracas, Edgar Cárdenas, advirtió que los registros de la instancia deja ver que en la nación se registra una fuerte arremetida gubernamental contra la prensa libre y el ejercicio profesional del periodismo en el país.

“El Gobierno pretende imponer un silencio informativo, al tratar de criminalizar la libertad de expresión e información, amedrentando a los periodistas y obligando a los medios a la censura”, dijo.

A su juicio, existe impunidad en los casos de agresiones a periodistas y medios. En este sentido, recordó que pasó un año y aún no hay culpables de las agresiones que sufrieron profesionales de la comunicación en el aeropuerto internacional Simón Bolívar a la llegada del presidente de la Asamblea Nacional (AN) electa en el 2015 y que instaló un período adicional, Juan Guaidó.

“Con estos casos que restringen la libertad de expresión e información, Maduro viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, dijo Cárdenas.

Alerta

La Junta Directiva nacional del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) emitió un comunicado alertó a los organismos internacionales los más recientes atropellos que sufrieron recientemente los medios de comunicación en Venezuela por parte de la administración de Nicolás Maduro.

Aprovechó para condenar las acciones llevadas a cabo por las autoridades venezolanas contra empresas como VPItv -cuyo cierre de operaciones afectó a 180 trabajadores- un medio local del estado Zulia, Efecto Cocuyo, Radio Fe y Alegría, El Pitazo y Caraota Digital, así como también a varias ONG dedicadas al trabajo social “que la administración de Maduro pretende descalificar sin argumentos, contra defensores permanentes de la libertad de expresión y de los Derechos Humanos en el país”.

El CNP considera que todas esas acciones en detrimento de la prensa y de las ONG es “amedrentar a periodistas, infociudadanos y defensores DDHH, para dejar de lado la noble labor de opinar, informar y orientar”. En ese sentido, exige que los derechos de transmisión de VPItv sean restituidos.

Sin embargo, recordó a los medios de comunicación a que deben mantener el equilibrio informativo y respetar la ética que manda el ejercicio de la profesión de periodista a través de la verificación de hechos, investigaciones con hechos concretos y “rechazando campañas infundadas, sin pruebas”.

Aprovechó también para exhortar a organismos como la OEA, la CIDH, Relatoría de la libertad Expresión, Misión Independiente de la ONU, al igual que la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y otros entes relacionados con la defensa DDHH, libertad de expresión, libertad de información y prensa libre, para que continúen monitoreando, investigando y haciendo cumplir protocolos, recomendaciones y penalizaciones dirigidas al Estado venezolano.

De igual forma, alertó que el periodista venezolano Roland Carreño lleva 80 días detenido y exigen su libertad inmediata, así como el cese de medidas sustitutivas de libertad contra más de 10 periodistas.

Funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) efectuaron un operativo en las sedes del medio de comunicación VPItv ubicadas en Caracas el viernes 8 de enero.

Las comisiones, compuestas por unos trece funcionarios pertenecientes a ambos entes, acudieron inicialmente a la sede ubicada en Los Dos Caminos y posteriormente a la otra en La Florida.

En ambas mantuvieron retenidos a los trabajadores, quienes fueron interrogados sobre los procesos y funciones que llevaban a cabo en sus puestos de trabajo, antes de proceder a incautar todo tipo de equipos de ambas oficinas y el estudio de grabación.

El ataque a VPItv ocurrió en paralelo a otras dos medidas contra medios venezolanos, como lo fueron la clausura por cinco días de la sede de un diario local del Zulia, ubicada en Maracaibo, por parte del Seniat; y el ciberataque a la página web de Tal Cual, que dificultó el acceso al portal web y la actualización de la parrilla informativa durante horas.

Desde hace varias semanas, la administración de Nicolás Maduro está realizando operativos -a través de los cuerpos de seguridad- contra diversas ONG que operan en el país y medios de comunicación por supuestamente haber sido financiadas por el Reino Unido para desestabilizar al país.

Ante eso, el Reino Unido rechazó el viernes 8 de enero las acusaciones hechas por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, quien denunció la mencionada situación.

A través de un comunicado oficial, la Embajada Británica en Caracas señaló que mantienen su compromiso con la libertad de expresión y los medios de comunicación libres, pues éstos son necesarios para la democracia.

“Protegerla (la democracia) en todas partes del mundo es prioridad para el Reino Unido”, señala.

Tal Cual

El encuentro diplomático fue anunciado por Jorge Arreaza a través de Twitter / Foto: Cortesía

El canciller del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, convocó este viernes al encargado de negocios de Guyana, Robert McKenzie, para reiterarle que Venezuela defenderá el Esequibo y no permitirá injerencia de terceros para resolver la controversia territorial.

“Hoy convocamos al encargado de negocios de la República Cooperativa de Guyana. Le ratificamos que Venezuela defenderá sus derechos legítimos sobre la Guayana Esequiba y no admitirá injerencias de terceros, sean Estados o corporaciones, en la controversia territorial”, dijo Arreaza mediante Twitter.

Además, compartió en la red social fotografías del encuentro con el encargado de negocios sin agregar más detalles.

La reunión diplomática se dio luego de que el Gobierno rechazó que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resuelva la disputa territorial sobre el Esequibo, una zona de casi 160.000 kilómetros cuadrados.

El pasado diciembre, el alto tribunal decidió, por doce votos a cuatro, que tiene jurisdicción para analizar la validez del laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 que estableció la frontera con Guyana.

Sin embargo, Venezuela defiende que el instrumento para resolver esta controversia es el Acuerdo de Ginebra de 1966, por lo que Maduro pidió al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, que reanime el diálogo entre ambos países para resolver la disputa.

Con información de El Nacional

 

El empresario colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde, apeló ante el Supremo Tribunal de ese país la orden de extradición que pesa en su contra para Estados Unidos, donde enfrenta a la justicia por lavado de dinero, informó este viernes su defensa.

Los abogados de Saab acudieron a la máxima corte del país para revertir un fallo de un tribunal de apelaciones del 4 de enero que ratificaba la orden de extradición.

«No se dan las condiciones legales ni morales, ni en el derecho internacional ni en el derecho caboverdiano, para proceder a la extradición del embajador Saab«, indicó Geralado Almeida, que integra el equipo legal, citado en el texto.

Saab, de 49 años, es acusado de haber organizado una red de corrupción en beneficio del presidente socialista Nicolás Maduro a través de un plan gubernamental de ayuda alimentaria para familias desfavorecidas, llamado CLAP.

La oposición venezolana lo considera el «testaferro» del mandatario socialista. Saab fue detenido durante una escala técnica de su avión en Cabo Verde, a mediados de junio de 2020, y dos meses después fue autorizada su extradición a Estados Unidos por un fallo de un tribunal de Barlovento, que ha sido apelado.

El gobierno de Maduro, que otorgó a Saab la nacionalidad venezolana y le da trato diplomático con un título de Enviado Especial, tachó la detención de «arbitraria» y ha pedido «medidas humanitarias» para que el empresario recibiera arresto domiciliario, argumentando que sufrió «maltrato y torturas».

Una corte regional ordenó por su parte detener la extradición, pero el proceso sigue su curso.

Junto a su socio Álvaro Pulido, Saab enfrenta a la justicia de Estados Unidos por supuesto lavado de dinero en un esquema de sobornos, en el que se habrían transferido 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas en el extranjero que ellos poseían o controlaban.

Washington, que encabeza la presión internacional contra Maduro, a quien tilda de «dictador», ha impuesto sanciones contra 15 empresas vinculadas a Saab, incluidas en una lista negra estadounidense como «beneficiarias».

Si son hallados culpables, enfrentan hasta 20 años de prisión. «Saab padece una enfermedad grave, no puede aguantar el encarcelamiento en una prisión de muerte estadounidense«, increpó Almeida, sin aportar mayores detalles. «En caso de extradición, es probable que su destino sea la muerte».

AFP