Archive for diciembre 27th, 2020
Vecchio: Venezuela seguirá teniendo su parlamento y congresistas legítimos después del #5Ene
El Embajador en Estados Unidos (EE.UU.), Carlos Vecchio. | Foto: CCN
El embajador de la presidencia encargada en Estados Unidos, Carlos Vecchio, se pronunció sobre la aprobación de una modificación de la Ley del Estatuto para la Transición Democrática que asegura la continuidad del Parlamento a pesar del show de Maduro del pasado 6 de diciembre.
Vecchioi destacó que “Venezuela seguirá teniendo su parlamento y congresistas legítimos después del 5 de enero de 2021, cuando el régimen de Nicolás Maduro secuestrará el Palacio Federal Legislativo con la una ilegítima asamblea, tal como ya hizo en el pasado con la Asamblea Constituyente”.
“A pesar de todo lo que la dictadura de Maduro ha intentado, y a pesar de la pandemia, nuestros diputados, el Presidente interino Juan Guaidó, y quienes le acompañamos en esta lucha nos ponemos de pie y seguiremos luchando por una Venezuela Libre. No hay ni puede haber otro foco más relevante que la libertad de nuestro pueblo”, dijo.
Aseguró que la lucha “ha sido muy compleja” y explicó que se ha extendido más de lo esperado “porque estamos frente a una dictadura narcoterrorista, con tentáculos criminales internacionales, que comete sin vacilación crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela”, resaltó a través de la red social Twitter.
Dijo además que a pesar de los obstáculos, la AN legítima “ha superado todos los desafíos planteados por el dictador, asegurando que el último bastión de la democracia permanezca intacto para servir a los ciudadanos de Venezuela”.
La @AsambleaVE aprobó modificación de Estatuto que garantiza funcionamiento y mantenimiento del Parlamento a pesar del fraude del 6D. #Venezuela seguirá contando con su parlamento y diputados legítimos después del #5E 2021, cuando el régimen secuestre Palacio Federal Legislativo. https://t.co/4WM9kzwAu4
— CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) December 26, 2020
NP
El patológico informe del régimen ante la CPI
Se titula “La verdad de Venezuela contra la infamia. Datos y testimonios de un país bajo asedio”, y es el informe con que el régimen de Maduro pretende defenderse ante la institucionalidad de la Corte Penal Internacional, de los voluminosos expedientes que vienen acumulándose por sus planificadas, sistemáticas, recurrentes y brutales prácticas de tortura y violación de los derechos humanos.
El informe, 112 páginas concebidas desde lo absurdo, pueden leerse como la radiografía de un régimen patológico, que intenta mostrarse como víctima de una gigantesca, articulada, poderosa e imperialista conspiración, denominada “agresión multiforme”, de la que serían parte los dirigentes políticos de los partidos opositores, agentes y financistas extranjeros, Trump y el imperialismo, la OEA, la ONU, la Asamblea Nacional dirigida por Juan Guaidó, diversas organizaciones no gubernamentales, algunos medios de comunicación –entre ellos, El Nacional–, militares y gobiernos extranjeros.
De la primera a la última página, la exposición no supera lo precario y burdo. Inventa intenciones que no existen; relaciona hechos y realidades que no tienen vínculos entre sí; fabrica conclusiones sin fundamento alguno; trae a cuento leyes, programas y documentos que, en la práctica, han sido desconocidos por el propio régimen. No solo mentiroso: hay algo patético en un documento que pone en evidencia que no cuenta ni siquiera con los mínimos recursos intelectuales para producir una pieza que muestre, al menos, alguna mínima astucia. Es el documento de una organización despojada de espíritu. De una alianza de bandas armadas que, abiertamente, han tomado el control del territorio venezolano y que no tienen ni un buen argumento para defenderse, como no sea engordar el expediente con nuevas mentiras.
Como el lector puede presuponer, no se habla de lo real: ni una palabra sobre los presos políticos, ni sobre los torturados, ni tampoco sobre los allanamientos sin orden judicial, ni sobre el trato degradante hacia los detenidos y sus familiares. No se mencionan las palizas, las prácticas de electrocutar a los detenidos, ni de cómo los obligan a comer excrementos, ni cómo se les desnuda y somete a temperaturas ambiente de frío extremo, ni de las comidas llenas de gusanos, ni de los modos en que los cuelgan de las muñecas o de los tobillos. Ni una palabra sobre los asesinados y violados. Ni tampoco sobre el hambre en Venezuela, sobre el colapso del sistema sanitario. Nada sobre el desastre de los servicios públicos. O la falta de agua. O las constantes interrupciones del servicio eléctrico. Ni sobre la gravísima escasez de combustibles. Tampoco sobre las prácticas represivas y de matraqueo generalizado que ocurren todos los días, a toda hora, en cualquier parte del territorio, a cargo de uniformados que instalan alcabalas con la finalidad expresa de robar a peatones y conductores. No se habla del estado de absoluta indefensión en el que viven 27 millones de personas, de todas las edades y todos los estratos sociales.
Y entonces, se preguntará el lector, ¿de qué habla el informe? Por una parte, dedica páginas y páginas a teorizar sobre las pautas de respeto y defensa de los derechos humanos que, en el mundo enajenado del redactor del informe, se practican en Venezuela: doctrinas, leyes y reglamentos. Se mencionan instituciones –instituciones también fantasmas– que velarían por garantizar los derechos: se refieren a esas instituciones, encabezadas por el Ministerio Público, cuya verdadera finalidad es servir de tapadera y excusa para que el régimen pueda seguir deteniendo y torturando con plena impunidad.
El recurso de teorizar sobre lo inexistente también se extiende hacia el supuesto “Nuevo Modelo Policial”: las leyes, reglamentos y “practiguías” que supuestamente lo alimentan; los modelos de actuación con que los funcionarios operan: es decir, el informe miente, del modo más descarado, sobre unos cuerpos policiales que, en la práctica se han convertido en azote de las comunidades, en bandas delincuenciales protegidas por el poder. Y hay más: el documento defiende a los colectivos y llega al extremo de afirmar esto: “En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, los colectivos u organizaciones sociales son utilizados por las instituciones del Estado para ejercer control social o desempeñar funciones de seguridad ciudadana. De conformidad con la Constitución y la ley, el ejercicio de las labores de protección y seguridad de la ciudadanía están reservadas exclusivamente a los órganos del Estado”. Justo lo contrario de lo que testimonian los hechos y las víctimas de la violencia paramilitar.
El informe hace una relación de 10 casos –algunos de ellos de sustentación dudosa–, de amenazas a periodistas, presenciales o por las redes sociales, por parte de ciudadanos opositores o de dirigentes políticos, pero no hace mención –léase bien la cifra– a los más de 1.200 ataques que reporteros y equipos de televisión han sufrido por parte de uniformados, colectivos y militantes oficialistas, entre 2016 y 2020.
Los dos argumentos principales del informe tienen un carácter descalificatorio: de una parte, de la Misión de Determinación de los Hechos del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, y a sus integrantes. Se les acusa de falta de rigor metodológico y del uso de fuentes no confiables. De otra parte, lo más infamante, se pretende negar la existencia de brutales violaciones de los derechos humanos, mostrando imágenes en las que aparecen algunos presos políticos destacados –Juan Requesens y Leopoldo López– realizando actividades deportivas o sociales.
En conclusión: páginas vergonzantes, sin argumentos, falsas sin disimulo, que ponen en evidencia que el régimen ha perdido su capacidad de defenderse, por lo tanto, nos dice que el registro de los hechos, la acción de las víctimas y los testigos, así como la práctica de la denuncia, deben continuar. Continuar hasta cumplir con la tarea de cambiar de régimen.
Editorial de El Nacional
Comunicado de UNT
Cónsonos con nuestros ideales y principios democráticos, Un Nuevo Tiempo reafirma su posición firme de seguir luchando para que los venezolanos puedan elegir a través de unas verdaderas elecciones libres, justas y verificables a sus gobernantes.
En Un Nuevo Tiempo somos demócratas, firmes creyentes y defensores de la ruta electoral, convencidos de la unidad Nacional, por ello, nuestra fracción parlamentaria aprobó la modificación de la Ley del Estatuto de la Transición, puesto que la Asamblea Nacional es el espacio soberano para seguir luchando por elecciones libres que lleven a la liberación total de nuestra gente que hoy sufre y llora por la tragedia que estremece al país.
Ante la intransigente negativa del régimen, de dar la oportunidad a los venezolanos de decidir su destino a través de unas elecciones libres, verificables y acordadas, nuestro ideal de lucha es por recuperar el estado de derecho, que las instituciones respondan al interés y necesidad de la gente, restablecer la legalidad para combatir la impunidad donde el régimen se siente cómodo y sigue destruyendo y atropellando, convirtiendo al país en un paraíso para violar las leyes y la constitución.
Dirección Ejecutiva Federal
26 de diciembre de 2020
Omar González: La AN debe hacer en 2021 una agenda ciudadana por el cese de la usurpación
“Esta Asamblea Nacional [AN] debe hacer de inmediato una agenda ciudadana de cara al 2021 para el cese de la usurpación”. Así lo expresó este sábado el diputado Omar González durante la sesión del Parlamento.
En nombre de la Fracción Parlamentaria 16 de Julio, el dirigente resaltó la importancia de convocar a la sociedad y a la comunidad internacional a una ruta definitiva que eleve la participación ciudadana. “Sólo así seguiremos siendo la única institución legítima en Venezuela”, dijo.
González también expuso la posición de la Fracción 16 de Julio sobre la llamada continuidad constitucional y el cambio del Estatuto para la Transición. “Rechazamos la reformulación de la ruta hacia la Transición, el cambio del orden que correctamente había internalizado nuestra sociedad sobre el itinerario de la democratización, cuando expresamente en el artículo 2 del Estatuto se estableció como primer paso la liberación del régimen autocrático, para luego conformar un gobierno provisional de unidad y tercero, llegar a la celebración de elecciones libres”, sostuvo.
El parlamentario consideró preocupante que según esa reforma del artículo 2 propuesta se elimine como proclama de lucha el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres, en ese orden, y pidió revisión de esa decisión.
“Seguimos siendo diputados”
Por otra parte, Omar González dijo que la Fracción 16J comparte la tesis de la “continuidad constitucional”, considerando que después de la elección de 2015 se le ha negado a los venezolanos la posibilidad de expresarse en unos comicios libres.
“Compartimos el criterio descrito en la exposición de motivos en el sentido de rechazar el concepto de la continuidad administrativa y apoyamos la llamada continuidad constitucional, que no es la simple permanencia del órgano legislativo, sino como el camino para preservar la voluntad del soberano que se expresó en 2015”, sostuvo.
El vocero político señaló que los diputados tienen la responsabilidad de representar la voluntad popular y su misión es luchar contra la usurpación y acordar lo necesario para cumplir lo establecido en el Estatuto para la Transición.
“Pese a críticas y discrepancias, hemos decidido apoyar la prolongación del mandato popular de nuestro cargo y exigir una reformulación de la agenda parlamentaria que tenga como prioridad la liberación del régimen autocrático”, fueron sus palabras.
Además, agregó que la Fracción 16J también “rechaza y desconoce absolutamente” el evento político celebrado por el régimen el 6 de diciembre pasado. “La Fracción 16J tiene el compromiso ineludible y no reconoce a quienes a través de una farsa pretenden tomar el control del país”, finalizó.
Guanipa: “Hemos asumido la continuidad como diputados hasta tanto se realicen elecciones libres, justas y verificables”
Explicó que es imprescindible la reforma del Estatuto de la Transición, debido a la inexistencia de un proceso electoral en el país.
En sesión extraordinaria de este sábado 26 de diciembre, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, presentó el resultado del trabajo de la Comisión Especial designada para la elaboración del informe para la segunda discusión de la Ley de Reforma del Estatuto que rige la Transición a la Democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
De tal manera el parlamentario expresó que “ante la farsa que fue rechazada por la legítima Asamblea Nacional y por la comunidad internacional, y debido a la inexistencia de un proceso electoral, que haga a los ciudadanos protagonistas de su destino, hemos asumido la continuidad constitucional del ejercicio de las funciones de los diputados que representan la soberanía popular, hasta tanto se realicen elecciones parlamentarias libres, justas y verificables”.
Guanipa explicó que para ello es imprescindible la reforma del Estatuto de la Transición. “Sin reforma del estatuto no habría continuidad constitucional de la Asamblea Nacional ni habría tampoco gobierno interino. Por esa razón, es completamente urgente y pertinente culminar este proceso de reforma legal y dejar el piso jurídico para continuar la lucha institucional –dentro de Venezuela y con el apoyo internacional– hacia el logro de esos bienes tan anhelados como son la democracia, la libertad, las oportunidades, el estudio, el trabajo, el emprendimiento y la calidad de vida”.
Además, acotó que, aunque se mantiene el contenido sancionado en primera discusión, el informe no se aprobó por unanimidad, porque en el seno de la comisión, se produjo el anuncio de voto salvado de la fracción de Acción Democrática. “Es una situación que nos obliga a trabajar con más ahínco en la búsqueda de los consensos necesarios para seguir luchando hasta lograr acabar con la tragedia que vive nuestra gente en toda la geografía nacional y fuera de nuestras fronteras”.
“Que quede claro ante Venezuela y el mundo que desconocemos la farsa del 6 de diciembre. Que rechazamos todos los actos emanados de la irrita institucionalidad proveniente de esa farsa. Que garantizamos la continuidad constitucional del Poder Legislativo Nacional a través de la Asamblea Nacional y su Comisión Delegada, en los términos establecidos en la Constitución y en el Estatuto. Que seguimos fortaleciendo la institucionalidad del legítimo Poder Legislativo Nacional y de la Presidencia Encargada de la República. Que seguimos actuando para restablecer el orden constitucional Interno y para promover interna e internacionalmente la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, así como el restablecimiento de la democracia. Que seguimos defendiendo los derechos humanos y procurando su sistema de garantías. Que seguimos defendiendo los derechos e intereses del Estado Venezolano y de los venezolanos alrededor del mundo”.
Guanipa dijo que a pesar del riesgo que esto acarrea, por estar delante de un régimen dictatorial y represivo, no desmayarán en sus anhelos por lograr la libertad para Venezuela y las oportunidades que los ciudadanos se merecen.
“Salgamos de algunas cuevas seguras y digámosle a Venezuela que aquí estamos para acompañarla en la hermosa tarea de la artesanía de la democracia y de la libertad. Esas terribles condiciones que vivimos, esas amenazas, tribulación, represión, debemos procesarlas con paz y gozo. Aunque no tengamos vocación de víctimas o de mártires, debemos estar dispuestos a todo por el rescate de nuestra nación. Qué gran ejemplo nos han dado tantos cristianos que fueron perseguidos y que ofrendaron su vida en defensa de su fe y de su dignidad”, concluyó.
