La Colación Cívica, una de las tres fuerzas que integran Juntos por el Cambio, el mayor frente de oposición política de Argentina, anunció este lunes, 14 de diciembre del 2020, que pedirá someter a juicio político a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner.
Según informaron integrantes de la Coalición Cívica, la petición será presentada esta semana ante el Congreso por diputados de esa fuerza.
Los diputados opositores consideran que Fernández, quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015 y actualmente es titular del Senado en calidad de vicepresidenta del país, alteró el «orden democrático» al difundir la semana pasada un mensaje escrito con fuertes críticas al Poder Judicial y, en particular, a la Corte Suprema de Justicia.
La diputada Paula Oliveto, presidente de la Coalición Cívica en la ciudad de Buenos Aires, sostuvo a través de su cuenta en la red social Twitter que la vicepresidenta, investigada en varias causas por presuntas irregularidades durante su Gobierno, pretende «un plan de impunidad a sus causas» y señaló que las «presiones a la Justicia están vedadas por la Constitución y atentan contra la democracia».
«En su rol de presidenta del Senado, pretende avasallar la república», aseveró Oliveto.
Por su parte, Juan Manuel López, también diputado de la Coalición Cívica, acusó a Fernández por supuestamente «interferir en el normal desarrollo de las funciones de otro poder del Estado, atentando contra el orden institucional y el sistema democrático».
El pasado día 9, Fernández publicó un texto en su sitio web en el que formuló duras críticas al Poder Judicial por su supuesta «articulación» con medios de comunicación» para perseguir y encarcelar» a políticos opositores al Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) -uno de los líderes de Juntos por el Cambio-, algo que, según ella, «aún continúa».
La vicepresidenta afirmó además que los actuales cinco miembros de la Corte «deciden hoy sobre la vida, sobre el patrimonio y la libertad de las personas» que habitan en Argentina.
Fernández aseveró que a nadie debería extrañarle si el máximo tribunal «empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar» al actual Gobierno, «o, lo que es peor aún, para hacerlo fracasar».
Para que un pedido de juicio político prospere en Argentina, se requiere la aprobación de al menos las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, compuesta por un total de 257 miembros, de los cuales unos 120 responden al oficialismo.
Juntos por el cambio también cuestiona a Fernández.
La mesa nacional de conducción de Juntos por el Cambio -frente integrado por la Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical y Propuesta Republicana (Pro, el partido de Macri)- sostuvo este lunes en un comunicado que el mensaje de Fernández de «ataque a la Corte» constituye un «golpe» a la Constitución argentina y un «ataque» a la independencia de la Justicia.
«Está claro el objetivo: la búsqueda de la impunidad a través del intento de que la Justicia transforme los casos de corrupción en casos de lawfare, una teoría inventada que sostiene que los hechos de corrupción serían una persecución política», señala el comunicado.
A su juicio, el presidente argentino, Alberto Fernández, «no puede, por su alta investidura y representación, tolerar ni consentir un menoscabo institucional de esta naturaleza».
EFE
