Mientras Estados Unidos se prepara para reducir el número de sus soldados en Afganistán de 4.500 a 2.500 antes de que Donald Trump deje la presidencia en enero, el Gobierno de Kabul espera que el cambio apenas afecte a la seguridad del país, que ya está en manos de las fuerzas afganas.

Washington pactó la retirada de sus tropas con los talibanes el pasado febrero en Doha, en un plazo que finaliza en mayo del año próximo, y ya ha replegado a buena parte de los cerca de 12.000 soldados que llegó a tener en el país.

A mediados de enero, y antes de que el presidente electo, Joe Biden, asuma su cargo, Estados Unidos reducirá sus tropas al nivel más bajo desde que invadió el país asiático en 2001.

Esto ha despertado algunas preguntas sobre cómo afectará a la lucha de las fuerzas afganas contra los insurgentes, que ahora controlan casi el 45 % del territorio, y si tendrá alguna repercusión en las negociaciones de paz intraafganas en curso en Catar desde el pasado septiembre.

LA SEGURIDAD, EN MANOS DE LAS FUERZAS AFGANAS

Pero para el Gobierno afgano, la reducción de las tropas parece importar menos que el nivel de las relaciones diplomáticas entre Washington y Kabul, y el apoyo que Estados Unidos presta a su Ejército.

«Para nosotros, es importante centrarnos en la calidad de las relaciones con Estados Unidos y no en el número de tropas, y esto implica responder a las necesidades de las fuerzas de seguridad afganas a tiempo», dijo el portavoz del Palacio Presidencial afgano, Sediq Sediqqi, en una reciente rueda de prensa.

El objetivo de Kabul es que las fuerzas estadounidenses «no sean necesarias» en la contienda.

«Nuestras relaciones van a continuar, y las promesas de apoyo a las fuerzas de seguridad afganas siguen vigentes», aseguró Sediqqi, antes de añadir que el Ejército afgano «está listo para defender el país y ya está actualmente haciendo este trabajo».

El analista político Safiullah Mullakhil precisa, en declaraciones a Efe, que «las fuerzas afganas están ahora conduciendo el 96 % de sus operaciones militares por su propia cuenta».

Refiriéndose a los últimos ataques a gran escala lanzados por los talibanes durante los pasados dos meses en las provincias sureñas de Helmand y Kandahar, Mullakhil asegura que cientos de insurgentes fallecieron o resultaron heridos sin que capturasen por tanto distritos de importancia.

«Estos ataques talibanes han probado que las fuerzas afganas pueden defender su país por sí mismas, da igual que haya 4.000 soldados estadounidenses en sus bases o 2.500», afirma.

El analista político Shahzada Masoud advierte de la importancia de que la retirada estadounidense sea «responsable» y coordinada con Kabul.

«Habrá consecuencias si nos levantamos una mañana y vemos que no hay tropas estadounidenses en sus bases», dice a Efe Masoud, que fue asesor del expresidente Hamid Karzai.

PRESIÓN A LOS TALIBANES

La presencia de tropas estadounidenses en suelo afgano es también considerada esencial para el progreso de las negociaciones de paz intraafganas, en curso desde hace casi tres meses en Doha y en las que por el momento no se ha alcanzado un compromiso significativo.

«Una presencia militar continua, especialmente con bombardeos a las líneas fronterizas talibanas, podría ser esencial para obligarlos a alcanzar un acuerdo con el Gobierno», asegura a Efe el general retirado y analista político Atiqullah Amarkhil.

Si no hay presión militar contra los talibanes, el grupo no hará concesiones fácilmente durante las negociaciones, dice Amarkhil.

Por contra, el exgeneral sí mostró esperanzas de que con la llegada de un nuevo presidente a EEUU, el demócrata Joe Biden, se produzca un cambio de actitud en la Casa Blanca con respecto a los insurgentes.

«Trump ha apoyado de algún modo a los talibanes y contribuido a asentar su posición, pero Biden es un político experimentado que puede no seguir los pasos de su predecesor respecto a la retirada de las tropas y traer algunos cambios», concluye Amarkhil. Baber Khan Sahel

Fuente: EFE
Por: Maria Laura Espinoza
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El Parlamento azerbaiyano aprobó este viernes, un mes después del fin de la guerra en Nagorno Karabaj, el levantamiento de la ley marcial en el país, decretado el 27 de septiembre cuando estallaron los combates en ese territorio separatista.

El decreto del presidente azerí, Ilham Alíev, que recibió hoy el respaldo del Milli Majilis (Parlamento unicameral) establece el fin de la ley marcial a partir de esta medianoche (20.00 GMT).

El 27 de septiembre pasado, Azerbaiyán anunció una «contraofensiva» tras asegurar haber registrado ataques del Ejército armenio contra sus posiciones y civiles en la zona de conflicto de Nagorno Karabaj, en tanto que Armenia sostuvo que fue Bakú la que declaró la guerra.

El mismo día Azerbaiyán decretó la ley marcial y un toque de queda en algunas ciudades, y al día siguiente ordenó la movilización parcial en el país.

También Armenia decretó inmediatamente la ley marcial y una movilización general en la república.

Los combates en el Karabaj, territorio en disputa entre armenios y azerbaiyanos desde 1988, se cobraron durante 44 días la vida de más 5.500 militares de ambos bandos y unos 150 civiles, según fuentes oficiales.

Armenia controlaba el territorio desde su victoria en la anterior guerra (1992-1994), tras lo que entró en vigor un frágil alto el fuego roto en numerosas ocasiones, aunque, con la excepción de la guerra de los cuatro días de 2016, nunca a gran escala.

En virtud del acuerdo patrocinado por Moscú que puso fin a la guerra el 10 de noviembre, Azerbaiyán controlará más de dos tercios de territorio del Karabaj, república que proclamó su independencia tras celebrar tres referendos (1991, 2006 y 2017), aunque ésta nunca fue reconocida por la comunidad internacional, ni siquiera por Ereván.

Fuente: EFE
Por: Maria Laura Espinoza
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Más de la mitad de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU denunciaron este viernes en un comunicado conjunto los constantes crímenes contra la humanidad que tienen lugar en Corea del Norte como resultado de «políticas establecidas desde el más alto nivel del Gobierno».

«La gravedad, escala y naturaleza de las violaciones de Corea del Norte revelan un estado sin igual en el mundo contemporáneo, y esos crímenes se cometen siguiendo las políticas establecidas al más alto nivel del estado», dijo en una intervención virtual el embajador de Alemania ante la ONU, Christoph Heusgen.

Fuente: EFE
Por: Maria Laura Espinoza
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El presidente Donald Trump no puede esquivar a los fiscales de Nueva York con un auto perdón, según un senador estatal que redactó la ley para evitar que sucedan cosas como esa.

En octubre de 2019, el senador Todd Kaminsky ayudó a aprobar una ley para cerrar la laguna legal de doble peligro del estado de Nueva York, que había impedido a los fiscales presentar demandas contra quienes habían evitado cargos a nivel federal debido a un indulto presidencial.

Y, a medida que se acerca el final de la presidencia de Trump, se informa que el presidente está considerando indultos para su familia, sus asociados y él mismo. Los presidentes pueden perdonarse a sí mismos, pero solo se aplicaría a delitos federales, tal como señala el portal norteamericano BusinessInsider.

Trump y su familia enfrentan numerosas demandas después de que deje el cargo, muchas de las cuales están en Nueva York.

Los expertos legales han dicho que un autoperdón de Trump sería una medida corrupta. El presidente ya ha sido acusado de usar su poder de perdonar de manera corrupta en el pasado. Hace tres semanas, indultó a su exasesor de seguridad nacional Michael Flynn, quien en 2017 se declaró culpable de mentirle al FBI.

Kaminsky, exfiscal federal adjunto en el Distrito Este de Nueva York, dijo que cerrar la laguna legal del estado significaba que los fiscales ahora podían acusar a cualquiera que hubiera sido indultado por el presidente. Todos los indultos presidenciales se aplican a casos federales.

«Sabíamos que el presidente estaba usando corruptamente el poder del perdón», dijo Kaminsky a Insider. «Lo hizo en varios casos. Y la pregunta inmediata es, bueno, ¿hay alguna forma de buscar justicia en esos casos?».

Kaminsky citó el muy criticado indulto del alguacil Joe Arpaio en agosto de 2017, que anuló la condena de Arpaio por violar una orden judicial para detener la discriminación racial de los latinos.

«Nos dimos cuenta de que Nueva York no tenía ese camino recorrido, quizá por un problema técnico de la década de 1960», dijo. «Pensamos que Nueva York era demasiado importante para tener una mano atada a la espalda, o ambas manos atadas a la espalda».

El estado de Nueva York introdujo su propia ley de doble incriminación en 1969 después de que una decisión de la Corte Suprema introdujera la soberanía dual de los estados y el gobierno federal, lo que permitió a los fiscales estatales perseguir los mismos casos a nivel federal. La ley de doble incriminación protegió efectivamente a las personas que habían sido juzgadas por cargos similares a nivel federal.

«Una persona no puede ser procesada por separado por dos delitos basados en el mismo acto o transacción criminal», dicta la ley.

”Las autoridades de Nueva York no se detendrán ante nada”

Kaminsky, aunque no dio detalles, aludió a las demandas existentes contra la Organización Trump y su negocio.

«Si el presidente perdonara a los miembros de su familia por algo hecho durante su mandato, o durante la campaña presidencial … eso entraría de lleno en nuestra ley y el ‘uso corrupto del perdón’ que estamos abordando», dijo Kaminsky.

Los hijos de Trump están involucrados en las investigaciones en curso. Por ejemplo, Eric Trump, que supervisa la organización Trump, fue depuesto el 7 de octubre de 2020 por la oficina del Fiscal General James.

En las últimas semanas, los fiscales que trabajan con el fiscal de distrito Vance también han entrevistado a empleados de Deutsche Bank, al banquero de la Organización Trump, y Aon, la aseguradora de la compañía, según The New York Times.

El presidente ha expresado su preocupación por la posibilidad de ser acusado en Nueva York después de que deje el cargo el 20 de enero.

«Escuché que estas mismas personas que no lograron llevarme a Washington han enviado toda la información a Nueva York para que puedan tratar de llevarme allí», dijo la semana pasada.

Las autoridades de Nueva York están avanzando en sus investigaciones, aunque no se han emitido acusaciones.

A principios de este año, Vance ganó un fallo de la Corte Suprema que confirmó que podía obtener las declaraciones de impuestos de Trump y otros documentos financieros, y James consiguió un acuerdo que obligó a Trump y sus hijos a pagar 2 millones de dólares por infringir las leyes de caridad.

Alan Dershowitz, un destacado abogado que defendió a Trump durante su juicio político, dijo recientemente a Insider: «Las autoridades de Nueva York no se detendrán ante nada para perseguirlo».

¿Qué más podría pasar?

Trump transmitió por primera vez la idea de un auto perdón en 2018, tuiteando: «Tengo el derecho absoluto de PERDONARME». A fines de mes, también retuiteó una publicación en la que pedía el auto perdón.

Pero el martes, el fiscal general James dijo que Trump podría optar por otra táctica, que es dimitir antes de que termine su mandato para que el vicepresidente Mike Pence pueda asumir la presidencia y perdonarlo.

«Sospecho que en algún momento renunciará y permitirá que el vicepresidente lo perdone», dijo.

Trump no solo se enfrenta a problemas legales en Nueva York.

En Washington, DC y Maryland, Trump está acusado de violar la cláusula de emolumentos de la Constitución de los Estados Unidos al realizar eventos oficiales en sus propiedades en 2017. No se ha emitido un veredicto en los casos.

El fiscal general de Washington DC también acusó al comité inaugural de Trump de canalizar dinero hacia su negocio familiar.

Ivanka Trump, la hija del presidente, fue depuesta por la oficina del Fiscal General en Washington DC, el 1 de diciembre, como parte de esa investigación.

Fuente: El Universal
Por: Maria Laura Espinoza
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Un convoy de ayuda humanitaria llegó este sábado a Mekele, la capital de la región etíope de Tigré, por primera vez desde el lanzamiento de una operación del ejército federal hace más de un mes, indicó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El convoy, al que se sumó la Cruz Roja etíope, fue organizado en coordinación con las autoridades etíopes, indicó el CICR en un comunicado.

La comunidad internacional llevaba varias semanas pidiendo el acceso de la ayuda humanitaria a esta región, prácticamente aislada del mundo desde el inicio de una operación militar el 4 de noviembre destinada a destituir a las autoridades regionales disidentes.

«Es la primera vez desde que estallaron los enfrentamientos en Tigré, hace más de un mes, que llega una ayuda internacional a Mekele», destacó la organización, radicada en Ginebra.

Los siete camiones de la Cruz Roja transportan medicinas y material médico para atender a más de 400 heridos, y artículos para tratar enfermedades comunes y crónicas.

Los recursos están destinados al hospital Ayder, principal establecimiento de Mekele, donde viven cerca de medio millón de habitantes, así como a la oficina regional de salud y a la farmacia de la Cruz Roja etíope en esa ciudad.

«Después de semanas sin abastecimiento, sin agua corriente y sin electricidad, los médicos y los enfermeros se vieron obligados a hacer elecciones imposibles entre los servicios que se podían mantener y los que se tenían que suprimir», indicó Patrick Youssef, director regional del CICR en África, refiriéndose al hospital Ayder.

Por su parte, el ministerio de Salud también distribuyó medicamentos y material médico a los centros de salud de la capital el sábado.

El convoy de la Cruz Roja también llevó a la zona mantas, lonas, utensilios de cocina, ropa, jabón y bidones para las 100 familias que tuvieron que abandonar sus hogares a causa de los combates, y equipos para mejorar el acceso al agua y al alcantarillado.

Fuente: El Universal 
Por: Maria Laura Espinoza
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 Mohceine Ait Lamadane pasó tres días en una precaria embarcación desde el Sáhara Occidental hasta Canarias. Desde allí, viajó a Italia para reunirse con su familia, aprovechando las grietas de un sistema migratorio desbordado por el flujo de llegadas.

«Pagué 2.000 euros [2.430 dólares] por la travesía», relató a un periodista el joven marroquí de 23 años, desembarcado en la isla de Gran Canaria.

Apenas diez días más tarde, Mohceine «ya está en Italia, con sus dos hermanos» mayores, confirmó su primo, Moulay Omar Semlali, de 40 años y residente en Gran Canaria.

Moulay Omar recogió a Mohceine en el campamento temporal en el muelle de Arguineguín, emblema de esta crisis migratoria, donde estuvo «doce días sin cambiar[se] de ropa», según contó.

Convertido en agosto en campamento temporal, el puerto de Arguineguín llegó a acoger 2.000 personas en condiciones deplorables denunciadas por Amnistía Internacional, la justicia local y el Defensor del Pueblo.

Ante las críticas, el gobierno lo desmanteló el 30 de noviembre tras presentar un plan para crear 7.000 plazas de acogida de migrantes en el archipiélago.

Traslados a la península

Normalmente, todos los migrantes llegados a Canarias deben ser identificados por la policía, que les expide una orden de expulsión si no pueden acogerse a protección internacional.

El proceso no debe superar las 72 horas, tras las cuales «las detenciones son ilegales», señala Daniel Arencibia, abogado de migrantes en Gran Canaria.

Sin embargo, estos plazos no son siempre respetados por las autoridades, desbordadas por la llegada de 20.000 migrantes en Canarias este año, diez veces más que en 2019.

En noviembre, una juez local recordó que los migrantes no pueden ser retenidos «en contra de su voluntad» más allá de las 72 horas legales.

Tampoco pueden enviarlos a los centros de detención provisional, donde solían aguardar su expulsión, porque la pandemia ha provocado su cierre o la reducción de su capaciadad, además de haber interrumpido las repatriaciones.

Y si bien el gobierno español del socialista Pedro Sánchez rechaza trasladarlos a la España peninsular como reclaman las autoridades canarias, reconoce que algunos como Mohceine lo consiguen, tomando un avión y prosiguiendo su migración a otros destinos europeos.

Los días previos al cierre del campamento de Arguineguín, numerosas personas se acercaban a buscar familiares o amigos, constató un periodista de la AFP.

Abdel Rostom, por ejemplo, un marroquí residente en Gran Canaria, llegó para recoger al familiar «de un amigo que vino en patera, para enviarlo a la península».

Esto colocó al gobierno bajo el fuego de la oposición de la derecha y la extrema derecha, que lo acusan de haber fletado un vuelo de 200 migrantes desde Canarias a Granada (sur).

El ejecutivo se defendió afirmando que estas personas estaban en libertad y tomaron el avión por sus propios medios.

De Canarias a Francia o Alemania

«El grueso [de las llegadas] en los últimos meses han sido de personas que eran susceptibles de retorno» a Marruecos y otros países africanos, pero «tenemos personas que se han ido, porque son libres y tienen redes familiares», admitió el mes pasado la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul.

El ministerio de Interior, en medio de un despliegue diplomático para reactivar las devoluciones a los países de origen, no da cifras sobre estos casos.

Según José Luis Guedes, secretario general del sindicato de la policía SUP en Canarias, «han llegado muchísimos magrebíes con su tarjeta de identidad y su pasaporte… Se han dado cuenta de que no pueden ser expulsados y quedan en libertad, y han podido viajar por sus medios a la península y en la península desaparecen».

«Van a Francia, Bélgica, Alemania, que son los destinos para ellos, en Canarias no quieren quedarse, es el paso», señala.

Fuente: El Universal
Por: Maria Laura Espinoza
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