Luis Almagro, secretario general de la OEA, ha dicho no querer esperar a recibir el informe de fin de año de la CPI / Foto: Luis Benavides /AP
Líderes de la Organización de Estados Americanos (OEA) criticaron con dureza el miércoles a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por no iniciar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, alentando con esa demora al gobierno de Nicolás Maduro “a cometer más crímenes”.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que se encuentra en La Haya, respondió con contundencia que ha logrado “importantes avances” en el caso de Venezuela y que no permitirá intentos del exterior de interferir en su independencia.
En un informe emitido el miércoles por la mañana, la Secretaría General de la OEA destacó que le parece “sorprendente” e “inexplicable” que la Fiscalía no haya iniciado una pesquisa a pesar de que en 2018 la OEA le entregó un informe detallado sobre supuestos asesinatos, torturas, violaciones, persecuciones y desapariciones forzadas ocurridos en Venezuela.
La Fiscalía, señaló la OEA, “parece estar lejos de llegar a una conclusión definitiva, a pesar de los casi tres años transcurridos” desde la entrega del informe.
“La lentitud del examen parece absolutamente indiferente a los crímenes generalizados, graves y devastadores que se están cometiendo” en Venezuela, señaló el reporte firmado por el Asesor Especial sobre la Responsabilidad de Proteger de la OEA, Jared Genser.
Agregó que “como consecuencia, el régimen se siente envalentonado para cometer más crímenes, bajo la impresión de que puede actuar con total impunidad”.
Por su parte, la Fiscalía dijo a The Associated Press que, al igual que hace con otros casos, los fiscales emitirán antes de final de año un informe sobre Venezuela y que el análisis sobre la situación en el país “sigue su curso normal”.
“La imparcialidad e independencia juntas forman la base del mandato de la Fiscalía y guían cada una de sus decisiones y acciones”, señaló la Fiscalía en un mensaje de correo electrónico. “La fiscal (Fatou Bensouda) y su oficina no permiten intentos desde el exterior, de cualquier fuente, para interferir con su independencia o el camino normal de la justicia”.
A principios de noviembre la Fiscalía anunció que había concluido en un examen preliminar que existía una “base razonable” para creer que crímenes de la jurisdicción de la Corte habían ocurrido en Venezuela. Sin embargo, aún debe concluir otras fases, como analizar si esos presuntos delitos han sido comprobados por las autoridades venezolanas.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, se reunió con Bensouda, el mes pasado para hablar del examen preliminar. Según un comunicado de la CPI, en la reunión Saab expresó su intención de colaborar con la Corte e invitó a Bensouda a visitar Venezuela.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo el miércoles que no quería esperar a recibir el informe de fin de año de la CPI porque “un día más de impunidad implica más violaciones de derechos humanos”.
“Nosotros no podemos jugar con los tiempos de la gente que está siendo torturada en este momento, no podemos jugar con la vida de la gente que está siendo víctima de la crisis humanitaria de la dimensión de Venezuela, no podemos jugar con la vida de los migrantes venezolanos que quieren retornar al país”, agregó en rueda de prensa.
En la misma conferencia, realizada por internet, Genser dijo que el informe de la OEA no puede ser interpretado como un ataque a la CPI sino más bien “un llamado a la transparencia, a la rendición de cuentas y la urgencia”.
El lunes Saab emitió un comunicado diciendo que entregó un extenso informe a la CPI para “dar respuesta a todos los requerimientos realizados”.
El gobierno de Maduro no respondió de forma inmediata al informe de la OEA pero a menudo dice que esas críticas son una agresión a la soberanía de Venezuela por parte de países dominados por Washington.
En su reporte del miércoles, la Secretaría General de la OEA acusó también a Bensouda de no haberse “ceñido a los principios generales de imparcialidad y objetividad” en su examen preliminar porque la Fiscalía omitió muchos datos importantes.
“La Fiscalía no menciona lo suficiente la magnitud y gravedad de algunos de los presuntos crímenes; esto plantea interrogantes graves sobre la omisión de pruebas fiables por la Fiscalía y sobre su intención de enjuiciar plenamente todos los crímenes perpetrados en Venezuela que son competencia de la Corte Penal Internacional”, dijo el informe.
El grupo regional incluyó en su informe datos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde 2014 a 2020, entre los que destacó más de 18.000 asesinatos supuestamente perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos paramilitares, incluidas ejecuciones extrajudiciales y asesinatos de manifestantes. También mencionó 653 casos documentados de torturas.
La Secretaría General de la OEA dijo, sin embargo, que la Fiscalía de la CPI “omite, sin explicación alguna, miles de denuncias de asesinatos de fuentes fiables”.
En septiembre, investigadores independientes dijeron en un informe elaborado para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que fuerzas de seguridad venezolanas llevaron a cabo terribles torturas y asesinatos usando técnicas como descargas eléctricas, mutilación genital y asfixia.
El gobierno de Maduro formalizó su salida de la OEA en 2019.
Algunos países miembros de la organización, como México, no reconocen la participación en los debates de la OEA de la delegación de Gustavo Tarré, designado por el líder opositor venezolano Juan Guaidó como representante ante el organismo
AP
