He tenido la ocasión de leer el cuidado informe que el Centro de Estudios de Política y Gobierno -UCAB-, el International Institute for Democracy and Electoral Asistance -IDEA-, Súmate, el Observatorio Electoral Venezolano, la Cátedra Libre Democracia y Elecciones, y Proyecto Integridad Electoral Venezuela, pusieron en circulación el 6 de noviembre. Quiero añadir que el equipo responsable, bajo la coordinación de Benigno Alarcón Deza, reúne a algunos de los más connotados expertos venezolanos en la cuestión electoral, personas cuya idoneidad está fuera de discusión: Roberto Abdul, Egleé González Lobato, Luis Lander y Eugenio Martínez. Nadie podrá señalar que el estudio no cumple con las exigencias básicas de rigor y autonomía que el propósito de evaluar el sistema electoral demanda.

Se titula “Misión de Estudio. Sobre las condiciones del Proceso Electoral Parlamentario 2020 en Venezuela”. Está organizado en siete secciones que comentaré a lo largo de este artículo. La primera de ellas, se concentra en la denominada Justicia Electoral. Se divide en dos partes. La primera de ellas resume la judicialización de los partidos políticos, proceso que ha tenido lugar en tres olas, y que al día de hoy ha afectado a Patria para Todos, Podemos, MIN Unidad, Movimiento Electoral del Pueblo -MEP-, Bandera Roja, Copei, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Tupamaro. A todas estas organizaciones se les ha intervenido a partir de los más fútiles argumentos, se les ha despojado de sus directivas, se les ha designado directivos aliados del régimen, a los que se han entregado los recursos propios del ejercicio político -las sedes, los bienes de las mismas, las tarjetas, emblemas y otros símbolos, así como el derecho de uso de la marca electoral-, lo que constituye un despojo a la militancia y la reducción sustantiva de opciones electorales contrarias al régimen y favorables al regreso a la democracia.

El segundo y fundamental tema, también perteneciente a la sección Justicia Electoral, se refiere a lo que los autores llaman “Incertidumbre sobre la potestad normativa del Consejo Nacional Electoral”, y que, por mi parte, llamaré “Delitos electorales cometidos por el CNE”, violatorios de la Constitución: aprobaron la elección de diputados que no representan a nadie -a ninguna región ni tampoco como resultado de haber alcanzado algún porcentaje-, alteraron los porcentajes de adjudicación, hicieron trizas el principio de proporcionalidad, y, con descaro inconcebible, aumentaron de 166 a 277 el número de diputados. Y hay más: le quitaron el derecho al voto a la población indígena, ya que eliminaron para ellos el voto universal, directo y secreto, y lo remplazaron por un sistema de segundo grado. Esto no solo ratifica las políticas discriminadoras del régimen hacia los pueblos indígenas, también aumenta el estado general de indefensión al que han sido conducidos por Chávez y Maduro.

La segunda sección describe la situación degradada, insostenible y amañada del Registro Electoral -los adjetivos son míos, no de los autores del informe-: las maniobras en la distribución de los puntos de inscripción para evitar que los mayores de 18 años accedan al derecho al voto -alrededor de 2 millones de posibles nuevos electores-; casi 1,8 millones de reubicaciones; y, gravísimo, un deliberado subregistro de los electores que viven fuera del país, cuyo resultado es que se impide a 2,7 millones de venezolanos el derecho consagrado en la Constitución, de participar en el proceso electoral.

La tercera sección habla de la “Integridad del sufragio y secreto del voto”. Es, probablemente, uno de los aspectos más sensibles de la cuestión: las garantías que los ciudadanos necesitan tener de que su voto es secreto, de que el número de votos es igual al número de votantes, de que no se ponen en movimiento prácticas coercitivas como los CLAP y el carnet de la patria, para obligar a los electores a votar en contra de su voluntad y a favor del régimen.

Un largo nombre encabeza la cuarta sección del documento: “Incertidumbres tecnológicas de cara a las nuevas adquisiciones. Sistema automatizado, de una fortaleza a una debilidad”. Entre los asuntos que analiza, el más notorio es el derivado del incendio ocurrido en los depósitos del CNE, en marzo de 2020. Se perdieron 98,5% de las máquinas de votación. Sobre el sistema que vendrá a remplazar al anterior, basta con copiar lo dicho en el informe: “Al momento de redactarse este informe faltan menos de 58 días para el evento comicial del 6 de diciembre y aún se desconocen los aspectos técnicos esenciales del sistema automatizado de votación que se utilizará, especialmente las características del software y el hardware y el proveedor de los equipos”. En otras palabras: se usó el incendio para adquirir un nuevo parque de máquinas, cuyo funcionamiento se desconoce. No lo dice el informe, lo pregunto yo: ¿acaso el propio régimen quemó las máquinas para justificar la compra de equipos bajo su pleno control, máquinas “arregladas” que les garanticen el triunfo en unas elecciones, ilegales y fraudulentas, que estarán marcadas por la abstención y un cúmulo de trampas?

Sobre las “Condiciones de equidad en la competencia electoral” -quinta sección- tema sobre el que ya he publicado otros dos o tres artículos-, y sobre la sección sexta, dedicada a la Observación Electoral, el informe recapitula sobre el uso de los recursos del Estado para beneficio de los candidatos del gobierno y sobre la falta de medios de comunicación independientes. Llamativamente, el informe no desarrolla el tema del papel asignado al Plan República, a cargo de la FABN, cuyo Alto Mando Militar ha declarado y practicado, de forma sistemática, su adhesión al gobierno, aproximadamente desde finales de 2013.

La séptima sección, que sintetiza un cuerpo de Conclusiones y Recomendaciones, lista las medidas que, de acuerdo con el grupo de expertos, tendrían que tomarse para que el proceso electoral fuera tal y no una gigantesca trampa, con el específico propósito de liquidar el último de los poderes públicos legítimos que queda en Venezuela, y que hoy es el núcleo, único y principal, de la resistencia y lucha de los demócratas en contra de la dictadura.

Editorial de El Nacional