Hace dos meses publicamos en este espacio editorial una nota titulada:

“Trump puede triunfar, ¿y entonces?” (05-09-2020). Lo hicimos con dos propósitos. Por una parte, para alertar a los lectores acerca de las dudas que nos suscitaban las encuestas, que en su aplastante mayoría pronosticaban una victoria avasallante de Joe Biden y el Partido Demócrata. Por otra parte, intentábamos sacar a la luz esto: si bien es cierto que una oposición tiene que realizar el trabajo que le corresponde en democracia, hemos considerado que la actitud del Partido Demócrata hacia el presidente Trump, aun antes del día en que fue juramentado para el cargo, ha ido más allá de lo razonable, conduciendo a una grave fragmentación del consenso político y del tejido mismo de la sociedad norteamericana.

Al momento de escribir estas líneas todavía desconocemos quién será el nuevo presidente de Estados Unidos. Tampoco sabemos si el que resulte proclamado se sostendrá en el cargo, en vista de las denuncias de fraude electoral, acompañadas de lo que promete convertirse en una feroz controversia legal que podría alcanzar la Corte Suprema del país. Hay que admitir que Nicolás Maduro hizo al respecto y por vez primera un buen chiste, cuando se preguntó: ¿dónde está Luis Almagro?, dadas las presuntas irregularidades y la aguda polémica que rodea las elecciones del pasado 3 de noviembre.

No obstante, dos aspectos del asunto están muy claros. En primer término, que las encuestas volvieron a equivocarse seriamente, y que Trump logró un resultado que desbordó con creces las previsiones y expectativas creadas por la mayoría de los medios de comunicación. No se produjo ni de lejos la avalancha victoriosa que Biden y el Partido Demócrata esperaban. En segundo lugar, y dentro de lo que hasta el momento hemos podido conocer, pareciera que efectivamente se registraron hechos irregulares, para decir lo mínimo, durante el proceso electoral. No formulamos ahora juicios acerca de la validez final de tales conjeturas, ni sobre la hipótesis de que estas, aunque se comprueben, sean capaces de cambiar los resultados hasta el presente anunciados. No es ese el problema que nos ocupa en esta ocasión. Lo que nos inquieta es la mala salud de la democracia estadounidense y sus perspectivas.

Estos pasados cuatro años han ocurrido, entre otros muchos, los siguientes eventos, que seleccionamos por su importancia: 1) Aun antes de que Trump asumiese el cargo para el cual fue electo legal y legítimamente, y durante la propia campaña electoral de 2016, comenzaron a forjarse conjuras destinadas a deslegitimarle y sacarle de la Casa Blanca a como diese lugar. Una revisión de la voluminosa información generada por el proceso denominado “Russiagate”, así como los resultados y conclusiones de la comisión investigadora, muestran de manera inequívoca que se trató de una pésimamente fraguada pero bien orientada conspiración, montada sobre bases amañadas y reportes inventados para destruir a Trump en el plano político, acusándole falsamente de haber cooperado con un poder extranjero que a su vez se encargó de corromper las elecciones de noviembre de 2016. 2) La señora Nancy Pelosi, desoyendo consejos más prudentes, se sacó de la manga un juicio político atrabiliario y sustentado sobre motivaciones estrictamente parcializadas, que debe haberle confirmado a Trump el carácter implacable, de guerra total, adelantada por sus adversarios. 3) En tiempos más recientes hemos observado los esfuerzos de buena parte de los medios de comunicación estadounidenses, y de grandes centros de redes sociales como Twitter y Facebook, dirigidos no solo a encubrir en toda la medida de lo posible acusaciones acerca de presuntas actividades ilícitas de un hijo de Joe Biden, sino también a censurar activamente al presidente, violando de esa manera la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos y su mandato sobre la libertad de pensamiento e información.

Todo lo anterior ha ocurrido sin que, al menos que sepamos, se haya exigido responsabilidad alguna, o se haya acusado formalmente a personas vinculadas con los asuntos mencionados, en los casos de los que puedan inferirse implicaciones penales (exceptuamos por tanto el juicio político). La participación de funcionarios de agencias gubernamentales como el FBI y la CIA, entre otras, fue un elemento integral de toda la trama del “Russiagate”, y sin embargo esas acciones delictivas no han tenido consecuencia alguna. En cuanto al fracasado juicio político al presidente, lo que el Partido Demócrata logró fue en todo caso fortalecerle, y mostrar a sus seguidores que Trump fue señalado, desde el principio, como un objetivo contra el cual casi todo ha estado y está permitido. ¿Y qué decir de unos medios de comunicación que han dejado de lado su misión de informar con veracidad y equilibrio, para transformarse en militantes obsesivos de una causa política?

En función de lo expuesto, ¿cabe acaso sorprenderse ante las denuncias sobre posibles irregularidades electorales que está formulando Trump, y cuya gestión ha puesto en manos de un nutrido equipo de abogados? Si tales irregularidades, o algunas de ellas, llegasen a comprobarse, la democracia estadounidense seguirá transitando un rumbo de deterioro que a nuestra manera de ver tiene una raíz fundamental: la derrota, nunca superada, de Hillary Clinton en 2016, y la decisión consecuente por parte del Partido Demócrata de acabar con Trump a toda costa. Esta decisión ha envenenado cuatro años de vida política en Estados Unidos, hasta el día de hoy, abriendo heridas que, nos tememos, en lugar de sanar van a abrirse todavía más, pase lo que pase en última instancia con los resultados electorales y las denuncias de Trump.

Editorial de El Nacional