Más de 14,7 millones de chilenos estaban llamados a votar. Se observaron largas filas en los centros de votación, donde el proceso transcurrió sin incidentes
El voto a favor de cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet lideraba ampliamente con un 77% el recuento de la jornada electoral de este domingo 25-O, según resultados oficiales parciales con más del 11% de los votos escrutados.
El recuento empezó inmediatamente tras el cierre de las mesas a las 20H00 locales (23H00 GMT) y en apenas una hora ya se constataba la ventaja del «Apruebo», frente al «Rechazo». En la céntrica plaza Italia de Santiago, epicentro de las protestas del último año, Sebastián Llanta, un ingeniero de 32 años, dijo a la AFP que «esto que está pasando hoy día era algo imposible de imaginar».
«Se está logrando por todo lo que pasó hace poco más de un año. No va a ser mágico de la noche a la mañana, pero lo que pase ahora tiene que ver con el aporte de todos nosotros», añadió, antes de irse a bailar al ritmo de Quieren dinero (1986), una canción-protesta de Los Prisioneros que se hizo popular en plena dictadura (1973-1990) y que sonaba en un altoparlante.
Más de 14,7 millones de chilenos estaban llamados a votar. Con mascarillas y la esperanza de un cambio, se observaron largas filas en los centros de votación, donde el proceso transcurrió sin incidentes y con los resguardos sanitarios para evitar contagios de coronarivus.
La tasa de participación era un dato clave en una cita electoral en plena pandemia, en un país donde desde 2012 el voto es voluntario. La referencia inmediata era la presidencial de 2017, cuando fue electo Sebastián Piñera, y votó el 49,2%.
«Hay mucha gente para votar en todos los lados. Nunca he visto tanta gente, y mucha juventud», dijo a la AFP, José Gallardo, un taxista de 73 que recorrió la ciudad durante la mañana.
El plebiscito ha estado marcado por la posibilidad de cambios que abre este inédito proceso electoral, decidido tras un amplio acuerdo político alcanzado en noviembre del año pasado, casi un mes después del inicio, el 18 de octubre de 2019, de las protestas sociales y enfrentamientos violentos con la Policía tras el alza en la tarifa del Metro de Santiago.
La elección se realiza justo un año después de que tuviera lugar, el 25 de octubre de 2019, la mayor marcha realizada en democracia. Más de 1,2 millones de personas se reunieron en torno a la Plaza Italia de Santiago, una demostración de la profundidad y amplitud del descontento social acumulado en décadas en un país considerado un modelo de crecimiento económico y estabilidad en América Latina.
«A un año del estallido social es la primera oportunidad real que tenemos para hacer los cambios necesarios para mejorar la salud, la educación; para tener una sociedad más igualitaria», dijo Pilar Matus, una profesora de 47 años que participó en esa gran marcha.
El presidente Piñera, que se mantuvo neutral hasta la fecha y no reveló si iba a votar a favor o en contra, votó temprano y pidió a sus compatriotas acudir a las urnas «porque todas las voces importan». También llamó a «rechazar la violencia y abrazar el camino de la unidad».
«Hemos esperado mucho más de un año (por esto), es un evento histórico en nuestro país», dijo a la AFP emocionado Elías Pérez, un psicólogo de 39 años, que votó en el Estadio Nacional de Santiago, lugar emblemático en la historia chilena convertido para esta jornada en el centro de votación más grande del país.
La madre de la injusticia
Un año después del inicio de las protestas, Chile se juega en las urnas la posibilidad de cambiar la Constitución redactada en 1980 y sepultar definitivamente la sombra de la dictadura de Pinochet, resolviendo por la vía pacífica los problemas de inequidad y exclusiones que detonaron el «estallido social» de octubre.
Para un amplio sector de la población, la Constitución de 1980 es la madre de las desigualdades de Chile. Si bien la carta magna no establece la privatización de sectores básicos, como la salud o la educación, fomenta la participación de los privados y reduce el tamaño del Estado.
Pero para los detractores del proceso, un cambio a la Constitución podría minar la salud de la economía y el desarrollo social.
«Un primer propósito de este proceso constituyente es dejar atrás la sombra de la dictadura de Pinochet (…) elaborada bajo el uso de la fuerza», explicó a la AFP Marcelo Mella, politólogo de la Universidad de Santiago.
El segundo objetivo, agregó Mella, es «poder resolver por la vía política y pacífica los problemas que se han transformado en estructurales», como la desigualdad y la exclusión.
Además de elegir entre «Apruebo» y «Rechazo», los electores también definían el órgano que redactará la eventual nueva Constitución: una «Convención Mixta», compuesta por 172 miembros, distribuida a partes iguales entre ciudadanos electos y parlamentarios en ejercicio, o una «Convención Constitucional», de 155 miembros, en la cual todos sus integrantes deben ser elegidos popularmente.
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