El nuevo brote de covid-19 en la Casa Blanca afecta ya al menos a cinco personas del entorno del vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, pero él planea mantener intactos sus planes de viaje para hacer campaña electoral, una decisión que ha generado polémica en el país.

Además de los contagios del jefe de gabinete de Pence, Marc Short, y su asesor político, Marty Obst, confirmados la noche del sábado por fuentes oficiales, al menos otras tres personas de la oficina del vicepresidente han dado positivo por la enfermedad, indicaron este domingo el diario The New York Times y la cadena CNN.

Pence dio negativo en sus pruebas de covid-19 este sábado, al igual que su esposa Karen, pero planea seguir adelante con sus viajes de campaña a nueve días de las elecciones presidenciales en EE.UU., que incluyen una visita este domingo a Carolina del Norte y otra el lunes a Minesota, según su oficina.

Esa decisión se ha tomado a pesar de que Pence se considera un contacto cercano de su jefe de gabinete y de que la semana pasada viajó con Obst, quien participó el 15 de octubre a un acto de recaudación de fondos en Florida al que también asistió el presidente estadounidense, Donald Trump.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, defendió este domingo la decisión de mantener intacta la agenda de Pence, al opinar que el vicepresidente es personal «esencial» según las directrices de los expertos sanitarios del país, y por tanto debe continuar con sus actividades, incluidas las de campaña.

«Anoche hablé con el vicepresidente a medianoche, y puedo decirles que va a llevar mascarilla y va a mantener la distancia social. Cuando vaya a hablar (en sus mítines) se quitará su mascarilla y luego se la volverá a poner», dijo Meadows en una entrevista con la cadena CNN.

«Obviamente, estoy preocupado por la posibilidad de que esto pueda afectar a todo el mundo, no solo al vicepresidente», admitió después Meadows en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

Meadows y la oficina de Pence aseguran que la unidad médica de la Casa Blanca han dado «luz verde» al vicepresidente para que mantenga sus viajes de campaña, pero ningún doctor de la residencia presidencial ha confirmado hasta ahora este extremo.

Según The New York Times, Meadows intentó este sábado mantener en secreto la información sobre los positivos en la oficina de Pence, y el funcionario justificó esa postura este domingo: «Compartir información personal no es algo que debamos hacer a no ser que sea el presidente o el vicepresidente», dijo.

Aparte de los casos de Short y Obst, las otras tres personas que han dado positivo en la oficina de Pence no han sido identificadas públicamente, y el resto de asesores del vicepresidente están «asustados» por el tema, según CNN.

Este es el segundo brote de covid-19 que se registra en la Casa Blanca en un mes, después del foco que a principios de octubre contagió a casi 30 personas, incluidos el propio Trump, su esposa Melania, varios senadores y la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.

La Casa Blanca apenas cambió sus protocolos para hacer frente a la pandemia tras el incidente, y Trump y Pence retomaron enseguida los mítines ante cientos de personas, en los que apenas se mantiene la distancia social y se usan pocas mascarillas.

EFE

Más de 100.000 bielorrusos salieron hoy a las calles de Minsk y otras ciudades del país en el undécimo domingo de protestas antigubernamentales y en el llamado «Día del ultimátum del pueblo» al presidente, Alexandr Lukashenko, para que abandone hasta la medianoche el poder y libere a todos los presos políticos.

«Hoy a las 23:59 hora local (20.59 hora GMT) vence el plazo del ‘Ultimátum del Pueblo’, y, si no se cumplen las demandas, los bielorrusos iniciarán una huelga nacional», advirtió la líder de la oposición en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, en Telegram.

El pasado día 13, la que fuera la principal rival de Lukashenko en las elecciones presidenciales del pasado 9 de agosto -no reconocidas por la oposición ni por Occidente- dio 12 días al mandatario para que presente su dimisión, libere a todos los presos políticos y ponga fin a la represión policial.

Si Lukashenko no abandona hasta esta medianoche la presidencia tras 26 años en el poder, la oposición llamará a una huelga nacional a partir de mañana en todas las empresas nacionales, a bloquear las carreteras y a boicotear las tiendas estatales.

En los supermercados, las farmacias y tiendas de alimentos en Minsk no hay aún escasez de productos.

La embajada de EEUU en Minsk emitió el viernes pasado una alerta para sus ciudadanos ante el temor de que pueda haber enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes a partir del lunes, y ha recomendado evitar actos masivos y a reunir un «suministro de al menos tres días de alimentos, agua, medicinas y dinero en efectivo».

Más de 100.000 bielorrusos, según la oposición, apoyaron hoy el ultimátum de la oposición al presidente y su régimen.

Una marea humana recorrió por undécimo domingo consecutivo con banderas rojiblancas, símbolo de la oposición, el centro de Minsk.
Vehículos blindados y cañones de agua esperaban en cada esquina a los manifestantes para impedir la marcha.

El Palacio de la Independencia, residencia de Lukashenko, estaba fuertemente protegido por fuerzas especiales y vehículos blindados.

Hubo otras marchas solidarias en otras ciudades, como en Grodno, Brest, Lida, Gómel, Vítebsk, Brest, Polotsk o Novopolotsk.

En Lida las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes y hubo decenas de detenciones.

También hubo detenciones en otras ciudades, incluida Minsk, donde se escucharon además explosiones de granadas aturdidoras.

La organización de derechos humanos bielorrusa Vesná ha documentado hasta el momento más de 78 arrestos.

El Ministerio del Interior ha reconocido el uso de «medios especiales» para suprimir la marcha no autorizada.

Lukashenko, por su parte, no ha reaccionado hasta ahora al «Ultimátum del Pueblo» y nada apunta a que lo vaya a hacer.

Recientemente, el mandatario se reunió en el centro de detención del KGB con algunos dirigentes opositores para abordar con ellos la reforma constitucional que ha prometido y que él ve como solución a la crisis desatada después de las polémicas recientes elecciones presidenciales.

Posteriormente, varios opositores fueron liberados y puestos bajo arresto domiciliario.

De momento, ni las sanciones occidentales a su régimen y a su persona, ni tampoco el premio Sájarov a la libertad de conciencia concedido esta semana por el Parlamento Europeo a la oposición o la presión de la calle han conseguido que el presidente se mueva de su postura.

EFE

El Senado de Estados Unidos quedó este domingo a un paso de confirmar a la jueza ultraconservadora Amy Coney Barrett, nominada por el presidente, Donald Trump, para cubrir la vacante que dejó en el Tribunal Supremo la fallecida magistrada progresista Ruth Bader Ginsburg.

Por 51 votos a favor y 48 en contra, la mayoría republicana del Senado aprobó una moción que inicia una cuenta atrás de 30 horas hasta la votación final sobre Barrett.

Se espera que ese voto se produzca en el pleno del Senado a última hora de la tarde del lunes, y está previsto que salga adelante, por lo que la jueza podría incorporarse al Supremo este mismo lunes o el martes.

Dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, se opusieron este domingo al voto de procedimiento por considerar que no debe impulsarse una candidatura para un cargo vitalicio en el Supremo en vísperas de las elecciones.

Sin embargo, la segunda de ellas ha confirmado que este martes sí votará a favor de Barrett, y por ahora Collins, que se juega su escaño en los comicios, es la única republicana que ha adelantado que se opondrá a la nominación.

Los conservadores controlan 53 de los 100 escaños del Senado y apenas necesitan 51 votos para confirmar a Barrett; incluso si solo consiguen 50, el vicepresidente estadounidense Mike Pence podría romper el empate en su calidad de presidente del Senado.

La confirmación de Barrett, de 48 años, inclinará a la derecha la composición del Supremo probablemente durante décadas, ya que dejará en la corte a seis jueces de tendencia conservadora frente a tres magistrados progresistas.

Una vez en la corte, Barrett tendrá que decidir si se abstiene de participar en cualquier posible apelación que llegue al Supremo relacionada con los resultados de las elecciones de noviembre, algo con lo que no quiso comprometerse durante sus audiencias de confirmación a pesar de haber sido nominada por uno de los dos candidatos en liza, Trump.

Los conservadores consideran además que la confirmación de Barrett será una «victoria histórica» para quienes se oponen al aborto, porque la jueza es contraria a ese derecho garantizado en EE.UU. desde 1973, aunque no ha querido aclarar si votaría para socavarlo.

EFE

 El Gobierno español decretó este domingo de nuevo el estado de alarma nacional, además del toque de queda nocturno, para contener la segunda ola de coronavirus, basado en una previsión constitucional para «alteraciones graves de la normalidad», por ejemplo crisis sanitarias como ésta, según la ley que lo regula.

El artículo 116 de la Constitución española establece que el decreto con que se apruebe debe establecer el ámbito territorial de aplicación, que es todo el país en este caso, y por un plazo inicial máximo de 15 días.

La prórroga debe ser autorizada por el Congreso de los Diputados a petición del Ejecutivo, que anunció hoy la intención de que se prolongue hasta el 9 de mayo.

Pedro Sánchez durante el Consejo de Ministros/EFE

La legislación española prevé la alarma para catástrofes y calamidades como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud; crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.

También para la paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad en ciertas circunstancias, y situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

RESTRICCIONES DE CIRCULACIÓN

Mediante el estado de alarma es posible limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.

El Gobierno decretó hoy un toque de queda obligatorio en toda España, excepto en las islas atlánticas de Canarias, entre las 23:00 y las 6:00 horas, aunque las regiones podrán retrasar o adelantarlo una hora.

La ley permite practicar requisas temporales de todo tipo de bienes, si lo decidieran las autoridades (no es el caso), e «intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados».

A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno nacional o, por delegación de éste, los presidentes regionales, como en estos momentos.

Pedro Sánchez, durante el Consejo de Ministros

Es la segunda vez que el Ejecutivo, que dirige el socialista Pedro Sánchez, declara el estado de alarma nacional durante la epidemia, tras estar vigente entre mediados de marzo y junio pasados, en lo más duro de la crisis sanitaria.

Entonces se decidió el cierre de las fronteras, el confinamiento general de la población en las viviendas y la interrupción temporal de innumerables actividades socioeconómicas.

Hace dos semanas, se declaró otro parcial en Madrid y ocho grandes municipios limítrofes, que terminó este sábado.

EFE