Las iglesias y templos de los diversos cultos que hacen vida en el país reabrirán en noviembre, bajo el esquema del plan 7+7 plus que adelanta el Ejecutivo nacional, luego de casi siete meses cerrados.

Representantes del sector religioso se reunieron este jueves con las autoridades gubernamentales para definir las medidas y protocolos de bioseguridad, que deberán cumplir en la flexibilización, para evitar aglomeraciones y evitar la propagación del covid-19.

Tras el encuentro, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, adelantó que las misas deberán celebrarse con un aforo de 40 % de la capacidad del lugar, y prevalecerá el uso de espacios libres.

«Para una próxima reapertura en el mes de noviembre. Hemos revisado con las distintas iglesias y cultos, los protocolos sanitarios, los protocolos epidemiológicos, bueno todo lo que se debe cumplir para la celebración de eventos de religiosos y de culto», expresó.

Un vocero de cada culto sostendrá nuevamente una segunda reunión este jueves con integrantes del Ejecutivo para definir los detalles que regirán la incorporación del sector al plan de desescalada.

Venezuela contabiliza 86.897 contagios de coronavirus.

UR

El sector educativo se mantiene en protesta activa luego de salir a las calles de toda Venezuela a exigir reivindicaciones salariales y condiciones dignas para poder trabajar. Este miércoles registraron un total de 62 protestas a lo largo de todo el territorio nacional, una respuesta masiva a la convocatoria del Presidente (E) Juan Guaidó y al respaldo de la instalación de un Gobierno de Emergencia Nacional.

La pobreza con la que el dictador Nicolás Maduro ha sometido a los educadores y a la sociedad en general, al llevado a maestros y educadores a exigir el ingreso de ayuda humanitaria en el país. En el estado Portuguesa se llevaron a cabo hasta 14 manifestaciones diferentes, mientras que en Caracas, el gremio de la salud se sumó a la actividad.

La exigencia en todos los estados del país fue unánime: salario digno, condiciones de trabajo y atención a todos los profesionales venezolanos.

Crisis educativa en Venezuela

La situación crítica del país ha afectado directamente la educación en Venezuela. Los docentes reafirmaron no se incorporarán a las actividades académicas mientras el salario no cubra sus necesidades.

Por otro lado, denunciaron las pésimas condiciones en las que se encuentran los centros educativos y la crisis que ha arropado a las familias venezolanas, donde los niños y adolescentes no cuentan con los implementos necesarios para sus clases.

“No nos incorporaremos a las clases virtuales, no tenemos servicios públicos, computadora, teléfono inteligente para poder trabajar. El salario no alcanza para nada”, informó una de las maestras en el estado Yaracuy.

El Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas de la República Bolivariana de Venezuela, Humberto Prado Sifontes, rechaza categóricamente la detención arbitraria de Yovanny Salazar, Coordinador de Voluntad Popular en el Estado Guárico y de su hijo Modesto Ruiz, sucedidas en el Municipio Chaguaramas, Estado Guárico.

En fecha 17 de octubre de 2020, a las 9:00 a.m., funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), adscritos a la Guardia Nacional de Venezuela, detuvieron arbitrariamente al ciudadano Yovanny Salazar, exalcalde del Municipio Chaguaramas, Estado Guárico cuando se encontraba en la casa de uno de sus hijos.

Luego de ser aprehendido por ese órgano de seguridad fue víctima de una desaparición forzada que se prolongó por al menos 10 horas. Al respecto, sus dos hijos fueron detenidos arbitrariamente y trasladados a la sede del CONAS en Valle de la Pascua, Municipio Infante, Estado Guárico, donde permanecieron incomunicados mientras se les practicaba un interrogatorio sin presencia de sus abogados. Durante este tiempo fueron objeto de intimidaciones y amenazas de los funcionarios. Horas más tarde, uno de sus hijos fue liberado, mientras que el otro, de nombre Modesto Ruiz, continuó privado de libertad.

Ahora bien, cabe destacar que la orden de aprehensión fue dictada por la jueza Kimberly Matos, hija del miembro de la espuria Asamblea Nacional Constituyente y activista del Partido Socialista Unido de Venezuela, Leopoldo Mato.

Asimismo, a las 7:40 p.m., Yovanny Salazar fue presentado al Tribunal Primero en Funciones de Control del Estado Guárico, a cargo de la jueza Deyanira Lozada. Al término de la audiencia, le imputaron los delitos de extorsión y asociación para delinquir, así como le ordenaron permanecer recluido durante 45 días mientras dure la investigación bajo la custodia del CONAS ubicada en la Urbanización Colinas de Tamanaco, Calle Carúpano, 01, Caracas.

Esta Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas tomó conocimiento que a los abogados defensores de Yovanny Salazar les fue negado el derecho de revisar el expediente de la causa, verificar el testimonio aportado por presuntos testigos que habrían señalado a Salazar de la comisión de ciertos delitos, así como comprobar que la orden de aprehensión en su contra y el procedimiento respectivo se haya ejecutado conforme a la ley. Estas acciones son expresiones de la violación al derecho al debido proceso y a las garantías judiciales del señor Salazar.

Al respecto, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela sostuvo en cuanto a las detenciones arbitrarias lo siguiente:

La Misión encuentra motivos razonables para creer que durante el período que se examina se utilizaron detenciones arbitrarias para atacar a personas por su afiliación, participación, puntos de vista, opiniones o expresión política. La Misión también tiene motivos razonables para concluir que esas detenciones arbitrarias no constituyeron actos aislados o aleatorios. La reiteración de la conducta, las similitudes en el modus operandi y la participación de diferentes instituciones estatales en distintos niveles, como se ilustra a continuación y se informa en los relatos de las víctimas, los testigos y otras fuentes, muestran que las detenciones arbitrarias de opositores o críticos se llevaron a cabo de manera sistemática. Los disidentes seleccionados también fueron víctimas de desapariciones forzadas de corta duración y de actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes a manos de los organismos de inteligencia.

Finalmente, esta Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, en su calidad de organismo dedicado a la defensa, vigilancia y promoción de los derechos humanos, comunica a la sociedad venezolana que ha emprendido acciones internacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el objetivo de denunciar la detención arbitraria de Yovanny Salazar. En particular, en dichas acciones se ha solicitado:

Adoptar todos los mecanismos disponibles para abogar por la libertad plena del ciudadano Yovanny Salazar y su hijo Modesto Ruíz; Emitir un comunicado público dirigido a sectores relevantes en materia de derechos humanos y sociedad civil en América Latina para que tengan en cuenta las violaciones a la libertad e integridad personal realizadas por funcionarios del régimen de facto en detrimento de los líderes políticos; y, Documentar el caso de Yovanny Salazar y enmarcarlo dentro de un patrón generalizado y sistemático de ataques, persecuciones, hostigamientos y acosos contra la disidencia política en Venezuela.

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La diputada de la Asamblea Nacional por el estado Anzoátegui, Oneida Guaipe, expresó que en la entidad hay un deterioro progresivo en todas las patologías y que actualmente no se están realizando pruebas rápidas de COVID-19 en los principales ambulatorios de la entidad.

“Aquí hay un deterioro progresivo de la salud. El personal sanitario está expuesto al virus porque no cuenta con equipos de bioseguridad”, dijo en entrevista con Radio Asamblea Nacional.

Guaipe también denunció la situación de los niños del oncológico Dr. Rafael Tobías Guevara de Barcelona, quienes están sin aire acondicionado desde hace seis meses y sin tratamiento.

“Los niños tiene más de 6 meses con los aires dañados (…) no tienen Meropenem (medicamento que se usa para tratar infecciones de la piel y abdominales), y tenemos denuncias de algunos padres de que las quimioterapias recibidas por el Seguro Social vienen vencidas”, puntualizó.

La parlamentaria, acusó al régimen de Maduro de poner en riesgo a la población por el colapso de los servicios públicos, puntualmente la falta de gas doméstico, situación que ha llevado a las personas a cocinar con leñas y a enfermarse de infecciones respiratorias por el humo.

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La Consulta Popular por Venezuela, es un derecho constitucional, propuesto por el Parlamento venezolano, que tendrá como estrategia, articular la unidad de la mayoría de los ciudadanos para ejercer soberanía y expresarnos en rechazo al fraude electoral auspiciado por el régimen y exigir condiciones electorales para la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias verificables, libres y justas, así lo resaltó este miércoles el presidente encargado de Venezuela y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó durante una reunión virtual con el sector empresarial de Nueva Esparta.

“Articular la unidad para poder organizarnos, comunicarnos, ejercer el derecho a ser mayoría y poder vivir con dignidad en Venezuela. Ese el elemento práctico de una consulta ciudadana que permitirá expresarnos para rechazar el fraude electoral de cara a los ilegítimos comicios parlamentarios de este 6 de diciembre por el régimen”, dijo Guaidó quien a su vez, reiteró que el Gobierno de Emergencia Nacional “es necesario para el país”.

Pidió a los representantes empresariales y dirigentes sociales, fusionar esfuerzos para articular con los venezolanos en la organización de la consulta ciudadana, promover la participación; informar de las garantías que contempla el Gobierno de Emergencia Nacional; el mecanismo de levantamiento de sanciones, una vez que instalemos el Gobierno de Transición; ofrecer seguridad jurídica; garantizar los servicios públicos y la reinstauración del respeto por los derechos humanos.

A juicio del Jefe de Estado, la alternativa ciudadana que tiene Venezuela para la recuperación económica se basa en construir un Gobierno de Emergencia Nacional, que permitirá concretar la transición democrática, y urgió que para lograr cumplir esa ruta política, respaldada por la mayoría de los venezolanos, “es buscar todos los mecanismos determinantes de presión, los cuales son muy importantes en los tiempos actuales”.

“Cada intervención que genere una propuesta, cada propuesta que se genere y alce la voz, es una voz de esperanza y de luz. 90% de los venezolanos es lo que quiere y está por esto y es nuestro deber cumplir y honrar ese compromiso y lo vamos hacer sin ninguna duda”, expresó.

Recriminó la aprobación ilegitima de la Ley Antibloqueo, la cual tildó “estafa” argumentando que su origen es fraudulento porque “el espurio ANC, no puede emitir este instrumento con carácter de Ley,” que no brinda seguridad jurídica a inversionistas extranjeros ni confianza, debido a que su principal propulsor, Nicolás Maduro es un prófugo de la justicia internacional acusado de crímenes de lesa humanidad, narcotráfico y corrupción.

“Maduro es el pran de Venezuela y ningún inversionista privado hará negocios con él y muchos menos, con esa Ley, se va reactivar la economía del país”, fustigó.

Crisis multifactorial en Nueva Esparta

El Mandatario Interino escuchó a representantes de las cámaras de comercio, turismo, hotelera, empresarial; sector educativo, salud, cultural y ONG´s en el estado Nueva Esparta, con el fin de presentar sus propuestas, visiones e inquietudes que coadyuvaran en el rescate de la reinstitulización de Venezuela.

El grupo de representantes plantearon que tras el cese de la usurpación, debe ser imprescindible, el reimpulso del turismo, a través del otorgamiento de incentivos económicos y fiscales a los empresarios margariteños, lo cual generará empleos y sobre todo, ayudará a dinamizar y recuperar la economía de Nueva Esparta.

Entre las denuncias manifestadas sobresale: Crisis de combustible; caída del turismo, depresión económica y reducción producto interno bruto; destrucción paupérrimas condiciones para impartir educación presencial y a distancia; colapso de los servicios públicos; detrimento de galerías y museos.

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Con el fin de apoyar el llamado internacional del presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó de aplicar hacia Venezuela la doctrina de “Responsabilidad para Proteger “, (conocida como “R2P” por sus siglas en idioma inglés), la embajada de Venezuela en Canadá llevó adelante este evento internacional que se inició con el Presidente Guaidó.

EL Presidente Guaidó expresó claramente que “la comunidad internacional debe mantener un balance entre el concepto de soberanía y la responsabilidad internacional, especialmente en los casos en el que estado no cumple con su deber básico de atención y cuidado de su gente y actpua excantamente al contrario.”

En una discusión franca con reconocidos expertos expresó claramente que “Impulsamos junto con la comunidad internacional la aplicación del principio de responsabilidad de proteger a los venezolanos que están sometidos a una hambruna y violaciones de derechos humanos que incluyen crímenes de lesa humanidad. Maduro es el responsable directo y además quien ha dirigido la disolución del Estado, la mayor corrupción jamás conocida, en sociedad con el narcotráfico y grupos y países terroristas. Nuestra responsabilidad es proteger a nuestra gente.”

Este evento contó con la participación del profesor canadiense, ex ministro de Justicia/Fiscal General y parlamentario Irwin Cotler quien además dirigió el grupo de expertos que sustanció la demanda contra Maduro en la Corte Penal Internacional (CPI) remitida por seis países. Cotler abogó por insistir en la remisión de Maduro en la CPI, en abrir casos en cortes de países libres contra responsables de violaciones de derechos humanos siguiendo el concepto de Jurisdicción Universal y apoyar a las coaliciones internacionales de apoyo a Venezuela y sus parlamentarios, y por la aplicación de sanciones Magnitsky para eliminar los “paraísos seguros” de los violadores y corruptos.

Vanessa Neumann, nuestra embajadora ente el Reino Unido, magistralmente se refirió a la relación entre violaciones de derechos humanos y corrupción, “muy bien descrita en el informe de la Fact Finding Mission que señala el uso de la tortura para proteger y continuar la corrupción.” Igualmente se refirió a lo ilegítimo del régimen de Maduro, no sólo por su fraude originario sino por su “incapacidad como gobierno y su sumisión, arrodillaje ante sus jefes extranjeros” con lo cual desapareció su pretensión de soberanía.

Bill Browder influyente empresario impulsor y defensor de las leyes Magnitsky en EE. UU., Canadá y Europa compartió su visión de globalizar las Leyes Magnitsky que buscan que corruptos disfruten de las bondades de occidente disfrutando sus riquezas mal habidas en total impunidad y desparpajo. Browder, cuyo abogado fue precisamente Sergei Magnitsky, insiste en “un enfoque práctico que le elimine ese cielo seguro a los corruptos y violadores de derechos humanos.” R2P se expresa en su opinión “en sanciones concretas que les impidan su libre tráfico en países democráticos.”

Browder expresó su apoyo a las sanciones a individuos venezolanos que se encuentran en Europa, continente que viene tomando pasos para adoptar estas leyes país por país.

La diputada Delsa Solórzano, abogada y presidenta de la Comisión de Justicia y Paz del parlamento venezolano, por su parte ofreció una visión de la gravedad de la situación, de las dificultades que las fuerzas democráticas tienen para rescatar la democracia y de la necesidad apremiante de apoyo internacional. En un llamado a la comunidad internacional, expresó la necesidad y la solidez constitucional de la continuidad de la actual Asamblea Nacional para dirigir el país en la fase que se avecina, “frente a esta inmenso fraude electoral, lo que está en juego no la continuidad de un hombre sino la continuidad del último vestigio de democracia en nuestro país: nuestra Asamblea Nacional.” En contexto tan complejo, la diputada Solórzano hizo un dramático llamado a la comunidad internacional para la activación de mecanismos de R2P: “No podemos solos!”.

Jared Genser, el asesor especial en R2P del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, se estrenó públicamente en este evento internacional en la oportunidad de expresar el esfuerzo encabezado por Almagro en una materia vital e inédita en la región. Informó que la OEA trabaja hacia un mecanismo de prevención y respuesta frente situaciones de flagrante y masiva violación de derechos humanos en la región. “R2P es una prioridad del Secretario General, en su trabajo para garantizar justicia y rendición de cuentas”. Informó la conformación y activación de trabajo en R2P y particularmente sobre Venezuela, prioridad en este sentido. Finalizó señalando que “El gran desafío de Almagro es la conformación de una coalición internacional que haga frente a los regímenes criminales.”

Finalmente, el embajador Orlando Viera Blanco señaló que “visto el drama venezolano, el R2P ha dejado de ser un tema tabú y prohibido de la diplomacia internacional y se convierte en parte del trabajo de la diplomacia venezolana. Sin duda, Maduro está en la mira de la justicia internacional. El gran desafío del Presidente Guaidó y de su equipo diplomático es propiciar la voluntad internacional de aplicar las herramientas que ofrece R2P.”

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