El comisionado presidencial para Relaciones Exteriores, Julio Borges, participó en la sesión de la Asamblea Nacional para rendir homenaje a Fernando Albán, tras cumplirse dos años de su asesinato por parte de la dictadura de Nicolás Maduro.

“Se cumplen dos años del asesinato de nuestro hermano y compañero de lucha, Fernando Albán. Esta fecha se da en un contexto importante, se da en medio del informe de la Misión de Determinación Hechos, dentro de los más de 2000 casos que fueron explorados y los 50 que fueron más desarrollados, el caso de Fernando es uno de los casos principales y líderes en esta lucha por los DDHH”, sostuvo.

El representante de la política exterior del gobierno interino manifestó que el exconcejal de Primero Justicia dio su vida por unos ideales.

“Fernando Albán no solamente era una persona entregada al activismo político y al trabajo social, sino también era una persona capaz de darlo, como lo demostró con su propia vida, todo por unos ideales”, recordó.

Asimismo, pidió a todos los diputados rendir homenaje a Fernando Albán y a todos los que han luchado por una Venezuela libre. “Desde la AN, la casa de la soberanía popular, quisiera que el día de hoy pudiéramos recordar a Fernando y tantos venezolanos que han sufrido, han salido al exilio, otros están en las cárceles, civiles y militares, que sufren torturas. Que sirva el testimonio de Fernando Albán para testimoniar con hechos lo que es la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela”, sentenció.

Albán, que fue secuestrado por funcionarios del SEBIN y a los tres días apareció sin signos vitales, fue uno de los casos investigados por la Misión de Determinación de Hechos. De acuerdo con los expertos de la ONU, la tesis del suicidio que dio a conocer el régimen no es creíble, pues no se permitió una autopsia independiente, se cambió el acta de defunción y las entrevistas recopiladas indican que fue imposible que se lanzara por la ventana del SEBIN.

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El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, condenó que la dictadura de Maduro siga reprimiendo a los venezolanos, a pesar de haber quedado expuestos cómo autores de crímenes de Lesa Humanidad en el informe de Determinación de Hechos de la ONU.

“Maduro continúa con sus ataques contra manifestantes que están ejerciendo sus derechos cívicos y democráticos para exigir servicios básicos como agua, comida y gasolina”, alertó Kozak a través de su cuenta de Twitter.

El representante de la política exterior de Estados Unidos rechazó que esta nueva ola de represión llega tan solo días después de que según los informes de la ONU, el régimen de Maduro fue señalado por su política de abusos sistemáticos y violaciones de derechos humanos.

On the heels of the @UN's reports of systematic human rights abuses, Maduro continues his attacks on protesters who are exercising their civic and democratic rights to demand basic services like water, food, and gasoline.

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) October 6, 2020

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La ONG Foro Penal denunció este martes que en Venezuela hay 359 presos políticos, 26 más que hace un mes, cuando fueron liberados medio centenar de reos tras diferentes medidas de gracia otorgadas por el presidente Nicolás Maduro.

Así lo anunció en su cuenta de Twitter el presidente de esa ONG, Alfredo Romero, quien explicó que la lista actualizada será remitida al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, así como a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

Entre los detenidos se encuentran 335 hombres y 24 mujeres, de los que 232 son civiles y 127 son militares. De ellos, 357 son adultos y dos son adolescentes.

Los datos de Foro Penal agregan que, desde 2014, se han registrado 15.621 detenciones por razones políticas en Venezuela.

El pasado 31 de agosto, Maduro adoptó una medida de gracia que incluyó indulto carcelario y sobreseimiento de diversas causas a 110 personas.

Entre ellos, había políticos, asistentes del líder opositor Juan Guaidó o ciudadanos arrestados en confusas circunstancias y cuyos casos no contaban con claridad judicial.

Según los datos de Foro Penal, seis de las personas beneficiadas estaban en libertad sin ningún proceso pendiente, 24 estaban fuera de prisión pero con procesos pendientes, 26 eran investigadas “por causas políticas” pero no estaban encarcelados, uno era un preso común y 53 estaban en prisión, aunque inicialmente dijeron que eran 50 los encarcelados.

Tras esas liberaciones, reportaron que todavía quedaban 333 presos políticos, una cifra que se ha incrementado en 26 reos.

La ONG no dio datos acerca de las razones por las que esas 26 personas han sido encarceladas, pero en las últimas semanas se han vivido en protestas en varias regiones de Venezuela en contra de la gestión del Gobierno, ante la escasez de gasolina y servicios básicos. Sin embargo, hasta el momento no se conoce el número de detenidos durante esas protestas.

EFE

La presidenta de la subcomisión de fronteras de la Asamblea Nacional, diputada Karim Vera, realizó un recorrido por los municipios de montaña alta del Táchira, donde pudo constatar la situación precaria en la que se encuentran sus habitantes, quienes ganan un promedio de 0,9 centavos de dólar, lo que alcanza sólo para un kilo de harina de maíz al mes.

Vera explicó “vi como cada vez es mayor el sufrimiento de nuestros ciudadanos, el escenario es desgarrador. El deterioro en la calidad de vida que estamos padeciendo los tachirenses es indescriptible, si bien es cierto que Venezuela entera lo padece, no es menor en el occidente del país, la crisis se acentúa con mayor fuerza. La carencia de servicios públicos es criminal”.

En ese sentido indicó que la falta de combustible, los apagones constantes y prolongados mantienen el estado aislado y desconectado, por lo que cualquier tipo de comunicación se ve afectada frente a la falta de electricidad.

Calificó como despiadado lo que enfrentan los trabajadores del sector salud, “con un salario que no alcanza ni para comer, diariamente cumplen con su compromiso y acuden a sus puestos de trabajos arriesgando sus propias vidas para salvar las nuestras, sin contar con los equipos de protecciones básicos para protegerse y no contagiarse del Covid-19”.

La parlamentaria lamentó que la indolencia e indiferencia ha seguido prevaleciendo, por eso precisó “debemos seguir trabajando con más fuerza y compromiso para que de una vez por todas podamos lograr el cambio que necesitamos y juntos abrir las puertas a la libertad y la democracia sin distinción”.

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El Gobierno de Argentina anunció este martes que “apoyará con fuerza el trabajo realizado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet” sobre Venezuela, en el que denuncia obstrucción a partidos políticos de cara a las elecciones legislativas del 6 de diciembre y represión gubernamental.

La Cancillería argentina expresó su posición a través de un comunicado que responde a las “instrucciones” del presidente Alberto Fernández y en el que insta al Gobierno venezolano a que “conduzca investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, lleve a los perpetradores ante la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas”.

“Instamos al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a cooperar plenamente con el Consejo (de Derechos Humanos de la ONU) y todos sus mecanismos, y a implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en sus informes”, destaca el comunicado de Cancillería.

Bachelet presentó hace dos semanas un informe en el que alerta de “las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, que obstruyen las libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos, y el nombramiento no consensuado de los miembros del Consejo Electoral”, y expresa dudas sobre la composición de la Asamblea Nacional “sin un proceso inclusivo de consulta previa”.

Asimismo, el informe, que actualiza el que la alta comisionada presentó ante el mismo consejo en julio, también se denuncia “el alto número de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operaciones de seguridad” y da cuenta de más de 2.000 asesinatos de este tipo en lo que va de año, 711 de ellos entre junio y agosto.

El Ejecutivo argentino destacará a través de sus representantes en el Consejo la necesidad de reforzar la instalación de una misión permanente de la Alta Comisionada en Caracas, “dotada de los recursos humanos y de los elementos que le permitan desplegar una acción remedial frente a dichas circunstancias y contribuir a encaminar soluciones apropiada”.

“Son las autoridades venezolanas las responsables de respetar sus obligaciones internacionales de derechos humanos, así como de garantizar la paz social y la estabilidad política, lo cual resulta aún más necesario cuando se encara un proceso electoral”, agrega el texto.

El comunicado concluye con la posición de Fernández de condenar “los bloqueos y las sanciones que, pretendiendo presionar a las autoridades, agreden especialmente al pueblo venezolano y contribuyen a un sufrimiento aún mayor del mismo, dada la grave situación económica y social en la que se encuentra”.

El Gobierno argentino aclaró su posición sobre la crisis que se vive en Venezuela después de que su representante en la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, sembrara dudas al respecto en otras delegaciones de países miembros al afirmar que “hay una apreciación sesgada de lo que son las violaciones de los derechos humanos” .

EFE