El empresario colombiano Alex Saab Morán aparece en los FinCEN Files, archivos bancarios que recién fueron divulgados y que muestran cómo la banca internacional se presta para que corruptos y delincuentes muevan su dinero por el mundo.

Según los documentos bancarios filtrados esta semana a la prensa mundial, el Global Bank Commerce de la isla de Antigua fue el banco sobre el que se construyó gran parte de la fortuna de Alex Saab, informa BLU Radio de Colombia.

Según los archivos, el 2 de marzo de 2017 la empresa Group Grand Limited transfirió 5,5 millones de dólares a la compañía mexicana Jaifar Comercial. Ese dinero salió del Global Bank of Commerce de Antigua y Barbuda y fue recibido en el Banco del Bajío, mexicano. Esa empresa, Group Grand Limited, es la más sonada de las compañías fantasmas de Alex Saab y su socio, otro colombiano, Álvaro Pulido.

Para el momento de la transferencia, el gobierno venezolano le había otorgado un contrato por 340 millones de dólares. Meses después, aún en 2017, obtuvo otro por 425 millones. Antes del cierre del año, le adjudicaron otros dos por 154 millones de dólares, estos últimos no por alimentos de los CLAPs, sino por medicinas provenientes de la india.

Todas estas conexiones fueron rechazadas en su momento por Alex Saab, quien dijo en 2017 que no conocía al presidente venezolano Nicolás Maduro, más allá de dos encuentros esporádicos en eventos protocolares. Sin embargo, apenas se supo de su detención, la cancillería de Maduro lo nombró como “enviado especial”, que buscaba alimentos, medicinas y combustible.

Los archivos sacan a la luz otra prueba de la relación de Saab con Group Grand Limited. En 2016, la empresa le transfirió 150.000 dólares a Cynthia Certain Ospina, la ex esposa de Saab y fue justificada como “pago y reserva de hotel”.

Sólo en ese banco fueron 7.6 millones de dólares los que movió Saab con esa empresa. Pero, no queda ahí, otras dos organizaciones que obtuvieron contratos en Venezuela aparecen en los archivos publicados y asocian a Alex Saab con el banco de Antigua y con las empresas fantasmas.

Fuente: Banca y Negocios 
Por: Maria Laura Espinoza
En Twitter: @i_am_LauEz14

En línea con los cambios en las tendencias de los consumidores y el crecimiento exponencial de las compras online, PepsiCo Venezuela lanza su Tienda Oficial en Mercado Libre, una de las principales plataformas de comercio online de nuestro país. Allí brinda la posibilidad de realizar pedidos de manera sencilla y recibirlos a domicilio, con la comodidad de no tener que salir de casa.

En la plataforma se encuentra el portafolio de alimentos de PepsiCo, en donde los consumidores podrán adquirir las marcas favoritas de todos los venezolanos para disfrutar en casa y en familia, tales como: Doritos®, Cheetos®, Cheese Tris®, Pepito®, Tostitos® y NatuChips®.

“Sabemos que el e-commerce tuvo un crecimiento exponencial estos últimos meses, y que en segmentos como el de consumo masivo no solo llegó para quedarse, sino que es uno de los de mayor potencial hacia adelante. La apertura de nuestra primera tienda oficial en Mercado Libre es un gran paso en nuestra apuesta digital y de cercanía con el consumidor”, señaló Héctor Ramírez, Gerente de Ventas de PepsiCo Alimentos Venezuela.

La Tienda Oficial de PepsiCo funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, para que los consumidores puedan adquirir sus productos preferidos y recibirlos a través del servicio de envíos de dicha plataforma en un máximo de 72 horas hábiles. Para más información visita: www.pepsico.com y @PepsiCoVzla en Instagram.

PepsiCo Latinoamérica es un sector de la compañía que incluye todos los negocios de alimentos y bebidas en Latinoamérica y abarca 34 mercados emergentes y en desarrollo. Nuestras unidades de negocio en el sector incluyen snacks, bebidas, galletas dulces y saladas y nutrición. Nuestro negocio de bebidas en la región opera a través de 12 embotelladores importantes.

Fuente:Banca y Negocios 
Por: Maria Laura Espinoza
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Una empresa estadounidense de asfalto acordó pagar 16,6 millones de dólares en multas luego de declararse culpable de cargos federales de que pagó millones de dólares en sobornos a funcionarios de Brasil, Ecuador y Venezuela durante casi una década a cambio de obtener contratos lucrativos.

De acuerdo con la agencia AP, la declaratoria de culpabilidad presentada el martes por Sargeant Marine Inc. forma parte de una operación más amplia de las autoridades de Estados Unidos contra las prácticas de corrupción en los mercados de materias primas de América del Sur.

Daniel Sargeant, ex ejecutivo y copropietario de la empresa con sede en Boca Raton, Florida, también se declaró culpable en secreto en julio de lavado de dinero y de participar en un plan de pago de sobornos en el que se realizaban pagos a funcionarios del gobierno brasileño para obtener negocios.

Los fiscales federales de Brooklyn dijeron que Sargeant Marine y sus filiales pagaron sobornos entre 2010 y 2018 a cambio de contratos con petroleras estatales en los tres países sudamericanos, los cuales tenían gobiernos de izquierda en esa época. La compañía con sede en Boca Ratón, Florida, consiguió más de 38 millones de dólares en ganancias como resultado de los sobornos.

La mayor parte de las ganancias se obtuvieron en Brasil, donde se sobornó a un congresista, a un ministro y a altos directivos de Petrobras durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y de su sucesora, Dilma Rousseff.

Este mes, un exdirectivo de la venezolana PDVSA que estuvo a cargo de las ventas de asfalto fue detenido en un caso relacionado, elevando a siete el número de directivos, operadores y agentes de Sargeant Marine y de exfuncionarios venezolanos vinculados con los sobornos, según reseñó la agencia Bloomberg.

Los fiscales federales en funciones de Brooklyn, Seth DuCharme, revelaron que Daniel Comoretto, exgerente comercial de la petrolera nacional de Venezuela, había sido acusado en una denuncia sellada que lo inculpaba de conspirar para cometer lavado de dinero y recibir sobornos para facilitar los negocios con Pdvsa entre 2011 y 2015.

Su hermano, Harry Sargeant III, un magnate de la energía de Florida, desautorizó cualquier participación o propiedad en la empresa cuando fue contactado para hacer comentarios.

Los fiscales estadounidenses en Brooklyn anunciaron por separado que un ex ejecutivo de Vitol pagó US$870.000 en sobornos a funcionarios ecuatorianos para ganar contratos de combustible. Vitol es propietaria de una empresa de asfalto llamada Valt, de la que es propietario en su totalidad desde 2019 después de comprar la participación de Sargeant Marine.

Los fiscales dicen que Comoretto participó en un esquema con un funcionario de PDVSA no identificado y un intermediario que actuaba como consultor para solicitar sobornos a empresas que querían acceder al asfalto de Venezuela, que alguna vez fue uno de los mayores fabricantes regionales del producto. Las empresas pagaron al consultor una comisión de 45 centavos por cada barril de asfalto. El consultor, a su vez, pagó a los funcionarios de PDVSA, incluido Comoretto, según los cargos. Comoretto recibió US$229.000 en sobornos.

Comoretto, quien fue arrestado en Tennessee, compareció por primera vez ante un magistrado federal el 18 de septiembre y fue liberado con una fianza de US$100.000.

Mientras tanto, los fiscales estadounidenses alegaron que Javier Aguilar pagó US$870.000 a Petroecuador para obtener un contrato de combustible por US$300 millones. El ex empleador de Aguilar no fue identificado por Estados Unidos en la acusación, pero fue empleado de Vitol, con sede en Rotterdam, según una persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato porque no es público.

Fuente: Banca y Negocios 
Por: Maria Laura Espinoza
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Este 30 de septiembre los contribuyentes especiales que tengan un patrimonio estimado en 150 millones de Unidades Tributarias – 225.000 millones de bolívares – deberán declarar para pagar el Impuesto a los Grandes Patrimonios (IGP), un tributo que la mayoría de los analistas independientes consideran confiscatorio.

¿Y por qué sería confiscatorio? El socio tributario de PwC Venezuela, José Javier García, apunta que «este impuesto parte de la premisa de que no importa si el activo está operativo o no, si genera o no renta. Muchos contribuyentes no producen los recursos necesarios para pagar el impuesto, por lo que el sujeto pasivo que no tenga renta, se vería obligado a vender activos para poder cumplir el pago del tributo».

La norma debería establecer que el contribuyente tendría que obtener la rentabilidad necesaria que permita la subsistencia de la compañía en el tiempo. «Cuando un activo no genera esa renta y tengo que vender parte de mis otros activos, es confiscatorio, porque no mide la capacidad económica del contribuyente. Muchas empresas están logrando una renta mínima o estén en situación de cero renta. No hay consideración sobre la capacidad contributiva y capacidad económica», indica el experto.

La base de cálculo del patrimonio es muy sencilla, son los activos menos los pasivos y ese saldo neto da un patrimonio o un valor patrimonial al 30 de septiembre. A eso se pudieran restar activos exonerados, pero todavía no existe una legislación de exoneración, por lo que el impuesto no tiene activos exonerados que el gobierno haya regulado.

De acuerdo con el experto consultado, surge la pregunta sobre qué patrimonio se debe pagar: o es la totalidad del patrimonio o por la diferencia respecto a lo que tenía el contribuyente en el corte del año pasado, si ahora es superior.

«La respuesta es sobre todo el patrimonio. Si yo tenía el año pasado un patrimonio de 10 y ahora subió a 18 porque yo lo he fortalecido, no se grava la diferencia, sino sobre los 18 completos. La ley señala que son ejercicios independientes únicos, la ley me habla del patrimonio a una determinada fecha y no del incremento2, apunta García.

– Incertidumbre sobre la determinación del valor –

El experto consultado explica que la ley prevé tres valores posibles para los activos inmobiliarios en el país: el de mercado, el catastral, y el resultante del método impuesto por la autoridad tributaria. Por lo tanto, mientras no se publique el método, solo aplica uno de los dos primeros.

Determinar el valor de mercado en Venezuela es prácticamente imposible por los efectos erosivos de la inflación y la devaluación, aparte que no existe información confiable sobre precios. García sostiene que hay tres mecanismos para determinar un valor de mercado en este contexto:

– Acudir a la información disponible sobre precios de bienes equivalentes en el mercado, lo que significa obtener los precios de operaciones de compraventa en la jurisdicción donde declara el contribuyente.

– Calcular el flujo de efectivo que podría generar el activo en un lapso futuro y expresar ese monto a valor presente.

– Calcular el costo de restitución vigente del activo gravable.

Ni el Seniat ni las normas contables vigentes prescriben alguno de estos métodos, por lo que no hay precisión sobre cuál usar.

«A punto de vencer el plazo para la declaración del tributo, todavía la administración tributaria no ha dicho cómo voy a determinar o ajustar el valor del patrimonio gravable, de inmuebles u otros activos sujetos al impuesto. Esa regla se debió publicar 60 días después de la publicación de la Ley, y lo que se hizo fue emitir una providencia donde se señala que la norma se publicaría en la página web del Seniat.», apunta García.

Con la Unidad Tributaria a 1.500 bolívares, el patrimonio mínimo gravable se ubica en 225 millardos de bolívares, lo que implica una base mínima apenas superior a los 600.000 dólares, según el tipo de cambio oficial a la fecha de declaración. «Considerando la inflación, hay que ver si ese patrimonio es grande», comenta José Javier García, socio tributario de PwC Venezuela.

Fuente: Banca y Negocios 
Por: Maria Laura Espinoza
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