Una compañía productora de asfalto con sede en Boca Ratón, Florida, ha sido obligada a pagar una multa de 16 millones de dólares bajo acusación de soborno, relacionado con PDVSA en Venezuela y otras entidades en Ecuador y Brasil.

Un despacho del Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el martes que Sargeant Marine Inc. se declaró culpable y aceptó pagar 16,6 millones de dólares “para resolver cargos relacionados con esquemas de soborno en el extranjero en Brasil, Venezuela y Ecuador”.

La trama se habría realizado entre 2010 y 2018, debido a que, según confesaron los inculpados, la empresa pagó millones de dólares a funcionarios extranjeros para obtener contratos de compra o venta de asfalto a empresas petroleras estatales de esos países.

“Con la declaración de culpabilidad de hoy, Sargeant Marine ha admitido haber estado involucrada en un patrón de pago de sobornos a funcionarios corruptos en tres países sudamericanos para obtener negocios lucrativos”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Brian C. Rabbitt de la División Criminal del Departamento de Justicia.

La compañía admitió que sobornó a cuatro funcionarios de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) en Venezuela “a cambio de información privilegiada y por su asistencia en la gestión de contratos para comprar asfalto de PDVSA a un nominado por la empresa”.

También declaró que usaron nombres en clave para ocultar las identidades de algunos de los funcionarios de PDVSA que recibieron los sobornos, refiriéndose a ellos simplemente como “Oiltrader”, “Tony” y “Tony 2” en correos electrónicos y mensajes de texto.

El comunicado de Justicia identificó a David Díaz, como uno de los exfuncionarios de PDVSA que actuó como intermediario de dichos sobornos en aquel país.

Las operaciones consistieron en transferir pagos de comisiones a cuentas bancarias estadounidenses y extranjeras que la entidad controlaba y así pagó a los funcionarios venezolanos.

En Brasil admitió haber usado a un ministro del gobierno, un miembro de alto rango del Congreso y altos ejecutivos de Petróleo Brasileiro S.A.-Petrobras para obtener valiosos contratos de venta.

En tanto en Ecuador, dijo que sobornó a un funcionario de la petrolera estatal de Ecuador, EP Petroecuador (Petroecuador), para obtener un contrato en 2014 para el suministro de asfalto.

VOA.

El gobernante en disputa venezolano Nicolás Maduro anunció este martes que tomó la decisión de impulsar un amplio plan de seguridad con miras a frustrar una supuesta trama desestabilizadora orquestada por Washington y que, según él, salió a la luz luego de la captura de un supuesto espía que estaría vinculado con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos.

“Ya capturamos a un agente que lo ha confesado: las acciones encubiertas, cuándo le dieron el plan, qué orientaciones le dieron. Le dieron la luz verde, el dinero, el tipo de armamento“, dijo Maduro en un acto televisado.

Maduro afirmó que el gobierno de presidente Donald Trump colocó a la policía antinarcóticos de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) “como organismo operador para el ataque contra Venezuela“, pero lo que “es nuevo hoy… es que han aprobado que la CIA se involucre en operaciones encubiertas de carácter terrorista contra Venezuela”.

“Le han dado la luz verde a la CIA para que vengan agentes directos a operaciones encubiertas, terroristas contra objetivos petroleros, eléctricos, militares, electorales”, aseveró.

El anuncio del gobernante socialista se produjo una semana después que Venezuela confirmara la captura en el oeste del país del estadounidense Matthew John Heath, quien fue acusado de realizar “actividades de espionaje” y “desestabilización” en este país con el apoyo de militares y civiles locales.

“Tomamos la decisión de impulsar un plan especial en perfecta unión cívico-militar-policial en todos los estados y municipios del país para garantizar la estabilidad, la paz y elecciones soberanas en Venezuela”, agregó.

Otras siete personas están detenidas en relación al caso.

A Heath, que según el madurismo fue detenido en las cercanías del Centro de Refinación Paraguaná —que incluye a la refinería de Amuay, una de las más grandes del mundo y la adyacente refinería de Cardón en el estado occidental e Falcón– le dictaron la semana pasada cargos por los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de armas y asociación.

El gobierno en disputa de Maduro, que rompió relaciones con Estados Unidos el año pasado, repetidamente acusa a Washington de impulsar planes para desestabilizarlo y forzar su derrocamiento. Estados Unidos ha rechazado esos señalamientos.

Con información de AP.

Los organismos de seguridad del Estado solo utilizaron tres unidades blindadas durante el enfrentamiento que se extendió por más de dos horas

Funcionarios de la FAES ultimaron a cuatro integrantes de la banda de Carlos Luis “el Coqui” Reverte y Carlos “el Vampi” Calderón durante el enfrentamiento que se registró el martes en la tarde en la Cota 905, en la ciudad de Caracas.

Los organismos de seguridad del Estado solo utilizaron tres unidades blindadas dispuestas en los alrededores de la Cota, según informó en Twitter el periodista de sucesos Román Camacho.

“Un despliegue planificado pondría fin a la banda que mantiene en zozobra esa zona”, agregó Camacho.

El intercambio de disparos entre funcionarios de seguridad y delincuentes se extendió por más de dos horas, lo que mantuvo a los habitantes del oeste de la ciudad en zozobra.

En el operativo, que culminó aproximadamente a las 2:00 pm, también participaron oficiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y el FAES.

Vecinos de los alrededores publicaron videos en redes sociales en los que se escuchaban la gran cantidad de disparos, muy cerca de las zonas residenciales.

Estas bandas que operan en la Cota 905 y controlan parte de conecta las parroquias capitalinas de La Vega, El Paraíso y Santa Rosalía, en el municipio Libertador, se dedican al secuestro, homicidio, extorsión, robo de vehículos y tráfico de drogas.

Trascendió que el FAES dio de baja a 4 integrantes de la banda del Coqui y Vampi en la Cota 905. Solo usaron 3 unidades blindadas en los alrededores de la Cota y una parte de su capacidad operativa. Un despliegue planificado pondría fin a la banda que mantiene en zozobra esa zona https://t.co/MIveHCj9ey

— Roman Camacho (@RCamachoVzla) September 23, 2020

Marta Valiñas, abogada y experta en derechos humanos, señaló que los crímenes que documentaron en su informe sobre Venezuela se cometieron como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática, de conformidad con las políticas del régimen

Marta Valiñas, jefa de la Misión de Determinación de Hechos, presentó este miércoles su informe sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y recomendó al régimen de Venezuela poner fin a los crímenes que se cometen.

La abogada subrayó, durante su participación que se realiza dentro del 75° periodo de sesiones de la organización, que es imperativo investigar y juzgar a los responsables de los crímenes que se cometieron, además de monitorear y prevenir que estas acciones se repitan.

Sobre todo, agregó Valiñas, se debe garantizar justicia a las víctimas.

“Recomendamos que las autoridades venezolanas pongan fin de inmediato a las graves violaciones de derechos humanos documentadas; que investiguen y aseguren la rendición de cuentas de los responsables de dichas violaciones; y que garanticen la justicia a las victimas, incluyendo la reparación del daño, su protección y el acceso a la asistencia que necesitan”, expresó.

La experta de derechos humanos señaló que las autoridades judiciales competentes deben determinar responsabilidades individuales según la legislación pertinente. Lejos de las críticas y acusaciones formuladas por el régimen socialista en contra de la Misión, la abogada afirmó que actuaron con independencia y parcialidad.

“Por ello sostenemos todos los resultados de las investigaciones y las conclusiones formuladas en nuestro informe, que respetuosamente presentamos en vista de un diálogo constructivo”, manifestó.

Valiñas dijo en un video, durante la sesión que se desarrolló de manera virtual por el covid-19, que los crímenes que documentaron en su informe sobre Venezuela se cometieron como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática, de conformidad con las políticas del régimen.

“Por esa razón, constituyen crímenes de lesa humanidad”, afirmó.

La jeda de la Misión de Determinación de Hechos enfatizó asimismo que autoridades de alto nivel del régimen de Maduro y de los organismos de seguridad e inteligencia adoptaron esas políticas y contribuyeron a su implementación.

#23Sep Marta Valiñas, jefa de la Misión de verificación de la ONU, recomendó que “las autoridades venezolanas pongan fin de inmediato a las graves violaciones de derechos humanos que hemos documentado y que garanticen la justicia para las víctimas”. #TVV #TVVNoticias pic.twitter.com/P9mt3AP61z

— TVV Noticias (@TVVnoticias) September 23, 2020

Intervención de Marta Valiñas, miembro de la Misión de Determinación de Hechos en Venezuela, ante el Consejo de DDHH de la ONU durante la presentación del informe a los países miembros. pic.twitter.com/08ciOIxAPe

— Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) September 23, 2020

#23Sep Marta Valiñas, jefa de la Misión de verificación de la ONU, ofrece detalles del informe sobre la violación de DDHH en Venezuela y asegura que “estas violaciones fueron cometidas como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática”. #TVV #TVVNoticias pic.twitter.com/liOvOcyLWO

— TVV Noticias (@TVVnoticias) September 23, 2020

https://twitter.com/UN_HRC/status/1308723421598167044

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