El mismo reducto militar-civil que ha diseñado y estructurado un programa de violaciones de los derechos humanos en Venezuela; el mismo que ha dispuesto los recursos del Estado para perseguir y torturar -incluso violar- a políticos, dirigentes sociales y periodistas, extendiendo sus prácticas perversas a los familiares de sus víctimas; el mismo que acaba de ser denunciado tras una rigurosa investigación del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas; el mismo que, a estas horas, está recibiendo el repudio unánime de gobiernos, organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales y de los demócratas del mundo entero, ese gobierno que protagoniza delitos de lesa humanidad, ha convocado a unas elecciones parlamentarias, con el único objetivo de hacer trizas el único espacio institucional legítimo con que cuentan los venezolanos, la Asamblea Nacional.
Tenemos la obligación de recordar ahora, con el mayor énfasis que sea posible, que ese poder es, además, ilegítimo, fraudulento, ilegal e inconstitucional desde mayo de 2018, fecha en la que después de organizar un aparatoso y descarado fraude electoral, suscrito por el también ilegítimo y fraudulento Consejo Nacional Electoral, se autoproclamó para continuar por seis años más usurpando funciones de gobierno. No lo olvidemos: es un poder usurpador.
Esa estructura usurpadora ha convocado a elecciones después de diseñar un cuidadoso plan, que no tiene otro propósito que arreglar de antemano unas elecciones a su favor, que desconocerá la voluntad del pueblo venezolano, cuyo rechazo a Maduro y a su régimen, en ello coinciden todas las encuestas realizadas por firmas independientes, supera el 85%.
Ese plan ha comenzado por la destrucción de los principales partidos opositores, a través de distintos mecanismos. Los ha ilegalizado, y en varios casos, a través de falsos mecanismos judiciales, los ha despojado de sus líderes y autoridades, para entregarlos a la conducción de inescrupulosos y farsantes.
Asociado a lo anterior, ha perseguido, enjuiciado, encarcelado u obligado a exiliarse a la mayoría de los más destacados dirigentes y posibles candidatos, con lo que se pretende que, de prestarse para hacer el juego a esta farsa, estos fueran personas sin mayor proyección o desconocidos para los posibles electores.
Y es que un requisito para el cumplimiento de unas elecciones limpias, transparentes y en igualdad de condiciones, exigiría como requisito indispensable que existieran medios de comunicación libres y autónomos, portales informativos no bloqueados por Conatel, garantía para los profesionales de la comunicación de que no serán perseguidos, presos y torturados por realizar su trabajo: todas condiciones, sin excepción, que no existen en Venezuela. En un país donde la inmensa mayoría de los medios de comunicación están bajo el control o la coacción de organismos de represión y tribunales bajo el control del PSUV, no puede haber elecciones libres.
Esos mecanismos de coacción, y este es quizás el aspecto más sustantivo, no se limitan a quienes hacen periodismo de alguna manera: alcanzan a vastos sectores de la población, especialmente a las familias que dependen de las cajas CLAP, que viven bajo la constante presión de comisarios, milicianos y otros violentos, para que asistan a reuniones políticas, firmen comunicados apoyando al usurpador, hagan silencio y no participen en protestas, y voten de acuerdo a las instrucciones que dicte el coordinador CLAP. De no hacerlo, el riesgo es una profundización del hambre y el acoso en sus barrios.
Este cerco a los ciudadanos, no se limita al uso del hambre como herramienta de presión. Traspasa todo límite moral y legal, y pasa al uso directo de la violencia: como ya se ha visto en anteriores procesos electorales, bandas paramilitares (colectivos, ex FARC MAFIA, ELN, milicianos motorizados y otros delincuentes), patrullan las calles, atacan a testigos de mesa, disparan a dirigentes opositores, crean zozobra para impedir que los electores salgan a cumplir con su derecho al voto.
Pero todavía hay más: el Consejo Nacional Electoral continúa bajo el control directo del gobierno. No es un poder autónomo. Es una dependencia que, del modo más evidente y sin escrúpulos, actúa bajo las directrices de Miraflores. El lector debe recordar que el CNE todavía no ha rendido cuentas de la acusación de fraude que la empresa Smartmatic presentó tras el último proceso electoral.
Ese mismo CNE ilegítimo y fraudulento, directamente controlado por Maduro, es el que ha confeccionado, con el apoyo de empresas amigas, el software con el que pretenden administrar el proceso electoral. ¿Cuánta confiablidad podemos otorgar a un software bajo el control directo de uno de los participantes? ¿Qué elecciones son esas donde el árbitro electoral trabaja bajo las órdenes y los candidatos del poder?
Mucho más habría que decir: el régimen se niega a aceptar la observación internacional, salvo el “acompañamiento” de las dictaduras aliadas; las fuerzas políticas opositoras no tienen recursos para financiar posibles campañas, porque el régimen persigue a los empresarios que podrían hacer donaciones a favor de la candidatos demócratas; el régimen cuenta con alrededor de dos millones de funcionarios que movilizará en dos sentidos: obligándolos a votar y para que presionen a los electores con el objetivo de que vayan a votar a favor del régimen; hasta las mismísimas máximas autoridades del Ejército, responsable del Plan República, han declarado su lealtad al régimen y han declarado desconocer a la oposición democrática.
Dicho todo esto: ¿quién puede creer que semejante parapeto electoral tiene algún sentido, salvo el de liquidar la Asamblea Nacional?
Editorial de El Nacional
