El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé precipitaciones entre 10 y 50 l/m² en áreas del Zulia, Andes, Centro Occidente, Llanos Centrales y Occidentales, Nororiente, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y el Esequibo, producto de la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical, que genera abundante nubosidad y lluvias.

El ente especializado estima que esta situación podría intensificarse en horas de la tarde con actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento, en gran parte del territorio venezolano.

Mientras la Gran Caracas, se mantendrá con poca nubosidad en horas de la mañana, incrementándose luego del mediodía, con precipitaciones débiles o moderadas, algunas acompañadas de actividad eléctrica.

Con respecto al mar, el Inameh prevé fuerte marejada con olas hasta 2,5 m de altura en el Delta del Orinoco, costas orientales y zona insular; además de olas hasta 1,5 m en el golfo de Venezuela, costas occidentales y centrales.

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Tras el contundente y extenso informe presentado por la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, instancia creada por el Consejo de Derechos de la ONU, la Asamblea Nacional, exhorta a la Corte Penal Internacional (CPI) actuar contra los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de forma sistemática y como una política de Estado, con el propósito de “aniquilar la alternativa democrática en Venezuela”.

Luz verde para matar

El debate del informe, contó con la participación de Miguel Pizarro, Comisionado presidencial para la Organización de las Naciones Unidas, quien opinó que el informe corrobora de “forma nítida, la sistemática violación de los derechos humanos es una política de estado que tiene como objetivo acallar, destruir o minimizar la disidencia opositora venezolana”.

Agregó que el informe determina las responsabilidades individuales, cadenas de mando y conductas. “Nicolás Maduro, Néstor Reverol, Padrino López y Diosdado Cabello, son responsables directos de dar órdenes para realizar detenciones arbitrarias, desapariciones y, en muchas casos también, conocen la violación de los derechos humanos y no hacen absolutamente nada para evitarlo”.

Recalcó que el informe no solo tiene recomendaciones importantes, sino que cierra con el exhorto a la Corte Penal Internacional y los estados miembros de la ONU “que profundice y sustancie las investigaciones penales contra los responsables señalados anteriormente”.

“Este informe hace justicia al esfuerzo de visibilización de muchos actores y sobre todo de muchas denuncias que en esta Asamblea Nacional se han hecho durante mucho tiempo”, subrayó al mismo tiempo añadió “que este es un paso a la dirección correcta para la justicia”.

Pizarro explicó que la investigación gráfica como en “Venezuela hay licencia para matar” y revela como los organismos de las Faes y PNB usan con alevosía “el código 80, ordenado por la cadena del mando para asesinar extrajudicialmente a personas”.

“El Nicolás Maduro que los venezolanos enfrentamos, es el Maduro que está narrado y dibujado en este informe, quien utiliza todas las herramientas del Estado para intentar acabar con cualquier forma de disidencia o expresión”, aseveró, el funcionario del gobierno interino de Venezuela.

Alabó la valentía, resilencia y el ejercicio permanente de documentación, visibilización que han hecho sobrevivientes, víctimas, familiares, y funcionarios activos en los organismos de seguridad que decidieron sin importar la represión y persecución, compartir sus testimonios con los expertos de verificación de hechos y los relatores de la Misión de la ONU.

“Justicia para las víctimas, honor para los caídos y memoria”, insistió Pizarro.

Tortura

El diputado exiliado Rosmit Mantilla, acentuó que el informe presentado por la Misión independiente de la ONU, evidenció que la “tortura es política de estado” para el “régimen narcotraficante” de Nicolás Maduro y aseguró que la única solución posible es la instauración inmediata de un Gobierno de Emergencia Nacional que restituya el respeto de los derechos humanos y sea garante de procesos oportunos para alcanzar la justicia.

Admitió que formó parte de la investigación rindiendo testimonio de su experiencia cuando estuvo preso en el año 2016, comentó que les afirmó al grupo de expertos de la ONU que en el Sebin y en las “cárceles políticas” de Nicolás Maduro, aplican técnicas de tortura que incluían: asfixia con el uso de bolsas plásticas llenas de excremento, quemaduras en las parte intimas, descargas eléctricas, golpes con bates, cortes y mutilaciones, violación sexual, amenazas de muerte, violencia psicología, y aislamiento.

“El día de ayer, fue un día de dignidad y fuerza para las víctimas de la tortura tratos crueles y vejatorios en Venezuela; para pedir y recordar la libertad de los hermanos Guevara, los policías metropolitanos, el capitán GN Juan Carlos Caguaripano, así como también es un día digno para la familia de Rodolfo González, Fernando Albán y la memoria de Oscar Pérez”, expresó.

Genocidio

En su intervención, diputado Omar González, calificó como “demoledor” el informe de la ONU, el cual confirma que el régimen de Nicolás Maduro comete un genocidio en Venezuela y recordó que desde que, el chavismo llegó al poder más de 300.000 venezolanos han sido asesinados.

“Con este informe, la ONU no tienen excusa para aprobar la Doctrina de Responsabilidad de Proteger por el Consejo de Seguridad de la ONU; así como también, la OEA, para no aplicar el artículo 8 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y nosotros tampoco, en la Asamblea Nacional tenemos excusa para la no aprobación del artículo 187 numeral de la Constitución, un mandato que necesita el pueblo venezolano para el restablecimiento de la paz y estabilidad en el país”, apuntó.

Según las investigaciones de la ONU registradas en el informe uno de cada 10 homicidios cometidos en el país, fueron perpetrados por policías y militares de los cuerpos de seguridad del régimen, quienes a su juicio esos “hombres y mujeres que trabajan para el régimen son un manantial de odio feroz contra la oposición y todos los seres humanos”.

González recordó que Venezuela pasó a tener la tasa más alta de índices de homicidios en el mundo. “Son cometidos 60 asesinatos diarios por cada 100.000 habitantes y lo que es peor, es que un tercio de esos crímenes han sido perpetrados por los cuerpos de seguridad y cuyas víctimas son jóvenes entre 14 y 19 años de edad.

Condenó que algunos gobiernos e instituciones internacionales rechacen que se aplique la palabra genocida a esta dictadura. “La muerte volvió a clavar sus dientes en Venezuela, así como sucedió en Armenia, Ruanda, Ucrania, Camboya o en China, donde la indiferencia del mundo permitió que se cometieran los más crueles genocidios de toda la historia”.

Silenciar la disidencia

Para la diputada Denis Fernández, “este informe evidencia que se viene aplicando una política de silenciar y anular a la oposición venezolana y además de ejecución extrajudicial”.

Subrayó que la ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho, ha dado lugar a un crecimiento vertiginoso de la “impunidad, crímenes de lesa humanidad, asesinatos, encarcelamientos y otras privaciones graves de la libertad”.

Consideró de suma importancia la recomendación planteada por la Misión con respecto a que la Corte Penal Internacional inicie las investigaciones correspondientes y así las “víctimas puedan obtener oportuna justicia”.

“Este informe es muy importante porque se está conminando a la comunidad internacional a que este atenta para que este observante, vigilante e inicia acciones legales contra los individuos que cometen violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”, resaltó.

Exigen justicia

Prosiguió, el diputado Luis Florido quien leyó el párrafo 164 del informe presentado por el organismo internacional que refleja a “todas luces lo que los venezolanos conocíamos: las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, sino que se le atribuye responsabilidad directa al usurpador Nicolás Maduro y también a sus ministros ilegítimos Néstor Reverol y Padrino López”.

“La Misión tiene motivos razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad en el período examinado”, reza el principio del párrafo 164, y asimismo constata que en el país se han venido produciendo de “manera sistemática y generalizada” asesinatos, encarcelamientos, actos de tortura y de violación, desapariciones forzadas en los últimos seis años y que los mismos formaron parte de “una política para silenciar, desalentar y sofocar la oposición a la dictadura”.

En ese sentido, el parlamentario exhortó que la dictadura debe pagar sus delitos y “rendir cuenta” a los venezolanos y a los órganos de justicia nacional e internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos.

“Esa es la responsabilidad que tenemos con este informe, que no se convierta en letra muerta, sino en acciones concretas, para que aquí respondan los que tengan que responder”, acotó durante la Sesión Ordinaria vía online.

Florido aseveró que “justicia es dar a cada quien lo que corresponde y justicia es que el régimen de Nicolás Maduro le responda a los venezolanos por la acción y por la omisión que ha llevado a esta violación sistemática de derechos humanos contenida en este informe tan detallado sobre las situaciones que han pasado tantos venezolanos durante esta tragedia”.

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El presidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, diputado Armando Armas, manifestó que la Democracia es el canal para recuperar la República, entendiéndose República como apego a la ley, la que nos hace libres ante el Estado e iguales entre nosotros los ciudadanos.

El diputado presentó ante la AN el proyecto de acuerdo para exaltar el valor de la democracia como mejor sistema de gobierno, convivencia de las sociedades y también para agitar la conciencia de nuestros compatriotas dentro y fuera de Venezuela. “Puede haber una República sin democracia, pero la democracia no la podemos entender sin República. Y nosotros exaltamos la construcción de la República a través del Demos, es decir de los todos, de todos quienes quieran progresar a través de su esfuerzo personal, ejerciendo sus derechos y atendiendo sus deberes establecidos en un nuevo pacto social que se está gestando con conciencia”.

El diputado Armas afirmó que la idea de la democracia en Venezuela, más que un sistema al que aspiramos hoy en día, es una oportunidad para el desafío político en momentos claves, pues el país se encuentra en el proceso de construcción de una nueva nación, porque “Quienes la hicieron suya, en 1998, la convirtieron en una gran estafa. “Con el chavismo lo único que se democratizó fue la maldad, un sistema perverso que no solo se basa en la criminalidad desde el poder, sino que pretendió generar la complicidad de ciertos sectores de la ciudadanía”.

El parlamentario recordó que el régimen no aceptó las condiciones ni ayer ni hoy porque no acepta la realidad. “No acepta que la gente está hastiada de ellos. No acepta ni le importa que la gente muera de hambre, que caminen miles de kilómetros, separan a las familias”.

Finalmente, Armas destacó la Asamblea Nacional en resistencia, perseguida desde el inicio, dando la lucha ha tomado el camino de la acción y no de la resignación; se refirió a los mártires que han muerto, a los encarcelados, todos en busca del ideal de la libertad, la cual solo podrá ser desarrollada a plenitud cuando tengamos democracia. “En la lucha por restaurar la República es imposible no cometer errores. Sin embargo, hemos hecho la diferencia”.

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El día de ayer, el Gobierno de Estados Unidos y su representante especial para Venezuela Elliott Abrams, introdujeron ante la Corte de Nueva York –tribunal que avanza en el proceso de juicio de nulidad en contra de los Bonos PDVSA 2020, dos documentos en los que ratifican su reconocimiento al Gobierno Interino del Presidente (E) Juan Guaidó y a los poderes legítimos de Venezuela.

En la comunicación, el Gobierno de Estados Unidos ratifica expresamente que la protección de los activos de Venezuela –en este caso CITGO– está ligada estrechamente a la política exterior estadounidense que consiste en el apoyo a todos los esfuerzos del Gobierno Legítimo para restaurar la democracia en Venezuela y reconstruir la economía una vez cese definitivamente la usurpación de Nicolás Maduro. En el documento se hace mención expresa de las órdenes ejecutivas que el Gobierno norteamericano ha adelantado para la protección de los activos venezolanos, tal como el régimen de sanciones que actualmente impiden ciertas transacciones con respecto a los Bonos PDVSA 2020 y la venta del colateral declarado para estos bonos.

Recordemos que la Legítima Asamblea Nacional de Venezuela –mediante un acuerdo de fecha 27 de agosto de 2016– claramente expresa que las condiciones de la emisión de los Bonos 2020 y haber puesto a CITGO como colateral cuando se pactó esta transacción entre el régimen de Nicolás Maduro y los compradores del Bono 2020, fueron ilegales y fraudulentas ya que no fueron aprobados por el poder legislativo, tal y como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por su parte, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, hace hincapié en que la situación de riesgo que atraviesan los activos de Venezuela, específicamente CITGO, es el resultado de años de manejo irresponsable de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El representante de EE. UU. fue enfático al precisar que cualquier pérdida de los activos de PDVSA en suelo norteamericano, incluyendo PDV Holding, Inc. y CITGO irían en detrimento a la política exterior de Estados Unidos y de las prioridades del Gobierno Legítimo de Venezuela.

El Gobierno Legítimo ha insistido y quiere ser firme en su plena intención para avanzar en un camino que permita la consecución de una solución ordenada y negociada con los tenedores del Bono, siempre y cuando se tomen en cuenta las decisiones de la legítima Asamblea Nacional, la Emergencia Humanitaria Compleja que vive el país y que esto se pueda realizar sin perjuicio del derecho que tiene el Parlamento a analizar, caso por caso, aquello que pueda ser catalogado como dudoso, de acuerdo con los lineamientos para la negociación de la deuda, aprobados por la Asamblea Nacional el 1° de julio de 2019.

Ratificamos nuestro compromiso con el rescate, protección y defensa de los activos de la Nación para el pueblo venezolano y en ese sentido, continuamos realizando todos los esfuerzos, atendiendo todos los requerimientos de los procedimientos judiciales, y concretando todos los apoyos necesarios para resguardar los bienes públicos que han sido puestos en riesgo por las políticas irresponsables de expropiación y endeudamiento de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

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El Presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció el apoyo del Grupo Internacional de Contacto, quién respaldó el informe de las Naciones Unidas sobre la violación sistemática de los DDHH en Venezuela.

El mandatario nacional manifestó que el Grupo Internacional de Contacto reafirmó lo sostenido por el Gobierno Legítimo sobre la ilegalidad de las elecciones parlamentarias que desea ejecutar el régimen.

“No hay condiciones para una elección libre en Venezuela; lograrlas es de nuestras banderas de lucha”, aseguró a través de su cuenta Twitter.

El Jefe de Estado expresó que la comunidad internacional de países libres no apoyará a un régimen vinculado a crímenes de lesa humanidad.

El Grupo Internacional de Contacto sostuvo este jueves una reunión ministerial para abordar la crisis política, social y humanitaria que atraviesa Venezuela frente a la dictadura liderada por Nicolás Maduro, donde reafirmaron que la única solución sostenible a la crisis venezolana será una política inclusiva, pacífica y democrática, a través de elecciones legislativas y presidenciales libres, creíbles y transparentes y justas.

El Grupo Internacional De Contacto respalda el Informe ONU y reafirma lo que hemos sostenido: no hay condiciones para una elección libre en Venezuela; lograrlas es de nuestras banderas de lucha.

El mundo libre no va a apoyar a un régimen vinculado con crímenes de lesa humanidad. https://t.co/YtQS3W1va0

— Juan Guaidó (@jguaido) September 17, 2020

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Este jueves, el expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Andrés Caleca, insistió en que un acuerdo entre oposición y el Gobierno debería ser la vía para destrabar los problemas que existen en el país.

“Vamos a sentarnos, como lo pide la comunidad europea, todos los factores, los más importantes, Iglesia, grandes gremios, grandes partidos, a tratar de destrabar el problema, porque como está concebido no sirve a nadie”, indicó.

Por su parte manifestó que actualmente no existen condiciones para llevar a cabo un proceso electoral en medio de la pandemia y la crisis sanitaria que existe.

A su vez recalcó para Unión Radio que “estamos entrampados en una constante violación de la Constitución en todos los aspectos (…) Cuatro artículos de la Constitución han sido violados, cambiados u omitidos”.

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Este jueves murió en la sala de cuidados intensivos del hospital Victorino Santaella de Los Teques el médico psiquiatra y forense Francisco Verde, tras 15 días hospitalizado por coronavirus.

Verde era presidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Forense y también fue profesor de medicina legal en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad Santa María. Además, dirigió el hospital donde murió durante la gestión del exgobernador de Miranda, Enrique Mendoza.

Familiares estuvieron solicitando a entes públicos y privados un equipo de radiografía la noche del miércoles debido a que no lo tenían en el centro centinela de los Altos Mirandinos, para monitorear una neumonía que lo mantenía con respiración asistida. Con este deceso y según datos de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. serían 164 los profesionales de la salud que han perdido la vida por la pandemia en Venezuela.

Dr Francisco Verde presidente de la asociación de Psiquiatría Forense de Venezuela… mí ilustre profesor de Postgrado en criminalística, mí eterno respecto…☹️ pic.twitter.com/6WqszQ6jNv

— Creo (@eglimacleo) September 18, 2020

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Vecinos del sector Los Iraníes, en la ciudad de Maturín estado Monagas despertaron el pasado miércoles con un crimen familiar que fue llevado a cabo en la zona por un sujeto que se encuentra prófugo de la justicia.

Fuentes policiales informaron que durante la mañana del miércoles, Jhor Frank José Ramírez, de 21 años de edad, mantuvo una acalorada discusión con su pareja Junie Detsibeth Betancourt Sevilla. Durante el altercado, este decidió asfixiarla aprovechando que se encontraba de espaldas, causándole la muerte.

El hermano de la víctima, quien quedó identificado como Marcos Antonio Betancourt Sevilla, de 17 años, logró presenciar el homicidio de su hermana, por lo que decidió atacar al victimario. Sin embargo, José Ramírez logró tomar un cuchillo de la cocina y propinarle varias puñaladas en el tórax y cuello, matándolo en el acto.

Para culminar su crimen, José Ramírez acudió al cuarto de la madre de las víctimas, Annie Desirée Sevilla Rondón, de 43 años, a quien la golpeó varias veces en la cabeza con un martillo. El sujeto -creyendo que había matado a la mujer- huyó del sitio.

Inmediatamente Sevilla Rondón llamó a las autoridades. Sus hijos ingresaron sin signos vitales a un centro asistencial y ella sufrió traumatismos en el cráneo.

José Ramírez se encuentra prófugo de las autoridades. La policía científica se encuentra realizando todas las averiguaciones necesarias para poder capturarlo y ponerlo a la orden de las autoridades.

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El director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, tildó de “histórico” el nuevo informe de la Misión de la Organización de Las Naciones Unidas (ONU), donde acusa al gobierno de Nicolás Maduro, de crímenes de lesa humanidad.

Además indica que allí se hace un resumen de los “horrores” de la represión por parte de fuerzas del Gobierno nacional.

“Es histórico porque a diferencia de todos los informes previos sobre la situación de derechos humanos en el país, este informe tiene una misión diferente y es la de determinar las responsabilidades individuales. Eso es lo que lo hace único porque aquí se colocan nombres y apellidos a los responsables de estos actos y eso es lo más trascendente”, sostuvo.

Además agregó que este informe “es un acto de justicia para las víctimas de los DDHH quienes han sido ignoradas, despreciadas y amenazadas para que no denuncien, y finalmente observan que después de tantos años de desprecio a sus reclamos, ven cómo las Naciones Unidas obtiene lo que aquí en Venezuela se les niega: justicia”.

A su vez señaló en entrevista para El Universal que “es la primera vez” que un presidente de la República latinoamericano es señalado como responsable de “crímenes de lesa humanidad”, siendo esta acusación “muy delicada”.

Dice que es un “acto de justicia” para las víctimas al mostrar que sus relatos han sido manifestados en dicho informe al público, lo que representa una “señal de esperanza”.

“Esto no es una copia y pega de un informe de DDHH, sino que es una información directamente de las víctimas que se pueden evidenciar cuando uno lee los pie de páginas de los testimonios; se ve cómo se documentan cada una de las entrevistas que se les hizo a las víctimas que denuncian esa situación”, agregó.

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