Este lunes 07 de septiembre, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), informó sobre la prestación de servicio de las diferentes agencias bancarias que operarán durante la semana de flexibilización ampliada, anunciado por el Ejecutivo Nacional este domingo.

En una circular, el ente supervisor reiteró que la red de agencias de las instituciones bancarias que se encuentren ubicadas bajo este nivel de flexibilización general prestarán sus servicios regularmente.

En ese sentido y como parte de los lineamientos establecidos por las autoridades nacionales, solo estarán exceptuados de actividad regular las agencias bancarias ubicadas en los municipios fronterizos con Colombia, que se mantienen en cuarentena radical.

Asimismo, propuso que las agencias bancarias ofrezcan atención al público en un horario comprendido de 9:00 a.m a 1:00 p.m, tanto para personas naturales como para personas jurídicas.

La Sudeban además expuso un plan de prestación de servicio que indica que la red de agencias bancarias deberá observar estrictamente las medidas preventivas instruidas por el Ejecutivo Nacional y la Organización Mundial de la Salud (O.M.S), «como el uso de mascarillas, mantener el distanciamiento social, la toma de temperatura, aplicación de antibacterial previo al ingreso a la institución y la desinfección periódica de las instalaciones».

Fuente: Banca y Negocios 

Por: María Laura Espinoza

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Hoy en día son muchos los comentarios económicos que enfatizan la “divergencia”: mientras los índices generales del mercado de valores se encuentran en altos históricos, o cerca de alcanzarlos, gran parte del resto de la economía lucha por recuperarse de una de las más graves desaceleraciones jamás vividas.

Mientras el Russell 2000 sigue estando en un 5,4 % a la baja, los índices S&P 500 y Russell 3000 han recuperado por completo sus niveles previos a la pandemia, y el Nasdaq, en el que predominan las compañías digitales y tecnológicas, ha subido cerca de un 26%.

Muchos analistas y comentaristas han llegado a la conclusión de que el mercado está desvinculado de la realidad económica. Pero, si se ve desde otro ángulo, puede que los mercados de valores actuales estén en parte reflejando poderosas tendencias subyacentes, amplificadas por la “economía pandémica”.

Los precios de las acciones y los índices de mercado miden la creación de valor para los propietarios del capital, lo cual no es lo mismo que la creación de valor en la economía más general, donde el trabajo y el capital tangible e intangible juegan todos un papel.

Es más, los mercados reflejan las expectativas de retornos reales que el capital tenga en el futuro. A la hora de medir el valor actual del ingreso laboral, sencillamente no existe un índice a futuro comparable. Por consiguiente, si se espera una recuperación económica significativa, las perspectivas para el ingreso, tanto del capital como del trabajo, serían similares, pero en el presente solo se reflejaría el futuro esperado del capital.

Pero hay más: las valoraciones de mercado se basan cada vez más en bienes intangibles, no en menor medida la propiedad y el control de datos, lo que confiere su propio significado a la creación de mercado y la monetización. Según un estudio reciente del índice S&P 500, las acciones de compañías con altos niveles de capital intangible por empleado registraron las mayores ganancias este año, y a menor capital intangible por empleado tenga una compañía, peor les habrá ido a sus acciones.

En otras palabras, existe un fenómeno de creciente divergencia entre el empleo y la creación de valor incremental en los mercados. Si bien esto era así antes de la pandemia, la tendencia no hizo más que acelerarse con ella, por al menos dos razones. Una es la rápida adopción de tecnologías digitales como parte de la respuesta a las medidas de confinamiento. La segunda es que muchos sectores de alto uso de mano de obra (que normalmente añaden valor con el trabajo y el capital tangible) han sido cerrados total o parcialmente como resultado de los confinamientos, el distanciamiento social y la aversión al riesgo de los consumidores.

Por ejemplo, el Dow Jones US Airline Index evidentemente sufrió un gran golpe, del cual todavía tienen que recuperarse. En tiempos normales, este sector genera valor principalmente con capital tangible, trabajo y combustible, aunque también su negocio tiene elementos digitales significativos.

No hay duda de que las valoraciones generales del mercado se han apoyado en las políticas de tasas de interés de la Reserva Federal estadounidense y otros bancos centrales importantes. En el actual contexto, el carácter altamente acomodaticio de las políticas monetarias apunta a crear un margen de maniobra para que los gobiernos utilicen deuda para financiar grandes programas fiscales en respuesta a la crisis del COVID-19.

Pero si bien las tasas de interés ultra bajas pueden servir de algún apoyo general para las valoraciones de mercado actuales, no explican las marcadas diferencias entre sectores. Después de todo, la parte de la economía no representada por las acciones transadas en público también está sufriendo la crisis, aunque, por supuesto, hay compañías privadas en los sectores digitales cuyas valoraciones y retornos son similares o incluso superiores al extremo más alto del espectro del capital intangible en los mercados públicos.

En términos más amplios, en la práctica los hogares de menores ingresos y muchas compañías pequeñas con balances delgados y frágiles se han quedado sin amortiguadores efectivos, y muchos de los sectores de alto uso de mano de obra que, en tiempos normales, generan niveles de empleo importantes – como hoteles, restaurantes y bares – han cerrado de manera total o parcial. Para enfrentar estas tendencias, se está haciendo uso de los balances soberanos para amortiguar grandes partes de la economía.

Pero no todas las partes. Ya que la actual crisis está impulsando el valor de ciertas compañías, merece la pena saber quién posee la mayoría de sus acciones. Ciertamente no son los hogares y las empresas privadas en estado de precariedad.

Quienes poseen las compañías que hoy tienen un alto valor son personas e instituciones con balances que ya son lo bastante sustanciales para prestar un grado de resiliencia económica.

Cuando la economía pase a la etapa pospandémica, es posible que los sectores de alto uso de mano de obra por empleado disfruten de un periodo de extraordinario rendimiento a medida que se recuperan. Pero, incluso en ese escenario, es probable que se expanda la huella digital en la economía, y que continúe la tendencia subyacente que favorece al capital intangible y sus propietarios.

Esta ventaja de los sectores de alto uso de capital intangible no debería sorprender a nadie. En su mayor parte, sus estructuras de costos están anormalmente inclinadas hacia los costos fijos y costos marginales bajos o insignificantes. Eso hace que algunas plataformas sean enormemente escalables, lo que su vez les confiere un importante poder en términos de determinación de precios y acceso al mercado.

Analizando estas realidades económicas se podría llegar a unas cuantas conclusiones.

Para comenzar, la economía pandémica ha acelerado la tendencia previa a la expansión del Covid-19 que favorece la creación de valor de bienes intangibles, mediante empresas con una cantidad de empleados relativamente menor. Podemos esperar que esta tendencia continúe, aunque no al ritmo que le ha inducido la pandemia.

Las empresas tradicionales se recuperarán, pero persistirá la brecha de creación de valor entre las firmas según los intangibles por empleado, manteniéndose como un importante desafío económico y social.

La idea de que los mercados y la economía están divergiendo refleja un gran énfasis sobre índices específicos. Pero, por sí solo, ningún índice puede ofrecer un resumen útil del mercado en general, para no mencionar las tendencias y condiciones económicas. Además, en la economía pandémica los índices del mercado accionario se opacan incluso más que lo normal, debido a las grandes divergencias de los resultados económicos entre sectores y para quienes trabajan en ellos.

Por último, dada la desproporcionada contribución de los bienes intangibles digitales a la creación de valor, cuesta ver un modo de revertir la tendencia al aumento de la desigualdad de la riqueza. Puesto que los balances de los que disfrutan de menos recursos carecen en gran medida de un alto contenido intangible y digital, no se verán beneficiados por las ganancias de la actual dinámica económica y tecnológica.

Fuente: Banca y Negocios 

Por: María Laura Espinoza

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Más de 20% de los funcionarios públicos ha emigrado o se ha desplazado hacia la economía informal en los últimos 3 años, como consecuencia de una política de compensación basada en un salario mínimo que solo cubre 0,8% de la canasta alimentaria, señala en un comunicado la central de trabajadores y trabajadoras, Alianza Sindical Independiente (ASI Venezuela), que agrupa a un conjunto de centrales sindicales y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos laborales desde una perspectiva crítica con el ejecutivo chavista.

El documento señala que la nómina pública, que se compone de alrededor de 3 millones de trabajadores, labora en condiciones que bordean la indigencia, ante la precariedad de sus niveles de ingresos. Y en el contexto de la pandemia de Covid-19, el gobierno no cumple con los protocolos de bioseguridad y protección que promueve, ni ha adoptado una política concreta de teletrabajo.

«El modelo de relaciones de trabajo se fracturó a través de la ausencia de Diálogo Tripartito y ante la intervención e injerencia del estado de la libertad sindical, la ausencia de reconocimiento inclusivo y pluralista en el diálogo y en la consulta han producido un retroceso inhumano en el valor del trabajo y la calidad de vida de los servidores públicos», señala la organización.

«El impacto de un modelo que desmejoró todas las condiciones de trabajo desde el TSJ y el CNE, interviniendo con decisiones de rango sublegal el ejercicio de la actividad sindical, así como desde el Ministerio del Trabajo (MPPPST) con el Memorando 2792 y el propio ejecutivo con actos administrativos y decretos leyes sobre salario sin consulta tripartita, que pulverizaron el contrato colectivo, el salario y los derechos conquistados históricamente por el movimiento Sindical y plasmados en leyes y contratos colectivos que hoy son letra muerta».

La central ASÍ Venezuela denuncia categóricamente que el Seniat siga incrementando la presión tributaria sobre unos trabajadores cuyos ingresos no cubren un día de consumo de la canasta básica de alimentos. «Bajo resoluciones que violan la Constitución y Ley Orgánica del trabajo cobran impuesto al salario y todos los beneficios de indigencia…»

«Y si a toda esa condición infrahumana le sumamos el colapso de los servicios públicos, se evidencia como el salario de indigencia no es suficiente para cubrir canasta alimentaria, transporte ni servicios básicos de luz, agua y gas doméstico, realmente los servidores públicos le están pagando al patrono estado por ir a trabajar», advierte el documento.

– Las demandas –

La Central de trabajadores y trabajadoras ASI Venezuela reclama que se comience a saldar la «deuda laboral» que hay con los servidores públicos, por lo que se deben ratificar, con carácter de urgencia, los Convenios de la OIT números 151 y 154 sobre las relaciones de trabajo en la Administración Pública y la Negociación colectiva en el sector público, y el Convenio 190 sobre la No violencia ni acoso en los lugares a trabajo.

La migración y el abandono de los puestos de trabajo han derivado en un «aumento de la carga laboral y de horas de trabajo de los servidores públicos con menos salario… Así mismo, ante la crisis eléctrica, de comunicaciones, de transporte y servicios básicos, las condiciones disergonómicas de los servidores públicos se han deteriorado más, ya que surge el dilema de cómo dar servicio público sin servicios públicos; y finalmente le sumamos a la crisis humanitaria compleja, la crisis sanitaria de la Covid19, con trabajadores sin protocolos de seguridad».

La organización pide establecer el diálogo tripartito -gobierno-trabajadores-sector privado- en los términos previstos en las Recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo, y se instaure con asesoría técnica de la OIT la mesa de Diálogo tripartito que debía haberse reunido antes de marzo pasado.

La agenda de ese diálogo se concreta en una serie de demandas urgentes para enfrentar la precarización del mercado laboral, especialmente en el sector público:

1.- Un Ingreso mínimo vital de emergencia para todos los trabajadores por 6 meses;

2.-Un programa de distribución masiva y gratuita de alimentos por la FAO;

3.- La distribución masiva de equipos de bioseguridad en todos los centros de trabajo, junto con formación y difusión de protocolos de bioseguridad para cada sector;

4.- Distribución gratuita de medicinas en farmacias sociales;

5.- La Instalación de las Mesas de Diálogo Tripartito como medidas urgentes para superar el deterioro de las personas, la vida y las relaciones de trabajo.

Fuente: Banca y Negocios 

Por: María Laura Espinoza

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El gobierno de Nicolás Maduro suspendió hasta marzo de 2021 el cobro de alquileres de viviendas e inmuebles de uso comercial, de acuerdo con el Decreto N° 11 del estado de alarma nacional, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.956.

La noticia cayó como una bomba en el sector inmobiliario, pues se suponía que la vigencia de la decisión, tomada en el contexto de apoyar a las personas y empresas en medio de la expansión del Covid-19, sería hasta enero de 2021, según los anuncios gubernamentales del pasado 26 de agosto.

La Cámara Inmobiliaria había propuesto un esquema según el cual la medida fuese prorrogada en el marco de negociaciones entre arrendadores e inquilinos, porque los primeros también se están viendo severamente afectados por los efectos económicos de la pandemia.

Francisco López Domíguez, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela expresó en el mes de abril, que muchos de los arrendadores tenían en el canon la totalidad de su sustento, y que por eso, a fin de proteger a ambas partes, lo mejor era, si se podía, mantener el pago total de las obligaciones adquiridas previo a la pandemia, o «en otros casos asumiendo un porcentaje, y en todos los casos acordando el lapso en el cual se pagarán las cuotas suspendidas». Esto a fin de evitar la intervención de alguna otra institución gubernamental, cuyas acciones pudiesen empeorar el panorama legal.

– Lo que dice el decreto –

El artículo 1, que establece la suspensión del cobro de cánones por 6 meses contados a partir del 2 de septiembre pasado, deja claro que: «En el plazo previsto en este artículo no resultará exigible al arrendatario o arrendataria el pago de los cánones de arrendamiento que correspondan, ni los cánones vencidos a la fecha aún no pagados, ni otros conceptos pecuniarios acordados en los respectivos contratos de arrendamiento inmobiliario«.

Así mismo, el artículo 2 prevé: «Por un lapso de hasta seis (6) meses, contados a partir de la publicación de este Decreto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, se suspende la aplicación del artículo 91 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.

Por el mismo periodo, se suspende la aplicación de la causal de desalojo establecida en el literal “a” del artículo 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial«, lo que significa que no aplicará ningún procedimiento por falta de pago.

– Desaplicación excepcional –

El artículo 5 establece un mecanismo excepcional de desaplicación. «La suspensión a que se refiere este Decreto será desaplicada en aquellos casos de reinicio de la actividad comercial, con anterioridad al término máximo previsto en este Decreto; así como a los establecimientos comerciales que por la naturaleza de su actividad y de conformidad con los lineamientos impartidos por el Ejecutivo Nacional, se encuentren operando o prestando servicio activo de conformidad con alguna de las excepciones establecidas al cese de actividades decretado con ocasión al Estado de Alarma.

El Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional establecerá mediante Resolución los términos con base a los cuales procederá la desaplicación excepcional a que se refiere este artículo».

Mientras que el artículo 6 prevé la posibilidad de acuerdos, con la mediación gubernamental, pero en términos muy poco precisos; de hecho, delega la materia en la Vicepresidencia de Economía: «El Ejecutivo Nacional por órgano de la Vicepresidencia Sectorial de Economía podrá evaluar con los arrendatarios y arrendadores, debidamente organizados, mecanismos que propendan al sostenimiento del equilibrio económico, garantizando la justicia social y velando por el bienestar de los venezolanos y venezolanas ante la afectación por la pandemia mundial del coronavirus COVID-19″.

– Acuerdos de pago después de marzo –

Con el fin de evitar conflictos, y posibles desalojos, una vez que cese la suspensión de cánones, el artículo 3 del decreto prevé que: «Las partes de los respectivos contratos de arrendamiento podrán acordar, mediante consenso, términos especiales de la relación arrendaticia en el plazo a que refiere este Decreto, a los fines de adaptarla a la suspensión de pagos; para lo cual podrán fijar los parámetros de reestructuración de pagos o refinanciamiento que correspondan. En ningún caso, podrá obligarse al arrendatario o arrendataria a pagar el monto íntegro de los cánones y demás conceptos acumulados de manera inmediata al término del plazo de suspensión«.

«Si las partes no alcanzaren un acuerdo acerca de la reestructuración de pagos o el refinanciamiento del contrato de arrendamiento, someterán sus diferencias a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI), en el caso de los inmuebles destinados a uso como vivienda principal, y a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) cuando se trate de inmuebles comerciales, para dirimir estos conflictos y en caso de ser necesario intermediaran en el establecimiento de las nuevas condiciones que temporalmente aplicarán para las partes».

Fuente: Banca y Negocios 

Por: María Laura Espinoza

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