Brasil superará este jueves los cuatro millones de contagios de coronavirus desde el inicio de la pandemia, que muestra tímidas señales de ceder después de haber causado más de 123.000 muertes.

Desde el primer caso registrado el 26 de febrero y el primer deceso, el 16 de marzo, los balances llegaron el miércoles a 3.997.865 contagios y 123.780 decesos.

Tras varios meses en una meseta con un promedio diario de más de mil muertos, el gigante sudamericano registra desde fines de agosto una leve disminución y computó en la última semana una media de 874 muertes y unos 40.000 contagios cada día.

El Ministerio de Salud afirma que los números revelan una “caída” en la curva, pero los especialistas independientes sugieren cautela.

“Es el inicio de lo que esperamos sea de hecho una tendencia de mejora”, dijo a la AFP el epidemiólogo de la Universidad de Brasilia Mauro Sanchez, quien advierte que se trata de una mejora “muy tímida” y “muy reciente”, que debe mantenerse por al menos dos o tres semanas para confirmarse.

Además, por ser un país de dimensiones continentales, la curva nacional debe ser leída como un “resumen de 27 epidemias diferentes”, una por cada estado, apunta el especialista.

“En los últimos dos meses hemos visto una curva que mezcla regiones en aumento [como el sur y el centro-oeste o el interior de Sao Paulo y Minas Gerais] con otras en retroceso”, como las ciudades de Sao Paulo y Rio de Janeiro, así como el norte y el noreste, complementa Paulo Lotufo, profesor de Epidemiología en la Universidad de Sao Paulo (USP).

Para Lotufo, los números también sugieren que Brasil está a las puertas de una mejora.

Pero ambos especialistas coinciden en que todo puede desmoronarse si los gobiernos locales y regionales ceden a presiones de grupos económicos para promover una reapertura indiscriminada y se abandonan las medidas individuales de protección, como se observó el pasado domingo en las playas de Rio de Janeiro, atestadas de personas sin mascarilla.

Tras la retomada de las actividades comerciales y la reapertura de bares, restaurantes, gimnasios e iglesias con normas de higiene y distanciamiento, numerosas ciudades estudian cómo y cuándo reabrir las escuelas, que suspendieron sus actividades en marzo, poco después del inicio del año lectivo.

La multitudinaria fiesta de fin de año en Copacabana ya no será realizada en su formato tradicional y el carnaval de 2021 probablemente se postergue, a la espera de una vacuna.

Medidas tardías e insuficientes

El gigante sudamericano enfrentó la pandemia sin una estrategia coordinada. El presidente Jair Bolsonaro saboteó las medidas de aislamiento impuestas por los gobernadores, por considerar que se trataba de un remedio “peor que la enfermedad” y que el país debía “volver a la normalidad” para no perjudicar la economía.

El mandatario de ultraderecha, que llegó a calificar a la covid-19 de “gripecita”, contrajo él mismo el virus y sigue promoviendo aglomeraciones en viajes oficiales y estrechando la mano de simpatizantes, sin usar mascarilla.

Su postura provocó la caída de dos ministros de la Salud que discrepaban con su manejo de la crisis y su promoción de la hidroxicloroquina como tratamiento, pese a la ausencia de evidencias científicas sobre su eficacia.

Sánchez y Lotufo coinciden en que Brasil podría haber evitado un gran número de muertes si hubiera implementado rápidamente medidas efectivas de aislamiento y facilitado el acceso temprano de las camadas más pobres al subsidio económico distribuido por el gobierno desde abril.

“Las personas más vulnerables no pueden quedarse en casa trabajando en ‘home office»”, apunta Sánchez, quien teme que las señales de mejora actuales lleven a los gobiernos y la población a aflojar los cuidados y que los frutos de las últimas semanas se echen a perder.

Por el momento, Brasil lucha con las dos crisis en paralelo: se ha convertido en el segundo país con más casos y más muertos, después de Estados Unidos, y enfrenta una contracción récord de su economía, que llevó a la destrucción de unos nueve millones de empleos.

Agence France-Presse

Panamá registró este jueves 830 nuevos casos de la COVID-19 y 16 defunciones, para un acumulado de 94.914 contagios y 2.046 muertes en 179 días de pandemia, dijeron las autoridades sanitarias panameñas.
El informe del Ministerio de Salud reportó que hay 1.404 personas hospitalizadas, 167 en unidades de cuidados intensivos (UCI) y 1.237 en sala general, mientras que 22.866 están aislados en sus casas y 400 en hoteles que funcionan como hospitales.

Desde que se detectó el primer caso del coronavirus, el pasado 9 de marzo, se han aplicado 350.669 pruebas de detección de la enfermedad, de las cuales el 71,9 % han sido negativas

En las últimas 24 horas se realizaron 3.522 pruebas, para un porcentaje de positividad de 23,6 %.

Panamá continúa con una de las tasas de letalidad más bajas de la región, con un 2,2 %, a pesar de ser el país más golpeado por la pandemia en Centroamérica.

La mayoría de muertes según el rango de edad sigue siendo entre las personas de 60 a 70 años (970) y mayores de 80 (507).

Panamá vive desde hace semanas un decenso en el número diario de contagios y defunciones por COVID-19, por lo que el Gobierno ideó un nuevo plan de desescalada social y reactivación económica, que culminará el 12 de octubre si los indicadores continúan estables.

Desde hace seis meses el país se encuentra en Estado de Emergencia con restricciones de movilidad para frenar la propagación de la pandemia, que ha golpeado fuertemente la economía del país para la que se prevé una caída del 9 %.

La Contraloría General informó este jueves que refrendó el contrato de un polémico hospital modular construido para albergar a pacientes de COVID-19 e investigado por supuesta corrupción por la Fiscalía, tras denuncias de presuntos sobrecostos y el uso de materiales de segunda mano.

La Contraloría encontró que «el precio acordado» por le hospital, de 6,9 millones de dólares, «está por debajo del rango medio el mínimo determinado por esta institución y el máximo posible de la industria de la construcción».

Por su parte, el Procurador de la Administración (abogado del Estado), Rigoberto González, dijo este mismo jueves que está a la espera de una investigación de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) «sobre la posible ocurrencia de irregularidades en la contratación del hospital modular». EFE