El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien vive en Bélgica prófugo de la justicia de su país tras dejar el poder en 2017, será candidato a la vicepresidencia en las elecciones generales de febrero próximo, anunciaron el lunes excolaboradores y políticos afines.

El exmandatario (2007-2017), condenado a ocho años de prisión por cohecho y reclamado para personarse ante la justicia para ser juzgado por el secuestro de un opositor, será binomio de Andrés Arauz, uno de sus exministros que aspirará a la presidencia.

“El binomio de la Revolución Ciudadana para las elecciones presidenciales del 2021 en Ecuador tendrá a Andrés Arauz como Presidente y Rafael Correa como Vicepresidente”, dijo el brasileño Amauri Chamorro, exasesor comunicacional del gobierno de Correa, a través de su cuenta de Twitter.

Arauz, “candidato a Presidente por la #RevoluciónCiudadana es economista y fue ministro del Presidente @MashiRafael. Es de la generación que nació de la Patria nueva. Imposible un mejor nombre para llevar el Ecuador a la senda del desarrollo”, agregó.

Arauz, de 35 años, con estudios universitarios en Estados Unidos y México y que ocupó varios cargos en la administración de Correa como el de ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, no se pronunció al respecto.

Entretanto, Correa se limitó a retuitear un llamado del frente político Unión por la Esperanza (UNES), integrado por varios partidos y organizaciones de izquierda que lo apoya, a la presentación del binomio presidencial este martes por Facebook.

“Mañana @UNES anuncia su binomio: El joven economista @ecuarauz la presidencia y @mashirafael a la vicepresidencia. Esta plataforma ha priorizado la necesidad de acometer en los graves problemas económicos del país”, expresó por Twitter el periodista Jimmy Jairala, fundador del movimiento Centro Democrático, que forma parte del gran frente izquierdista.

Correa, también economista, de 57 años y elegido en tres ocasiones, tiene prohibido presentarse a las presidenciales debido a que la Constitución impide la reelección más de una vez tras ser reformada por iniciativa de su sucesor y exaliado, Lenín Moreno.

Ambos sostienen una dura pugna y Correa prefirió alejarse del movimiento socialista Alianza País (AP), en el poder desde 2007, y promover la agrupación Revolución Ciudadana, como denominada a su gobierno, que no ha sido reconocida por el Consejo Electoral.

La suprema Corte Nacional de Justicia ecuatoriana confirmó hace un mes para el exmandatario y varios de sus excolaboradores la condena a ocho años de cárcel por cohecho, en un proceso en el que fue juzgado en ausencia y que está en la última fase de casación, por lo que la sentencia aún no está ejecutoriada.

Correa también afronta una orden de prisión para ser enjuiciado por el secuestro en Colombia de un opositor ecuatoriano en 2012, delito por el cual no puede ser procesado en ausencia.

El líder del motín militar registrado este martes en Malí anunció la captura del presidente Ibrahim Boubacar Keita, y el primer ministro, Boubou Cisse.

“Podemos decirle que el presidente y el primer ministro están bajo nuestro control. Los hemos detenido en su domicilio [del jefe de Estado]”, declaró el líder militar, bajo anonimato ante la Agence France-Presse.

“IBK [el presidente Keita] y su primer ministro están en un blindado rumbo a Kati”, un campamento militar en las afueras de Bamako donde arrancó el motín horas antes, afirmó otra fuente militar rebelde.

La información llega luego que militares tomaran control de una ciudad cuartel cerca de la capital, causando preocupación de Estados Unidos y vecinos de Mali por un posible derrocamiento del presidente enfrentado desde hace dos meses a protestas sin precedente desde el golpe de Estado de 2012.

La situación seguía confusa en la tarde en la capital del país y sus suburbios, reportándose la detención de personalidades políticas, entre ellos ministros.

 
El servicio postal de Estados Unidos aplazará hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre una serie de reformas acusadas de ralentizar la correspondencia y de poner en riesgo el voto por correo, dijo este martes su director general Louis DeJoy.

“Hay algunas iniciativas operacionales de larga data, esfuerzos que preceden mi llegada al Servicio Postal, que han sido vistas como áreas de preocupación en momentos en que la nación se prepara para tener una elección en medio de una devastadora pandemia”, dijo DeJoy en un comunicado. “Para evitar siquiera la apariencia de algún impacto en el correo electoral, estoy suspendiendo esas iniciativas hasta que concluya la elección”.

El USPS ha estado en el centro de una reciente batalla política luego de que el presidente Donald Trump dijo oponerse a un mayor financiamiento de la deficitaria agencia gubernamental, en momentos en que se espera que el voto por correo sea masivo debido a la pandemia de coronavirus.

DeJoy, un aliado de Trump, tomó las riendas de la agencia en junio y bajo su gestión se retiraron cajas de recolección y equipos de procesamiento, en tanto se eliminaron horas extras. Un líder sindical dijo a Agence France-Presse que los cambios provocaron retrasos en las entregas en todo el país.

Trump ha asegurado sin pruebas que el voto por correo fomentará el fraude electoral y la oposición lo acusa de intentar socavar la legitimidad de la elecciones de noviembre, en momentos en que las encuestas lo ubican por detrás de su rival demócrata, el exvicepresidente Joe Biden.

DeJoy debe declarar ante sendas comisiones en la Cámara de Representantes y del Senado este semana y la próxima para tratar el asunto.

Una demanda a la puerta

La noticia llega luego que un grupo de políticos y de votantes que no pueden acudir en persona a las urnas demandaran al presidente estadounidense, Donald Trump, al servicio postal y a su presidente para garantizar su financiamiento, en momentos en que el voto por correo se anuncia masivo debido a la pandemia de covid-19.

En la demanda, presentada el lunes ante una corte federal de Manhattan, aseguran que a pocos meses de las elecciones generales del 3 de noviembre, el servicio postal (USPS) ha impuesto “cambios dramáticos y profundos” que “cambian fundamentalmente las reglas de cómo funciona el voto por correo”.

Afirman que su director, Louis DeJoy, admite que estos cambios han afectado la eficacia del USPS y lo han tornado más lento.

“Es prácticamente una certeza que un número significativo de papeletas recibidas por el USPS, enviadas por correo por votantes en el tiempo establecido por la ley, no serán contadas”, señala la demanda.

Trump, quien asegura sin pruebas que el voto por correo fomentará el fraude electoral, ha amenazado con bloquear fondos adicionales al servicio postal.

Los demandantes y la oposición demócrata afirman que el correo necesita esos fondos para procesar millones de papeletas.

“Cambiar la calidad y la cantidad de los servicios del correo estadounidense (…) en la mitad de este ciclo electoral probablemente e irreparablemente perjudicará a todos los involucrados, sin hablar del daño que causará a la integridad de la elección”, sostiene la demanda.

Los demandantes, entre ellos el candidato demócrata al Congreso federal Mondaire Jones, piden a la justicia que ponga fin a estos cambios y asegure su adecuado financiamiento antes de las elecciones.

Otros demandantes son senadores estatales de Nueva York o candidatos al Senado estatal y al Concejo Municipal, residentes del estado de Nueva York que se hallan en otros estados o en el exterior, o que son demasiado ancianos como para ir a votar en persona.

Un récord de 76% de los votantes estadounidenses están habilitados a enviar sus papeletas por correo este año debido a la pandemia, según el New York Times.

Los fiscales generales de varios estados de Estados Unidos estudian asimismo presentar una acción judicial para preservar el derecho de los estadounidenses a votar por correo.

“Las acciones del presidente Trump para entorpecer el funcionamiento (del USPS) antes de las elecciones presidenciales son profundamente preocupantes. Se trata de un intento autoritario de tomar el poder para conservarlo”, dijo el lunes la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que lidera esa iniciativa con colegas de otros estados.

AFP