La alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, realizó este jueves una actualización de su informe sobre Venezuela, en el marco del 44° periodo de sesiones del Consejo de DD HH del organismo internacional.
En ese sentido, denunció que las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que imponen nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) e intervienen partidos políticos “disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos“.
“Lamento que los actores políticos no logren encontrar una solución negociada que resuelva la profunda crisis política. Las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos. Estas nombran nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas e interfieren en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de la oposición”, destacó.
Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que reponden al gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela, han sido señaladas en informes recientes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y de Human Rights Watch (HRW).
“Mi oficina siguió documentando restricciones al espacio cívico y democrático, con violaciones de libertad de expresión y del derecho a la información, y la detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, personales de salud y personas que protestaban por los servicios públicos”, dijo Bachelet.
La alta comisionada señaló que le “preocupa el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas en los primeros días de detención”.
En su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena dijo que “las personas en Venezuela siguen padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a sus bajos salarios, altos precios de los alimentos, persistentes carencias de los servicios públicos y el precario acceso al sistema de salud”.
Bachelet dijo que su oficina documentó “ataques de grupos civiles armados progubernamentales (denominados colectivos armados) contra opositores políticos, manifestantes y periodistas”, y que “las fuerzas de seguridad no hicieron nada por impedir esos ataques”.
El informe menciona que entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020, habrían muerto violentamente 1.324 personas, entre ellas nueve mujeres, en el marco de operaciones de seguridad.
“Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fueron presuntamente responsables de 432 muertes, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de 366 muertes, la Guardia Nacional Bolivariana de 136 muertes y las fuerzas de policía del Estado Zulia de 124 muertes”.
El documento dice que se documentaron 38 casos de hombres jóvenes presuntamente ejecutados por las fuerzas de seguridad entre mayo de 2019 y mayo de 2020, en los estados de Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Guárico, Lara, Miranda, Sucre y Zulia.
“En 23 de estos casos se identificó a las FAES como presuntos autores; siete se atribuyeron al CICPC; tres a los colectivos armados; dos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB); uno a la Dirección de Investigaciones Penales (DPI); una al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional (CONAS); y una muerte habría ocurrió estando bajo custodia y al parecer fue responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana”.
El panorama político
En el tema político, el reporte afirma que “las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”.´
“Estas nombran nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas e interfieren en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de la oposición”.
Además, “continuaron los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional”.
Por otra parte, persiste una “limitación del acceso a los datos públicos y la frecuente autocensura por miedo a las represalias. Los trabajadores de los medios de comunicación siguieron siendo víctimas de amenazas y acoso.
También, las organizaciones no gubernamentales, especialmente las críticas con el gobierno, siguen encontrando obstáculos para ejercer su labor.
La alta comisionada lamentó que “los actores políticos no logren encontrar una solución negociada que resuelva la profunda crisis política. Las reciente decisiones del Tribunal Supremo de Justicia disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”.
Finalmente, Bachelet reiteró su “llamado en favor de una negociación política inclusiva, basada en los derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos”, y dijo que su oficina sigue dispuesta a contribuir en estos esfuerzos.
Sostuvo que hay un patrón de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas en Venezuela.
Acotó que continúan detenciones de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, trabajadores salud, la obstaculización del trabajo de la AN y las graves violaciones a los derechos económicos y sociales.
“Reitero mi llamado en favor de una negociación política inclusiva basada en derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos. Mi Oficina sigue dispuesta a contribuir en estos esfuerzos”, apuntó.
Voa
