A propósito de la conmemoración del Día Nacional del Periodista, el pasado 27 de junio, la Asamblea Nacional aprobó un Acuerdo que ratifica la calificación de “alto riesgo” el ejercicio del periodismo en Venezuela y exige a la GNB, PNB , Fuerza de Acciones Especiales y el Poder Judicial al servicio de la dictadura, el cese de sus actuaciones excesivas, con respecto a detener, decomisar y destruir material periodístico, así como decretar detenciones arbitrarias y procedimientos judiciales contra a los comunicadores que cumplen con su deber de informar.
Paralelamente, condena enérgicamente y denuncia los atropellos a la libertad de expresión de los venezolanos, y, en particular, aquellos contra los derechos de los periodistas y los medios de comunicación.
Custodios de la verdad
El inicio de este punto del Orden del Día contó con la primera participación de la diputada Amelia Belisario, presidenta de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación de la AN, quien denunció la criminalización de la verdad en Venezuela y a su vez, exaltó la labor de los valientes comunicadores sociales venezolanos, que a pesar de la presión y persecución del régimen, siguen siendo garantes y custodios de la verdad en Venezuela.
De igual forma, enalteció a los periodistas a quienes a quienes les ha tocado exigir el respeto a la libertad de consciencia, la libertad de expresión y el derecho de información de los venezolanos y quienes para la tiranía “se han vuelto peligrosos por defender justamente la libertad de consciencia”.
“Los valientes comunicadores sociales, los custodios de la verdad, a ustedes que les ha tocado decir y defender la verdad con el riesgo latente inclusive de perderlo todo hasta sus vidas. El país y generaciones futuras, recordaran siempre su heroica labor, de ser la voz de millones de venezolanos que no pueden expresarse y mostrar ante el mundo lo que sucede en el país”, expresó.
Erradicación de la Ley del Odio
Seguidamente, la legisladora Belisario en homenaje al Día del Periodista, la Asamblea Nacional invitó a Tinedo Díaz, presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) quien en nombre del organismo ratificó el reconocimiento a la única Asamblea Nacional legítima, encabezada por el presidente Juan Guaidó y los más de 100 diputados, elegidos por más de 12 millones de venezolanos a través del voto popular y reconocida por la comunidad internacional.
Según estadísticas suministradas por Espacio Público, el Instituto Prensa y Sociedad, Alianza por la Libertad de Expresión, Instituto de la Investigación de la Comunicación en Venezuela, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y las 26 seccionales del CNP llevan un registro de los ataques y vulneraciones de la libertad de expresión en violación flagrante de los artículos 56, 57 y 337 de la Constitución Nacional.
Denunció que más de 550 casos de agresión ataques a la libertad de expresión, información y opinión y recordó el cierre de RCTV, 42 emisoras del circuito nacional Belford.
Se refirió a las agresiones y presiones de los organismos e instituciones del Estado al servicio del régimen, entre los cuales mencionó a Conatel que “se ha convertido en un censor de contenidos, más que una organización de carácter técnico” y la aplicación de la Ley de Odio, creada y aprobada por la ilegítima ANC.
En ese sentido, solicitó al pleno de la AN, eliminar la Ley del Odio, texto usado por la administración de la justicia para dictaminar la privativa de libertad condicionada a periodistas, ya sea, en cárceles comunes, arresto domiciliario y someterlos a la presentación ante tribunales cada 15 o 30 días.
“Son periodistas que ha sentido la vulneración de la Ley del Trabajo, en la cual cada comunicador debe ajustarse para su trabajo profesional”, dijo Guia.
21 años violando el derecho a la información
Prosiguió el diputado Ángel Álvarez, vicepresidente de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la AN, quien subrayó que uno de los objetivos del régimen durante estos 21 años de dominio ha sido obstaculizar el acceso a la información a través del “hostigamiento, persecución, linchamiento psicológico, prisión y atentado directo contra la libertad de expresión”.
En ese sentido, aseveró que todas esas violaciones encontraron un “centro de resistencia, moral, gallardía y ética” en los periodistas venezolanos, quienes “arriesgando su integridad, su vida y la de sus familiares han luchado buscando la verdad que no se puede ocultar sobre el colapso económico y de los servicios públicos; falta de justicia y violaciones de los derechos humanos en nuestro país”.
200 agresiones en el 2020
Con la autorización del presidente encargado y del parlamento, Juan Guaidó, el legislador Álvarez invitó al periodista Marco Ruiz, secretario general del Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) acotó que el periodismo venezolano enfrenta un reto principal que sobrevivir a la dictadura que oprime a la disidencia, a la crítica y el pensamiento plural.
Puntualizó que las leyes que han ocasionado daño ejercicio a la libertad de expresión y el derecho a la información y las cuales exigió la urgente reforma de la Ley de Responsabilidad de Radio, televisión y Medios Electrónicos, que impone la censura previa; asimismo, la Ley Orgánica de Comunicaciones.
“El periodismo venezolano no se ha puesto de rodillas ante la pretensión de generar un silencio absoluto y de imponer una línea única de pensamiento. Un proyecto de vieja data que no ha logrado avanzar”, subrayó.
Detalló que el SNTP registró al menos 200 agresiones contra comunicadores sociales venezolanos en lo que va de año 2020 y afirmó que durante la cuarentena producto de la pandemia del virus Covid-19 ha sido más difícil el ejercicio periodístico en las distintas regiones del país.
Ruiz insistió que el régimen cierra medios de comunicación y niega la renovación de las licencias para seguir operando el espectro radioeléctrico y la imposibilidad a los medios impresos de tener acceso al papel prensa, cuya importación y distribución está monopolizada por el régimen desde el año 2014.
Cifras de medios de comunicación cerrados
A través de la plataforma de comunicación Zoom, la diputada Milagros Eulate, detalló que el régimen a través de Conatel, partir del año 2004 hasta 2019, cerró 18 canales de televisión; 165 emisoras de radio; 42 periódicos y una infinidad de programas de televisión y de radio sacados del aire.
Eulate destacó que ante la política de silenciar a los medios de comunicación, la ciudadanía venezolana en barrios, o cualquier lugar están ejerciendo el periodismo ciudadano, “son ellos que ahora que también, se encargan de subir a las redes sociales, las protestas o denuncias que proliferan en el país”.
Durante la pandemia, el régimen de Maduro, ordenó acelerar el hostigamiento y persecución contra periodistas, medios de comunicaciones tradicionales y digitales, lo cual evidencia que estrangula el derecho a informar y estar informado de forma veraz y sin censura, desatando un ataque sistemático contra los medios de comunicación.
Reiteró que ejercer el periodismo en Venezuela, con ética, mística y apegado a las leyes” en dictadura significa “convertirse en el blanco del régimen para el acoso, hostigamiento, persecución, robo, agresión física y la cárcel por parte de los cuerpos de seguridad del régimen que actúan impunemente ante la mirada indiferente y solapamiento de los entes gubernamentales”.
273 violaciones a la libertad de prensa
El Diputado Biagio Pilieri, denunció que desde que inició la cuarentena y hasta finales de mayo se registraron 273 violaciones a la libertad de prensa, de las cuales 122 casos son directamente contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, quienes se convirtieron en objetivos estratégicos del régimen.
Aseveró que la practica aberrante instaurada por el régimen en contra de los medios de comunicación y sus trabajadores es perseguir, acosar, amedrentar, intimidar, agredir y hasta ejecutar detenciones arbitrarias, convirtiendo la profesión de periodista en Venezuela en una de las más riesgosas.
Aseguró que es una política de Estado del régimen que busca imponer la hegemonía comunicacional con el propósito de ocultar y desinformar provocando así censura y autocensura.
Pilieri quien ocupa la presidencia de la Subcomisión de Medios de Comunicación, pidió que la Asamblea Nacional mantenga su atención permanente, vigilante y denunciante de todos estos delitos contra las libertades de información y de prensa.
Así mismo, pidió elevar a instancias internacionales y hacer el seguimiento requerido de los distintos informes que contiene en detalle información sobre los delitos contra la libertad de prensa que lleva a cabo la Comisión Permanente de Medios de Comunicación, suministrados por la Subcomisión de Medios de Comunicación de la AN, con datos recopilados por diferentes ONG´s que trabajan sobre el tema.
“La cura definitiva contra estos males de violaciones de derechos humanos, sin duda alguna, es salir del régimen, expulsarlos del poder”, sentenció el parlamentario.
Manipulación y control de medios electrónicos
Por su parte, el diputado Daniel Antequera precisó que más de 100 medios de prensa, radio y televisión han sido cerrados, aunado al bloqueo de medios digitales y redes sociales; esto ocurre sobre todo, cuando el Gobierno Interino y la oposición venezolana expresa su disconformidad contra el régimen.
Paralelamente, generan una matriz de comunicación y opinión a través de la creación de cuentas en redes sociales falsas aunado a la parcialidad de medios de comunicación, los cuales a criterio del parlamentario terminan siendo un panfleto del régimen para originar mentiras
Antequera aseguró que esta política de Estado del régimen para destruir los medios de comunicación por ser instrumentos de la verdad y viola flagrantemente el derecho a la libertad de expresión en Venezuela.
Dijo que en el día del periodista en Venezuela no hay nada que celebrar, mientras el régimen usurpador siga violentando los derechos a estar informados a los ciudadanos y alabó el rol heroico de los periodistas quienes trabajan en visibilizar la verdad que muestra el drama que siente el venezolano de vivir en la peor crisis social, económica y política que ocurre en el país.
Agradeció a los medios de comunicación “que no se han vendido ni autocensurado que entienden y comprenden este momento para contar, a veces por muy doloroso que sea, lo que sucede en el país. Esa es su cuota de responsabilidad para esa nueva democracia que todos vamos a conquistar”, expresó.
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