El príncipe Andrés ofreció su colaboración como testigo “en al menos tres ocasiones”, desde enero de este año, en la investigación de las autoridades estadounidenses al financiero Jeffre Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, y con quien el duque de York mantenía vínculos.

Así lo aseguraron sus abogados después de que el tabloide “The Sun” revelara este lunes que el Departamento de Justicia de EE.UU. pidió formalmente al ministerio del interior del Reino Unido que el príncipe respondiera a preguntas dentro de las pesquisas sobre la supuesta red de explotación sexual de Epstein, hallado muerto en su celda el año pasado cuando estaba siendo juzgado.

«Como indica el registro público, el departamento de Justicia ha estado investigando activamente al señor Epstein y otros objetivos durante más de 16 años; sin embargo, la primera vez que solicitaron la ayuda del duque fue el 2 de enero de 2020», señalaron los abogados en un comunicado.

«Es importante destacar que el departamento de Justicia nos informó de que el duque no es y nunca ha sido un ‘blanco’ de sus investigaciones penales sobre Epstein y que buscaron su cooperación voluntaria y confidencial», añadieron.

Los letrados insistieron en que el «duque de York ha ofrecido al menos tres ocasiones este año su asistencia como testigo» para colaborar en el esclarecimiento de este caso.

«Desafortunadamente», según los abogados, la justicia estadounidense «ha reaccionado a las dos primeras ofertas incumpliendo sus propias reglas de confidencialidad y alegando que el duque ha ofrecido cero cooperación».

Según el comunicado, el fiscal federal para el distrito sur de Nueva York en Manhattan, Geoffrey S. Berman, realizó declaraciones “inadecuadas” sobre la ayuda ofrecida por el inglés en otras dos ocasiones -el 27 de enero y el 9 de marzo-, lo que rompe sus propias reglas de confidencialidad, diseñadas para “animar a la cooperación de los testigos”.

“Esas mismas violaciones de confidencialidad por parte del departamento de Justicia han dado a los medios de comunicación globales, y, por lo tanto, a la audiencia mundial, una explicación completamente engañosa de nuestras conversaciones con ellos”, denunciaron los representantes legales de Andrés.

Según la publicación del «Sun», el departamento de Justicia de EE.UU. habría remitido al Reino Unido una petición de «asistencia legal mutua» (MLA, en inglés), utilizada en casos criminales.

Esta petición, agrega el tabloide, implica que el príncipe puede verse forzado a comparecer como testigo ante un tribunal británico, si bien las autoridades del Reino Unido no han tomado una decisión sobre la solicitud remitida por las autoridades de EE.UU.

«Cualquier solicitud de asistencia legal mutua sería decepcionante, ya que el duque de York no es un objetivo de la investigación del departamento de Justicia y recientemente ha reiterado su disposición a proporcionar una declaración como testigo”, reiteraron los abogados por su parte.

Hasta ahora, no se tenía constancia de que el príncipe, tercer hijo de la reina Isabel II, hubiera prestado declaración ante los investigadores de Nueva York.

El año pasado, concedió una entrevista en el Reino Unido en la que admitió haberse hospedado varias veces en las residencia del empresario, pero sostuvo que nunca percibió un comportamiento inapropiado por parte de Epstein.

Una mujer estadounidense, Virginia Giuffre, que ahora tiene 36 años, ha asegurado que fue coaccionada por el millonario para mantener relaciones sexuales con el duque de York cuando ella tenía 17 años, una acusación que él niega.

A finales del año pasado, el príncipe Andrés anunció su retirada de la vida pública para evitar dañar la imagen de la monarquía y de las empresas y organizaciones con las que colaboraba.

EFE

 La Fiscalía del Tribunal Supremo español acordó este lunes investigar la construcción del tren de alta velocidad (AVE) que une las ciudades saudíes de Medina y La Meca, liderada por empresas españolas, al comprobar que una de las personas involucradas en posibles irregularidades sería el rey Juan Carlos, que goza de un fuero judicial especial.

Con esta decisión, el Tribunal Supremo asume la investigación que dirigía la Fiscalía Anticorrupción y se centrará en «delimitar o descartar» la relevancia penal de los hechos ocurridos desde junio de 2014, cuando Juan Carlos de Borbón dejó de ser jefe del Estado en España y, con ello, perdió la inviolabilidad que le reconoce la Constitución, informó el Ministerio Público.

Según la Fiscalía, «resulta precisa la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al rey emérito», que está aforado ante el Tribunal Supremo, por lo que solo esa instancia puede investigarlo y eventualmente juzgarlo.

La investigación parte de unas diligencias abiertas en Anticorrupción a finales de 2018 para descubrir supuestas comisiones pagadas en la adjudicación del AVE a un consorcio de empresas españolas en 2011, tras hallar una grabación de un encuentro entre la antigua amiga del rey Juan Carlos Corinna Larsen y el exjefe policial español José Villarejo, celebrado en Londres en 2015.

En esa conversación, Larsen decía que el rey habría tenido cuentas en Suiza en las que habría recibido comisiones por la adjudicación de la construcción del tren de alta velocidad saudí.

Hace unos meses la Fiscalía Anticorrupción envió una comisión rogatoria a Suiza para acceder a los datos sobre una presunta donación de 65 millones de euros desde una fundación panameña – llamada Lucum y supuestamente vinculada a Juan Carlos I – a una cuenta de Larsen.

Las diligencias en España discurren en paralelo a las pesquisas de la Fiscalía de Ginebra contra presuntos testaferros en cuentas bancarias de ese país.

Según publicó hace unos meses el diario Tribune de Genève, la Fiscalía helvética halló supuestas evidencias del movimiento de 100 millones de dólares por parte de varios gestores de cuentas en Suiza y sospecha que dicho dinero, que llegó a una cuenta en Panamá de la fundación Lucum, procedería del rey saudí Abdul Aziz Al Saud, y que el beneficiario único de dicha fundación sería Juan Carlos I.

En 2012, según dicho diario, el dinero salió hacia una cuenta de Corinna Larsen en otro banco suizo con sede en Bahamas, si bien el rey se habría reservado un millón.

A raíz de esta información, los abogados de Larsen explicaron en un comunicado que en 2012 su cliente recibió un regalo «no solicitado» del rey Juan Carlos y lo describió como “una forma de donación”.

La Fiscalía Anticorrupción española ya interrogó en septiembre del año pasado a la antigua amiga del rey Juan Carlos.

Tras conocerse la investigación de Tribunal Supremo, la Casa Real no se ha pronunciado sobre esa decisión.

EFE

Latinoamérica se ha convertido en las últimas semanas en nuevo epicentro de la pandemia de COVID-19, con más de un millón de casos, y el mes de junio va a ser crucial para frenar su avance la región, según destacó a Efe el experto de la Organización Panamericana de Salud (OPS) Marcos Espinal.

El director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la OPS (brazo de la Organización Mundial de la Salud en las Américas) resaltó que junio «va a ser un mes crítico, en el que los países que implementaron medidas de mitigación a tiempo podrán manejar un poco mejor la sobrecarga de casos en sus sistemas de salud».

El experto dominicano recordó que en estos momentos países de la zona como Brasil, Chile o México están experimentando aumentos diarios de hasta el 4 y 5 por ciento en cuanto a nuevos contagios, y otros como Bolivia o Venezuela también están aumentando sus cifras relativas de casos diarios, «una situación aún muy delicada».

PROBLEMAS SOCIALES AGRAVAN LOS SANITARIOS

Ello se complica por los problemas económicos de la región, con grandes bolsas de pobreza y muchos trabajadores informales sin cobertura de salud o medios para subsistir en un confinamiento, lo que está llevando a algunos países a considerar desescaladas pese a que aún no se han reducido los contagios.

Desde la OPS «se ha recomendado que no es el tiempo para reabrir, pero cada país es soberano», asegura Espinal, quien indica que la organización entiende «que muchas personas sin trabajo fijo tienen que buscar el sustento de sus familias».

Si deciden reabrir, «que sea de forma paulatina y analítica», sugirió el experto, animando a que en cada país se sienten a decidir estas medidas responsables económicos y de finanzas junto a autoridades de salud pública y representantes de la sociedad civil.

Espinal explicó que los países latinoamericanos por una parte contaron con algo más de tiempo que los europeos para iniciar medidas de prevención (distanciamiento social, campañas de concienciación) pero por otro lado muchas de sus redes de salud no están lo suficientemente financiadas para este tipo de emergencias.

«La OPS recomienda que los países inviertan como mínimo un seis por ciento del producto interno bruto en salud pública, pero la mayoría de ellos no llega a esa cifra», lamenta el experto, quien confía en que la pandemia ayude a los países de la zona a concienciarse mejor sobre esta necesidad.
«La inversión debe ser en cantidad y calidad, durante años, porque no sólo se trata de enfrentar la COVID sino también otras enfermedades que van a venir en una región donde ya tuvimos el zika o la gripe H1N1», recordó.

DISTINTA SITUACIÓN EN CADA PAÍS

Brasil, con casi 700.000 casos y 37.000 muertes, es el segundo país del mundo más golpeado por el coronavirus, aunque en la región también preocupa en cifras absolutas la situación en Perú (casi 200.000 contagios) Chile (134.000) o México, con casi 120.000 infecciones.

Desde la OPS y la OMS se ha mostrado inquietud por Haití, con uno de los sistemas sanitarios más débiles de la región, o en Nicaragua, que según Espinal «estaba de facto intentando adoptar la inmunidad de grupo» que ya fracasó en países de Europa como Suecia o el Reino Unido.

En el otro lado de la balanza, algunos gobiernos de la región asumieron relativamente pronto medidas de prevención, y en ese sentido Espinal puso como ejemplo los casos de Colombia y República Dominicana, aunque aseguró que incluso con máxima previsión era difícil tener cero infecciones en ningún país.

También resaltó el «excelente programa de testeo» de países como Chile o Uruguay (con 30.000 y 14.000 pruebas por cada millón de habitantes, respectivamente) o el buen uso de los equipos sanitarios móviles en Costa Rica para atender a las personas autoaisladas en sus casas.

Sobre la inicial actitud de algunos líderes políticos de la región como el presidente Jair Bolsonaro, que negaba la posibilidad de que llegara la pandemia a su país, el responsable de la OPS se mostró neutral y señaló que la organización «respeta todas las opiniones de los jefes de Estado».
«Lo que sí pedimos es que el mensaje sea consistente, pues cuando los mensajes son inconsistentes la población se confunde», apostilló.

VENEZUELA, ¿SALVADA EN LA PANDEMIA?

Sorprende en la región la situación de Venezuela, que pese a las graves dificultades económicas que ya en anteriores años mostraron sus hospitales, parece haber sido uno de los países menos afectados por la pandemia en América Latina, con sólo 2.300 casos confirmados.

«Es un país al que ya había muy pocos vuelos antes de llegar la COVID», explicó Espinal, quien sin embargo matizó que Venezuela está haciendo muchas pruebas rápidas de diagnóstico de la enfermedad «no muy confiables» y pocos tests moleculares, que son los recomendados por OMS y OPS.

EFE