El Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, envió una carta a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, sobre el incumplimiento por parte de las autoridades usurpadoras en la supervisión del ACNUDH en los centros de detención en donde están los presos políticos.

Prado solicitó a Bachelet pronunciarse sobre la grave situación que viven los privados de libertad por parte de la dictadura venezolana.

Ciudadana, Sra. Michelle Bachelet Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ACNUDH)
Palacio Wilson
52 rue des Pâquis
CH-1201 Ginebra, Suiza

Estado: Venezuela (República Bolivariana de) Ref.: Memorando de Entendimiento Asunto: Incumplimiento por parte de las autoridades de facto en la supervisión del ACNUDH sobre Centros de Detención
Víctimas: Privados de Libertad en la sedes del DGCIM, SEBIN (Helicoide), Centro de detención de Plaza Venezuela (la Tumba) y la casa de los sueños (Fuerte Tiuna)

Yo, Humberto Prado Sifontes, en mi condición de Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas designado por el Presidente (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó , me dirijo muy respetuosamente a su persona, y por su intermedio, a su Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el propósito de reiterar a su loable autoridad la necesidad de cumplir y hacer cumplir el memorando de entendimiento que fue suscrito entre el ACNUDH y las autoridades del Poder Fáctico que actualmente controla las instituciones democráticas del país, a través de las cuales, hasta el momento, se ha gestionado todo lo relativo a la supervisión de la situación de derechos humanos, la cual no hace falta recordar que se ha agudizado desde que presentaron en julio del año pasado (2019) el informe país que había solicitado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En fecha 6 de junio de 2020, la Comisión Presidencial para Derechos Humanos del Gobierno Interino encabezado por el Presidente del Parlamento Nacional, Juan Guaidó, obtuvo noticias de una denuncia verbal manifestada durante una entrevista por la Sra. Molly De la Sotta, hermana de Luis de la Sotta, preso político recluido en los denominados “sótanos del DGCIM”, quien habría sido torturado y sometido a condiciones de detención incompatibles con la dignidad humana. La Sra. De la Sotta solicitaba pronunciamientos ya que estimaba que la actual situación que enfrenta su hermano y toda la población carcelaria bajo la custodia del Grupo de Exterminio conocido como Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) es por lo más grave y requiere de medidas urgentes .

Sobre el particular, la Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas ha denunciado esta deleznable circunstancia en múltiples ocasiones ante su oficina. Así, el 16 de abril de 2020 reportamos que un componente de la DGCIM intentó ingresar en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde sin que se reparase en las medidas de higiene y prevención necesaria para evitar la propagación de la enfermedad COVID-19, que al igual que como ocurre en el resto del mundo, afecta de manera diferenciada y muy particular a los privados de libertad en nuestro país . El 30 de abril de 2020 recordamos que en noviembre de 2019, miembros del DGCIM detuvieron arbitrariamente a la periodista Ana Belén Tovar .

El 1 de junio de 2020 interpusimos un llamado urgente ante su oficina donde denunciamos que en fecha 25 de abril de 2020, un grupo de funcionarios de los Grupos de Exterminio conocidos como DEGIM y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), interceptaron a Maryfranci Marcano y Ana Pernía (hermana y vecina de un militar que participó en la operación libertad, respectivamente), en la autopista Guarenas-Guatire y, sin mediar palabras, procedieron a detenerlas arbitrariamente sin orden judicial ni en acto de flagrancia alguno y a trasladarlas a la sede de la DGCIM, lugar donde permanecen hasta la fecha.

El 2 de junio de 2020 emitimos una Comunicación Publica en la que lamentamos el fallecimiento del Sargento Segundo de la Guardia Nacional, Luis Armando Monsalve Estaba, quien murió el 31 de mayo en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, tras sufrir un paro respiratorio.

El Sr. Monsalve estaba detenido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar desde mayo de 2019, por presuntamente planificar la fuga del exministro de la usurpación Miguel Rodríguez Torres. Difícilmente su muerte pueda ser atribuida exclusivamente a causas naturales .

La Comisión Presidencial para Derechos Humanos considera que su deceso presuntamente habría sido producto de una ejecución extrajudicial continuada, en la que perennemente se le suministraron drogas con diversas sustancias psicotrópicas por negarse a obedecer las órdenes dictadas por el coronel Hannover Guerrero, de conformidad con lo que han alegado los familiares.

De acuerdo con la versión del Poder Fáctico, el año pasado Monsalve habría intentado suicidarse saltando desde el piso 5 del DGCIM, empero, sus familiares contradicen esta hipótesis.

Cualquiera que fuere la causa, lo único cierto es que el Sargento quedó cuadripléjico, estando en custodia del DGCIM, motivo por el cual opera la presunción de responsabilidad que aplica en estos casos a la luz de la jurisprudencia reiterada de Tribunales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos .

Un caso icónico que no puede dejar de referirse por más conspicuo que fuere es el de la ejecución extrajudiciales del Capitán de Corbeta, Rafael Ramón Acosta Arévalo. El Sr. Acosta Arévalo fue detenido por efectivos del Grupo de Exterminio DGCIM el 22 de junio de 2019.

Estuvo sometido a desaparición forzada durante 6 días en los cuales sus familiares nunca tuvieron noticias de su paradero. No fue hasta el 26 de junio que fue anunciado por el Ministro del Poder de facto para la Comunicación, el Sr. Jorge Rodríguez, que este había sido detenido e imputado de tipos penales en blancos como traición a la patria.

Supuestamente esto se debía que el Capitán de Corbeta estaba involucrado en la planificación de un Golpe de Estado que buscaba asesinar a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro. La defensora de Derechos Humanos, Tamara Suju, denuncio que estando bajo custodia de la DGCIM, fue trasladado a un lugar boscoso a las afueras de la Ciudad de Caracas donde fue atado desnudo a un árbol, siendo vendados sus ojos con un trozo de cartón. Fue denunciado que le golpearon con palos y piedras, e inclusive se disparó un proyectil muy cerca de su oído.

No queda ninguna duda que a algunos actos inhumanos tuvo que haber estado sometido el Capitán toda vez que el día 28 de junio de 2019 cuando fue trasladado al Tribunal Militar a donde arribó en silla de ruedas y con indicios muy claros de golpizas. La audiencia no pudo finalizar y esa noche Acosta Arévalo falleció en un Hospital Militar. La Comisión Presidencial tuvo noticias de que ese día y el siguiente se bloqueó en la Red Social Twitter cualquier búsqueda de la etiqueta “DGCIM”.

Pues bien, ante este panorama, la Comisión Presidencial nota que la situación de privación de libertad de presos comunes y políticos lejos de mostrar signos de mejoría, se ha agudizado profundamente.

Las prácticas de ejecuciones extrajudiciales, el sometimiento de torturas y a otros tratos y penas crueles e inhumanos siguen ocurriendo, muy a pesar de la existencia de un informe emitido por su oficina en donde Grupos como la FAES son vistos como amenazas a la vida y a la integridad personal, y por lo tanto se sugirió su disolución. Vistas las prácticas recientes por parte de la DGCIM, parece cónsono con las necesidades de protección de los venezolanos que esa calificación y recomendaciones de desarticulación subsecuentes se hagan extensivas hasta este.

Sobre ello, es oportuno traer a colación que en las más recientes observaciones preliminares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la visita in loco de ese organismo regional a la frontera entre Colombia y Venezuela, se diagnosticó que existe un componente agravado de crueldad dirigido específicamente contra militares disidentes .

Particularmente, en cuanto al caso de los detenidos en custodia del Grupo de Exterminio DGCIM, la CIDH emitió el 21 de marzo de 2019 la Resolución 14/19 contentativa de Medidas Cautelares No. 178-19, donde se determinó que las personas (militares y civiles) detenidas en la Dirección General de Contrainteligencia Militar DGCIM respecto de Venezuela existían circunstancia de gravedad urgencia e irreparabilidad debido a posibles sometimientos a torturas, así como consecuencia de las condiciones de detención.

La Comisión Presidencial recuerda que los reportes sobre violaciones graves acaecidas en centro de detención han tenido lugar en instalaciones no solamente administradas por el Poder de facto, sino custodiadas por Grupos de Exterminio. A saber:

Sede del DGCIM (Sótanos del DGCIM)

Sede del SEBIN (Helicoide)

Centro de reclusión en Plaza Venezuela, Caracas (conocida como la Tumba)
La casa de los sueños (Ubicada en Fuerte Tiuna)

Ahora bien, es de nuestro conocimiento que en fecha 23 de septiembre de 2019 se suscribió un Memorando de Entendimiento entre las autoridades de facto y el ACNUDH . Asimismo, en el reporte de seguimiento del mes de marzo de 2020 su Oficina hizo actualizaciones alrededor de su informe de julio de 2019, en donde dio cuenta del incumplimiento parcial del Memorando de entendimiento.

Dra. Michelle Bachelet, si el documento de entendimiento contempla que los oficiales de la ONU tendrán libertad para acceder a las cárceles del país, donde, dicho sea de paso, hay más de 400 presos por razones políticas, nos preocupa inmensamente que a la fecha a pesar del compromiso adquirido con el régimen de facto no existen registro ni noticias de visitas a los Centros de detención que hemos referido.

En consecuencia, nos preguntamos ¿Porque no han podido visitar los centros arriba mencionados? la información que tenemos es que los oficiales no se les ha permitido ingresar en esos recintos carcelarios, cosa que genera inquietud sobre lo que pudiera estar ocurriendo. Se trata de graves violaciones de derechos humanos, que no pareciera que quieren que sean constatadas por el Poder Fáctico. Pasa el tiempo y las familias no tienen respuesta, estimada señora, es hora que su oficina exija ese cumplimiento de ese compromiso.

Tenga en cuenta, distinguida Alta Comisionada, que desde que se suscribió el acuerdo han transcurrido cerca de nueve (9) meses, y hasta el día de hoy no existen reportes ni registros de visitas a esos Centros de reclusión. En términos generales, esa cantidad de meses es muy grande. Pero para Venezuela, y especialmente para los presos y sus familiares, es una eternidad. El que sus oficiales vislumbren con sus propios ojos el drama que se vive a lo interno de esos penales puede ser determinante para la vida e integridad personal de todos ellos.

Si bien es cierto que el ACNUDH ha logrado visitar determinados centros de detenciones a nivel nacional, lo cierto es que estos centros de reclusión enunciados ut supra, donde se manejan reportes más graves, no presentan evidencia de visitas recientes.

La Comisión Presidencial comprende que el Alto Comisionado seguramente ha agendado esto como parte de su trabajo en terreno en Venezuela, y que el hecho de no haber podido visitar estos centros de reclusión concretos donde la situación es más dramática responde a un impedimento derivado de la agenda política de la usurpación, la cual no ha respetado los términos del Memorando de entendimiento y no ha permitido el ingreso de oficiales de su Oficina.

A pesar de lo anterior, como lo hemos demostrado en la presente comunicación, es claro que la situación se ha visto agudizada, especialmente en la sede administrada por el Grupo de Exterminio de DGCIM.

En estos escenarios es cuando más resulta necesario el escrutinio internacional, y no uno cualquiera, pues, no se agota su labor con simplemente mantener presencia en el terreno, sino que se completa holísticamente cuando acuden a espacios donde se reportan situaciones más graves de derechos humanos.

Con independencia de la verdad material sobre estas alegaciones, lo cierto es que el Estado debe permitir que sus oficiales ingresen en todos aquellos lugares donde ustedes soliciten entrar, de lo contrario, objetivamente, ello supone un incumplimiento de los compromisos asumidos lo cual contraviene el contenido del artículo 26 de la Convención de Viena sobre Derecho a los Tratados que consagra el principio del pacta sunt servanda.

La Comisión Presidencial para Derechos Humanos considera que preliminarmente existen indicios claros de la inobservancia al contenido de reglas internacionales para la protección de reclusos, tales como las Reglas Mandela y las Reglas Bangkok. En cuanto a las primeras, se verifica transgresiones al contenido de la Reglas No. 12 y siguientes.

En cuanto a la segunda, es evidente que el trato inhumano ajeno a medidas positivas en favor de la población femenina recluida, contradice disposiciones como las Regla 29 y siguientes.

En síntesis, luce ineludible que esta Comisión Presidencial para Derechos Humanos respetuosamente exhorte a su Oficina a que haga un llamado a las autoridades del Poder de facto a honrar sus compromisos contraídos en septiembre, se supone, de buena fe, ya que de lo contrario el contenido del Informe de julio de 2019 quedaría relegado a meras cartas de intenciones desprovistas de cualquier posibilidad de ejecución, cuestión que de ninguna manera es admitida o tolerada por el derecho internacional de los derechos humanos moderno en cuanto a crisis humanitarias se refiere.

PETITORIO

La Comisión Presidencial para Derechos y Atención a las Víctimas solicita nuevamente a su encomiable Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que se pronuncie sobre la situación de privados de libertad, siendo propicio para ello el reporte de seguimiento sobre informe de julio de 2019 que corresponde hacer en las semanas venideras de estos meses de junio y julio, máxime, cuando se cumpliría un año desde ese informe

Estamos convencidos que la diplomacia tiene límites. Respetamos que se haya efectuado un acuerdo con las autoridades de facto. Precisamente porque la prioridad son las personas y sus derechos. Sin embargo, no es tolerable que no se honren los compromisos contraídos por la usurpación.

La falta de apego a las clausulas pactadas no puede sino merecer un llamado de atención que invite a la reflexión, la rectificación y, en consecuencia, a la implementación de políticas destinadas a garantizar que sus oficiales logren entrar a los centros de reclusión donde existen más reportes de violaciones graves, los cuales han sido suficientemente detallados en esta comunicación.

Cabe destacar que no es la primera vez que la Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del Gobierno Interino solicita respetuosamente a esta Oficina del ACNUDH que busque alternativas que permitan cumplir con su mandato de monitoreo en centros de reclusión.

Ciertamente, estamos muy agradecidos con las conquistas alcanzadas hasta el momento, pero al mismo tiempo nos resulta difícil comunicar que es ahora cuando corresponde afrontar el camino más difícil en este proceso de escrutinio internacional, ya que hace falta incursionar en los Centros de Reclusión de donde se han derivado un mayor volumen de denuncias en ocasión de violaciones graves, sobre los cuales la usurpación teme nuevos reportes que develen las condiciones infrahumanas y distópicas que padecen las poblaciones carcelarias que allí yacen.

La Comisión Presidencial remite esta comunicación con la esperanza que ella inspire en su Oficina la necesidad de mensajes más contundentes, donde se reproche, en los límites que la diplomacia internacional impone, pero con la mayor vehemencia posible, la falta de voluntad de las autoridades de facto por cumplir y hacer cumplir los compromisos contraídos con usted en el Memorando de Entendimiento suscrito en septiembre del año pasado (2019).

Hago propicia la ocasión para reiterarle a usted las seguridades de mi más alta y distinguida consideración y estima.

HUMBERTO PRADO SIFONTES

Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas