La presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, la diputada por el estado Zulia Nora Bracho, advirtió que el régimen busca quedar como el salvador de la crisis del suministro de agua que ellos mismos provocaron, ahora inventan otro “guiso” para llenarse los bolsillos a través de la llegada de unos camiones cisternas, como parte de un convenio con China.

La parlamentaria zuliana inició el debate sobre el problema de escasez de servicio de agua potable que está enfrentando la población venezolana, en la sesión ordinaria de este jueves 28 de mayo, celebrada vía digital por el sistema zoom.

En este sentido informó, que la ONG Ciudadanía sin Límites precisó, que, si se quisiera solo igualar la distribución del agua del acueducto metropolitano, se necesitarían 86 mil 400 viajes diarios de cisternas de 20 mil litros y para abastecer solo a Caracas de agua, se requerirían 30 mil súper cisternas diarias.

Condenó y rechazó el aumento de las tarifas del servicio de agua por parte del régimen. Medida que calificó de descaro porque la mayoría de la población venezolana no tiene agua y si les llega es racionada “En algunos sectores de la capital el alza de los precios alcanzó hasta 400 mil por ciento”

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Al mismo tiempo, se refirió al caso específico del hospital Universitario de Maracaibo donde los enfermos no cuentan con el vital líquido, viendo afectada su recuperación, y a la vez cuestionó la salubridad de los pisos 6 y 7 de ese centro de salud si el agua es subida en “pipas”.

Advirtió que la situación del servicio de agua potable en el país es un problema que sigue ganando terreno y agudiza el riesgo de contagio del coronavirus. “Es sumamente doloroso ver lo que se padece, sentir el sufrimiento de la gente, que se ha convertido en mulas de carga para llenar cualquier envase con agua, en ríos, quebradas, en tomas improvisadas y cañadas donde pasa agua con residuos fecales o son vertederos de basura”, reveló alarmada la diputada Bracho.

Dijo que también se han observado largas colas que tienen que hacer los ciudadanos, para que una cisterna le suministre un poco del preciado líquido, cuando el agua fue declarada por la ONU como un derecho humano y Venezuela está lejos de garantizar este derecho, cuando el agua es una sustancia esencial para la salud y la alimentación.

“Se tienen que cumplir con ciertos requerimientos para que todas las personas puedan disponer del agua, debe ser suficiente, accesible, saludable y poseer propiedades físicas inalterables, incolora, inolora e insípida, y el agua en Venezuela no tienen ninguna de estas condiciones. Este régimen en 20 años ha invertido poco o nada, en crear nuevas fuentes de agua como represas o adecuar instalaciones de potabilización o los acueductos”.

Señaló que, de acuerdo con el Observatorio de Conflictividad Social, solo en el mes de abril se registraron 158 protestas por la falta del agua en el país, estadística que ya fue superada en lo que va del mes de mayo, alertó.

Aseguró que son 20 años en lo que el régimen ha invertido poco o nada en crear nuevas fuentes de agua como represas, instalaciones adecuadas de potabilización o acueductos, trayendo como resultados que 82% de la población no recibe agua continua y la que recibe, es de dudosa calidad.

Finalmente señaló que en la instancia parlamentaria que preside reposan todos los planes para el rescate del sistema de hidrológicas, que van desde las fuentes de agua, los sistemas de potabilización y de distribución, que están contemplados en el Plan País.

La Asamblea Nacional declaró la responsabilidad política del régimen de Nicolás Maduro y de quien ha servido como ilegítimo Procurador General, ciudadano Reinaldo Muñoz Pedroza, al no ejercer la defensa de Venezuela en el caso Crystallex Internacional Corporation (CIC) y haberle entregando más de 400 millones de dólares sin el control de la Asamblea Nacional.

Así lo establece el acuerdo aprobado este jueves 28 de mayo durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, que declara la responsabilidad política del régimen de Maduro por el caso de la empresa Crystallex International Corporation, presentado por el presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, el diputado por el estado Zulia, Elías Matta.

El acuerdo señala además ratificar la nulidad de la transacción firmada por representantes de Crystallex International Corporation y el régimen de Maduro en septiembre de 2018, y avanzar en la investigación iniciada por la Asamblea Nacional el 10 de diciembre de 2018.

Así mismo se establece iniciar una investigación para determinar la legalidad, eficiencia y eficacia del contrato celebrado por el gobierno del difunto presidente Hugo Chávez con la empresa Crystallex International Corporation, y estudiar las posibles acciones legales que resulten pertinentes.

Se indica en el documento aprobado exhortar al gobierno interino ejercer todas las acciones judiciales que aseguren la protección de las acciones de PDV Holding, Inc. frente a cualquier medida de embargo, tal y como fuera declarado por el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) el pasado 9 de diciembre de 2019, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de renegociar cualquier reclamación legítima que pudiera desprenderse del laudo de 2016, que fue confirmado por las Cortes de Estados Unidos debido a las omisiones del régimen de Nicolás Maduro.

Así como informar al Gobierno de Canadá, país en el cual está domiciliada CIC y se adelante el juicio de bancarrota de esa empresa, del presente Acuerdo y los hechos en que se sustenta, a los fines de que se puedan iniciar las investigaciones correspondientes.

El diputado Elías Matta explicó durante su intervención, al presentar el proyecto de acuerdo, los antecedentes de cómo se gestó esta ilegal negociación entre el régimen con la empresa CIC, que se inició en el año 2002 con un decreto que emitió en ese entonces el difunto presidente Hugo Chávez, donde se reservan ciertas áreas y yacimientos para que sea el Estado venezolano quien los explote, y autoriza al Ministerio de Minas y a la CVG para que proceda a la explotación de los yacimientos.

“La CVG a quien se le entregan los yacimientos de Las Cristinas, contrata sin ningún tipo de licitación y autorización la empresa Crystallex International Corporation. El contrato era por dos años extrañamente y allí comienza la negligencia, nunca se revisó. La empresa Crystallex hizo muy poco, algunas áreas de exploración, pero pasaron 9 años y es cuando la CVG decide dar por finalizado el contrato, porque no habían iniciado la explotación minera”.

Relató que la empresa CIC se sintió afectada y se dirige al centro de arbitraje del Banco Mundial (CIADI) en el 2011, presenta sus alegatos, la defensa del régimen no fue suficientemente eficiente y en el año 2016 CIADI decide a favor de la empresa Crystallex y resuelva que la misma sea indemnizada por un mil 200 millón de dólares.

“La empresa CIC se va a los tribunales de la corte de Washington, tampoco se hicieron las resultas necesarias, la corte ratifica el laudo del CIADI. Pero como no le pagan, arremete contra un bien de la República, PDV Holding Inc, que es propietario de Citgo, y lleva el caso a un juez de la Corte Delaware, que le permita ejecutar las acciones”.

Explicó que, en el 2018, cuando aún no estaba el gobierno interino de Juan Guaidó, Crystallex logra una decisión favorable en la Corte Delaware. “Es decir toda la responsabilidad es la negligencia y la inoperancia del régimen de Maduro. Extrañamente cuando sale esa decisión del año 2018, el régimen decide negociar con la empresa Crystallex y acuerdan un pago supuestamente por 400 millones de dólares”.

Recordó, que la actual Asamblea Nacional el 10 de diciembre del 2018, aprueba un acuerdo en rechazo a esa negociación, es decir antes del gobierno interino el parlamento ya había advertido al régimen de Maduro que ese trato era ilegal.

Cuando se instala el gobierno interino se crea un acuerdo entre Citgo, la Junta Ad Hoc de PDVSA, un grupo de abogados y la embajada de Venezuela en los Estado Unidos y logran que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros OFAC proteja a Citgo.

“Por eso hemos traído este acuerdo para que se declare la responsabilidad política de Nicolás Maduro y de quien está usurpando el cargo de Procurador de la República, Reinaldo Pedroza. Solicitamos que los organismos involucrados abran una investigación a fondo y que la Asamblea Nacional profundice en las decisiones tomadas en diciembre de 2018, porque aquí hay un daño al patrimonio de la Republica”.

Aclaró finalmente que Citgo está amenazada y en peligro de perderse por la irresponsabilidad del régimen de Nicolás Maduro, pero defendida por el gobierno interino que preside Juan Guaidó y la Asamblea Nacional.