La lucha por el activo más valioso de Venezuela en el exterior, CITGO, una refinería filial de PDVSA con sede en Houston, continúa en las cortes estadounidenses.
El fin de semana, una serie de decisiones judiciales dieron la estocada final al intento del gobierno interino de Juan Guaidó por impedir en las cortes que Crystallex, una minera canadiense, en liquidar las acciones de CITGO para satisfacer una deuda de 1.400 millones de dólares.
El pasado viernes, un juez en Delaware autorizó la venta de las acciones de CITGO, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos se negara a tomar la apelación presentada por el equipo legal del gobierno de Guaidó.
Sin embargo, para poder proceder con la venta de CITGO, Crystallex debe obtener una licencia del Departamento de Tesoro de EEUU, el cual prohíbe que acreedores embarguen propiedad de Venezuela sin una autorización.
Crystallex ya presentó la solicitud y está a la espera de la respuesta del Tesoro estadounidense, según dijo el abogado de la compañía en una carta presentada por el abogado de la empresa ante el juez del Distrito de Delaware, Leonard Stark.
Lo que viene ahora en la corte, según escribió el juez en la orden que reactivó el caso —pendiente a lo que decidieran de las cortes en apelación— es decidir cómo se van a vender las acciones de PDV Holdings.
“Ninguna orden o regulación del poder ejecutivo prohíbe a este tribunal avanzar en la determinación de cómo se venderán las acciones“, escribió el juez Stark, replicando el argumento de los abogados de Crystallex.
El gobierno interino de Venezuela insistió el viernes en que “CITGO se mantiene protegida” gracias a un “acuerdo” con el Departamento de Tesoro.
Por su parte, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro también criticó la decisión del juez Stark y aseguró que EE.UU. junto con los enviados de Guaidó en el país buscan “confiscar los activos de PDVSA” en un acto de “piratería moderna”.
¿Cómo se llegó a este punto?
La disputa legal entre la quebrada empresa y el país suramericano se remonta al 2008, durante la presidencia del fallecido Hugo Chávez, quien expropió Las Cristinas, una mina de oro al sureste del país, en el estado Bolívar, cuya explotación era manejada por Crystallex.
El caso llegó a la corte de arbitraje del Banco Mundial, el CIADI, quien en el 2016 otorgó un laudo arbitral de 1.200 millones de dólares a Crystallex y que debía ser pagado por Venezuela en compensación por Las Cristinas.
El gobierno en disputa no cumplió con esa deuda y en el 2018 Crystallex llevó el caso a una corte civil en Delaware (en este estado está incorporada PDV Holding Inc, la matriz de CITGO). El fallo determinó que PDVSA funcionaba como un “alter ego del gobierno de Venezuela” y, por extensión, Crystallex podía anexarse los activos de su subsidiaria en EEUU —CITGO— para satisfacer la deuda.
PDVSA llevó este fallo ante la corte de apelación de Filadelfia en agosto del 2018. En el 2019, al poco tiempo de ser nombrado como presidente interino, Guaidó nombró una nueva junta directiva de CITGO, que tomó el control de facto de la petrolera y destinó un equipo legal para intervenir en los tribunales.
La Corte de Apelaciones falló en julio del 2019 a favor de Crystallex, permiténdole anexarse los activos de CITGO y el equipo legal de Guaidó apeló hasta última instancia —la Corte Suprema— que rechazó tomar el caso.
Crystallex no es el único acreedor que va detrás de CITGO y está luchando en los tribunales quedarse con parte de la empresa para satisfacer las deudas. ConocoPhillips, una petrolera estadounidense, Owen Illinois, una compañía de envases de vidrio y los tenedores del bono PDVSA 2020 también van detrás de los activos de la refinería.
VOA
