La Asamblea Nacional condenó los hechos de violencia y las formas de tortura y tratos crueles e inhumanos contra los ciudadanos que han sido detenidos arbitrariamente, por ejercer su derecho a manifestar, pacíficamente, ante los prolongados cortes eléctricos, sobre todo los registrados en los últimos días en el estado Lara.
Así se establece en el acuerdo aprobado en la sesión ordinaria de este martes 26 de mayó que condena las violaciones de los derechos humanos cometidos en el estado Lara, escudándose en el decreto de estado de alarma emitido por el régimen usurpador de Nicolás Maduro.
Igualmente rechazan, que el decreto de estado de alarma, otorga a las autoridades estatales y municipales un papel de apoyo a las medidas, pero han asumido inconstitucionalmente competencias respecto a los límites del libre tránsito y el horario comercial, generando un caos normativo en el cual algunos gobernadores han declarado por su cuenta “estados de alarma” y, en otros casos, los alcaldes han impuesto limitaciones arbitrarias que trascienden más allá del decreto.
Exigen en el documento aprobado la inmediata liberación de todos los privados de libertad por ejercer su derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, especialmente, de Luis Pérez y Humberto Carreño Pérez, dadas sus condiciones de salud. Condenan categóricamente las formas de tortura y tratos crueles e inhumanos a los que han sido sometidos los detenidos.
Además, solicitan medida cautelar de protección para los habitantes de la Urbanización Antonio José de Sucre de Barquisimeto y denunciar ante los organismos internacionales de derechos humanos las violaciones cometidas en el estado Lara, con ocasión de las protestas por el estado deplorable de los servicios públicos.
Así mismo solicitar a los organismos internacionales de derechos humanos, especialmente a la Comisión Interamericana de DDHH y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, demanden al régimen de Nicolás Maduro el cese de los atropellos y arbitrariedades contra la población, apoyándose en el estado de excepción impuesto a propósito de la pandemia por la COVID-19 y exijan la ejecución de medidas de protección a los grupos más vulnerables ante la propagación de esta enfermedad.
El diputado por el estado Lara Alfonso Marquina, inició el debate sobre este tema, manifestando que Venezuela sufre la peor crisis de servicios públicos de toda su historia y en el estado Lara se ha profundizado, al punto, que los larenses sufren cortes de luz entre 8, 10 y 12 horas diarias, semanas enteras sin servicio de agua potable, no tiene gas, ni gasolina, provocando una situación de descontento en la población que ha generado protestas espontáneas pese a la medida de confinamiento.
“La respuesta que han recibido los larenses del gobierno nacional y regional es la emisión de un decreto de suspensión de garantías, una declaración de estado de excepción, que prohíbe al ciudadano a circular por las calles de la ciudad, esto ha llevado a más de 40 detenciones”.
Aseguró que se pretenden silenciar, criminalizar y judicializar las protestas, un ejemplo de ello es la detención de 5 jóvenes de la urbanización Sucre, 7 en Carora 2 de los detenidos adolescentes y 13 en el Tocuyo, todos fueron privados de su libertad por protestar y tocar cacerolas, imputándoles delitos mayores como asociación para delinquir, instigación pública y detención de objetos incendiarios.
“La Juez 7ma de Control del estado Lara, Ana Tobar, había dictado libertad condicional para los detenidos, pero recibió una contraorden superior que la obligó a cambiar su sentencia, por lo tanto, quedaban privados de libertad, sin importarle que entre los detenidos había dos jóvenes Humberto Carreño que sufre de escoliosis severas y es operado de la cadera, tiene 21 tornillos en su columna y Luis Pérez, quien tiene síndrome de Down. Tienen más de 12 días preso. ¿Qué peligro puede ser para la dictadura un joven con síndrome de Down?”, preguntó el diputado Marquina.
Por su parte, el diputado por el estado Lara, Guillermo Palacios, condenó la violencia y la represión que ha intensificado el régimen en todo el país durante la cuarentena, para evitar que el pueblo venezolano proteste por su inconformidad, ante la grave crisis humanitaria, el deterioro de los servicios públicos, carencia de recursos para comprar alimento y medicinas, la escasez de gasolina y el sistema de salud colapsado.
“Frente a este panorama la gente ha salido a protestar y el régimen responde con represión y nada de soluciones, deteniendo a un pueblo que está cansado de sus mentiras, por su incapacidad de resolver los problemas”.
Denuncio que los jóvenes presos en el estado Lara han sido torturados, dio como ejemplo que en el municipio Torres la juez ordenó que llevaran a los detenidos a un forense y todavía no los han llevado, porque a juicio de los funcionarios eso no es necesario, quieren evitar que se revele que los detenidos han sido torturados y vejados.
“Además del acuerdo que apruebe esta plenaria condenando estos hechos, vamos a llevar cada uno de los casos de los detenidos en el estado Lara, para que la Comisión de Política Interior abra una investigación y queden registrados los culpables de las torturas, tratos crueles, de la violación de los derechos humanos y castiguen a los jueces que se ha prestado para que se cometan estas detenciones y atropellos contra ciudadanos que estaban ejerciendo su derecho a la protesta”.
Igualmente planteó Palacios que también el caso debe ser elevado a la alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU Michele Bachelet y solicitar una medida cautelar de protección a los habitantes de la urbanización Sucre de Barquisimeto, de manera de evitar que se sigan tomando represalias contra esa comunidad larense.
Por su parte la diputada por el estado Lara Ana Salas, aseguró que estos jóvenes que se encuentran privados de libertad están recibiendo tratos inhumanos, degradantes, torturas severas un irrespeto total a su integridad, física, psíquica y moral. Dijo que esto se evidencia con el caso de Giovanni Mesa.
“Este joven sufrió convulsiones en plena audiencia, lo que obligó al juez ordenar su traslado al Hospital Central de Barquisimeto, pero ante la precariedad del centro de salud, fue trasladado a una clínica privada, donde le detectaron que tenía 5 costillas fracturadas, con Giovanni están detenidos 4 jóvenes más de la urbanización Sucre”, explicó la diputada Salas.
Exhortó a los venezolanos a que se conozcan en el mundo las violaciones de los derechos humanos y el derecho constitucional a la protesta. Que en Venezuela hay un patrón esquemático puesto en práctica en el estado Lara de violación, persecución política, criminalización de la protesta y la violación de derechos consagrados en tratados internacionales, como es el derecho a la integridad física, a no ser torturado y al debido proceso.
Mientras que el Diputado por el estado Lara Ángel Torres, fue enfático al afirmar que la violación sistemática de los derechos humanos es una normalidad común de regímenes terroristas, que a su juicio utilizan la muerte, la represión y la tortura para intimidar a través del terror a la ciudadanía.
“La dictadura se aprovecha de la pandemia para tratar de silenciar un pueblo que exige servicios básicos. Tenemos detenciones arbitrarias en todo el estado, más de 30 arrestos. Ciudadanos que han sido detenidos por un estado de WhatsApp, como el caso del médico Carlos Araya y estas detenciones se han repetido sistemáticamente en todo el territorio larense”.
Dijo que además han sido detenidos menores de edad y personas con discapacidad. Aseguró que la dictadura lo que hace es intimidar lejos de resolver los problemas de las comunidades, que arremeten contra quienes reclaman sus derechos. Aseguró que el país va a salir de este desastre con un Gobierno de emergencia Nacional.
Durante su intervención el diputado por el estado Lara, Daniel Antequera, dijo que la población larense ha manifestado su inconformidad y se ha agravado más en el trascurso del confinamiento, motivando a los ciudadanos a protestar, provocando una fuerte represión por parte del FAES y la GNB, quienes han practicado detenciones a ciudadanos de los sectores populares, en el que se evidencia la imparcialidad de una justicia que a su juicio esta arrodillada al régimen.
“Los detenidos fueron puestos a la orden de una fiscalía que actúa como una secretaría judicial del Partido Socialista Unido de Venezuela. Tendrán que quitarle las ollas a todos los larenses y a los venezolanos, Aquí hay hambre pareja y un malestar que cada vez crece más y la necesidad de cambio también crece en Venezuela. De las horas más oscuras debemos de sacar lo mejor de nosotros y sobre pasar esta terrible situación que ha generado Nicolás Maduro a través de los cuerpos de represión del Estado. Mi solidaridad con todos los detenidos”.
Asamblea Nacional
